La República Andrei Siles

Mientras no haya avance en la implementación de las redes 5G y no se desarrolle adecuada infraestructura telecom en todo el país, difícilmente Costa Rica podrá superar el apagón educativo en materia de conectividad.

Se trata de habilitar una súper carretera de Internet en todo el territorio, de manera que ningún escolar o colegial se quede rezagado en la enseñanza de una educación moderna y con mejores recursos.

A la fecha, cerca del 50% de los centros educativos públicos no están conectados a Internet, a la vez que medio millón de escolares y colegiales no tienen acceso a la red, ni tampoco a computadoras o teléfonos inteligentes para hacerlo.

Es por ello que la “Ruta de la Conectividad Educativa”, que es gestionada en conjunto por el ICE y el MEP está bajo la lupa de la Superintendencia de Telecomunicaciones, debido a que existe un evidente atraso después de la emergencia de la Covid-19, que dejó al descubierto las graves asimetrías en esta área.

En ese sentido, la carencia de infraestructura en telecomunicaciones afecta con especial énfasis a las poblaciones más alejadas del GAM.

Y es que, de mantenerse esta tendencia, a pesar de existir una ley suscrita por el presidente Rodrigo Chaves desde mediados del año anterior para regir esta materia, incluso la misma entrada de la red móvil 5G se vería comprometida.

En este sentido, representantes del sector como Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, llaman la atención para que se generen acciones a fin de reducir el exceso de tramitología y al mismo tiempo, se amplíe la cobertura de telecomunicaciones en todo el territorio.

“El país enfrenta varias deficiencias en cuanto a la reducción de las brechas de acceso a tecnología y mejora en la conectividad, como la falta de coordinación interinstitucional y un exceso de burocracia que frena el desarrollo de la agenda digital en regiones fuera de la GAM”, agrega, por su parte, Christian Sánchez, director de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación.

Seguida al pie de la letra, la ley de Infraestructura de Telecomunicaciones ordena al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como a gobiernos locales, planificar lo correspondiente para incluir este tipo de infraestructura en el diseño de vías nacionales y locales.

Así también, dicta normativa a instituciones públicas, universidades estatales y los mismos ayuntamientos a brindar todas las facilidades necesarias para la instalación de equipos como radio bases y otros similares.

En tanto las autoridades sean capaces de desarrollar una adecuada planificación, tanto en despliegue de infraestructura como espectro radioeléctrico, será mayor la posibilidad de promover en niños y jóvenes un desarrollo adecuado de la enseñanza tecnológica a fin de incorporarles con éxito a la sociedad del conocimiento, según Luis Adrián Salazar, ex ministro de Ciencia y Tecnología.

“Evaluar cómo hacemos para que los chicos empiecen a escuchar sobre temas de tecnología e innovación va de la mano con lo que podamos hacer en temas de conectividad en conjunto con diversos actores”, comenta Paula Bogantes, actual jerarca de esta cartera.

LAS EXPECTATIVAS

Avanzar hacia la disrupción digital y reducir la brecha en materia de conectividad y conocimientos son algunos de los los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Estas son algunas de las acciones que se requieren para lograr esa meta:

• Promover la adecuada gestión del espectro radioeléctrico
• Efectivo despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
• Acceso universal a redes fijas y móviles seguras, robustas, escalables y resilientes
• Desarrollo de competencias digitales a efecto de motivar un uso responsable de las tecnologías

La Nación

Las nuevas trabas a las importaciones que se dispusieron a fines de junio afectaron a muchos sectores y no solo a los productivos, sino que la industria local del software también estaría alcanzada por la imposibilidad de hacerse de algunos de los componentes que hacen al mix de servicios que prestan en el país y para el exterior, según indican en el sector.

Según explicó la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) en un comunicado, los servicios están montados en plataformas de todas partes del mundo y, por ende, la Comunicación “A” 7532 del Banco Central -que dificulta que las empresas puedan cumplir con las obligaciones contraídas con sus proveedores del exterior- podría paralizar la actividad de todas las compañías que utilizan software en sus procesos productivos.

“Nosotros hacemos productos digitales, pero usamos, por ejemplo, servicios de cloud de Microsoft o algún desarrollo de reconocimiento facial. También hay mucho software vinculado a lo que es atención al cliente vía mail o WhatsApp y API internacionales (API significa interfaz de programación de aplicaciones). En fin, hay un mix que no es puramente local”, explicó Sergio Candelo, presidente de la Cessi, en diálogo con LA NACION.

La cámara se reunió con el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Productivo y tenía previsto reunirse con la AFIP para explicarles la situación de las empresas, en especial de aquellas que tienen contratos y obligaciones contraídas antes de la nueva norma y que no pueden acceder al Mercado Único de Cambios para pagarlas.

“Hay muchos que no podemos cambiar los precios de contratos que tenemos pactados. Tampoco podemos sacar un crédito o pagar con tarjeta, porque en muchos casos las empresas no tienen el límite para hacer eso. Puede haber un bloqueo o apagón digital y se pueden caer un montón de empresas argentinas porque, si vos no le pagás el servicio, te bajan la plataforma”, agregó Candelo, y dijo que la medida le pega al sector en sí mismo, a la provisión que hacen para empresas locales y a las exportaciones.

Según la Balanza de Pagos del Indec, en el primer trimestre de 2022 ingresaron US$631 millones y salieron US$490 millones por actividades de informática. Es decir que hubo un saldo positivo de US$142 millones.

Consultadas por este diario fuentes de Argencon, la entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento, dijeron que hay compañías que están incumpliendo pagos al exterior de contratos ya fijados por falta de cupo y que creen que la dificultad será más evidente con el paso del tiempo. “Además, hay empresas que quieren comprar equipamiento, como laptops, para dar nuevos puestos de trabajo y no consiguen por falta de stock disponible”, agregaron.

Según la Comunicación 7532, que cambió el sistema de financiación de importaciones, hasta el 30 de septiembre, casi todas las empresas deberán buscar financiamiento para poder adquirir insumos del exterior cuando superen hasta un 105% del total importado durante el año anterior (medido en dólares).

La única excepción son las pequeñas y medianas empresas que tienen un umbral diferencial. En estos casos, cuentan con un límite de incremento del 115% con respecto a 2021, para aquellas que importaron hasta US$1.000.000 ese año.

“No prohíbe las importaciones, ya que se puede importar con dólares propios, sino que restringe el acceso a divisas del BCRA para este fin con el objetivo de cuidar las reservas”, hicieron hincapié en su momento desde el Gobierno.