El País

A los senadores de la coalición aún les resta por resolver varios temas para aprobar el proyecto de Rendición de Cuentas y, entre los más polémicos, está el lograr que la Universidad de la República (Udelar) no pierda ingresos por la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad. Sucede que en la Cámara de Diputados, donde ya se discutió el proyecto, no se laudó sobre este asunto y la posible solución quedó en manos de la cámara alta.

El tiempo corre en su contra, porque el articulado se votará el próximo miércoles en de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

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CHV Noticias

A partir de las 23:25 horas de este miércoles, en el pleno de la Convención Constitucional dio paso a la votación de los 36 artículos del informe de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos locales y Organización Fiscal.

Según ha quedado establecido, para que dichas normativas sean tramitadas en particular, se requiere de un quórum del 2/3 de los sufragios de los convencionales, es decir un mínimo de 103 votos del total de los 154 convencionales en ejercicio.

El artículo 1 que hace referencia a un Estado Regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, fue aprobado en general con 122 votos a favor, 32 en contra y ocho abstenciones. Continuando con el proceso, el artículo 2 sobre una un Estado organizado territorialmente en regiones autónomas fue aprobado en general con 103 a favor, 46 en contra y tan solo 3 abstenciones.

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Cinco días

Amazon ha puesto en marcha dos nuevos programas diseñados para facilitar a las empresas que venden a través de su plataforma la reventa de artículos devueltos por sus clientes o el exceso de inventario y, al mismo tiempo, dar una segunda vida a más productos.

En concreto, la compañía pondrá en marcha en España en 2022 su servicio FBA Grade and Resell, que dará la posibilidad a sus socios comerciales de revender artículos devueltos por los clientes y que están usados. Este programa ya está disponible en el Reino Unido, llegará a EEUU a finales de este año y se prevé que se implemente en Alemania, Francia e Italia a partir de 2022, al igual que en España.

“Nuestros socios comerciales se encargarán de seleccionar el inventario al que desean dar una segunda vida a través de este servicio, y nosotros evaluaremos cada artículo seleccionado a través de un riguroso proceso de inspección de varios puntos, que da como resultado la asignación de una de las siguientes condiciones: usado-como nuevo, usado-muy bueno, usado-bueno y usado–aceptable. Después, el artículo se volverá a poner a la venta en Amazon, al precio que establezca el vendedor”, explican desde el gigante tecnológico.

El otro programa ya está disponible en España. Se llama FBA Liquidations y ayuda a las empresas que venden a través de Amazon a gestionar y dar una segunda vida al excedente de producto y a las devoluciones de clientes. En este caso, de productos nuevos. Este programa ya está disponible también en EEUU, Francia, Italia y Alemania, y en Reino Unido desde este agosto.

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La Diaria

Dos artículos de la Rendición de Cuentas reabren el debate acerca del arrendamiento de infraestructura de telecomunicaciones a las empresas privadas, lo que ya había sido discutido con anterioridad, a propuesta del gobierno, en el proyecto inicial de la ley de urgente consideración (LUC) y en el de la ley de medios –por el momento frenada debido a diferencias en la coalición–, con diferentes características.

En este caso, los artículos 153 y 154 del proyecto enviado días atrás al Parlamento prevén la conformación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), con dineros públicos, “con el fin de garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e internet en todo el territorio nacional”.

Este fondo, que será administrado por un comité que funcionará en el ámbito de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), servirá para llevar conectividad a lugares que serán determinados por el Poder Ejecutivo.

El proyecto de Rendición de Cuentas aclara que “la asignación de recursos del FUT se realizará mediante procedimiento competitivo abierto y transparente a fin de seleccionar a quien proveerá la infraestructura para llegar a las zonas que se determinen”, y que “tendrá obligación de dar acceso a la misma a todos los operadores de servicios de voz y de transmisión de datos e internet que presten servicios en el país”.

El debate que reabre este proyecto consiste en que habitualmente es Antel la que, no por rentabilidad sino por su deber de servicio, instala infraestructura en pequeños poblados del interior en donde las empresas privadas no lo hacen porque no obtendrían ganancias. El nuevo sistema podría perjudicar a la empresa estatal, planteó el director en representación del Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, porque mediante un fondo público se harán inversiones para construir infraestructura que también utilizarán las empresas privadas, ya sea porque ganen la licitación o porque paguen por el uso de las instalaciones.

A finales del mes pasado, según figura en la web de Antel, el presidente de la compañía, Gabriel Gurméndez, anunció que este año se llevará conectividad a 50 pueblos del interior y en 2022 el objetivo es llegar a 75 localidades más para, en 2023, alcanzar con conectividad celular a 99% de las zonas del interior con menos de 500 habitantes. También para 2022 y 2023 se prevén obras relacionadas con la conectividad por fibra óptica.

“Zonas de poco o nulo acceso”
El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Guzmán Acosta y Lara, dijo a la diaria que el fondo se utilizará para garantizar la conectividad “en zonas rurales especialmente y en zonas carenciadas”. En cambio, Larrosa, en diálogo con la diaria, advirtió que lo referente a las zonas no está explicitado en la redacción y señaló que este nuevo mecanismo también podría ser utilizado “para crear la infraestructura de la quinta generación” (5G), ya que con esta nueva tecnología hay “casi nada de cobertura” en Uruguay.

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