Tras el decreto que declara al Internet, telefonía celular y TV de paga como servicios públicos en competencia, y congela las tarifas hasta diciembre, la regulación de precios en Argentina exigirá una alta capacidad técnica “para la complejidad de la tarea que está por venir”, señaló Héctor Huici, consultor senior para Sudamérica de Access Partnership.

“No hay, en la regulación comparada, mucha experiencia de regulación de precios en competencia y en un mercado con tantos agentes como el argentino, y con productos que son muy diferentes entre sí (…): hay infinidad de productos y de ofertas al cliente, y una alta posibilidad de combinación”, advirtió el también exsecretario TIC del país sudamericano, en el marco del foro virtual “Argentina a Debate: regulación tarifaria, servicio público e inversiones a futuro”, organizado por DPL Group.

Huici puso en duda que se cuente con la experiencia técnica para llevar a cabo la próxima reglamentación de tarifas. Comentó que la opción sería fijar precios máximos o se acuda al benchmark y se comparen los precios de los servicios con otros mercados.

Sonia Agnese, analista senior de Telecom, Medios y Regulación para América Latina de Omdia, explicó que “dentro del contexto inflacionario que tenemos y de devaluación, es complejo hacer esto (la regulación de precios), porque los costos que uno presenta a los tres meses o cuatro ya quedan descontextualizados”.

La especialista dijo que “el mejor determinador de precios es el mercado; si el mercado requiere ciertos ajustes, que se hagan a través del modelo mayorista”, porque, de lo contrario, se corre el riesgo de pedir a las compañías que presenten “manuales eternos que no se terminan de analizar” y, al final, la decisión sobre los precios podría ser política.

Al respecto, Sebastián Cabello, experto en políticas públicas digitales y consultor independiente, afirmó que “la flexibilidad es una condición sine qua non para la innovación”, por lo que trámites muy complicados para definir tarifas de nuevos servicios podría representar un freno.

Cabello agregó que los antecedentes para la regulación de precios minoristas son muy limitados, y se requiere un análisis “enorme” y “granular”. Además, comentó que existen otros instrumentos que se pueden aprovechar en Argentina para ampliar la cobertura y el acceso a servicios de Internet, telefonía móvil y televisión, los cuales sólo requerirían cambios de las condiciones básicas de las concesiones.

Durante la mesa de debate, Adriana Labardini, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), expuso la experiencia de México al buscar tarifas adecuadas para los consumidores. La experta señaló que la falta de asequibilidad puede ser resultado de problemas en los impuestos, altos costos del espectro o incluso colusión entre actores.

Cuando existen zonas a las que el mercado no llega por sí solo, el gobierno debe considerar otros caminos, como dar subsidios, incentivos de acceso a los operadores, otorgar espectro sin costo, propiciar la compartición de infraestructura, nuevas tecnologías; así como facilitar la comparación de tarifas para el usuario y la portabilidad numérica.

Los especialistas coincidieron en que se deben intensificar los esfuerzos para cerrar la brecha digital en Argentina y universalizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, se mostraron preocupados por los posibles efectos del decreto anunciado el viernes pasado.

Gustavo Gómez, director Ejecutivo de Observatel, comentó que para potenciar los aspectos positivos de las medidas decretadas, se debe abrir la participación a múltiples actores en el proceso de reglamentación, ya que es una oportunidad para propiciar política pública que garantice el acceso a Internet para todos los argentinos.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 ―mediante el cual el gobierno de Argentina declaró a la telefonía celular, Internet y televisión de paga como servicios públicos en competencia, y congeló los precios― genera incertidumbre y paraliza las inversiones del sector de telecomunicaciones, advirtió Sonia Agnese, analista senior de Telecom, Medios y Regulación para América Latina de Omdia, durante el foro virtual “DPL Digital Spotlight, Argentina a Debate: regulación tarifaria, servicio público e inversiones a futuro”.

Por ello, en la etapa de reglamentación el gobierno y el ente regulador deben enviar una señal clara para que las empresas no frenen sus inversiones en el país, ya que desconocen si el entorno regulatorio les permitirá un retorno de su capital y mantener adecuadamente sus operaciones, señaló Marina Rosso, vicepresidenta del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros.

Agnese dijo que es urgente que se abra una convocatoria con un plan concreto de trabajo para definir las reglas, en el que se incluya a la industria, puesto que las inversiones son fundamentales sobre todo en el proceso de recuperación económica tras los efectos de la pandemia de Covid-19.

En tanto, Sebastián Cabello, experto en políticas públicas digitales y consultor independiente, comentó que es entendible el objetivo que persigue el gobierno de universalizar el acceso a estos servicios; sin embargo, puntualizó que se debe tomar en cuenta el impacto de la regulación de precios y que ya existen muchos instrumentos para mejorar el acceso en los lugares donde el mercado no llega.

Héctor Huici, consultor senior para Sudamérica de Access Partnership, criticó que declarar como derecho humano a un servicio público no hace que éste sea mejor, más abundante o más barato, y el cierre de la brecha digital no se logrará gracias al DNU, sino a diferentes herramientas con las que ya se contaban y en las que deben concentrarse los esfuerzos.

“Deberíamos discutir cómo usar mejor los fondos del servicio universal; cómo dirigir subsidios para conectividad efectiva, cómo rendir mejor el dinero con procesos competitivos transparentes de asignación de los recursos”, refirió, pues “la gran pregunta es si la mejora la vamos a hacer con una declaración semántica o con una política pública”.

Gustavo Gómez, director Ejecutivo de Observacom, explicó que garantizar el acceso a servicios básicos de comunicaciones forma parte de las recomendaciones frecuentes emitidas por organismos internacionales, dado que el acceso a Internet es un derecho humano y habilitador de otros derechos, y para garantizarlo se necesita la intervención del Estado.

Para el especialista, existe legitimidad del Estado para tomar medidas regulatorias de este tipo, pero puntualizó que los procesos de decisión deben hacerse con mayor reflexión, tiempo y participación de múltiples actores, incluyendo las grandes, medianas y pequeñas empresas, la sociedad civil y la academia.

Especialistas en el sector de las telecomunicaciones en Argentina y América Latina discutieron alternativas al decreto de congelar tarifas en servicios de telecomunicaciones y declararlos servicios públicos en el país sudamericano, ello durante el foro “DPL Digital Spotlight, Argentina a Debate: regulación tarifaria, servicio público e inversiones a futuro”.

Expertos en regulación y políticas públicas del sector de las telecomunicaciones en la región aseguraron que es necesario buscar alternativas y acuerdos entre el gobierno argentino y las empresas para lograr la universalización de banda ancha, que es el objetivo primordial.

Martín Becerra, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), dijo que no hay una medida única que logre la universalización de accesos.

Aseguró que el decreto recién hecho por el gobierno argentino no resolverá el problema de accesos a banda ancha, pero también afirmó que se ha demostrado que con la liberación de tarifas tampoco se pudo resolver.

Becerra comentó que en Argentina no sólo existen empresas grandes de telecomunicaciones, sino también pequeñas compañías y cooperativas, por lo que se debe buscar un beneficio para todas ellas y también para la sociedad.

“La realidad de la cobertura, calidad y asequibilidad muestra que no hay una única receta que haya funcionado bien a pesar de que las políticas aplicadas a estos sectores en los últimos años han sido diversas.

“Es falso tomar sólo una de estas dos situaciones y decir que daña al sector (el congelamiento de tarifas y la liberación). Lo mismo ocurre con la liberación en el año 2000, no satisfizo el derecho universal a servicios de comunicaciones. El fondo de servicio universal tuvo que esperar hasta hace dos meses para que el Estado argentino haya creado un programa específico para barrios populares”, ejemplificó Martín Becerra.

Sin embargo, Maryleana Méndez, secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), afirmó que el congelamiento de precios genera incertidumbre a las inversiones en el sector, por lo que es necesario que se impulse el acceso universal con otras medidas.

La representante empresarial destacó que en Argentina las telecomunicaciones tienen un peso en el Producto Interno Bruto (PIB) de 5.3 por ciento anual, generan más de 250 mil empleos directos, y en la última década se han invertido 20 mil millones de dólares, lo que significa ingresos para el gobierno argentino por impuestos calculados en más de 804 millones de dólares sólo en 2018.

“Deteniendo el mercado no lo vamos a lograr, hay que trabajar en la brecha y hay muchas alternativas que se pueden tomar: una regulación más liviana y flexible, habilitar nuevas formas de asociaciones público privadas, los sandboxes regulatorios colombianos, eliminación de normativa obsoleta, facilitar el despliegue de redes.

“Si no tenemos una hoja de ruta co-creada en todos los sectores y liderada en el más alto nivel de gobierno, ningún ajuste va a dar resultados. Se necesita diálogo cercano y efectivo para lograr estabilidad, incentivos al desarrollo. El congelamiento de precios en este contexto puede desfinanciar a empresas grandes y pequeñas, perjudica los servicios”, afirmó Maryleana Méndez.

Andrés Piazza, consultor en política pública en Internet, aseveró que el decreto en Argentina no se trata de una avanzada sobre el sector privado per se, pero tampoco es una regulación que solucione todos los problemas. El especialista lo definió como un instrumento útil para el Estado.

“En la implementación se necesita atención a las reglas que permitan las inversiones. Salvo por el punto de precios que no queda del todo claro, va a haber análisis de costos e intervención del regulador.

“Los DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) normalmente no tienen consultas a los sectores, sin embargo, en la implementación tendrá que haberlo, va a requerir de un diálogo importante. No estoy tan seguro de los impactos, ni desde lo positivo, ni desde la gran alarma de la industria”, dijo Piazza.

Enrique Carrier, socio fundador de Carrier y Asociados, explicó que es normal que cuando se habla de congelamiento de tarifas las empresas tengan temores, y es que en Argentina se calcula una inflación anual de 40 por ciento en 2020, y afirmó que con ello será real la disminución de ingresos de los operadores.

“Un congelamiento de precios en una economía cuya inflación estará en 40 por ciento, implica en realidad una disminución real. Congelando los precios a efectos prácticos van a obtener muchísimo menos.

“Creo que no haría falta declarar como servicios públicos si ya hay una regulación. Si hay dificultades para regular o hacer cumplir regulaciones, no es algo que vaya a cambiar si se declara servicio público”, apuntó Carrier.