Prensa Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Con sede en la Casa de Gobierno de Resistencia, Chaco, se reunieron hoy los representantes del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT), conformado por los integrantes de las áreas gubernamentales de Ciencia y Tecnología de las 24 jurisdicciones del país. El evento fue presidido por el Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y presidente del Consejo, Darío Genua.

Participaron también del encuentro el Subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo; el Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, César Gazzo Huck; la Presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Natalia Avendaño; el Presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Daniel Salamone; la Vicegobernadora de la Provincia del Chaco, Silvana Schneider, el Senador Nacional por la Provincia del Chaco, Víctor Zimmermann: el Secretario de Coordinación de Gabinete de la Provincia del Chaco, Livio Gutiérrez; y la Presidente del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, Delfina Veiravé.

Luego de dar la bienvenida tanto a los representantes provinciales que se acercaron a la reunión como a quienes asistieron de manera virtual, Genua expresó: “El ámbito científico no puede funcionar como un sistema aislado de la realidad económica y social del país. Por eso, estamos fortaleciendo la articulación entre conocimiento científico, demandas del sector productivo y necesidades de la ciudadanía”.

Seguidamente, la Presidente de la Agencia I+D+i, Natalia Avendaño; describió que está trabajando en nuevas convocatorias con procesos más rápidos, más ágiles y menos burocráticos. Luego, el Presidente del CONICET, Daniel Salamone, realizó un repaso por los ejes de acción que está llevando adelante el organismo y adelantó que habrá nuevos ingresos a la Carrera de Investigador Científico.

A su turno, el Subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo, mencionó que está trabajando en la implementación de nuevos programas y en los desembolsos de quienes cumplieron con las rendiciones, en la simplificación de los trámites del Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas (ROECyT) y en un sistema de información unificada de la Secretaría, la Agencia I+D+i y el CONICET.

Por último, el Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, César Gazzo Huck, expuso sobre los logros de la apertura satelital; la implementación de la Inteligencia Artificial en la gestión pública; y los avances en la transformación digital al servicio de la ciudadanía.

El COFECyT es el ámbito de elaboración, asesoramiento y articulación estratégica de políticas y prioridades nacionales y regionales para promover el desarrollo territorial de las actividades científicas, tecnológicas e innovadoras. El objetivo de esta gestión es definir temas de investigación prioritarios, trabajar en pos de la vinculación y transferencia de tecnología y la articulación público-privada como ejes rectores.

El Universo Vicente Ordoñez

Los delegados del correísmo y de Pachakutik ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional se opusieron a la aprobación del informe del proyecto de Ley para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, que se aleja de conceptos punitivos y se enfoca a la autorregulación y la responsabilidad ulterior de medios de comunicación y periodistas.

El 15 de diciembre de 2021, la mesa legislativa aprobó con cinco votos el informe del proyecto que unifica cinco propuestas de reformas a la Ley de Comunicación planteadas desde el Ejecutivo, el exlegislador Juan Cárdenas (RC), y los actuales asambleístas Marcela Holguín (UNES), Marjorie Chávez (PSC), Fernando Villavicencio (CN-PSE) y Dina Farinango (PK).

La decisión es crear una nueva ley, pero se deja en vigencia los artículos de la actual Ley de Comunicación en un cuerpo normativo denominado Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico.

En su contenido, el proyecto busca garantizar, promover y defender el ejercicio de las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales.

La legisladora Chávez será ponente del proyecto ante el pleno; ella asegura que la propuesta de la nueva ley cumple con los estándares internacionales en temas de libre expresión, y que frente al modelo de censura previa que existe actualmente cambia a un modelo de responsabilidad ulterior y autorregulación.

La intención es contar con una ley, que de manera autónoma y específica, desarrolle y norme las libertades de prensa, de opinión, de expresión y los derechos de información y comunicación reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales.

La norma en discusión pretende superar un esquema de control, censura previa, autocensura e inhibición, y da lugar a un esquema de autorregulación y responsabilidad ulterior, tal como lo sugieren los estándares interamericanos en materia de protección de derechos humanos.

El proyecto contenido en 38 artículos y 16 disposiciones entre generales, transitorias, reformatorias y derogatorias, define lo que son los medios de comunicación y sus clases; el interés público como discurso protegido; el estándar de real malicia como parámetro para la determinación de responsabilidad ulterior; la máxima garantía de las libertades y difusión de contenidos; la responsabilidad ulterior como garantía de los derechos de terceros; pluralidad, interculturalidad, acciones afirmativas, igualdad, entre otros.

Se reconocen los derechos de réplica, rectificación, obtención de copias o programas como mecanismos que posibilitan la reparación ante afectaciones causadas a la dignidad, honor y buen nombre.

Autorregulación y responsabilidad ulterior

En el debate del informe, recuerda Chávez, se pretendió dejar de lado los momentos que se vivieron hasta el 2019, es decir, el sistema punitivo en contra de los medios y periodistas.

Elías Jachero (BAN) señala que tras el análisis a las cinco propuestas de reformas, lo que se buscó es garantizar las libertades de prensa, opinión y expresión amparados en la Constitución y los instrumentos internacionales.

Que es un proyecto perfectible y que tras el primer debate habrá nuevas propuestas, pues establecer la responsabilidad ulterior como herramienta de autorregulación llevó a los legisladores de UNES y Pachakutik a no respaldar el informe.

Jachero indica que existen otros nudos críticos como las obligaciones del Estado frente a la libertad de prensa, los contenidos de comunicaciones, los derechos de los trabajadores de la comunicación y las atribuciones del Consejo de Comunicación como un órgano colegiado que se encargará de regular la difusión de los mensajes de violencia, temas sexuales y discriminatorios, pero aclara que ese organismo no regulará los contenidos de lo que difundan los medios.

Se buscó la postura de los legisladores de UNES de la mesa de Relaciones Internacionales, no hubo respuesta. Pero antes de la aprobación del informe, el asambleísta Fernando Cedeño recalcó que es defensor de la actual normativa, por eso creían en la reforma y no en la propuesta contemplada en el informe, por ello, votaron en contra.

En cambio, el representante de Pachakutik Salvador Maita anunció que presentará un informe de minoría sobre este proyecto, pues asegura que no hubo el debate adecuado en la última reunión de la comisión y que no se unificaron los cinco proyectos como se afirma en el informe de mayoría. Que también creían que se debía reformar la actual Ley de Comunicación para mejorar y modernizar de acuerdo con las necesidades del pueblo ecuatoriano y a los estándares internacionales, pero no dar paso a una nueva ley.

El informe del proyecto de ley define cómo opera el modelo de autorregulación a partir de un sistema que se acentúa en la regulación de los propios medios y trabajadores de la comunicación sobre la base de principios éticos y en un ejercicio articulado con el Consejo de Comunicación, el control ciudadano y la designación de un defensor de las audiencias.

En el texto se mantiene el mandato de la consulta popular de 2011 con la existencia del Consejo de Comunicación como órgano encargado de regular la difusión de contenidos y establecer criterios de responsabilidad ulterior, no obstante, cambia su integración con el propósito de asegurar la independencia e imparcialidad en sus actuaciones y la representación de los sectores que integran el sistema de comunicación y a partir de ello se defina claramente sus facultades regulatorias, pero no sancionatorias.

Estará integrado por seis miembros, pero quien lo presidirá ya no será el delegado de la Función Ejecutiva, sino el delegado de la Función de Transparencia y Control Social.

Mantiene y desarrolla los derechos de los trabajadores de la comunicación y les asegura una protección específica que corre por parte del Estado en relación con el ejercicio de la actividad periodística en ciertas actividades consideradas como riesgosas.

Clases de medios

En el proyecto se define lo que son medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Mientras que los medios públicos son creados por las instituciones públicas para difundir contenidos de interés público, libres de subordinación política y con línea editorial independiente; los medios privados contarán con autonomía en su programación y libertad para determinar la línea editorial, sus contenidos pueden ser patrocinados.

En cambio, los medios comunitarios son independientes, con autonomía programática, sin fines de lucro, cuya rentabilidad es social, sin perjuicio de un financiamiento particular a través de la comercialización de productos, servicios, proyectos, etc.

Estos medios pertenecen a colectivos, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, movimientos sociales u organizaciones de la sociedad civil, y estarán encaminados a la participación ciudadana, el diálogo abierto, la transparencia local, el fortalecimiento de la comunidad a la que sirven, la transformación social, el sistema de vida comunitario y el buen vivir.

Chávez comentó que en el proyecto se establecen incentivos a los medios comunitarios, además se toma en cuenta a los medios digitales como herramientas de desarrollo en la comunicación.

La Voce d’Italia

El diputado Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional (AN)  y miembro de la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV-Caracas), aseguró que sostuvieron un encuentro con la ministra de Ciencia y Tecnología  para revisar los costos de los servicios de telefonía fija y celular y del servicio de TV por suscripción “para en conjunto con Conatel, que es el ente regulador, tratar de buscar soluciones que le den respuesta oportuna que quieren los venezolanos”.

“Mañana vamos a tener una visita de la comisión a las oficinas principales de la CANTV”, precisó 

Detalló que se revisarán las nuevas tarifas y los nuevos planes de recuperación  que está desarrollando la empresa. “Lo que nos interesa que haya un servicio de calidad y unas tarifas accesibles”.

El Telégrafo

El presidente Lenin Moreno envió a la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley que permitirá viabilizar el pago a los extrabajadores de los medios incautados, pues se pretende subsanar el conflicto legal que ha impedido cancelar los haberes pendientes.

El documento contiene  un único artículo que reforma la Ley de Compañías, incorporando una disposición transitoria; en la que se establece que, en el plazo de 180 días, en lo que respecta exclusivamente a liquidaciones de haberes laborales de los medios de comunicación social que están en proceso de liquidación y cuyo paquete accionario esté conformado únicamente por entidades del sector público o empresas públicas, serán asumidos por el accionista, previo informe debidamente motivado del liquidador.

Además, establece que en el plazo máximo de 90 días, una vez que entre en vigencia esta reforma, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel) realizará el pago de las liquidaciones de haberes pendientes a los extrabajadores de las empresas de comunicación incautadas: Cablevisión S.A., Uminasa del Ecuador (en las que se incluyen las revistas: La Otra, La Onda, El Agro, Valle y Costa), América Visión S.A., las radios: Radio Difusora del Pacífico S.A. RAPASA; Radio Bolívar S.A.; Organización Radial C.A.; Radio La Prensa Tv S.A., Super K800, la Prensa Sport, radio El Telégrafo y Radio Carrusel.

La liquidación de haberes incluirá el reconocimiento de los sueldos pendientes de pago, los décimos tercero y cuarto sueldos, vacaciones, bonificaciones de desahucio, indemnizaciones de despido intempestivo, indemnizaciones adicionales por discapacidad, estado de maternidad o por ser dirigente sindical, pago de beneficios derivados por los incumplimientos a la contratación colectiva y al régimen jurídico laboral conforme se emitan las resoluciones por la autoridad laboral competente, en el caso que existieran, pago de jubilación patronal, pago de aportes personales y patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros.

Según la propuesta enviada, se exceptúa de este proceso todo pago proveniente de sentencias judiciales y de reclamos por incumplimiento del contrato colectivo.