El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina hizo una suerte de rendición de cuentas de lo que sucedió durante la actual administración, iniciada en diciembre de 2019, y marcó que aprobó 14 mil 600 millones de pesos (141.7 millones de dólares) en aportes no reembolsables (ANR) con uso del Fondo de Servicio Universal. Esos recursos se utilizaron para 154 proyectos de conectividad.

El regulador indicó que durante el primer año estableció “ejes de gestión que entienden a las TIC como un derecho básico e imprescindible”. Sus movimientos durante la pandemia se vieron signados por la aplicación del decreto 690 y sus posteriores, por la que fijó límites para el aumento de tarifas y creó prestaciones básicas universales, todas ellas criticadas por la industria.

Durante el bienio se “impulso la creación y el financiamiento de programas orientados a cubrir las necesidades de conectividad en zonas y barrios vulnerables” y se avanzó en programas de inclusión como Clubes en Red o el Programa de Conectividad para Universidades Nacionales y a favor de la pluralidad de voces desde el Fondo Fomeca, valoró la entidad.

En el periodo analizado se agregaron 1.1 millones de personas al número de conectados y, como consecuencia de los programas implementados, 423 nuevas localidades acceden a Internet de banda ancha, 349 barrios populares del país tienen cobertura y 109 instituciones públicas de salud, educación y seguridad están conectadas en diversas provincias del territorio nacional. “Nuestro objetivo es claro: brindar conectividad en toda la Argentina”, dijo el titular del organismo, Claudio Ambrosini.

Aunque nunca estuvo en la lista de candidatos a líderes en el camino regional hacia 5G, Argentina sí tiene en sus espaldas la necesidad de capitalizar las ventajas de la tecnología y la proyección de que el 12 por ciento de sus conexiones sean de este tipo para 2025. Es en este contexto que el país acaba de dar un pequeño paso con el anuncio de identificación de seis bandas aptas para la tecnología.

Las bandas señaladas, con base en las “ya identificadas y en proceso de estandarización por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)”, son las siguientes:

Banda de 1500 MHz: 1427 – 1518 MHz

Banda AWS-3: 1770 – 1780 MHz / 2170 – 2200 MHz

Banda de 2300 MHz: 2300 – 2400 MHz

Banda de 3500 MHz: 3300 – 3600 MHz

Banda de 26 GHz: 24.25 – 25.75 GHz

Banda de 38 GHz: 37 – 43.5 GHz

La novedad se dio a conocer justo antes del brindis de Navidad y como parte de un comunicado en el que se hablaba de otras resoluciones tomadas por el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), en el marco de su reunión número 75. “Las industrias serán las principales favorecidas con esta actualización tecnológica, especialmente las dedicadas al comercio interior y exterior, como el sector portuario”, indicó el regulador.

“El próximo paso será dejar las bandas disponibles para una futura licitación. La banda de 3.5 GHz y la de 26 GHz serán las prioritarias en una primera etapa”, dijeron desde Enacom a DPL News. Todo hace suponer que el anuncio de las bandas vendrá acompañado de la publicación del plan local de espectro, el cual se espera que salga a la luz antes de fin de año.

Quedará saber si Argentina finalmente terminará el año con un plan de espectro para 5G. Esta es una de las dos novedades clave que se esperaban para antes del 31 de diciembre –la otra, la definición sobre el destino de la banda de 6 GHz. Por ahora, hay que conformarse con una identificación de bandas, que se observa como un tímido paso en el contexto regional y a sólo cuatro días del cambio de calendario.

Las otras decisiones del directorio de Enacom

1. Se aprobaron proyectos no reembolsables por un total de 309.7 millones de pesos (3 millones de dólares) para siete proyectos del Programa Conectividad y de 219.2 millones de pesos (2.1 millones de dólares) para cuatro del programa Barrios Populares. Los beneficiarios son de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Santa Fe.

2. Se ampliaron hasta 3 mil millones de pesos (29.3 millones de dólares) los fondos destinados para el despliegue de infraestructura de redes del programa de Barrios Populares.

“Desde la creación del programa se aprobaron 23 proyectos, con una inversión de mil 600 millones de pesos (15.6 millones de dólares) y se alcanzaron 345 barrios”, dijo la entidad.

3. Se aprobaron modificaciones sobre el programa nacional de formación y capacitación para la instalación de redes, entre ellas la incorporación de nuevos beneficiarios, becas de estudio y más instituciones intervinientes.

4. En relación al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), se aprobaron proyectos que forman parte de la línea de equipamiento y adecuación edilicia, con inversión máxima de 87 millones de pesos (850 mil dólares).

5. Se analizaron 30 expedientes y se aprobaron 13 inscripciones y 35 entregas de licencia única Argentina Digital, la cual habilita a la prestación de todo servicio TIC para nuevos prestadores.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dio detalles del programa Clubes en Red, por el que dará conectividad a 4 mil 930 espacios culturales, deportivos y de esparcimiento con uso del Fondo Fiduciario de Servicio Universal de Argentina. Se destinarán a esta iniciativa un total de 750 millones de pesos (7.4 millones de dólares).

Para cada proyecto aprobado se financiará el total de la obra con un máximo de 10 millones de pesos (99 mil dólares) por unidad. Los recursos podrán usarse para infraestructura activa y pasiva, materiales de instalación, infraestructura complementaria y servicios profesionales. En una primera instancia, los adjudicatarios recibirán un adelanto equivalente al 30 por ciento del proyecto.

El programa propiciará la instalación o actualización de infraestructura para el acceso a Internet en clubes, que deberán estar inscritos en el registro nacional de clubes de barrio y de pueblo, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Según el regulador, el proyecto tiene el potencial de beneficiar a cerca de 1.5 millones de niños y niñas del país.

iProup

Se acaba de sumar un nuevo jugador a la oferta disponible de servicios de video on demand en la región. Según anunció WarnerMedia, su plataforma de streaming HBO Max ya está disponible suscribirse en 39 países de América Latina –incluyendo a la Argentina– y el Caribe.

Hasta ahora, el servicio solo podía contratarse en Estados Unidos desde su lanzamiento en mayo del año pasado y con el desembarco regional, HBO Max amplía su catálogo de series y películas para los abonados que ya tienen HBO Go y llega a nuevos usuarios con la propuesta de “una experiencia de streaming totalmente nueva”, según promete la compañía.

Leer más: https://www.iproup.com/innovacion/23835-hbo-max-rival-de-netflix-precios-abonos-peliculas-series

Alainet – Alfredo Moreno

Para desarrollar estas visiones es necesario implementar políticas que recuperen la experiencia de lo realizado durante el período 2003/2015 y en función del nuevo proyecto nacional hacer los aportes sectoriales necesarios en dirección de la inclusión social, del incremento de los niveles de igualdad de ingresos, de la matriz productiva y de los recursos estratégicos para nuestro país.

En estas prioridades, el sector de las Telecomunicaciones y el Software tienen un rol destacado por la infraestructura nacional desplegada por la empresa ARSAT y capilaridad de los servicios en relación a la población, industria y gobierno.

Al finalizar la década de los 90, luego de la privatización de ENTEL, la lógica de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones de las empresas privadas (Telefónica, Telecom y Claro) comenzó a quebrarse; las calidades de los servicios ya no sólo eran deficitarias en el interior del país por falta de inversión en zonas con poca población, sino que en los grandes centros urbanos no se realizaban las inversiones necesarias que acompañaran la demanda de más y mejor conectividad.

El siglo XXI vino con nuevas reglas, el acceso a las telecomunicaciones empezó a estar en las agendas políticas de organismos internacionales como un tema de derecho humano, esto cambió por completo el paradigma de como los Estados se paran de frente a la prestación de un servicio.

En Argentina, las políticas desarrolladas por el Plan Argentina Conectada desde 2010, muestran el mayor despliegue de infraestructura de fibra óptica realizada por el Estado Argentino. La iniciativa en conjunto con el Plan Satelital Argentino, reconoció el valor estratégico de las telecomunicaciones para el desarrollo económico y social del pueblo, pero también fue el inicio de mostrar una agenda política tecnológica que destacó la importancia de las telecomunicaciones en la prestación de las actividades de gobierno y de soberanía tecnológica.

El sentido de Soberanía tecnológica fue tener autonomía de decisión. Es decir, no tiene sentido que en la Argentina se haga todo el desarrollo, hay cosas que vamos a comprar, como también lo hacen otros países fabricantes de satélites.

Claro que también hay que saber qué comprar, a quién y cómo hacer para luego de integrar las distintas partes, todo el sistema funcione. Ese es el know-how. Decidir qué compro afuera y qué hago acá, que no me lo imponga una empresa extranjera fue el sentido recorrido por el INVAP y ARSAT. Si un componente tiene varios proveedores y no es crítico para el desarrollo, lo compro. El equilibrio del tiempo de desarrollo puede tornar obsoleta la tecnología.

Es imposible imaginar soluciones estatales o públicas para temas de seguridad, comunicación militar, educación, salud, o servicios generales al ciudadano sin una buena calidad de servicio en las redes de telecomunicación existentes.

La innovación de la inversión estatal en infraestructura en telecomunicaciones no está en el simple despliegue de infraestructura, que es tan viejo como la interconexión misma, sino en la disponibilidad por parte del Estado de esa infraestructura para las funciones de gobierno y ciudadanía, como la seguridad, salud, defensa, etcétera, y en la disponibilidad de esa infraestructura a todos los actores locales que puedan prestar el servicio comercial o residencial de telecomunicaciones en competencia sobre una red pública, neutral y eficiente.

La infraestructura de telecomunicaciones en el planeta se convirtió en un commodity, cualquier inversión en infraestructura de telecomunicación, no constituye un negocio de explotación como lo era en el siglo XX. Los precios y niveles de rentabilidad de explotación de redes fueron bajando a medida que los estados se involucraban en la materia, y los niveles de rentabilidad en servicios digitales hoy se encuentran en un record histórico.

La Red Federal de Fibra Óptica desarrollada y administrada por el operador nacional de telecomunicaciones ARSAT, cuenta con 36.000 kilómetros que conecta a más de 1600 localidades a lo ancho y largo del país.

Efectividades conducentes, indican que lo primero es terminar con los 60.000 kilómetros del plan inicial que permita conectar a más de 2600 localidad. Es decir, todos los argentinos en una infraestructura de red con posibilidad de conectar a los argentinos a Internet y servicios de telefonía móvil.

Para dimensionar la inversión estratégica que significó para el Estado Nacional, esta red tiene una extensión para dar una vuelta y media al planeta y es más extensa que la cantidad de kilómetros de Rutas Nacionales existentes.

Software argentino, valor agregado para las telecomunicaciones

En una economía global cada vez más fundada en Internet, en la información y el conocimiento, con fuerte impacto cultural en la vida cotidiana, el software es una herramienta decisiva para el tratamiento de los datos y la producción de información.

Le experiencia recorrido en el mismo período de la red federal de fibra óptica, permite verificar que aquel camino fue bien recibido por la industria.

La producción de software y servicios es además una actividad económica cada vez más relevante, capaz de crear empleos calificados y generar divisas con la exportación de productos y servicios a distancia. Los avances tecnológicos en las áreas de comunicaciones y arquitectura de sistemas de las dos últimas décadas, han hecho posible el notable avance de esta industria.

Con las nuevas posibilidades de conectividad y descentralización que ofrece la producción de software y servicios, las grandes empresas están diseminando sus bases operacionales para reducir costos y acceder a recursos humanos calificados fuera de sus países de origen. Este hecho debilita considerablemente el desarrollo de PyMEs con capital nacional que orientan sus productos al mercado local y regional.

En las últimas dos décadas, en los países de América Latina, se han realizado importantes inversiones en educación superior e infraestructura de comunicaciones. Las políticas públicas emprendidas en Argentina permitieron al sector del software el encuentro entre Universidades, PyMEs y sector Público un motor de crecimiento.

La relación entre el estado y el sector del Software y Servicios Informáticos (SSI) durante el período 2004 – 2015 estuvo signado por las políticas públicas implementadas orientadas al desarrollo productivo e industrial del sector.

Políticas para la promoción del sector software

La Ley Nº 25.922, conocida como Ley de Promoción de la industria del software (o simplemente Ley de software), fue sancionada el 18 de agosto de 2004ⁱ. Establece la creación de un régimen fiscal especial para el subsector software y servicios informáticos, así como de un fondo especial: el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), orientado a financiar proyectos de I+D relacionados con la producción de software.

El fondo fiduciario creado a través del capítulo 13º de la Ley, el FONSOFT, tiene a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica como autoridad de aplicación, dependiente de la entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (hoy ex MinCyT).

La normativa estipula que entre los posibles destinatarios del FONSOFT tendrán prioridad las universidades, los centros de investigación, los pequeños emprendimientos y las PyMEs. Las asignaciones las lleva a cabo la autoridad de aplicación, y las diferentes provincias podrán convenir el modo de su adhesión

Su antecedente inmediato es la Ley Nº 25.856, sancionada en 2003, que declara que la producción de software es asimilable a una actividad industrial. En consecuencia, la actividad puede gozar de los beneficios impositivos y crediticios que se aplican al conjunto de la industria argentina.

La Agenda Digital (AD) Argentina, creada mediante el Decreto N 512/09 en mayo de 2009, se definió como una “una herramienta orientada al aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

La AD apuntó a incluir al sector público, privado, a las organizaciones no gubernamentales y al sector académico, en términos genéricos, propiciando su interacción y acceso y utilización de TICs. En este sentido, el énfasis estuvo puesto en las empresas micro y medianas que puedan beneficiarse de las TICs, y no sólo a las que venden software y servicios informáticos. En efecto, no se menciona directamente al software, sino “contenidos y aplicaciones.

Entre 2008 y 2010, a través del FONSOFT, se financiaron 1.031 proyectos vinculados a la producción local de software, lo que implicó una suma de 109.790.060 pesos. La cantidad de proyectos financiados llegó a duplicarse en ese período, pasando de 224 en 2008 a 462 en 2010. Por su parte, el monto total de los beneficios otorgados en 2010 ($54.606.733) es el triple del de 2008, que alcanzaba los $ 18.133.537.

Proyectos con mayor financiamiento (2008-2010)

Las consecuencias de estas políticas públicas, son el significativo crecimiento del sector evidenciado por la cantidad de empresas que surgieron y permanecieron activas: entre 2006 y 2015 (último dato actualizado por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo) el número de empresas creció casi un 50%. Se consideran empresas del sector Software y Servicios Informáticos a aquellas organizaciones privadas con trabajadores activos en relación de dependencia y que hayan definido su actividad principal ante la AFIP como “Actividades de Informática”

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial – MTEySS

El crecimiento más fuerte se observa en los primeros 5 años de la serie, con un 29% de empresas más en 2010 que en 2006 y un crecimiento anual acumulativo2 de 6,5%, habiéndose moderado entre 2011 y 2015 con un crecimiento anual acumulativo del 2,8%. La crisis de 2008-2009 habría sido un punto de inflexión, cuando la cantidad de empresas comenzó a crecer a “sólo” un dígito.

Como se observa en el gráfico siguiente, a 2015 un 73% de las empresas tenía menos de 10 trabajadores. Sin embargo, estas empresas agrupan menos del 20% del empleo del sector. El restante 80% se distribuye en forma más o menos equitativa entre las otras 3 categorías (entre un 25% y un 30% cada una).

Una ley como la de promoción del software es esencial para lograr emplear 500.000 profesionales en software y superar los U$S 10.000 millones en exportaciones para 2030, y alcanzar así una mayor transformación digital de nuestra sociedad que nos lleve hacia la economía del futuro, la economía del conocimiento, para lograr mayor inclusión y progreso social, sostiene desde la CESSI (Cámara de la Industria Argentina del Software y Servicios Informáticos).

El mercado total de la industria del software alcanzó $ 64.494 millones de pesos, un 28,3% superior que el año pasado, con récord histórico en exportaciones compuestas por el 56,2% proveniente de Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), 32.2% de Latinoamérica y América Central y un 11,6% del resto de los países.

El software evoluciona constantemente y recalienta la demanda de profesionales y expertos dentro y fuera del país, lo que repercute en los salarios y la necesidad de contar con profesionales para satisfacer la demanda. Mano de obra altamente calificada, está virtualmente globalizada; de Tandil, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires o Rosario a California, Londres, París o Berlín, todos estamos trabajando en la red Internet.

En este contexto, contar con una Agencia de promoción en políticas en telecomunicaciones y software permitirá orientar el desarrollo de productos acorde al modelo de país que comenzaremos a caminar a partir del 2020.

La industria en números

E n 2013 se tenía conocimiento de 4,288 empresas activas en la industria de software. De estas, el 75% reportaron tener menos de 10 empleados, otro 20% entre 10 y 50 empleados, 4% entre 50 y 200 empleados, y solo el 1% reportó tener más de 200 empleados. Fuente: OPSSI

E n el 2014 hubo un crecimiento negativo en las ventas debido al ajuste en el tipo de cambio. La industria se ha mantenido creciendo, lo cual se refleja en el empleo, 5.4% más, comparado con una caída de 0.5% del empleo en la economía en general.

Fuente: OPSSI

Como podemos ver, el rubro de mayor actividad en el sector es el desarrollo de software, seguido por la comercialización de software ya sea propio o de terceros.

Fuente: Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos (OPSSI

Sector púbico y sociedad

La lista de empresas tecnológicas basadas en software ostenta un poder tan grande y concentrado que pone en juego no solo el equilibrio del mercado, sino también las libertades y los derechos de los ciudadanos.

El Estado tiene la responsabilidad de mantener el control completo de la informática que desarrolla y distribuye a la ciudadanía. Cuando el Estado usa programas privativos deja el control de la informática del país en manos de empresas globales. Se somete al espionaje y a las puertas traseras del software. Se pone en riesgo la seguridad nacional, porque se abren instancias de ataques basados en software. Si Estados Unidos quisiera atacar a la Argentina, ni siquiera tiene que espiar. Basta con que Google o Microsoft entreguen los datos de los ciudadanos que utilizamos sus servicios.

No existe neutralidad de la computación en la nube (cloud computing). Es de conocimiento público que empresas como Microsoft, Google y Apple, entre otras, extraen datos de los usuarios y los alojan en servidores a los que el Gobierno estadounidense tiene acceso.

El Estado tiene los recursos necesarios para garantizar la seguridad informática nacional. Al desarrollar software libre, el Estado ahorraría fondos que hoy gasta en la compra de licencias y podría invertir ese dinero en la contratación de empresas nacionales. De esta manera, se fomentaría el desarrollo de la industria informática nacional y se habilitaría el camino hacia la autonomía tecnológica del sector.

La transparencia en productos desarrollados con software libre no es secreto; el usuario, sea un Estado o un ciudadano, tiene total libertad de acceder al conocimiento y hacer uso irrestricto del mismo.

Infraestructura mundial de conectividad

Un nuevo orden mundial está en marcha. De la “Ruta de la seda” a la “Ruta de los bits” la experiencia aprendida por oriente, indica que el gobierno chino llevará a crear una bifurcación de la Red Internet que será dominada por el gigante oriental. El escenario más probable es una bifurcación en una Internet dirigida por chinos y una Internet no china liderada por Estados Unidos. China está desarrollando el mayor proyecto de obras de infraestructura que haya promovido un solo país en la historia.

Cubrirá 65% de la población mundial, un tercio del PIB global y moverá la cuarta parte de los bienes del planeta. La escala de las empresas que se están construyendo, los servicios que se están demandando, la riqueza que se está creando demandan una Internet a escala del cambio. Se trata de la red de obras de infraestructura que conectará por tierra y por mar a China, los países de Asia Central, Medio Oriente, África y Europa

La globalización significa que China también puede jugar en el mercado de servicios globales disputando liderazgos actuales con foco en Inteligencia Artificial. La iniciativa One Belt, One Road (OBOR) o Centurión y Ruta de la Seda, es el proyecto de infraestructura de China para vincularse con 70 países de Asia, África, Europa y Oceanía con ferrocarriles y rutas marítimas.

La magnitud del OBOR amenaza el papel del G-7 o el G-20 como foros para debatir el desarrollo en infraestructura en países en desarrollo. En esta red caben todos, especialmente los países en vías de desarrollo, y queda al margen de las alianzas militares. La nueva red de Internet integra a 60 países que representan el 75% de las reservas energéticas conocidas al mundo, el 70% de la población mundial y generaría el 55% del https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto” target=”Producto interno bruto”>PIB mundial.

Antecedentes a la nueva ruta de Internet fueron manifestados por los países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) al iniciar el proyecto para dotarse de su propio sistema de Internet con el fin de salir de la órbita del control de Estados Unidos.

Lo que hoy conocemos como Internet se halla bajo la administración de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), una asociación para administrativa del Departamento del Comercio de Estados Unidos, que otorga a los países los bloques de direcciones IP que serán utilizados por los proveedores de Internet (ISP) locales.

La creación de una nueva “internet” con su propio órgano de administración y gestión es una proposición del Consejo de Seguridad Nacional de la Federación Rusa. Todavía no se sabe cómo se articularía eso con el sistema de DNS (Domaine Name System) alternativo que ya funciona en China.

Es fundamental retomar la agenda estratégica respecto de la infraestructura internacional en la gestión del acceso a Internet. La experiencia sobre estas decisiones para los estados son los planes nacionales y supranacionales de despliegue de infraestructura formalizados en el BRICs cable, o los distintos planes en Australia, India, China, Sudáfrica, México y de países de Europa como Francia o Suecia, donde los Estados despliegan infraestructura hasta inclusive los planes privados de empresas como Google (Loon) o Facebook (Internet.org).

Conclusión

Frente a las necesidades urgentes que el nuevo gobierno nacional y popular deberá enfrentar a partir del 10/12/2019 y también sobre la base de las políticas en Ciencia y Técnica es necesario instalar la agencia científico tecnológica para el período 2020 a 2030. Considerando la capacidad productiva instalada (que sobrevivió) en el país y la reserva local de conocimientos disponibles, el nuevo gobierno deberá tomar la difícil decisión de elegir los sectores productivos en los que concentrará el esfuerzo y las pocas divisas de las que podrá disponer.

El sector del Software y las Telecomunicaciones, permiten por lo realizado hasta el 2015, abrir paquetes tecnológicos e ir incrementando rápidamente la participación de las Pymes nacionales en las diferentes cadenas de valor.

Para esto será necesario a. implementar protecciones arancelarias y para-arancelarias, siempre condicionadas a los aumentos en calidad y productividad de las Pymes protegidas; b. recurrir a la capacidad local de análisis, desarrollo e implementación de software, dispositivos de telecomunicaciones y servicios de valor agregado sobre la red; c. promover iniciativas desde el Estado para la producción de software integrado a la red nacional de telecomunicaciones.

Es necesario para avanzar en el desarrollo inclusivo tener las generaciones de científicos, tecnólogos, gestores y desarrolladores de empresas públicas disponibles para retomar las iniciativas soberanas en el sector satelital de las telecomunicaciones, integrando gobierno, población sector privado.

Se demostró que es posible conectar la Argentina teniendo al estado como motor de desarrollo. La experiencia nos permitió aprender que la integración entre la electrónica de las telecomunicaciones y el software de gestión de los dispositivos configuran una tecnología totalmente integrada.

La política a desarrollar debe tener esta convergencia y el valor estratégico de aplicaciones basadas en software que permita motorizar el sector público, gobierno y el sector privado promoviendo el software como contenido de valor agregado sobre la red nacional e internacional de telecomunicaciones.