La República Johnny Castro

El Internet celular en Costa Rica es el tercero más barato del mundo, solo por detrás de Malasia y Colombia, de acuerdo con la edición más reciente del índice elaborado por la Asociación para Internet Asequible (A4AI, por sus siglas en inglés) 2021.

El Índice de Impulsores de Asequibilidad (Affordability Drivers Index) monitorea el progreso de las políticas en seis grupos temáticos: entorno regulatorio, la estrategia de banda ancha, el acceso público y universal, la infraestructura y el intercambio, la gestión del espectro, y el género.

En el contexto de la asequibilidad de Internet, es decir, que sea accesible o que sea barato, un valor que calcula la Alianza es el costo de 1 Gigabit (GB) de datos móviles.

Se fijó el umbral “1 por 2”, definido por la Comisión de Banda Ancha de la ONU, en el que se determina que 1 GB de datos móviles no debe costar más de un 2% del ingreso promedio mensual de un país. Estos grupos se basan en el puntaje promedio de 15 indicadores de políticas recopilados temáticamente cada dos años en una encuesta de políticas integral encargada por A4AI.

La Asociación destacó la importancia de impulsar políticas públicas que incrementen la accesibilidad de los servicios de Internet, en especial, los Fondos de Servicios y Acceso Universal, que requieren de una reinvención para enfrentar los retos de la próxima década.

La Asociación considera que estas instituciones están bien posicionadas en varios países de bajos y medianos ingresos para albergar una misión para el acceso universal a una conectividad a Internet asequible y significativa.

Sin embargo, advirtió que “se requiere un cambio radical en la dotación de recursos, en los mandatos, en la colaboración y la cooperación para hacer realidad este sueño”.

RADIOGRAFÍA REGIONAL

En el último estudio se observó el retroceso de Perú en un lugar y el avance de México y Argentina. Aunque se mantiene fuera del Top 10 mundial, Brasil avanzó tres lugares hasta el puesto 15. Colombia logró mantenerse en el segundo lugar del mundo y el primero en América Latina, seguido por Costa Rica.

El divorcio de las grandes empresas tecnológicas (Big Tech) dejó huérfana y, finalmente, moribunda, a la Asociación de Internet. Hace unos días, el grupo que defendía los intereses de la industria de Silicon Valley anunció que desaparecerá.

La Junta Directiva decidió disolver la organización en este final de año, luego de casi una década de vida y de “un tremendo crecimiento y cambio” en la industria desde que el grupo de presión se formó para ser la voz de las compañías en Washington.

Por medio de un comunicado, la Asociación anunció su retirada y no dio muchas explicaciones. Pero los medios estadounidenses Político y Financial Times (FT) indicaron que la causa de la desaparición es la ruptura entre los miembros del grupo, pues enfrentan tensiones entre sí y defienden distintos intereses.

Hace unos meses, Microsoft y Uber dejaron la organización, lo que significó la pérdida de apoyo financiero de dos importantes compañías de la economía digital. El resto de los socios también visualizaron que ya no podían defender un frente común.

“Microsoft se ha dado cuenta de que no quiere estar asociado con Google, Facebook y Amazon”, dijo Barry Lynn, director Ejecutivo de Open Markets Institute, un grupo antimonopolio, a FT. Probablemente, a las grandes plataformas tecnológicas, como Microsoft, ya no les retribuía pagar las membresías para sostener a la Asociación sin ver los resultados esperados.

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Las redes sociales de Meta, Instagram y Facebook, por ejemplo, se están enfrentando a duros cuestionamientos de legisladores y reguladores por sus prácticas comerciales que posiblemente afectan a los usuarios, sobre todo menores de edad, y por su responsabilidad ante los mensajes de Trump en el asalto al Capitolio.

Precisamente, empresas como Microsoft no quieren mancharse de esas problemáticas y los efectos que desencadenaría en materia regulatoria y de política pública. La Asociación de Internet defendió mantener la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, que exonera a las plataformas de los contenidos que publican los usuarios. Sin embargo, recientemente Meta se ha mostrado abierta a cambios en la ley.

Además, el grupo de presión no se involucró ampliamente en el debate antimonopolio que ha cimbrado a las empresas de Internet, incluidas Facebook, Google, Apple y Amazon (pero no Microsoft).

Recién en julio Joe Biden firmó una orden ejecutiva que, entre otros temas, apunta a finalizar con las prácticas anticompetitivas de las compañías tecnológicas y hacer un duro escrutinio sobre las fusiones y adquisiciones que se han dado en el sector, pues considera que las grandes firmas han comprado a jugadores pequeños para fortalecer su posición de mercado.

Las plataformas tecnológicas se prepararán para sortear los cuestionamientos de los órganos reguladores, los legisladores y la Casa Blanca, pero ahora lo harán cada una por su cuenta a través de sus grupos de cabildeo. Facebook y Amazon son las firmas que más han gastado en sus estrategias de cabildeo en Estados Unidos, según OpenSecrets.

Ha causado revuelo y malestar la intención de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de cobrar un impuesto adicional de 2 por ciento a las plataformas de entrega de mercancías, víveres y alimentos.

Las repartidoras y repartidores están inconformes con la medida; la industria está inquieta porque se soslayan los beneficios a la recuperación económica, y los usuarios están a la expectativa de que la modificación al Código Fiscal de la Ciudad de México 2022 no se apruebe en el Congreso local y encarezca aún más los productos y servicios contratados a través de plataformas colaborativas.

En este texto hemos identificado al menos 13 implicaciones de adicionar el artículo 307 TER para cobrar un impuesto adicional a las plataformas colaborativas de entrega a domicilio por el uso de la infraestructura urbana. Aquí te las platicamos, ¿tú en cuál situación estás?

? 1. En el peor momento: inflación histórica

¿A quién se le ocurre elevar impuestos a la contratación de bienes y alimentos a través de plataformas cuando nos encontramos en la peor inflación anual que ha tenido México en más de 20 años? De acuerdo con el Inegi, durante la primera quincena de noviembre se registró una inflación de 7.05 por ciento. Todo está más caro, desde productos de la canasta básica hasta bienes importados. Pero si los compras por Internet, pagarás 2 por ciento adicional.

??‍♂️ 2. Repartidoras y repartidores están decepcionados

Ni Un Repartidor Menos, un colectivo de repartidores a domicilio, rechazó la iniciativa de decreto del gobierno capitalino porque los afectará principalmente a ellos y a los usuarios de las aplicaciones tecnológicas.

“Estamos decepcionados por la medida, pues implica que quienes nos dedicamos a esta labor, que tan importante fue en el confinamiento y para la reactivación económica, veamos nuestros ingresos disminuidos”, advierte el grupo.

Los repartidores alertan que la medida provocará una caída de sus ingresos, en un contexto crítico para la economía mexicana. Debido a la pandemia de Covid-19, en México más de 12 millones de personas dejaron de percibir ingresos por su trabajo en junio de 2020. Las plataformas han sido una alternativa para generar ganancias para esa parte de la población, incluidos grupos históricamente rezagados de la economía formal como las mujeres.

??‍? 3. Daña el comercio electrónico

Quienes compramos en Internet lo hacemos porque es más eficiente, cómodo, tenemos confianza en las plataformas y los proveedores, pero sobre todo porque el comercio digital reduce los costos de transacción, es decir, todo es más barato en la red. Pero ese valor se distorsiona con la propuesta de paquete económico 2022 de la Ciudad de México, porque encarece el comercio digital y castiga la operación de las plataformas colaborativas.

Las plataformas de entrega a domicilio tienen un impacto positivo en la reducción de los costos de transacción, lo cual genera mayores ingresos y valor agregado para las personas repartidoras y los restaurantes, destaca el estudio Las plataformas de entrega a domicilio en la economía mexicana, presentado en noviembre por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Asociación de Internet MX.

¿Así valoran que el comercio electrónico haya sostenido la economía capitalina durante el confinamiento? Mal.

? 4. Las plataformas ya pagan impuestos

Desde 2020, las plataformas digitales están obligadas a retener 16 por ciento por concepto del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en todas las transacciones que se realizan a través de ellas, así como el ISR (Impuesto sobre la Renta) aplicable al comercio electrónico. Es decir, las plataformas ya pagan impuestos como cualquier otra empresa en México. El gravamen de 2 por ciento sería adicional y encarecería el comercio electrónico, cuando su principal ventaja es reducir los costos de transacción.

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Las disposiciones establecidas desde la Miscelánea Fiscal 2020 ya aplica a las plataformas de intermediación (Uber y Amazon), las de streaming (Netflix y Spotify), de educación a distancia (Duolingo, Coursera), de citas en línea (Tinder, Bumble) y, desde luego, las de entrega de alimentos (DiDi Food, Rappi, Uber Eats).

? 5. El impuesto es desproporcionado

La Constitución señala que todo impuesto debe ser proporcional. Pero el aprovechamiento de la infraestructura no siempre es el mismo. Algunas empresas emplean camiones o camionetas para entregar a domicilio, pero las plataformas colaborativas privilegian otras modalidades de movilidad incluso sustentables con el medio ambiente y la infraestructura urbana como motocicletas (algunas eléctricas), bicicletas e incluso entregas a pie, por lo que resulta desproporcionado el impuesto que plantea el Código Fiscal de la CDMX, dado que no contempla la flexibilidad y características de la economía colaborativa.

A través de un comunicado, las asociaciones de Internet MX, Nacional de Transporte Privado, Fintech México, la Coparmex Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Ventas Online, Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) rechazaron el nuevo impuesto por considerarlo “a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional”. Expresaron que un “impuesto local por usar las calles no tiene precedente”

? 6. Si contratas, pero tú recoges, ¿qué pasará?

Por increíble que parezca, si compras en línea o pides alimentos a un restaurante o cocina económica, pero decides que tú pasas a recogerlo en las instalaciones pick up de las tiendas departamentales, de autoservicio o directamente en los restaurantes, ¿el cargo de 2% por ciento también aplica? ¿Por caminar en las calles y por desplazarte para recoger tu pedido, sin que requieras el servicio de algún repartidor, el gobierno de la CDMX recibirá 2 por ciento por el costo de la contratación? ¿Esto es justo para la ciudadanía?

? 7. Deficiente infraestructura urbana

La principal “justificación” del gobierno para aumentar la recaudación entre las plataformas tecnológicas es que aprovechan la infraestructura de la ciudad: elementos de viabilidad y para el desplazamiento de bienes y personas, y por eso deben contribuir a la entidad. Todos sabemos que la infraestructura de la ciudad se encuentra en mal estado y que los impuestos especiales de este tipo no han cumplido con su cometido de contribuir al mejoramiento de la infraestructura urbana.

Desde 2016 existía un fideicomiso que desde 2020 se llama Fondo de Movilidad. Las plataformas de movilidad contribuyen con 1.5 por ciento de cada viaje, pero el destino de esos recursos se desconoce. Lo natural sería que el dinero se usara para, precisamente, mejorar la infraestructura del transporte público, las vialidades y la movilidad en la capital.

Pero, como repartidor y usuario, ¿cuántas veces has caído en un bache cuando circulas por las calles y avenidas de la CDMX? Un estudio del Instituto Mexicano del Cemento y Concreto revela que 82 por ciento de las personas en la Ciudad de México piensa que las vialidades están en mal estado y que eso se debe en 90 por ciento de los casos a la aparición de baches.

? 8. Las pymes apenas se estaban recuperando

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), los comercios e incluso los negocios familiares serán algunos de los más afectados. Ahora, al integrar un nuevo impuesto sobre los servicios de entrega se corre el riesgo de trasladar parte de los efectos a los pequeños negocios, que han encontrado en las plataformas colaborativas una manera de mejorar o sostener sus ingresos en medio de la crisis por la Covid-19 y avanzar en la digitalización de sus comercios.

En 2020, el Inegi estimó que cerraron definitivamente más de un millón de micro, pequeños y medianos establecimientos de los casi 5 millones que existían previo a la pandemia por el coronavirus. Además, ocho de cada 10 empresas observaron una disminución de sus ingresos. La iniciativa de Código Fiscal le arrebataría parte de los ingresos que generan las pymes al entregar productos, víveres y alimentos mediante los canales digitales.

? 9. Afecta a todo el ecosistema de la economía digital    

Si pensabas que el impuesto sólo afectaría a plataformas de entrega a domicilio como DiDi Food, iVoy, Rappi, Uber Eats, Amazon, Mercado Libre y otras, estás equivocado(a). ¿Tienes una emergencia y compras el medicamento por Internet para que te lo lleven a tu casa mientras cuidas a tu familiar? 2 por ciento de impuesto. ¿No puedes o no quieres salir y pides el super a Soriana, Walmart o incluso a las plataformas de la Central de Abasto? 2 por ciento. ¿Compras directamente en cualquier tienda virtual, desde una pizza, una aspiradora, una refacción en California o hasta un auto usado con Kavak y te lo entregan a domicilio? 2 por ciento. En la iniciativa existe ambigüedad porque no distingue entre dispositivos fijos y móviles y entre plataformas intermediarias, promotoras y facilitadoras.

En lugar de velar por el máximo bienestar público, la medida afectará a los consumidores, repartidores, las pequeñas y medianas empresas, los comercios locales y a los emprendedores, quienes han encontrado en las plataformas un medio para mejorar sus ganancias, generar ingresos, sobrevivir a la crisis económica provocada por el coronavirus e incluso evitar contagios durante la pandemia.

?? 10. Los usuarios pagaremos más por comprar en línea

Aunque Claudia Sheinbaum comentó en conferencia de prensa que el impuesto incluido en el Código Fiscal se aplicará a las plataformas y no a los repartidores ni a los usuarios, todos sabemos que eso no ocurrirá. El alza de impuestos siempre impacta y se traslada de alguna forma al consumidor final. Ahora el usuario lo pensará dos veces antes de comprar en línea porque sus productos y víveres podrían costar 2 por ciento más. 

Legisladores chilangos: ¡por favor no aprueben esta locura!

En México los alimentos, medicinas y libros no pagan IVA: que alguien justifique por qué su entrega a domicilio tendría que pagar un impuesto especial de 2% por ciento. La medida va en contra del bolsillo y de las necesidades básicas de la población capitalina, que tiene derecho a comprar alimentos, medicamentos y libros para la educación sin pagar impuestos.

Cuando el Congreso de la Unión aprobó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las telecomunicaciones, los usuarios de los servicios se manifestaron en contra. Los legisladores exceptuaron el servicio de Internet del cobro del 3 por ciento del IEPS. Lo mismo debería ocurrir con los alimentos, medicinas y libros impresos con el impuesto a las plataformas de entrega.

♿️ 11. ¿Y las personas con alguna discapacidad?

En la CDMX vive el 5.8 por ciento de las personas con discapacidad del país, equivalente a 1.7 millones de personas (Inegi, 2020). El porcentaje es más alto en mujeres (59.4%) que en hombres (40.6%). Y la mayor incidencia es “limitación para caminar, subir o bajar” (68.1), seguida de “ver aún usando lentes” (51.3%). La población menor a 15 años con alguna discapacidad es de 5.6 por ciento; entre 15 y 29 años, de 6.3 por ciento; entre 30 y 59 años, de 30.8 por ciento, y de 60 años en adelante es de 57.3 por ciento. ¿Nadie pensó que a las personas con alguna discapacidad les ayuda contratar entregas de mercancías y alimentos a través de plataformas colaborativas? ¿Dónde está la empatía social?

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? 12. No toda la infraestructura es pública

El gobierno piensa que toda la infraestructura que utilizan las plataformas es pública y urbana, pero no es así. Las aplicaciones digitales, las redes de telecomunicaciones y los establecimientos mercantiles como restaurantes, cocinas, supermercados o farmacias forman parte de una infraestructura privada que permite a repartidores, negocios y usuarios intermediar e interactuar a través del comercio electrónico.

Gracias a las tecnologías, la conectividad y los nuevos modelos de negocio existen servicios innovadores y eficientes como la compra y entrega a domicilio. En otras metrópolis, como San Francisco, California, Nueva York o Shanghai, las entregas a domicilio se realizan incluso a través de drones, sin utilizar la infraestructura urbana. Es decir, la iniciativa de impuesto también coloca barreras artificiales a la innovación.

? 13. La pandemia no ha terminado

El estudio elaborado por el Laboratorio de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica y la Asociación de Internet MX, Las plataformas de entrega a domicilio en la economía mexicana, encontró que durante la pandemia las plataformas de entrega a domicilio favorecieron menos contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por la enfermedad Covid-19, porque evitaron que el consumidor final saliera de su domicilio para realizar las compras.

Según el informe, en un escenario moderado de contagios, el uso de plataformas de entrega previno al menos 484 mil 758 contagios, 41 mil 359 decesos y 90 mil 601 hospitalizaciones. El colectivo Ni Un Repartidor Menos recalcó la importancia de su labor durante el confinamiento; recordó que la CDMX no está exenta de una cuarta ola de contagios y consecuencias por la variante Ómicron.

El grupo de repartidores pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum reflexionar sobre las implicaciones de gravar a este sector importante para la recuperación económica, dado que la crisis por la Covid-19 todavía no ha terminado.

Por todas estas razones, la iniciativa de Código Fiscal de la CDMX para 2022 que propone un nuevo impuesto a las plataformas de entrega a domicilio no es oportuna ni sensible con las dificultades y necesidades que están experimentando los hogares chilangos, y sería un retroceso a los avances en materia de digitalización de las pymes, comercio electrónico, servicios innovadores, recuperación económica y prevención de contagios.

El Universal Carla Martínez

La infraestructura y operación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil propuesta por el Legislativo costará 109 millones  de pesos el primer año y 88 millones de pesos por cada año subsecuente con cargo al erario público, señalan cámaras y organizaciones de la industria de telecomunicaciones.

“La planificación, implementación y puesta en funcionamiento de sistemas, plataformas y equipos en aproximadamente 500 mil puntos de venta a nivel nacional, requerirá millonarias inversiones y generará enormes afectaciones a la actividad económica sin el logro de los resultados esperados”, asegura la industria.

En una carta enviada al Senado, la Canieti, la Amiti, la Asociación de Internet.Mx, la Anatel y la GSMA señalan que les preocupa que en México no existe un documento de identidad único y obligatorio ya que la obtención de la credencial de elector es voluntaria, por lo anterior, existe un amplio sector de la población que no cuenta con ella.

“La exigencia de presentar una identificación como condición para tener una línea telefónica marginaría a todos los usuarios que no cuenten con ella”, destacan las organizaciones.

Además, explican que 85% de los usuarios móviles se encuentran en modalidad de prepago y solo 15% en pospago, debido al bajo nivel de bancarización de la población mexicana que asciende a 25% aproximadamente.  “En ese contexto, debe decirse que la población de usuarios de prepago, aun sin estar bancarizada logra tener acceso a servicios básicos de telecomunicaciones”.

Finalmente, mencionan que no hay evidencia, ni nacional ni internacional, de que este tipo de registros influya en la reducción del delito.

“La creación del Padrón no contribuye a reducirlos niveles de inseguridad. Ningún delincuente usará una línea previamente registrada a su nombre o de algún familiar o conocido para cometer un ilícito”.

El Universal Carla Martínez

La regulación sobre la dominancia de las plataformas digitales y redes sociales no debe basarse en su tamaño de mercado, sino en la acumulación de datos que tienen, comentó Philippe Boulanger, presidente de la Asociación de Internet MX.

“Si vamos a hablar de concentración, no creo que sea de redes sociales. Sobre todo será de acumulación de datos, creo que es lo que está en juego”, subrayó.

El nuevo mercado se llama economía digital, agregó, y su producto es la información de los clientes.

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