La Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomóvil, inició su proceso de liquidación, luego de 28 años de funcionamiento.

La decisión, que fue anunciada por la propia agremiación, surge “como resultado de la reducción en el número de asociados y en cumplimiento de lo establecido en sus estatutos”.

Además, Asomóvil aseguró que “la transformación tecnológica, la consolidación del mercado y la evolución del ecosistema digital marcan una nueva etapa para la industria, en la que las compañías amplían cada vez más su rol como proveedores de conectividad, tecnología y soluciones digitales”.

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Desde su creación, en el 1998, Asomóvil acompañó el desarrollo de las telecomunicaciones móviles en Colombia, participando en la expansión de la conectividad, la masificación del Internet móvil y el fortalecimiento de un sector que hoy resulta esencial para millones de colombianos.

Sin embargo, pese al cierre, la asociación aseguró que “la industria móvil continuará impulsando la inversión, la innovación y el desarrollo digital del país desde nuevos espacios de articulación y diálogo acordes con la evolución del ecosistema digital en Colombia”. 

Cabe recordar que el mercado de telecomunicaciones en el país experimentó un cambio significativo con la consolidación de Tigo y Movistar, que quedó en firme en noviembre de 2025, lo que convierte a dos operadores en uno y para el caso de Asomóvil, a dos agremiados en uno.

El Tiempo

Con el objetivo de encontrar una mayor financiación, la ministra designada de Cultura, Patricia Ariza, afirmó que están buscando cobrar un impuesto a los planes de telefonía celular.

Este sería de 4 por ciento y se aplicaría a las personas que hoy en día tienen un plan de 38.000 pesos más IVA, es decir, unos 47.000 pesos.

Esto significa que estas personas pagarían cada mes otros 1.520 pesos y estos recursos adicionales irían para financiar los proyectos del sector cultura.

“La telefonía produce un capital impresionante. Un apoyo de la telefonía a la cultura me parece que es importante. No solo de la telefonía, ojalá fuera de todas las instituciones porque la cultura es trasversal al todo”, dijo Ariza a los medios de comunicación.

De acuerdo con Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, afectaría a los más pobres porque los pondría a pagar un impuesto de 4 por ciento adicional al IVA que ya pagan.

Es decir, se le pondría un impuesto a la canasta familiar de las personas de menores ingresos.

Hoy en día están gravados los planes, pero los que son mayores de 152.000 pesos.
No sabemos aún el alcance, pero el 80 por ciento de los usuarios son de prepago”, apuntó Hoyos.

Los gremios económicos del país respaldaron la decisión del presidente Iván Duque de retirar el proyecto de reforma tributaria del Congreso de la República y pidieron por lograr un acuerdo democrático para estabilizar las finanzas del país.

Rosmery Quintero, presidente de Acopi, el gremio de las mipymes, le dijo a EL HERALDO que desde la entidad consideran “prudente” el retiro del articulado. “Esto es un llamado a la construcción colectiva donde debe darse el espacio para escuchar a los diferentes grupos, tener el tiempo suficiente para hacer una propuesta que tenga en cuenta las condiciones reales del país en plena pandemia, así como de los ciudadanos y del sector empresarial”, señaló Quintero.

La alta representante gremial insistió en que seguirán promoviendo una “eficiencia del gasto público y la institucionalidad social”, así como el tratamiento diferencial para las mipymes y el régimen sancionatorio. “El Gobierno tendrá el espacio necesario para revisar que activos puede enajenar para poder cumplir con todos esos compromisos para mantener la regla fiscal y atender los aspectos sociales, empresariales y de inversión”, dijo Quintero a EL HERALDO.

Por otro lado, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, el gremio de los operadores de telefonía, le dijo a EL HERALDO que la decisión de retirar la propuesta de reforma fue “lo correcto buscando evitar que los vándalos siguieran incendiando al país”, y agregó que “una reforma es necesaria y no un capricho”.

“El Estado necesita más recursos para atender la pandemia en beneficio de los más vulnerables de Colombia, así que necesitamos construir un amplio consenso para tramitar una reforma que permita pasar la tormenta, mantener los programas sociales y esto tiene que venir acompañado no solo de un mayor recaudo a las empresas y a los más pudientes sino también de un esfuerzo muy importante en materia de reducción del gasto publico, de reducción del Estado y en materia de unificación de subsidios a través del Ingreso Solidario. El país necesita poder reactivarse y no podemos seguir asfixiando al contribuyente con cargas fiscales excesivas”, dijo Hoyos.

A su turno, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), señaló que  “la decisión de retirar la reforma tributaria es la correcta”.

“Con responsabilidad debemos ahora tramitar con celeridad una solución que minimice traumas y nos permita avanzar. Es tiempo de pensar con generosidad y eficacia”, escribió Mac Master en su cuenta de Twitter, donde más temprano había reafirmado la propuesta empresarial de una reforma fiscal.

Asimismo, Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, el gremio que agrupa al sector financiero, señaló que “es el momento de las propuestas y no de oportunismos”. El economista agregó que se tienen que “generar consensos a través del diálogo democrático”. “El país necesita una reforma fiscal equitativa, que financie los programas sociales y contribuya a la reactivación”, complementó.

Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) también celebró el anuncio del retiro del proyecto de la reforma tributaria. “En Fenalco lo dijimos desde un principio: la reforma tributaria que presentó el Gobierno era inoportuna. No era el momento. Ahora, a construir acuerdos para lograr el equilibrio fiscal que requiere el país”.

“Un nuevo proyecto debe estar orientado a la reactivación económica y generación de empleo. Construyamos consensos entre Gobierno, partidos y sectores económicos del país. Impulsemos una reducción del tamaño del Estado y fuerte austeridad en el manejo de las finanzas públicas”, complementó Cabal.

Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines, también se pronunció en favor de un diálogo nacional. “Valoramos la decisión de retirar el proyecto. En estos momentos necesitamos construir un consenso nacional donde se tengan en cuenta a diferentes actores: a los partidos políticos, a los gremios, los colaboradores y también los empresarios. Creo que la reforma debe estar enfocada en una reforma encaminada a una verdadera reactivación económica a través de la generación de empleo”, dijo Rodríguez.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, celebró la decisión del retiro del proyecto e invitó a construir una nueva propuesta con consensos. “Muy importante para productores y consumidores el compromiso de no incremento de IVA y el de no cambiar las reglas existentes”, dijo.

La República

Frente a una inminente reforma tributaria en la que se incluya gravar a los celulares de gama media, por debajo de $800.000, se abrió el debate sobre si estos artículos deberían o no tener IVA dada su importancia para la conectividad. En entrevista, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, habló sobre esta iniciativa y entregó un balance del sector.

Desde la Asociación, ¿cómo ven reforma tributaria que se está tramitando?

Nosotros entendemos la situación por la que está pasando el país. Colombia necesita una reforma tributaria que le permita cubrir los gastos que tenemos con esta pandemia. Sabemos que no es un capricho y que se necesita. Ahora, hay que hacer esa reforma de tal manera que nos permita cubrir ese paquete social, sin asfixiar a los contribuyentes y sin quitarle competitividad al aparato productivo. No podemos espantar la inversión y no podemos generar inseguridad jurídica que afecte las inversiones en Colombia. No podemos seguir asfixiando el bolsillo del contribuyente, que está al máximo de su capacidad.

En términos generales, ¿qué se debe tener en cuenta?

Hay que buscar distribuir el peso fiscal sobre una mayor cantidad de contribuyentes que estén en capacidad de contribuir. No puede recaer este peso sobre la clase media que ya está muy asfixiada. En conclusión, la reforma se necesita, pero debe ser una reforma ligera, moderada y que esté pensada exclusivamente para cubrir el costo de la pandemia, las inversiones en materia de vacunación, el tema del Ingreso Solidario, la devolución del IVA, las ayudas a la nómina y de los sectores más afectados, pero no debe ir más allá. Además, debe venir acompañada del recorte de gasto público. El Estado también debe hacer un esfuerzo, eso le dará legitimidad a la reforma.

¿Cómo ve el panorama frente a que graven celulares exentos de IVA?

Lo primero es que debemos esperar a conocer el texto definitivo, pero Colombia no puede seguir con una mentalidad de recaudo fiscal que dificulta el acceso de los hogares más pobres a la conectividad y a la tecnología. Es muy mal negocio gravar la conectividad y los terminales móviles (celulares) si eso va a desestimular el acceso de los colombianos a la digitalización. Sería una mala idea que le quitaran ese beneficio a los usuarios, a los colombianos, pues eso va a impedir el acceso a las comunicaciones y a la conectividad. Hoy la capacidad de los consumos de los hogares está disminuida y ponerle IVA es encarecer el servicio, es dificultar ese acceso. La conectividad ya no es un lujo, esta pandemia aceleró esa conectividad. La conectividad no debe ser vista como un lujo al que hay que gravar. Es una necesidad.

¿Cómo ve el trabajo que vienen desarrollando los operadores, como en conectividad y en los pilotos 5G?

La verdad es que vienen muy bien. Vienen realizando un buen trabajo, hemos superado las metas que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de hogares conectados, en materia de llevar infraestructura y conectividad a regiones apartadas. Con la subasta que se hizo a finales de 2019 ya los operadores adjudicatarios del espectro están cubriendo más de 3.600 centros poblados en regiones apartadas. Es un gran esfuerzo, muy positivo. En materia de 5G los tres operadores asociados a Asomóvil han hecho planes pilotos en distintas ciudades del país y en diferentes campos como ciudades inteligentes, salud, educación, seguridad. El país tiene que dar ese paso, aunque todavía tenemos un camino muy largo por recorrer, garantizando la penetración de 4G para todos los colombianos.

¿Qué piensa de la batalla de precios por la llegada de WOM?

Me parece positivo que cada vez más colombianos puedan acceder más fácil a los sistemas de conectividad y de eso no solo depende de los operadores, sino también de ese exceso de cargas fiscales que hay alrededor de la conectividad.

¿Cómo ve la investigación que le abrió la SIC a WOM?

Yo creo que todos los operadores están en la obligación de cumplir con las reglas del juego. Bienvenida la competencia, pero respetando las reglas del juego y a los usuarios.

Portafolio

Desde su aprobación en junio de 2019, la ley 1978 con la que se modernizó el sector TIC, llegó a cambiar el escenario y a permitir entre inversiones que conecten a las zonas más apartadas del territorio.

Con enfoque social se busca cerrar esas brecha de acceso de internet o de redes móviles en Colombia para así, en un contexto como el actual, permitir que todas las personas puedan estudiar y trabajar desde sus casas.


El primer efecto que tuvo el articulado fue el 20 de diciembre de 2019 cuando se realizó la subasta del espectro en las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz y las empresas de telecomunicaciones se comprometieron a llevar internet a aproximadamente un millón de personas en 3.658 municipios de todos los departamentos, proceso que ya han avanzado Claro y Tigo.

Samuel Hoyos, presidente de la Asociación de la Industria Móvil, Asomovil hizo un balance del primer año de la ley en el sector.

¿Cuál cree que es el avance fundamental de la ley TIC?

La inversión, conectividad y modernización. Esta ley constituye realmente la puerta de entrada de Colombia a la era digital, llevamos una década esperando que se tramitara y llegó para impulsar y dinamizar el sector.
En los ultimos ocho trimestres la industria venía en números negativos y el año pasado logramos superar los 4 billones de pesos en inversión. Así se puso en servicio el espectro que es un activo importante, además de que al cambiar la visión para maximizar el capital social y así se puedan cerrar las brechas y generar equidad en los colombianos.

¿Con la cuarentena se ha demostrado más su importancia?

Si, las telecomunicaciones se han vuelto una necesidad y ahora nos hemos dado cuenta durante la cuarentena, siendo tan importante como tener energía eléctrica o alcantarillado. Hoy necesitamos del internet para estudiar, trabajar y emprender y esta ley lo permite, para así transformar a Colombia en un referente para la región.
De nada sirve la conectividad si no llega a quien lo necesita, a las escuelas rurales a los 1, 2 o 3, en la red fija y móvil.

Hacer planes para los microempresarios, el año pasado superamos los 24 millones de conexiones de alta velocidad, con los estándares de OCDE.

En panademia hemos avanzado en la conexión de esas zonas rurales de la subasta.

¿Y en términos de inversión?

Se ha hecho al país en un destino atractivo, pues crea las condiciones para incentivar la inversión privada por los cambios en la contraprestación económica por el uso del espectro y con la ampliación de uso de un límite de hasta 10 años a uno de hasta 20 años, con la posibilidad de ser renovado por un periodo igual.

Este año podremos superar los cinco billones de pesos de inversión y está es una industria que en la ultima década ha destinado 20 billones de pesos y que resulta vital para la reactivación económica del país.

Somos la autopista que permite transversalmente el desarrollo de los emprendimientos, de los e-commerce y que las ciudades controlen la expansión del virus.

Tenemos un gran fondo que recauda entre 1,2 billones de pesos al año, que permite cerrar esa brecha digital y con el regulador convergente tenemos como tomar las decisiones para mejorar el servicio a los ciudadanos.

360 Radio

amuel Hoyos, presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomóvil, explicó la importancia de la ley TIC para el país. Además, señaló el valor del sector de las telecomunicaciones para el desarrollo económico y social a nivel nacional.

Este contenido hace parte de 360 Revista en su cuarta edición, la cual se distribuyó en las principales ciudades del país.

Revista 360: ¿Cómo ha sido su experiencia al frente de este importante cargo?

Samuel Hoyos: Muy bien. Con grandes retos, pero también descubriendo el potencial inmenso que tiene la industria de las telecomunicaciones y cómo resulta ser una industria transversal al crecimiento económico y social de Colombia.

Hoy la conectividad es una necesidad para todas las industrias, hogares, personas, para la digitalización del gobierno y del Estado para que los ciudadanos puedan acceder a mayores servicios, para que el comercio de dinamice y finalmente, para que podamos entrar en la cuarta revolución industrial, que hoy es la encargada de jalonar el crecimiento de todas las industrias.

Revista 360: ¿Qué opinión tiene sobre la ley TIC que se ha impulsado desde el gobierno nacional, sobre las demandas que se han presentado y cómo podría perjudicar al desarrollo del país esta situación?

S.H.: La ley TIC es fundamental para el desarrollo de Colombia, tal vez es la ley más importante junto con la ley de financiamiento y el plan de desarrollo, que ha impulsado el gobierno del presidente Duque. Es un paso fundamental porque le da seguridad jurídica al sector, garantiza que Colombia empiece a dar pasos en la dirección correcta en materia de conectividad para cerrar la brecha, garantizar el acceso a millones de colombianos a la tecnología y tiene unos aspectos fundamentales como garantizar el uso del espectro por 20 años, mejora en materia de contraprestaciones la posibilidad de que la industria invierta más en Colombia y despliegue mayor infraestructura conectando a más personas, así que es fundamental.

Revista 360: Se ha mencionado la subasta del espectro, ¿cuál es la posición de los operadores que hoy están en Asomóvil y qué espera de ese proceso?

S.H.: La subasta es fundamental porque los operadores necesitan del espectro para poder prestar un mejor servicio, los ciudadanos necesitan del espectro y el gobierno tiene que poner ese espectro en el mercado.

Hay condiciones que deben garantizarse para que sea una subasta exitosa: sería importante, desafortunadamente no ha habido una decisión en ese sentido, que los operadores pudieran conocer el precio de referencia del espectro para poder hacer una puja razonable, sería importante que los operadores puedan tener unas contraprestaciones menos onerosas que les permitan hacer mayores inversiones en términos de infraestructura. Ahora hay un factor que genera mucha incertidumbre y es la caída de la ley de financiamiento porque una cosa es una subasta con dicha ley y otra sin ella, pues dicha norma permitió unos avances significativos para la industria como por ejemplo descontar el IVA de las inversiones en bienes de capital. Si se cae la ley, como se cayó esperamos que el Congreso la apruebe nuevamente, las inversiones sin ley son un 20 % más costosas, es decir, invertir en Colombia sin ley de financiamiento va a ser un 20 % más caro de entrada y eso le va a restar competitividad al país y la inversión es adversa al riesgo, al cambio de reglas del juego.

Revista 360: ¿Qué expectativas tiene el sector de las telecomunicaciones para el 2020?

S.H.: Vamos a crecer. Vienen grandes inversiones. Son inversiones que pueden estar alrededor de los 8 billones de pesos anuales, pero el sector necesita estabilidad, seguridad jurídica, estabilidad y política y que le alivien un poco las cargas económicas que hoy están asfixiando su crecimiento. Si esto se da, vamos a lograr cerrar la brecha, conectar a más colombianos, vamos a lograr que Colombia sea una cuna de unicornios, emprendimientos digitales, que sea un país atractivo para invertir y para la creatividad. estimulando la iniciativa de los colombianos por medio de la conectividad. Si seguimos creyendo que esto es exprimiendo el bolsillo de la industria, que es sobre regulando, vamos a estancar el crecimiento. Esperamos que el 2020 sea un año de crecimiento tanto para la industria como para los ciudadanos.

La República-Laura Neira Marciales

Después de que el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, afirmara que el “desmonte del cobro del roaming entrará en vigencia en 2020 y con gradualidad”, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, aseguró que “cualquier decisión de la CAN debe ser concertada con la industria”.

Así mismo, Hoyos hizo un llamado al Secretario para que “las decisiones de la organización tengan en cuenta y respeten la costo eficiencia y utilidad razonable que debe tener cualquier operador con sus servicios, o si no esto se volvería una medida confiscatoria, a menos de que ellos mismos o el Gobierno decidan subsidiar las tarifas”.

Con respecto a los 110 millones de usuarios que se verían beneficiados con esta medida según Pedraza, Hoyos afirmó que “este calculo salió de sumar los habitantes de los países, pero no es el verídico, pues de esa cantidad no todos tienen las condiciones y recursos para viajar internacionalmente, por lo que terminarán beneficiándose unos pocos ejecutivos subsidiados por el resto”.

También, dijo que “no está bien que levante la reserva a principio de mes y pretenda que mandemos comentarios hasta el 9 de agosto”, y propuso que “trabajemos en planes exclusivos para la región que no afecten a los operadores”.

El Tiempo

Hasta hace unos meses, Samuel Hoyos era un representante a la Cámara por el Centro Democrático que, a pesar de su corta edad (35 años), llegó a ocupar dignidades como la Presidencia de la Comisión Primera de la Cámara y la precandidatura a la Alcaldía de Bogotá por el uribismo.

Luego de este paso por la política, Hoyos fue elegido como presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), un cargo por el que han pasado reconocidos líderes políticos como el actual senador por Cambio Radical Rodrigo Lara y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Desde su nuevo cargo, Hoyos ha emprendido una defensa de los usuarios de telefonía móvil la cual pasa por cuestionar anuncios como el que hizo recientemente el secretario de la CAN, el exsenador Jorge Pedraza, sobre la posibilidad de un rooming internacional gratuito para quienes visiten los países de ese bloque andino.

Hoyos le habló a EL TIEMPO sobre el posible impacto para los usuarios de esa medida y explicó cómo se aplicará la Ley de las TIC, una de las principales apuestas del Gobierno Nacional para aumentar la conectividad de los colombianos. 

¿Cómo fue ese salto de la política a un gremio de la empresa privada?

Ha sido un cambio muy interesante, sin duda un reto para mí, pero ha sido muy natural en la medida en que desde la actividad política siempre tuve la firme convicción de que el sector privado tiene que ser el motor del desarrollo de una sociedad y que la mejor política social es la generación de empleo y eso es propio de la empresa privada. Y, además, siempre he buscado la manera de que el sector privado y el público trabajen de la mano.

Usted fue precandidato a la alcaldía de Bogotá, ¿cómo está viendo esa contienda por fuera de la política?

No me hagan hablar de política, pero lo que espero para la capital de los colombianos es que sea una ciudad donde se garanticen derechos para todos, que se continúe por el camino del desarrollo y se nos mejore la vida a todos los ciudadanos. Ojalá la ciudad no vaya a caer en manos del populismo y de discursos que buscan echarla para atrás.

Ojalá la ciudad no vaya a caer en manos del populismo y de discursos que buscan echarla para atrás

¿Cómo quedaron los operadores de celulares en la ley de las TIC, sancionada hacer unos días?

Esa ley es un paso fundamental que ha dado el Gobierno en la dirección correcta. Es un habilitador que puede significar para Colombia un aumento significativo en las inversiones para el sector, porque necesitamos reducir la brecha. Hay 20 millones de colombianos sin internet de banda ancha y en zonas rurales eso es mucho mayor. Según el Dane, solo el 13 por ciento de la gente en estas partes tiene acceso a internet móvil. Necesitamos conectar a esos colombianos. No hay inclusión social sin inclusión digital y no podemos insertar a los colombianos que hoy están excluidos del sector productivo.

¿Cómo se aplicará esa ley de las TIC?

La ley no es lo único que se necesita para estimular el crecimiento del sector. La política pública tiene un criterio, a mi juicio, acertado, que es la maximización del bienestar social. Es decir, con la ley lo que queremos es que más colombianos estén conectados y mejor conectados con un servicio de mayor calidad. Sobre esta norma y acerca de la subasta de 700 megahertz que el Gobierno ha programado para el tercer trimestre del año nosotros necesitamos claridad en lo que el Ejecutivo entiende por maximización del bienestar social. 

¿Cuál será la ruta para poner en funcionamiento esta norma?

Después de sancionada le ley hay que trabajar en una reglamentación adecuada, lo cual hace el Ministerio de las TIC con el criterio de trabajar de la mano con la industria. Luego viene la subasta, en la que, para que sea exitosa y logre atraer inversiones, necesitamos tener claridad en el criterio de maximización del bienestar social. Y para llegar a esos territorios apartados, hoy desconectados y marginados de la digitalización, necesitamos ir de la mano del Estado, en un proceso en el que este haga un esfuerzo adicional para que la conectividad llegue donde el mercado no lo permite.

¿Qué necesita el sector para avanzar en lo que implementa la ley?

Esta industria, como cualquier otra, necesita de unos temas fundamentales: seguridad jurídica, reglas del juego claras y permanentes, aliviar la excesiva presión fiscal que hoy recae sobre el sector y que es una de las más altas de la región, garantizar que llegue a distintas regiones del país para poder darles cobertura, infraestructura vial y energética, fortalecer los modelos de asociación público-privada para que la industria, de la mano del Estado, pueda llegar a esos rincones donde el mercado no lo permite y necesitamos la simplificación normativa.

¿Qué opinión le merece el anuncio del secretario de la CAN, Jorge Pedraza, de implementar el rooming gratuito en los países de este bloque?

Como industria nosotros apoyamos los procesos de integración regional. Nos parece positivo el ingreso de Colombia a la OCDE, el avance que ha habido frente a la Alianza del Pacífico, a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otros, pero la industria ha hecho grandes esfuerzos de autorregulación y para ofrecer mejores servicios a sus usuarios en materia de rooaming internacional y que van mucho más allá de los países miembros de la Comunidad Andina. Hoy hay planes que permiten acceder a servicios muy baratos de rooaming que ofrecen las empresas sin necesidad de imponer obligaciones. Me parece que una regulación o imposición de obligaciones por parte de la CAN a particulares puede ser un precedente peligroso. Es que los programas tienen que ser costoeficientes y deben tener una utilidad razonable. Ahora, si el Gobierno quisiera subsidiar esto en medio de sus acuerdos con la CAN, pues lo puede hacer, pero las empresas privadas necesitan poder ofrecer planes costoeficientes y con utilidad razonable.

¿Es decir que para los operadores esta sería una imposición?

Una imposición arbitraria, que además es innecesaria por los avances que la propia industria ha hecho de manera voluntaria y porque así se lo ha exigido el mercado. Y puede generar distorsiones como, por ejemplo, un escenario en donde los pobres terminen subsidiando a los ricos y puede afectar a los usuarios locales, todo para poder darles un beneficio o un privilegio adicional a los pocos usuarios de rooaming internacional. Nosotros no nos oponemos a procesos de integración. Las empresas han hecho esfuerzos muy significativos para mejorar su servicio y ofrecer planes que son mucho más baratos en materia de rooaming internacional. Hoy los usuarios utilizan otro tipo de plataformas para comunicarse cuando salen del país, pero nos parece que es un precedente nocivo que se nos impongan obligaciones arbitrarias y por eso esperamos que se instalen unas mesas y buscar la manera en que avancemos en la integración, pero sin afectar la competitividad de nuestras industrias y, sobretodo, afectar a los consumidores que son los que se verían impactados con ese tipo de medidas.

¿Existe un cálculo de cuánto podría costarles a las empresas la implementación de esta gratuidad en el rooaming en los países de la CAN?

Yo creo que sería especular si le doy un número. 

¿El Gobierno no se ha comunicado con los operadores móviles?

Hemos empezado a establecer un diálogo y existe una mejor disposición a trabajar de la mano de la industria, tanto por parte del Gobierno, como por parte de la Comunidad Andina de Naciones, para que sea una decisión razonable y una decisión concertada con la industria.

La República-Laura Neira Marciales

En los últimos años se ha visto un desarrollo en el sector de las telecomunicaciones en Colombia que se ha reflejado en las tarifas de los planes de celular que han bajado 25%, según lo afirmó Samuel Hoyos, quien ejerce la presidencia de Asomóvil desde hace dos meses.

Además, resaltó en InsideLR que la penetración de 4G en el país solo llega a 30% de la población por lo que se buscará impulsar el uso de nuevas tecnologías para poder apagar las de segunda generación.

¿Cómo está el sector de las telecomunicaciones? ¿Qué le hace falta?

Este es un sector fundamental para el país, porque aportamos cerca de 5% del PIB, generamos más de 170.000 empleos y facturamos más de $30 billones al año. Somos un habilitador del futuro, pues hoy se habla de ciudades inteligentes y transformación digital y nosotros somos los que hacemos que esto suceda. En una economía del siglo XX no hubiéramos pensando en unicornios como Rappi, plataformas de movilidad, de economía colaborativa y todo eso es gracias al sector de las telecomunicaciones.

En su momento Nancy Patricia Gutiérrez, había dicho que el sector estaba en recesión, ¿se ha visto una mejora?

En la última década hemos invertido en Colombia cerca de $48 billones y si bien las inversiones se han reducido significativamente, creemos que los nuevos habilitadores como la Ley de modernización de las TIC, y el plan nacional de desarrollo van a permitir un crecimiento significativo en el sector, además de atraer mayores inversiones para el país.

¿La Ley TIC es suficiente o quedan cosas pendientes para ampliar infraestructura?

La ley es fundamental, es un paso en la dirección correcta, pero por sí sola no es suficiente, necesita de otras condiciones como seguridad jurídica, estabilidad fiscal, además de una simplificación normativa, porque este es un sector sobreregulado y eso genera muchas fallas e ineficiencias.

También, necesitamos una reducción en las barreras para desplegar infraestructura y garantizarle al país más y mejor conectividad.

¿Cuál es la principal barrera que ponen los POT a la hora de desplegar la infraestructura?

Hay casos tan absurdos como Planes de Ordenamiento Territorial que no nos permiten desplegar infraestructura en zonas residenciales y sin esta no podemos garantizar la conectividad.

Mientras que en ciudades como Tokio hay una antena por cada 100 habitantes, o en Nueva York y Londres hay una cada 300, en Bogotá apenas llegamos a una cada 1.500 habitantes y ahora que hablamos de las 5G, esta tecnología es muy intensiva y va a demandar un despliegue de antenas mucho mayor para prestar ese servicio.

Pero esa no es la única barrera, también los mitos alrededor de posibles efectos nocivos de las antenas a la salud humana, cuando lo cierto es que la radiación emitida está adecuada a los estándares internacionales y muy por debajo de los niveles que la Organización Mundial de la Salud ha determinados dañinos. Esta es una radiación no ionizante, estamos entre 50 y 50.000 veces por debajo de los ya limites exigidos.

LOS CONTRASTES

• MARCELO CATALDOPRESIDENTE DE TIGO “Debemos simplificar el portafolio de servicios y apagar las tecnologías como la 2G, para limpiar el espectro y hacer una transformación tecnológica”.

¿Cómo ha sido la evolución en las tarifas de datos y voz?

Las tarifas han bajado, hoy los planes son más baratos, con más minutos y mejor calidad, mostrando aproximadamente una reducción de 25% en precios. Sin embargo, quiero resaltar que cerca de 30% del costo de un plan obedece a impuestos y tenemos uno de los más altos en la región para el sector de las telecomunicaciones.

En la Comunidad Andina se ha hablado de eliminar el roaming internacional ¿esto es posible teniendo en cuenta los costos de los operadores locales?

Las empresas han hecho un esfuerzo por autoregularse y ofrecer planes que incluyen datos y servicios internacionales, incluso más allá de los países de la Comunidad Andina y por otro lado, los usuarios cada vez utilizan diversas aplicaciones para comunicarse, entonces no veo necesaria una regulación que además podría ser arbitraria y afectar los planes de mercado.

¿Cree que se cuenta con las condiciones para hacer la subasta del espectro de 700 MHZ?

La industria esta lista para pujar. Según el cronograma del Gobierno se hará el tercer trimestre de este año.

Eso traerá importantes inversiones al país, pero para que la subasta sea exitosa, es fundamental tener claridad, en un criterio acertado y que es orientador de la política pública, que es la maximización del bienestar social; hay que saber cómo entendemos las obligaciones que toca hacer de cara a maximizar el bienestar social.

Si se subasta el espectro en términos razonables y competitivos va a haber demanda y será una puja que le genere recursos al país.

¿Cree que la postergación de la decisión sobre la dominancia pueda afectar el sector o la subasta?

Este es un tema que debe ser resuelto por las autoridades y yo no me pronuncio al respecto.

¿Cuál es la penetración del celular y el internet móvil y fijo en Colombia?

En tecnología 4G tenemos una penetración cercana a 30% que todavía es inferior a comparación de la región y de los países de la Ocde, donde puede llegar a 60%; entonces hay que hacer esfuerzos importantes.

Tenemos cerca de 13 millones de colombianos que todavía están en tecnología 2G, por lo que debemos trabajar con ellos para generar la migración y actualización tecnológica de esos usuarios para que puedan utilizar internet y entrar en la era digital.

En número de líneas telefónicas hay 1,3 lineas por cada ciudadano, es decir en un país de casi 48 millones de habitantes, hay 60 millones de celulares.

Sin embargo, hay una brecha muy grande tenemos 20 millones de colombianos que todavía no tienen acceso a internet de banda ancha y en las zonas rurales esta brecha es mayor, se calcula que solo 13% de los colombianos tienen acceso a internet móvil y apenas 4% de los hogares tiene acceso a internet domiciliario. Pero el esfuerzo no debe ser solo de la industria, sino también del Estado con asociaciones público privadas.

El Perfil

Samuel Hoyos Mejía fue Representante a la Cámara durante dos periodos, el primero fue el de 2014-2018, y posteriormente para el de 2018-2019, además de precandidato a la Alcaldía de Bogotá. Es psicólogo, con estudios en sociología de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoyos cuenta con un Master MSc en Ciencias Políticas, realizado en la Universidad Rey Juan Carlos de España, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Universidad Francisco de Vitoria. Es profesor del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), colaborador del Diario La República y presidente de Asomóvil.

La República-Laura Neira Marciales

La Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomóvil, presentó a su nuevo presidente, Samuel Hoyos, quien aseguró que en la última década las inversiones del sector han sido de $48 billones y se espera que con la aprobación de la ley de modernización del sector de las TIC, estas aumenten 50%.

Asimismo, explicó que “esto ayudará a reducir la brecha digital, conectando a más de 20 millones de colombianos que actualmente no cuentan acceso a internet banda ancha”.

Hoyos también resaltó que el Gobierno busca invertir cerca de $90 billones en los próximo 10 años, pero que “para lograr todos estos objetivos se debe tener ciertas garantías como la seguridad jurídica y tributaria”.

Otro de los puntos que resaltó el presidente de Asomóvil es que el Gobierno debe sacar e iniciar la subasta de espectro de 700 MHz, 1.900 MHz y 2.500 MHz, resaltando que “esta debe venir acompañada condiciones razonables y competitivas para la industria, lo que ayudará también a reducir las barreras y poder hacer un despliegue de la infraestructura en el país”.

Hoyos agregó que “con mayor infraestructura lograremos el objetivo de llegar a las regiones más apartadas de Colombia y que todo mundo entre en la era digital”.

Por otro lado, resaltó que se debe trabajar con las autoridades de cada ciudad “para que las ciudades y municipios se vuelvan inteligentes y las pequeñas y medianas empresas pueda digitalizarse, con el fin de volverse más competitivas”, y agregó que este trabajo en conjunto también debe centrarse en el robo de celulares que cada vez es más alto. “Queremos ver más incautaciones de celulares robados que salen de los puertos de Colombia y operativos en donde los venden”, afirmó.