Ciudad de México. La forma en que los mexicanos consumen contenido audiovisual está cambiando, y con ello también evoluciona la forma de medir esas audiencias. En ese contexto, se presentó en 2024 la Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia (ACAM), que busca establecer un sistema independiente y transparente para conocer qué, cómo y dónde se ve el contenido en el país.

Se trata del primer Comité Conjunto de Industria creado en América Latina, inspirado en modelos internacionales que promueven la participación conjunta de anunciantes, medios y agencias en la definición de estándares para la medición de audiencias. A un año de su creación, la ACAM presentó los resultados de su primera auditoría externa a HR Media, empresa seleccionada para medir el consumo de video en México entre 2025 y 2026.

El informe, elaborado por las firmas especializadas 3m3a y RSMB, concluyó que HR Media opera con solidez técnica y metodológica. “Los interesados deben tener confianza en la forma en que se opera el servicio y en las estimaciones de audiencia publicadas”, informó Cecilia Partida, Chief of Staff de ACAM.

Esta tecnología permite una medición cross-media, es decir, que integra todos los puntos de contacto con el contenido audiovisual en una sola fuente de datos.

Explicó que la empresa incorpora herramientas tecnológicas de última generación, como una red de más de 3 mil 700 smart meters, dispositivos especializados instalados en hogares, capaces de detectar y registrar el contenido visualizado en tiempo real, ya sea en televisión tradicional, plataformas de streaming, dispositivos móviles o televisores conectados.

Además, el sistema incluye una plataforma propia de investigación y desarrollo, lo que permite actualizar la tecnología de medición conforme evolucionan los hábitos de consumo. “Hoy tenemos un panel de 2 mil hogares, pero pretendemos que crezca un 75%, hasta alcanzar un total de 3 mil 500 hogares, lo cual garantizará una muestra más representativa del 80% de la población urbana del país”, afirmó Partida.

La ejecutiva explicó que, como parte de esta evolución tecnológica, por primera vez en México se incorporan herramientas para medir el consumo de contenido fuera del hogar, conocido como everywhere viewing.

“Históricamente, la medición de audiencias se limitaba al consumo dentro del hogar, pero con la nueva tecnología de HR Media ahora podremos conocer también la exposición que ocurre en espacios públicos, como restaurantes, bares o eventos deportivos”, señaló Cecilia Partida. Añadió que este avance es especialmente relevante en un entorno digital y móvil, donde el consumo de video ya no está atado a una pantalla fija, sino que ocurre en múltiples contextos y momentos.

Por su parte, Rodrigo Gómez, CEO de HR Media, destacó que esta auditoría valida más de una década de desarrollo tecnológico e innovación metodológica. “Contamos con una de las metodologías más estrictas del mercado, respaldada por una plataforma propia de investigación y desarrollo que nos permite medir el consumo en televisión, streaming y dispositivos conectados en tiempo real”, aseguró.

Indicó que en este nuevo modelo, la medición ya no se limita al encendido de un televisor, sino que abarca toda la experiencia de consumo audiovisual.

HR Media, líder en la medición de audiencias de TV y video en México, se enorgullece en anunciar que ha sido seleccionada por la Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia en México, A.C
(ACAM) para proveer el servicio de medición de audiencias de video durante 2025 y 2026. Esta designación refuerza el compromiso de HR Media a través de tecnología de
punta, metodologías rigurosas y una colaboración cercana con los actores clave del
ecosistema de medios en el país.
“En HR Media, nos sentimos profundamente honrados con la confianza que la ACAM
y sus asociados han depositado en nosotros, estamos comprometidos para liderar la
medición de audiencias de video en México”, señaló Rodrigo Gómez, CEO de HR
Media. “Como parte de nuestro compromiso, hemos iniciado de inmediato una etapa
de preparación intensiva que incluye el fortalecimiento de nuestro equipo, la
capacitación especializada, la adaptación tecnológica y el soporte continuo a la
industria. Este esfuerzo, previo al inicio formal de nuestras operaciones el 1 de enero
de 2025, tiene como objetivo garantizar una transición óptima y sentar una base sólida
para el éxito de este proyecto tan trascendental”, añadió.
En línea con los objetivos de la ACAM de gestionar una medición de audiencias
confiable, multiplataforma, transparente e innovadora, la propuesta de HR Media
cumplió con los criterios definidos por la Asociación para abordar las áreas de
oportunidad en el mercado mexicano y mejorar la precisión, eficacia y confianza en
esta industria. Entre los criterios más destacados se incluyen:

1. Expansión del panel de medición para reducir la variabilidad de las mediciones,
   apegado a los lineamientos internacionales.

2. Identificación de audiencias no reconocidas mediante la incorporación de
   nuevas tecnologías (consumo Total de TV, consumo fuera del hogar y Time
   Shifted Viewing) y el incremento en el número de canales referenciados.
3. Creación de un equipo dedicado a la ACAM y sus asociados
4. Compromiso con un proceso de auditoría internacional para validar la
   precisión de los datos generados y establecer un plan de mejora continua.
   Desde su fundación en 2014, HR Media, ha impulsado la competencia y ha insistido en
   la gran oportunidad de transformar una medición que no estaba a la altura de la
   evolución y la nueva dinámica del consumo de video. Es por ello que HR Media
   agradece la oportunidad de haber participado en un proceso transparente, claro y
   objetivo. “Felicitamos a la ACAM por haber liderado este esfuerzo con criterios de
   selección claros y relevantes para las necesidades actuales de la medición de video
   en México. Este logro marca un punto de inflexión para nuestra industria y reafirma el
   compromiso de ACAM y HR Media por impulsar la transparencia, precisión, innovación
   y colaboración en la medición de audiencias de video,” reafirmó Rodrigo Gómez.
   HR Media cuenta actualmente con HR Media+, la primera herramienta Single-Source
   Cross-Media en Latinoamérica, que redefine la forma en la que se mide la Televisión y
   suma el consumo y la audiencia de video, apps y redes sociales en smartphones, la
   radio, y más. Esta solución representa un avance significativo en la integración y
   precisión de la medición y refleja el compromiso con la mejora continua, la innovación,
   el rigor metodológico y la colaboración con el ecosistema de medios en México, con el
   objetivo de elevar los estándares de la medición de audiencias en el país.

Proceso Jorge Bravo

En el futbol mexicano las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América se enfrentan no sólo en el césped, también en las mediciones de audiencia. La rivalidad trasciende el deporte, convirtiéndose en una euforia por el rating, presencia en medios, interacciones en redes sociales, plataformas de transmisión y poder de negociación.

La conclusión del contrato de transmisión televisiva entre Chivas y Televisa representa el fin de una era tradicional y el inicio de otra digital. Actualmente sólo cinco de 17 partidos locales de Chivas se transmiten por TV abierta al año. Según fuentes deportivas, Amazon, el gigante del comercio electrónico, la Nube y el entretenimiento por streaming, a través de Amazon Prime Video, ofertó 25 millones de dólares anuales por adueñarse de los derechos de transmisión de los partidos de las Chivas.

Los datos respaldan a Amazon para pelear por Chivas, el equipo más popular de México, porque el club jalisciense ha sabido capitalizar su arraigo en la afición. Su estrategia de comunicación y de negocio ha sido clave para mantenerse en la cima de la preferencia nacional e incluso en Estados Unidos (vía su acuerdo con Telemundo), aunque su rival más importante, las Águilas a través de Televisa, pretenda decir lo contrario.

Según datos de Nielsen-Ibope, el partido reciente que más rating ha generado fue la final Chivas vs. Tigres en el torneo de Clausura 2023, con más de 10.1 millones de espectadores en TV abierta. Incluso superó al clásico nacional América-Guadalajara ese mismo torneo, que tuvo 8.5 millones de espectadores. Ni siquiera la más reciente final América-Cruz Azul, el domingo 26 de mayo, fue más popular, porque alcanzó 8.9 millones de espectadores.

Cuando las Chivas juegan de local, son imbatibles en audiencias. Los partidos en Guadalajara tienen el mayor rating de la televisión, con un promedio de 4.7 millones de espectadores desde el Apertura 2021.

Históricamente pasa lo mismo. En los últimos 18 torneos desde 2015, sólo en tres de ellos el Guadalajara no se ha instalado en el top 4 de equipos con más rating. En esas ocasiones no fue posible realizar la medición de audiencias porque los partidos como local se transmitieron de manera exclusiva por la plataforma en internet Chivas TV.

De un total de 93 partidos de la fase regular y de liguilla, desde el Apertura 21 hasta el Clausura 24, el rating promedio de los partidos de Chivas han tenido 2.1 millones de espectadores y un rating máximo de 10.1 millones contra los Tigres en 2023.

El arraigo de las Chivas podría ser mayor si se conocieran las mediciones de otras plataformas de internet donde se transmiten los partidos del Guadalajara además de la TV abierta, como las plataformas TUDN y VIX de Televisa, Fox Sports, Clarovideo, Azteca Digital o ESPN.

La plataforma Chivas TV es el secreto mejor guardado del Guadalajara: un servicio de streaming que no sólo es un ejemplo de adaptación a las nuevas tendencias de consumo de contenido deportivo en línea, también es un modelo de inteligencia de negocios que le permite a Chivas conocer hasta el más mínimo detalle socioeconómico y los hábitos de consumo de sus suscriptores, que lo mismo contratan la plataforma, adquieren boletos para el estadio o compran en la tienda en línea de las Chivas.

Los números no mienten y Amazon Prime Video lo sabe: los partidos de Chivas generan mejores ratings que los del América. Esto se debe a una combinación de factores, incluida la lealtad de sus seguidores y la calidad de su contenido. La plataforma Chivas TV ha sabido ofrecer una experiencia única que va más allá del partido, con contenido exclusivo y acceso detrás de cámaras que enriquece la conexión emocional con los aficionados no sólo más exigentes, también con mejor perfil socioeconómico.

El impacto de Chivas TV ha sido tan significativo que ha captado la atención del gigante tecnológico Amazon. La multinacional ha mostrado interés en transmitir los partidos de Chivas en su plataforma, un movimiento que podría ampliar aún más el alcance del equipo y consolidar el futuro del streaming en el futbol mexicano y a nivel global.

En la preferencia por los aficionados en las redes sociales, Chivas también se mantuvo consistentemente entre los equipos con más interacciones en plataformas como X (antes Twitter), Facebook, Instagram, YouTube y TikTok durante los primeros cinco meses de 2024, siendo el primero o segundo equipo con más interacciones y lealtad de toda la Liga MX, compitiendo en ese engagement o compromiso con su acérrimo rival el América. Apenas en mayo de 2024 las Chivas generaron 44.5 millones de interacciones en redes sociales entre seguidores eufóricos por conocer más de su equipo.

La transición hacia el streaming es inevitable. A pesar de los pronósticos en contra, las Chivas demostraron ser pioneras en este cambio tecnológico, y su éxito podría ser un modelo a seguir para otros clubes populares en México. Mientras tanto, las Águilas del América deben reconsiderar su estrategia para no quedarse atrás en la era digital, como ya le ocurre a Televisa en el streaming.

La más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 revela una tendencia clara: la TV abierta está perdiendo terreno frente a las plataformas de streaming. Los hogares que dispusieron de un servicio de streaming en 2023 fueron 11.6 millones, equivalentes a 30.2 millones de usuarios de esas plataformas de internet.

En contraparte, los usuarios de TV abierta volvieron a mostrar un descenso, al pasar de 61.6 millones en 2020 a 56.9 en 2023, con apenas un promedio de 2.3 horas diarias de visionado en TV abierta versus 5.9 horas al día en internet. Con un aumento significativo en el número de usuarios de internet, que alcanzó 97 millones u 81.2% de la población en 2023, y una preferencia creciente por el consumo de contenido digital, las plataformas de streaming están ganando la batalla por la atención de los espectadores.

La guerra de ratings y estrategias entre Chivas y Águilas es un reflejo de una industria en transformación. El contenido es el rey y ya cambió la forma como se consume: en cualquier momento, lugar y plataforma. Los seguidores agradecen no ver a las Chivas en TV abierta. Con la posible alianza con Amazon Prime Video, el Guadalajara no sólo busca asegurar su dominio en las canchas, también en el corazón digital de sus millones de fans. Estamos presenciando el inicio de una nueva era, donde la tecnología y la innovación dictarán quién liderará la carrera por capturar la pasión de millones de aficionados al futbol.

Twitter: @beltmondiM

Proceso Jorge Bravo

“Más vale una gota de verdad que un mar de mentiras.” Así remata el anuncio de la curadera Victoria, después de haber “ayudado” a una persona a resolver un problema que la aquejaba o revertir una brujería que le hicieron sus vecinos o en el trabajo.

La publicidad de brujas, chamanes y curanderos en TV Azteca es una práctica que atenta contra los derechos de las audiencias al ofrecer servicios engañosos y potencialmente dañinos para la salud física y mental de las personas.

Es un fenómeno controvertido en la televisión: la proliferación de anuncios de “especialistas” en brujería y sanación a distancia -algunos con acento extranjero- que prometen resolver todo tipo de problemas, desde amorosos hasta económicos, pasando por enfermedades, maleficios y sanaciones milagrosas. Incluso, algunos aseguran encontrar tesoros escondidos en las casas de las personas que se comunican con ellos vía telefónica y les cobran tarifas por sus servicios esotéricos.

Personajes como la curandera Victoria, don Toribio de la Montaña y su logia blanca, el maestro Santiago y los Maestros de Energía y Vida que realizan “diagnóstico corpo energético” (la frase no existe en Internet), se han convertido en figuras profusas para algunos televidentes, pero sus anuncios, actividades y sanaciones plantean interrogantes sobre la responsabilidad de los medios, la salud pública y cómo esa publicidad afecta a las audiencias y qué derechos están en juego.

La presencia de estos curanderos en los medios de comunicación no es nueva. Recientemente, han proliferado la cantidad de anuncios que prometen desde curaciones y atención de problemas personales a distancia, pasando por deshacer brujerías hasta la localización de tesoros enterrados.

La reiterativa publicidad de estos personajes se presenta como un servicio beneficioso para el público, ofreciendo soluciones a problemas de salud, amor, dinero y otros aspectos de la vida. No obstante, en realidad florece en momentos de crisis económicas y sociales, dificultades en el acceso a atención médica confiable, desinformación por el avance tecnológico y cuando las leyes, la regulación y las autoridades son laxos.

El modus operandi de estos videntes que aparecen en la TV sigue un patrón común, diseñado para atraer y persuadir a los televidentes para solicitar sus servicios. Aunque existen variaciones en la estrategia de cada curandero, son anuncios llamativos y emocionales que inician con una obertura dramática, planeada para captar la atención. Utilizan música, efectos visuales, objetos religiosos y esotéricos como velas, amuletos o naipes e insertan testimonios para despertar interés.

Prometen soluciones rápidas y milagrosas a problemas de salud, sentimentales, económicos o de trabajo, sin evidencia científica que respalde sus adivinaciones. Utilizan un lenguaje persuasivo y afirmaciones audaces para convencer a las audiencias de que pueden resolver cualquier dificultad.

Enganchan con testimonios de quienes afirman haber experimentado mejoras significativas después de llamar a dichos “sabios”, destinados a generar confianza en la efectividad de sus remedios.

Animan a los televidentes a llamar de inmediato a un número telefónico o enviar mensajes de WhatsApp para obtener más información o programar una consulta, pero ocultan los costos reales de las llamadas. Emplean estrategias de urgencia, como afirmar que la oferta es válida sólo por tiempo limitado, para presionar a los incautos a actuar rápidamente y gastar dinero en consultas a distancia que pueden resultar inútiles o fraudulentas.

El principal problema con la publicidad de brujas, chamanes y curanderos radica en su potencial para engañar a las audiencias. Los anuncios prometen resultados milagrosos, soluciones a problemas complejos de la vida difíciles de abordar, explotan creencias y vulnerabilidades, lo cual lleva a las personas a tener expectativas poco realistas y gastar su dinero.

La promesa de encontrar tesoros escondidos en las casas es un ejemplo tan clásico como extravagante de publicidad engañosa. Estas afirmaciones pueden llevar a la invasión de la privacidad y la destrucción innecesaria de propiedades en busca de tesoros que, en realidad, no existen. Las personas que creen y caen en estas engañifas ponen en riesgo su seguridad, integridad y patrimonio.

Los anuncios de brujos, sacerdotisas o pastores de sanación es particularmente perjudicial para audiencias vulnerables, como personas mayores, con problemas de salud o quienes están desesperados y pasando por momentos difíciles en sus vidas. Estas audiencias son más susceptibles a las promesas de curación, falsas esperanzas, esoterismos y solución de problemas, haciéndolas víctimas propensas y fáciles para la explotación psíquica, emocional y pecuniaria.

Dicha publicidad tiene consecuencias negativas para la salud pública: induce a abandonar tratamientos médicos o confiar en remedios falsos, peligrosos y en trabajos esotéricos. Genera dependencia emocional, económica o espiritual hacia dichos personajes y sus secuaces en los call centers, quienes se aprovechan de la vulnerabilidad, ignorancia o desesperación de sus clientes. Fomentan la superstición, fanatismo, pseudociencia, el rechazo a la ciencia y el conocimiento, socava el pensamiento crítico y la toma racional de decisiones. Finalmente, provoca mayor decepción y frustración entre las personas que acuden a estos ellos en busca de alternativas falsas.

En México, los derechos de las audiencias están protegidos por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La ley establece que los contenidos transmitidos por los radiodifusores deben ser veraces, respetar la dignidad de las personas, no inducir a error y divulgar el conocimiento científico. La publicidad engañosa de brujos y curanderos va en contra de esos derechos.

No estoy en contra de que las personas experimenten el acceso a conocimientos ancestrales, acudan a curanderos que rescatan la medicina tradicional natural o realizan prácticas de reflexión, meditación o misticismo espiritual que ayudan a las personas a encontrar un sentido en su vida. Pero este tipo de vivencias y tradiciones no se anuncian en la televisión abierta ni son un negocio para quienes, de forma sorprendente, cuentan con muchísimos recursos para anunciarse en la TV.

La responsabilidad de los medios en la transmisión de anuncios engañosos debe retomarse. La protección de las audiencias, especialmente las más vulnerables, debe ser una prioridad. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor deben vigilar este tipo de publicidad, la cual atenta contra los derechos de las audiencias y pone en riesgo su bienestar. Las audiencias también deben informarse sobre sus derechos y los riesgos de caer en estafas mediáticas.

Twitter: @beltmondi

Proceso Jorge Bravo

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cumplió una década (10 de septiembre de 2013) de su creación, y es el mismo tiempo que seguimos sin derechos de las audiencias. 

También fue hace un año, el 29 de agosto de 2022, cuando por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la totalidad de la contrarreforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que atentó contra diversos derechos de las audiencias. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Absolutamente nada. 

Sí se restablecieron los derechos de las audiencias suprimidos en 2017 en la ley secundaria, pero en los hechos las audiencias seguimos sin poder ejercerlos porque no existen lineamientos vigentes emitidos por la autoridad responsable de tutelar dichos derechos: el IFT. Aquí una cronología. 

El 11 de junio de 2013 se publicó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental y señala que la ley establecerá los derechos de las audiencias y los mecanismos para su protección.

El 14 de julio de 2014 se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la cual define las audiencias como las personas que reciben los contenidos, servicios de radiodifusión y de TV de paga, y les otorga una serie de derechos en los artículos 256-261, como recibir contenidos plurales y diversos, ejercer el derecho de réplica y distinguir entre publicidad, propaganda e información noticiosa. 

La LFTR obliga a los concesionarios a contar con un código de ética y nombrar un defensor de las audiencias y también dice que el IFT tiene la facultad de vigilar en materia de derechos de las audiencias, imponer sanciones y expedir lineamientos de carácter general. 

El 21 de diciembre de 2016, previa consulta pública, el IFT emitió los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, los cuales establecen principios rectores, mecanismos de protección, las obligaciones y facultades de los defensores y los contenidos de los códigos de ética.

El contenido y la publicación de dichos lineamientos molestaron a la industria de la radio y la televisión. Muchos medios electrónicos privados, sus comunicadores y periodistas –acompañados por columnistas en la prensa– coordinaron una campaña de ataque, descalificaciones y desinformación contra el IFT y sus lineamientos acusándolos de censores. Las quejas de los radiodifusores privados llegaron a los oídos de los legisladores, mismos que habían aprobado la reforma de 2013 y la ley de 2014. 

El 31 de enero de 2017 la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto y el Senado presentaron controversias constitucionales contra los lineamientos del IFT, por considerarlos contrarios al ejercicio de la libertad de expresión de los concesionarios, medios de comunicación y periodistas.

El 1 de febrero de 2017 la Suprema Corte admitió a trámite las controversias constitucionales del Ejecutivo federal y el Senado, las cuales fueron resueltas más de cinco años después.

El 8 de febrero de 2017 el Pleno del IFT aprobó diferir la entrada en vigor de los lineamientos emitidos en diciembre de 2016 hasta que la SCJN resolviera las controversias constitucionales. 

El 11 de febrero de 2017 el Pleno del IFT modificó el acuerdo para diferir la entrada en vigor de los lineamientos y publicó que entrarían en vigor el 16 de noviembre de 2017. 

El 31 de octubre de 2017 se publicó la contrarreforma que modifica y suprime diversos derechos de las audiencias. Entre otras cosas derogaron el derecho de la audiencia a que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión; pidieron a los concesionarios que se abstengan de transmitir publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando antes estaban obligados; hicieron que los concesionarios emitieran sus propios códigos de ética sin la revisión ni regulación del IFT; permitieron que los concesionarios designaran libremente al defensor de la audiencia, nuevamente sin que la autoridad interviniera u opinara.

El 11 de diciembre de 2017, con votos de los comisionados Gabriel Contreras, Mario Fromow, Javier Juárez y Arturo Robles, el Pleno del IFT resolvió no promover una controversia constitucional en materia de derechos de las audiencias, tampoco atender una recomendación en ese sentido de su Consejo Consultivo. Quienes sí votaron en favor de presentar la controversia constitucional fueron Adriana Labardini, María Elena Estavillo y Adolfo Cuevas.

A finales de diciembre de 2017 la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) inició un juicio de amparo contra la contrarreforma, por considerar que la modificación suprimía la facultad del IFT para emitir lineamientos en materia de defensa de las audiencias. La AMDA ganó el amparo en mayo de 2020 en favor de los radioescuchas y televidentes. 

El 19 de enero de 2022 la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo interpuesto por el Centro Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, también contra las modificaciones de 2017. 

La asociación civil logró que se restableciera el derecho de las audiencias de que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, bajo un principio de progresividad de los derechos humanos, es decir, no se puede retroceder en un derecho conquistado.

Finalmente el 29 de agosto de 2022 la SCJN protegió en definitiva los derechos de las audiencias al invalidar la totalidad de la contrarreforma de 2017 por dos violaciones graves al debido proceso: porque el proyecto de dictamen de reforma a la ley no fue sometido a consideración de las otras comisiones dictaminadoras, para incorporar sus observaciones por lo menos 24 horas antes de la reunión cuando iba a discutirse y votarse; y porque dicho dictamen no fue publicado en la Gaceta Parlamentaria 24 horas antes de la sesión del Pleno en la cual fue puesto a debate y a votación.

Aunque la SCJN ya resolvió las controversias y emitió varias sentencias favorables, las audiencias seguimos sin ejercer nuestros derechos, sin quien los tutele y seguimos sin lineamientos que nos protejan de los malos contenidos que transmiten los concesionarios de la radio y la televisión privada y pública. 

@beltmondi

El Economista Nicolás Lucas

La elección de nuevos conceptos de programación pudo no haber resultado para algunas emisoras de la Ciudad de México, como al grupo NRM Comunicaciones que renunció a la marca “Bandolera 1410” por el distintivo “Sabrosita 1410”, perdiendo así al 70% de sus oyentes y afectando además a la mítica “Sabrosita 590” que transmite el mismo tipo de contenidos.

Las siete emisoras de mayor popularidad en la radio musical de amplitud modulada (AM) con cobertura en la Ciudad de México presentaron un descenso acumulado del 19.73% en sus cuotas de audiencia durante el periodo enero-abril de 2023.

Estas siete estaciones de radio musical de AM lograron una audiencia acumulada de 3.40 millones de radioescuchas entre los meses de enero y abril de 2022, y de 2.73 millones de oyentes en los mismos meses de un año después, según datos de la firma INRA.

Las siete emisoras habían venido presentando crecimientos continuos en sus niveles de audiencia, a pesar de transmitir conceptos de programación de muy de larga data y que parecieran sonar poco atractivos; de operar además desde la banda de AM que presenta un menor universo de radiorreceptores y por la competencia que presentan estaciones en la banda de FM, y también aún por los descensos en la pauta publicitaria.

Las estaciones “La B Grande México”, “Bandolera 1410”, “Radio Felicidad”, “La Comadre”, “El Fonógrafo”, “Stereo Cien AM” y “Sabrosita 590”, se mantuvieron como estaciones preferidas por el público y salvo las emisoras de contenido hablado de Radio Fórmula y W Radio, éstas eran las frecuencias con el mayor crecimiento y alcance entre los radioescuchas en toda la banda de AM.

Sin embargo, una redefinición de sus programaciones, inclusive cambios de identidad y marca, habría provocado que en conjunto, los niveles de audiencia de este grupo único hayan disminuido y presentado desplomes en las mediciones particulares de estación por estación.

Informes de audiencia de la casa de mediciones INRA indican por separado que la estación “La B Grande” ganó 20.57% audiencia en los comparativos abril contra abril, en tanto que Radio Felicidad avanzó 7.81%; en 148% lo hizo “La Comadre” y en 35.05% la señal de “Stereo Cien AM”.

“La Comadre” retomó sus índices de crecimiento, después de que dejó de transmitir contenidos marianos y tras el freno que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puso al Grupo ACIR para vender la estación a una organización religiosa. La señal es escuchada ahora por casi 48,000 personas en su formato musical, desde los 19,000 que atraía la programación relgiosa.

A contrasentido se ubicó “Bandolera 1410”, que ahora transformada en “Sabrosita 1410”, perdió al 72.54% de sus oyentes entre abril de 2022 y abril de 2023. La estación, perdió 134,135 radioescuchas en ese mismo periodo. Todavía en enero de 2022, cuando la frecuencia transmitía música regional, la cuota de audiencia de esta emisora se ubicó en 316,245 oyentes, una cifra que hoy resulta mayor a los resultados alcanzados por estaciones de FM para abril de 2023, como son Imagen Radio o El Heraldo, cuyas audiencias no superan los 270,000 escuchas.

La existencia de una “Sabrosita 1410” probablemente afectó a la histórica “Sabrosita 590”, que también perdió al 4.11% de sus escuchas entre abril de 2022 y abril de 2023. La estación fue escuchada por 148,226 oyentes en abril pasado.

La determinación que tomó el Grupo Radio Centro de separar los contenidos de su estación piloto “Radio Centro” de los transmitidos en la misma señal por “El Fonógrafo del Recuerdo”, terminó por afectar a esta última estación, que entre los dos abriles de referencia dejó ir al 33.10% de sus oyentes. “El Fonógrafo”, una emisora con más de treinta años de vida que ha visto nacer y morir también a más de treinta estaciones en el Valle de México, fue escuchada por 114,723 personas en abril. A pesar de esta caída, “El Fonógrafo” es una emisora todavía más preferida sobre una veintena más de frecuencias de AM y FM en la capital.

Los cambios resultaron favorables para una de esas estaciones. Se trata de Stereo Cien AM, que desde la señal de los 1000 Khz transmite contenidos similares a los de su estación hermana de FM. La frecuencia tiene ahora 127,000 radioescuchas, desde casi 94,000 de hace un año.

Una de las emisoras que recién ingresó al aire desde la frecuencia de los 1030 KHz que por años se mantuvo apagada, es Radio Centro Deportes. La estación transmite programación hablada, pero en un año también presenta un notable crecimiento, de 19,197 escuchas, a casi 51,000 oyentes continuos.

Proceso Jorge Bravo

Porque era “un tema de interés público y periodístico”, esa fue la justificación que dieron los medios públicos federales Canal 14 y la estación de radio Altavoz (ambos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano), Canal Once, Canal 22, el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), Radio Educación y Capital 21 (Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México) para coordinarse y realizar la “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación” el domingo 27 de noviembre de 2022.

Si esa marcha convocada directamente por el presidente López Obrador fue de interés público e interés periodístico, ¿por qué esos mismos medios oficialistas no hicieron un despliegue técnico, de conductores y reporteros ni una cobertura informativa tan intensa para informar sobre la reciente marcha del 26 de febrero de 2023 que abarrotó el zócalo capitalino (como tampoco lo hicieron para la concentración del 13 de noviembre de 2022 cuando se convocó a defender al Instituto Nacional Electoral, que llenó la Columna de la Independencia), a pesar de que ambas manifestaciones fueron “un tema de interés público”.

La respuesta es sencilla: los medios públicos se coordinaron para hacer una cobertura oficialista, propagandística y completamente sesgada, parcial y a favor del gobierno del presidente AMLO y la Cuarta Transformación.

Como las dos marchas ciudadanas se organizaron para oponerse, primero, a la reforma electoral y, después, al Plan B electoral, a pesar de haber sido visiblemente masivas y de que los medios públicos debieran ser ciudadanos, no hicieron una cobertura informativa semejante a la “Marcha por la Transformación” sencillamente porque esas manifestaciones se oponían a las reformas en materia electoral que ha promovido el presidente AMLO, Morena y la Cuarta Transformación.

Como televidente y radioescucha, me sentí afectado en mis derechos como audiencia por el tono propagandístico de la cobertura, porque la percibí sesgada, parcial y completamente a favor de las políticas y mensajes del gobierno en turno.

Razón por la cual le escribí a cada uno de los seis defensores de audiencias de los medios públicos: Lenin Martell (SPREM), Felipe López Veneroni (Canal Once), Gabriel Sosa Plata (Canal 22), Laura Martínez Águila (Imer), Ana Cecilia Terrazas (Radio Educación) y Karla Prudencio (Capital 21). Las respuestas completas se pueden consultar en el siguiente enlace () para fines informativos y de indagación académica. Que las audiencias y los lectores juzguen. Aquí sólo hago una selección y edición de algunos puntos.

A todas y todos los defensores les formulé las mismas 5 preguntas: 1) si la “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación” fue un acto de propaganda; 2) si violó el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 sobre la independencia editorial del medio público al realizar una cobertura parcial sólo de las posturas oficiales y del gobierno federal; 3) si afectó la independencia editorial del medio público; 4) si se procuró la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones (entendidas como aquellas distintas a la del discurso oficial y del gobierno), y 5) cuáles serían la rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva.

SPREM: para Lenin Martell la cobertura de la “Marcha por la Transformación” no fue un acto de propaganda ni violó la Constitución, hubo independencia editorial, se privilegió la participación ciudadana y no se destinó presupuesto extra para la producción (como si el presupuesto del SPREM no fuera público). De acuerdo con 95% de las comunicaciones de las audiencias, la cobertura sí procuró la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones, pero ese porcentaje es precisamente de comentarios a favor de AMLO, el gobierno y la Cuarta Transformación.

Martell reveló que doce sistemas estatales de radiodifusión se conectaron por voluntad propia. El SPREM los convocó, pero hasta el día del evento se supo con precisión cuáles medios participarían. Esta información no concuerda con que días previos a la “Marcha por la Transformación” ya había circulado en redes un cartel con los logotipos de los medios públicos mencionados.

Martell asegura que la cobertura “cubrió un vacío informativo que otros medios de comunicación —sobre todo comerciales— no reportaron, descontextualizan o simplificaron la relevancia periodística de la marcha”. Esta afirmación es una generalización, no tiene sustento ni evidencia empírica y no puede afirmarse un acto futuro, como la cobertura de los medios comerciales.

Canal Once. Para López Veneroni no fue un acto de propaganda porque “no nos encontramos en un período electoral” (como si la propaganda sólo existiera en elecciones), “no fue una transmisión ordenada por la Secretaría de Gobernación o alguna otra instancia del poder Ejecutivo Federal” (sólo eso faltaba, pero la marcha sí fue convocada por el Presidente), “no se trató de un programa preproducido y editado a manera de un documental o un promocional, sino que se trató de la crónica periodística, en tiempo real”, y “permitió subsanar un previsible vacío informativo de los medios electrónicos comerciales”. Si fue en tiempo real, ¿cómo adivina el defensor “un previsible vacío informativo” que en realidad no existió? ¿Acaso es el Oráculo de Delfos? Es falso que los medios comerciales no dieron cobertura a la “Marcha por la Transformación”.

López Veneroni sostiene que corresponde a una autoridad jurisdiccional determinar si hubo o no una violación al artículo décimo transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Dice que “en la medida en que la transmisión especial no fue un programa de opinión, sino uno de carácter informativo-constatativo, no tenía cabida introducir elementos de una polémica o análisis, del mismo modo que éstos tampoco son referidos en coberturas como la del grito de la Independencia o el desfile del 20 de noviembre”. Curiosamente, en las coberturas de esas fechas cívicas sí se introducen comentarios y se invita a especialistas, tienen un tono oficialista, pero no hacen apología del gobierno en turno. No se sostiene el argumento, precisamente porque todo el tiempo hubo opiniones, comentarios, loas de los conductores de los medios públicos a la “Marcha por la Transformación”, como lo reconoce Sosa Plata más adelante. Aquí está el enlace a la cobertura de más de 8 horas (https://bit.ly/3LfdRR8) para que cualquiera lo constate. 

López Veneroni coincidió “con quienes han señalado que este tipo de coberturas recuerdan a las prácticas informativas de antaño (…), pero no porque se trate de un acto de propaganda, sino porque le hizo falta imaginación, innovación y una dinámica periodística más actual”

López Veneroni recomendó 1) “negociar un manejo más dinámico y periodístico de la información” (¿Canal Once tiene que negociar?; para mí eso es perder independencia editorial) y 2) “que una vez concluido el acto motivo de la transmisión se pueda diseñar un programa, este sí de análisis y opinión, en el que diversos representantes de la opinión pública y que son, a la vez, colaboradores del propio canal, dialoguen e intercambien puntos de vista sobre lo que, de otra parte, fue un hecho noticioso trascendente y de interés público general”.

Imer. Para Laura Martínez “una cobertura informativa completa habría contextualizado los motivos y el sentido de la marcha, aportado datos comparativos, de contraste o al menos complementarios de cara al gran discurso sobre la marcha; algo que tuvo poco o nulo tratamiento en la cobertura. Tampoco se mostraron voces críticas, contrarias y las que sí tuvieron mención fue apenas en una ocasión a las familias de personas desaparecidas”.

Martínez resalta que “no se cumplió cabalmente al homogenizar la transmisión de todos los medios de comunicación públicos y el trabajo de los distintos colaboradores de estos medios bajo la definición y decisiones editoriales de Canal 14 y Canal Once”.

Para Martínez “la independencia editorial, así como los derechos de las audiencias a la diversidad y pluralidad social, política e ideológica no contaron con condiciones de ser plenamente respetados ni garantizados según lo estipulado en la [Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión], como resultado de las decisiones editoriales de estos dos canales de televisión pública por encima de todos los medios públicos participantes, transgrediendo así otro derecho de las audiencias: el derecho a recibir contenidos con una pluralidad y diversidad de formatos”. Comparto esta reflexión.

Radio Educación. Ana Cecilia Terrazas destacó que “Radio Educación acertadamente no transmitió por su FM –emisora más escuchada por el grueso de sus audiencias– la integridad del mensaje”. Terrazas recomienda “fortalecer la capacitación para que se pueda detectar el periodismo de calidad informativa (equilibrado, plural e independiente) para que las audiencias puedan y sepan cuándo exigir sus derechos”.

Consultado por Terrazas, el director de Radio Educación, Jesús Alejo, reconoció que “al interior de la institución ha habido pronunciamientos críticos en torno a la decisión de Radio educación de sumarse a la cobertura, lo que nos abre una oportunidad para debatir el papel de los medios de uso público y obtener de tal deliberación, ejes de actuación que nos permitan servir de mejor manera a la ciudadanía”. Pues sí, de eso se trata este texto y debate.

Canal 22. Para Sosa Plata tampoco fue propaganda ni se violó la Constitución ni la independencia editorial del medio. “No obstante, esta Defensoría considera que en la transmisión hubo manejos periodísticos que sí traspasaron, en algunos momentos, la línea entre la información y la opinión, con lo cual se pudo haber afectado la imparcialidad que también debe caracterizar el trabajo de periodistas y de los medios de comunicación en su conjunto. Esta situación puede tener implicaciones que dañen el pluralismo, razón por la cual se hará la recomendación de diferenciar la información y la opinión en las participaciones de reporteros o conductores asignados a estas coberturas”.

Llama la atención que mientras algunos defensores como López Veneroni sostienen que sólo era una crónica periodística que no tenía la intención de introducir opiniones, Sosa destaca que se traspasó la línea entre la información y la opinión y que la recomendación va en el sentido de diferenciar la información y la opinión. Interesante.

Capital 21. Para Karla Prudencio, “no hay evidencia que sustente que la decisión del medio público haya obedecido a alguna presión de carácter político”, como si hiciera falta. La defensora reconoce que “no se procuró la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones entendidas como aquellas distintas al discurso oficial. Sin embargo, vale la pena mencionar que la cobertura informativa especial a la que se hace referencia no era un programa de opinión, sino una crónica y una cobertura noticiosa”, pero llena de comentarios y opiniones elogiosas de los conductores, empezando por Jenaro Villamil, presidente del SPREM.

Conclusiones: observo respuestas semejantes y hasta coordinadas de Martell, López Veneroni, Sosa Plata y Prudencio, y diferenciadas de Martínez y Terrazas. Salvo Martell, las y los defensores coinciden (aunque lo justifican) en que hubo una falla en lo que respecta a la pluralidad de voces y la diversidad de opiniones durante la cobertura, precisamente uno de los derechos de las audiencias.

Supongamos sin conceder que la “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación” el domingo 27 de noviembre de 2022 no fue propagandística, no violó la Constitución y no comprometió la independencia editorial de los medios públicos. ¿Entonces por qué esos mismos medios no hicieron una cobertura semejante de la marcha del 26 de febrero de 2023? ¿Acaso no tenía interés público y periodístico? ¿Acaso no llenó el zócalo?

Seamos claros: no lo hicieron porque la marcha se oponía a las reformas y políticas electorales promovidas por el Presidente y el gobierno de la Cuarta Transformación. Es evidente que no hacía falta una instrucción del Ejecutivo federal para no darle cobertura especial a esa segunda marcha, porque fue un acto de autocensura de los medios públicos. Usando las palabras de dos defensores: era previsible un vacío informativo de los medios públicos.

Señoras y señores defensores: en sus respuestas a mis preguntas y en la falta de cobertura de la segunda marcha están sus contradicciones. Recuerden que ustedes sólo rinden cuentas a las audiencias, deben ser imparciales e independientes del medio.

Ahora respondan: ¿por qué los medios públicos no hicieron una cobertura especial de la marcha del 26 de febrero? La respuesta es porque los medios públicos se unieron en la “Marcha por la Transformación” para hacer propaganda a favor del Presidente y porque no tienen la suficiente independencia editorial para hacer una cobertura especial de las otras manifestaciones también ciudadanas.

El Observador

Que la televisión sigue siendo un medio consumido y atractivo para el público uruguayo no sorprende, sobre todo cuando se mira el interés que despierta todo tipo de noticia que provenga de este ámbito.

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Andina

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) realizó audiencias públicas descentralizadas en cuatro regiones para recoger comentarios sobre los proyectos de resolución que establecen las tarifas tope al acceso y transporte de internet.

Estas iniciativas corresponden a los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral.  

En las audiencias, que se realizaron de manera virtual tanto en Lima, como en Lambayeque, Ayacucho y Huancavelica, tuvieron una importante participación de usuarios y representantes de las empresas operadoras.

El objetivo fue convocar a los interesados para que puedan expresar verbalmente sus comentarios respecto a los referidos proyectos.  

Durante su participación, el coordinador de Investigaciones Económicas del Osiptel, Ruben Guardamino Baskovich, explicó que los Proyectos Regionales, que forman parte de una política diseñada por el Estado peruano, buscan la conectividad de 21 regiones del país con más de 7 mil localidades, a través de una red de transporte de fibra óptica que permite proveer el servicio de internet, y que contaría con más de 3.6 millones de beneficiados en su diseño.

Asimismo, manifestó que en estos proyectos existen dos servicios regulados: el de transporte de internet (para transportar señales de internet) y de acceso a internet a los clientes finales. 

A la fecha, se encuentran en operación los Proyectos Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tacna. Además, quedan en etapa de implementación 10 proyectos, y Tumbes, Piura y Cajamarca en proceso de reformulación. 

Guardamino refirió que para el servicio de acceso a internet en el 2018 se establecieron tarifas tope orientadas a costos, aplicables solo para las Instituciones Abonadas Obligatorias (IAO), las cuales tuvieron la primera revisión.

Para el resto de instituciones públicas y hogares, se estableció el régimen supervisado (conforme a lo solicitado por el MTC en el 2014).

También se acordó que estas tarifas tope deberían ser revisadas y evaluadas cada tres años, por lo que el ente regulador convocó a estas audiencias públicas descentralizadas. 

Según el OSIPTEL, la regulación tarifaria debe extenderse en todas las entidades públicas, acorde a lo solicitado por el MTC, aplicando tarifas diferenciadas para los proyectos de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, ya que los proyectos han tenido más de un año de operación y cuentan con información completa sobre los niveles de gastos operativos.

En cuanto al servicio de transporte de internet, se sugiere una metodología de benchmarking, considerando la información de las tarifas del servicio portador a nivel nacional.  

Proceso Jorge Bravo

Propongo una Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias donde se reciban, documenten, procesen y se dé seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las audiencias de la radio y la televisión en México. Me explico.

Con motivo de la “cobertura informativa especial” de la “Marcha por la Transformación” que realizaron el domingo 27 de noviembre de 2022 los medios públicos federales Canal Once, Canal 22, Canal 14 y la estación de radio Altavoz (ambos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPREM), el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación y Capital 21 (Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México), todos coordinados por el SPREM, la cual me pareció parcial, sesgada a favor del presidente López Obrador, tendenciosa, sin pluralidad ni diversidad de voces distintas a las del oficialismo, y que a mi parecer violó la independencia editorial que, por mandato constitucional, deben tener los medios públicos, ejercí mi derecho como audiencia.

A cada defensor de las audiencias de los medios oficialistas aludidos les escribí y les formulé una serie de cuestionamientos sobre la independencia editorial de dichos medios electrónicos.

El artículo 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencia, que podrá ser del mismo concesionario, conjunta entre varios concesionarios o a través de organismos de representación.

La ley también dice que “la actuación de los defensores de las audiencias se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia, cuya prioridad será la de hacer valer los derechos de las audiencias, según los códigos de ética que haya firmado o a los que se haya adherido cada concesionario”.

Las audiencias con discapacidad también tienen derechos como contar con mecanismos de accesibilidad para expresar sus reclamaciones, sugerencias y quejas a los defensores.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2021 del Inegi advierte que 91.2% de los hogares cuenta con un televisor. Por su parte, el Anuario Estadístico 2022 del IFT revela que existen 72 accesos de televisión de paga por cada 100 hogares.

Cada persona defensora de las audiencias de los medios públicos mencionados respondió no sólo lo que quiso a su buen entender, también cuando quiso y en el formato que mejor le pareció. Una defensora de un medio público todavía no me responde. Los procedimientos y los mecanismos de consulta y respuesta no están homologados. Algunos defensores responden lo que quieren, no lo que se les inquiere, por lo que las audiencias deberíamos tener un medio de impugnación.

Cada uno de los medios públicos tiene la información sobre su defensor de la audiencia de forma diferente y en ningún caso es sencillo encontrarla, identificarla y acceder a ella, lo cual afecta los derechos de las audiencias.

Cuando le escribí al defensor de la audiencia del SPREM, tuve que clickear muchas veces antes de encontrar el “formulario”. Cuando terminé de llenarlo y copié mi mensaje para enviarlo, el botón de “enviar” no respondía a esa función. Tuve que averiguar el correo electrónico personal de ese defensor para hacerle llegar mis cuestionamientos. Fue entonces cuando me respondió.

La audiencia (verificado por mí) no siempre recibe un acuse de recibo, lo cual genera incertidumbre sobre el ejercicio de sus derechos. Los defensores responden de manera informal sobre el cuerpo del correo o envían un documento PDF. Ninguna respuesta incluye un fundamento jurídico.

Y es que la ley señala que “los defensores de audiencia determinarán los mecanismos para la difusión de su actuación, entre los cuales podrán optar por correo electrónico, páginas electrónicas o un número telefónico, las cuales deberán contar con funcionalidades de accesibilidad para audiencias con discapacidad, siempre y cuando no implique una carga desproporcionada”.

En otras ocasiones he escrito al defensor de la audiencia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que “sirve” para la mayoría de las estaciones de radio y canales de TV privados, y nunca he obtenido una respuesta. El sitio que la CIRT destinó para el defensor de las audiencias ni siquiera da a conocer el nombre de dicha persona y mucho menos su fotografía.  

La Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias que propongo emula la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como herramienta tecnológica para potenciar, unificar y facilitar el acceso a la información pública gubernamental.

En este caso, la Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias potenciaría, difundiría y facilitaría el ejercicio de los derechos de las audiencias de radio y televisión en México.

La institución encargada de administrar la Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias tendría que ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), responsable de tutelar y vigilar los derechos de las audiencias.

Según información del Cuarto Informe de Gobierno del presidente López Obrador, existen 2,393 estaciones de radio y 952 estaciones de televisión en operación. La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México da cuenta en su sitio en Internet de 82 afiliados, de los cuales 64 son sistemas de radio y televisión públicos (gubernamentales, de instituciones educativas y culturales, así como de la sociedad civil) en los 32 estados de la República.

La Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias contendría el nombre de cada defensor de audiencias de cada concesionario o medio de comunicación, el código de ética, los informes públicos de cada defensoría, las obligaciones el formulario y las fechas legales de cumplimiento automatizadas. Tanto el nombramiento de los defensores como los códigos de ética deben estar previamente inscritos en el Registro Público de Concesiones del IFT. La plataforma daría a conocer los derechos de las audiencias y de las personas con discapacidad, porque la mayoría de los medios electrónicos no lo hacen.

El IFT, como administrador de la plataforma, emitiría informes periódicos sobre el uso y requerimientos de las audiencias, como ocurre con el INAI en materia de transparencia, para dar a conocer estadísticas, expedientes relevantes, verificación del cumplimiento, sanciones y más información relevante y de interés para la investigación académica y la alfabetización mediática.

Para ello se requeriría que el IFT emita nuevos Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias e incluso que el Congreso de la Unión legisle en la materia.

Lo que es un hecho incontrovertible es que las audiencias no podemos ejercer de manera adecuada nuestros derechos desde hace 10 años, existe demasiada incertidumbre y discrecionalidad, el IFT no tutela los derechos de las audiencias y la labor de algunas personas defensoras de las audiencias es cuestionable o se desconoce. La Plataforma Nacional de Defensa de las Audiencias sería un instrumento efectivo de información, transparencia, investigación, control y verificación para todos los involucrados e interesados en los derechos de las audiencias.