El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la brecha de conectividad de Chile es de mil 700 millones de dólares, de los cuales 500 millones están asociados a inversiones de conectividad rural. Así lo aseguró Antonio García-Zaballos, especialista Principal en Telecomunicaciones del BID, durante su participación en el evento Chile 5G que organiza DPL Live.

El especialista afirmó que estas inversiones tendrán un impacto de 5.7 por ciento en el crecimiento económico, un aumento en la productividad del 4.7 por ciento y que sumaría aproximadamente 230 mil nuevos empleos directos.

“Hablar de digitalización y 5G supone hablar de distintos modelos de financiación, hay que pensar en alianzas público privadas, elementos fundamentales para reducir la brecha”, agregó.

García-Zaballos recalcó que, en este contexto donde se desarrolla la nueva tecnología, se ven cambios en los modelos de negocio de los operadores, cambios en los patrones de consumo, y “una clara necesidad de adaptación de marcos normativos”.

Por su parte, Sergio Scarabino, representante para Sudamérica de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), destacó la presencia del Presidente Sebastián Piñera en un evento de este estilo: “Siempre insistí en la importancia de que los planes de conectividad debían ser liderados por lo más alto de las esferas del gobierno”. Agregó que el mensaje del mandatario tuvo principalmente tres destinatarios: la administración pública, el sector privado integrado con el sector científico y académico, y los ciudadanos.

“El gobierno le está abriendo una puerta enorme a la iniciativa privada para que, entre todos, apalanquen un desarrollo acelerado y eficiente con servicios que tendrán que ver con el desarrollo económico”, sostuvo.

El desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) y su introducción en los procesos productivos representa nuevas oportunidades para incrementar la productividad y el uso eficiente de los recursos en múltiples áreas, desde actividades de gobierno, una fábrica, hasta la administración de nuestros hogares. Un nuevo estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (IBD) explora las oportunidades y riesgos de esta tecnología para América Latina.

El estudio del IBD define la IA “como un término que engloba aquellos sistemas informáticos capaces de detectar su entorno, pensar, aprender y tomar decisiones en función de las entradas que reciben y sus objetivos”. En ese sentido, identifica cuatro campos de acción: inteligencia automatizada, asistida, aumentada y autónoma.

El estudio cita un análisis de PwC, el cual estima que el PIB mundial podría incrementarse en hasta 14 por ciento en 2030 como resultado del desarrollo de aplicaciones de IA en áreas productivas y por la venta de nuevos dispositivos de consumo, lo que representa un total de 16.5 trillones de dólares.

Antonio García Zaballos, especialista líder en telecomunicaciones para el IBD y autor del estudio, consideró en entrevista para DPL News que los países de América Latina tienen el reto principal de superar las barreras tecnológicas como conectividad y alfabetización digital que les permitan la explotación de los beneficios por soluciones de Inteligencia Artificial. 

En ese sentido, el estudio advierte que se requiere de la existencia de “infraestructuras capaces de soportar altas cargas de almacenamiento, que permitan recoger los datos de procesamiento necesarios para que los sistemas inteligentes puedan desarrollar sus funciones”.

García señaló que los datos son uno de los principales motores de crecimiento de la IA, que se generan a través de la actividad diaria de los dispositivos conectados. Advirtió que uno de los principales desafíos de la región es la actualización de los marcos normativos que permitan el acceso y protección de los datos, mientras se resguarda el derecho a la privacidad y seguridad de los ciudadanos.

“Los gobiernos deberán facilitar el desarrollo de la IA y el progreso económico teniendo en cuenta que los ciudadanos y las empresas esperan que la ley proteja sus derechos, también en relación con el uso de sistemas inteligentes. Será necesario crear sinergias entre política y regulación a fin de anticipar posibles implicaciones desconocidas de la tecnología, que puedan conducir a una regulación excesiva o insuficiente”, apunta el estudio.

Zaballos agregó que los marcos normativos deben tomar en consideración aspectos como la soberanía de los datos, ya sea que deban almacenarse en centros de datos nacionales o puedan exportarse a sistemas extranjeros.

Adicionalmente, consideró que una de las piezas fundamentales para el desarrollo de IA en la región es la alfabetización digital de los ciudadanos, de modo que los usuarios tengan el conocimiento y herramientas necesarias que les permita evaluar los riesgos de usar tal o cual aplicación y servicio.

El estudio recomienda que para optimizar y agilizar la adopción de IA se deben establecer tres pilares fundamentales: potenciar la capacidad tecnológica e impulsar la adopción de IA en todos los ámbitos de la economía, preparar el terreno para los cambios socioeconómicos que genere la IA y garantizar el establecimiento de una gobernanza segura y ética.

Adicionalmente, los autores recomiendan la disponibilidad de capital para el desarrollo de aplicaciones y soluciones basadas en IA, con el objetivo de que existan los recursos suficientes tanto para startups, como para otras empresas ya establecidas que busquen ampliar la adopción de IA.

El estudio estima que inicialmente se requerirán hasta 100 millones de dólares en 2021 para América Latina, considerando que tendrán preferencia aquellas iniciativas Blockchain que cumplan con los requerimientos de eficiencia energética.

El estudio se puede consultar completo en el sitio del IBD.

La digitalización en República Dominicana se rige por una ley de telecomunicaciones que data del año 1998, y el actual contexto dista mucho de ese entonces, sobre todo cuando el país decidió que este año escolar, que inició el 24 de agosto, sea virtual.

Existen distintas fórmulas para llevar adelante el cierre de la brecha digital, pero el dominador común y el punto de partida es la actualización del marco normativo de las telecomunicaciones.

Por iniciativa del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), días atrás se instaló una mesa de trabajo permanente, donde se convocó a todos los actores e instituciones del Estado que trabajan en la transformación digital.

En diálogo con DPL News, Julissa Cruz, directora Ejecutiva del Indotel, explicó que la mesa se va a abocar a un proyecto inmediato “para la revisión del marco legal de República Dominicana correspondiente al desarrollo tecnológico”.

“Esto va a conllevar una modificación de la ley de telecomunicaciones, que sea un poco más abarcadora que la que actualmente está, y que busca organizar desde el Estado la creación e implementación de las políticas públicas que de aquí en más se vayan a realizar”, comentó.  

Cruz detalló los principales objetivos de la mesa de trabajo de transformación digital: modificación del marco legal, formular un plan de banda ancha, volver a la institucionalidad, poner a disposición del mercado en el corto plazo espectro disponible para 5G, avanzar en la televisión digital, y asegurar el correcto funcionamiento de la red dorsal de fibra óptica.

También reconoció que las políticas implementadas hasta ahora no se han traducido en un mayor aumento de la penetración de los servicios.

Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coinciden en que lo primero que hay que hacer es cambiar el marco regulatorio para avanzar en una mayor digitalización del país.

“República Dominicana tiene varios retos y barreras, la Ley General de Telecomunicaciones data del 98 y el concepto y palabra digital no aparece. Si pretendemos un plan digital tenemos que pasar por una actualización del marco normativo que favorezca la inversión”, dijo a DPL News Antonio García Zaballos, especialista en materia de telecomunicaciones del BID.

Para Zaballos, la actualización de la normativa tiene que estar acompañada con normas de compartición de infraestructura y de despliegue que potencien el desarrollo del sector privado, de uso de espectro, y de servicio universal.

Semanas atrás, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó el Plan Nacional de Infraestructura de República Dominicana, un documento de análisis de los principales retos y acciones a implementar para lograr una mayor penetración de los servicios de banda ancha en el país caribeño, y a la vez para tener una economía más preparada para la salida de la Covid-19.

Uno de los bloques que planea el documento del BID es la institucionalidad. “En el país está el regulador Indotel, la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana y el viceministerio de Agenda Digital. Debería haber un coordinador de las acciones de todos estos actores, algo transversal. Lo peor que podría ocurrir es que estos cuatro actores cuenten con agendas diferentes”, explicó el especialista del Banco.

Según Julissa Cruz, el documento tiene una descripción real de la situación del mercado en el país, pero no coincide en el marco estratégico sectorial que propone: “La verdad es que la recomendación del BID responde a la visión del gobierno anterior, que tenía la costumbre de crear por decreto instituciones con objetivos que solapan las disposiciones que por ley recaen en el Indotel”, opinó la funcionaria.

I. Introducción

La propagación del Covid-19 (CV),^[1] declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia,^[2] ha obligado a una gran cantidad de personas a modificar muchas de las actividades cotidianas para recluirse en casa.

Tradicionalmente, la literatura ha establecido una sólida correlación entre la infraestructura digital y el desarrollo económico.^{[3] y [4]} Incluso midiendo el impacto positivo de la inversión en telecomunicaciones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) específicos, la consecución de algunos de ellos (ej. ODS 3 Salud y bienestar^[5] y ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico^[6]) se ve particularmente amenazada por el episodio del CV y las consecuencias que se anticipan.^[7]

Como expresa la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), “ahora más que nunca la implementación de planes nacionales integrales de telecomunicaciones de emergencia puede asegurar que haya un intercambio efectivo y oportuno de información en todos los niveles de gobierno, dentro de las comunidades afectadas y entre las agencias humanitarias para priorizar los esfuerzos de respuesta y salvar vidas”^[8]. A raíz del episodio de CV, la infraestructura digital se vuelve absolutamente protagónica para la seguridad sanitaria, el desarrollo socioeconómico de la región y el avance hacia la consecución de los ODS.

II. Problemáticas en telecomunicaciones y consecuencias

II. 1. Congestión de redes de telecomunicaciones

El cambio de patrones de uso de servicios de telecomunicaciones y el aumento en el volumen de tráfico pueden derivar en congestión de ciertos puntos de la infraestructura de telecomunicaciones que, a su vez, generen baja calidad y no disponibilidad de servicios de telecomunicaciones para los usuarios finales.

En el escenario en el cual la mayoría de la población no abandona el hogar por largos periodos, los polos de consumo de datos pasan a concentrarse en los hogares; a la vez que se sustituyen la mayoría de interacciones presenciales -tanto profesionales como sociales- por interacciones virtuales en distintos formatos (ej. SMS, videoconferencia, llamada), y se incrementan las actividades de ocio a través de Internet (ej. videos, audios, videojuegos en línea), lo que aumenta el volumen de tráfico de datos.

Dado que la infraestructura de telecomunicaciones se diseña, dimensiona y gestiona para satisfacer patrones y volúmenes habituales de tráfico de datos, cambios significativos en la distribución y volumen de la demanda pueden derivar en congestionamiento en ciertos puntos de las redes de telecomunicaciones.

Por ejemplo, a febrero de 2020, Telecom Italia SpA vio un incremento de 90 por ciento de tráfico de datos en las redes respecto de 2019. En Seattle el tráfico de datos en las redes aumentó 30 por ciento la semana que varias de las grandes empresas tecnológicas mandaron a teletrabajar a los empleados. Y en China Cisco vio que el servicio de videoconferencia se utilizaba 22 veces más durante el episodio de CV.^[9]

II. 2. Mayor vulnerabilidad y afectación de incidencias de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

Por un lado, con la mayor intensidad en el uso de servicios de telecomunicaciones aumentan las ocasiones en que los usuarios están expuestos a posibles incidencias de TIC. Por otro lado, no todas las empresas pueden garantizar un nivel adecuado de confiabilidad en los sistemas y servicios de TIC, tanto para los empleados que teletrabajan como para los clientes que atienden por Internet; de manera que la vulnerabilidad a ciberataques puede aumentar durante el tiempo en que la mayoría de la población se queda en casa.

Además, dado que en este escenario de restricciones de movilidad las comunicaciones digitales cobran una importancia absoluta para las interacciones profesionales y sociales, la interrupción o malfuncionamiento de los servicios TIC tiene un impacto transversal que puede poner en riesgo tanto la seguridad sanitaria como el desarrollo socioeconómico de la región.

Adicionalmente, cabe considerar que las restricciones de movilidad también afectan a los profesionales TIC que conforman los equipos de respuesta, por lo que se pueden ralentizar los tiempos de recuperación y puesta en operación ordinaria de la infraestructura y servicios TIC tras una incidencia, aumentando así la afectación a los usuarios finales.

II. 3. Acceso limitado a comunicaciones públicas para la seguridad sanitaria

Autoridades públicas de todo el mundo implementan iniciativas de comunicación con los ciudadanos para gestionar la pandemia y aumentar la seguridad sanitaria de la población.^[10] Tanto las interrupciones en las infraestructuras de conectividad digital existentes como la imposibilidad de parte de la población de usarlas, dificultan la comunicación entre autoridades públicas y la población, lo cual es imprescindible para una correcta gestión de la respuesta a la pandemia.

Dada la naturaleza contagiosa del CV, resulta clave que la población reciba la información necesaria para saber cómo actuar para prevenir el contagio y para recibir el tratamiento adecuado. De la misma manera, es imprescindible que las autoridades públicas reciban información actualizada y precisa del estado de expansión y afectación del CV para poder diseñar políticas públicas eficientes.

Para ello, también es imprescindible disponer de servicios de comunicación confiables para poder coordinar y movilizar recursos sanitarios como sea necesario.

II. 4. Interrupción de negocio de empresas TIC y del conjunto de la economía

Las restricciones de movilidad derivadas del episodio de CV afectan la mayoría de las actividades productivas y tendrán grandes impactos en la economía de todo el mundo. Algunos sectores productivos permiten desarrollar parte de las actividades laborales en línea, pero para otros resultará muy difícil mantener la continuidad del negocio y, en consecuencia, el empleo de los trabajadores.

La Organización Internacional del Trabajo estima que entre 5.3 y 24.7 millones de personas perderán su empleo y esto conllevará pérdidas de ingresos para los trabajadores de entre US$ 860 mil millones y US$ 3.4 billones a finales de 2020,^[11] lo cual tendrá un fuerte impacto en el desarrollo económico tanto global como de la región.

III. ¿En qué medida la digitalización puede apoyar en esta situación?

a. Prevención del avance de la pandemia. Utilización de la tecnología para prevenir la expansión de la pandemia de Covid-19 a través de información a los usuarios, desarrollo de aplicaciones para el monitoreo de desplazamientos de pacientes infectados y publicación y monitoreo de estadísticas relevantes.

b. Provisión de servicios públicos. Mantenimiento de los servicios públicos en las áreas de educación, gobierno y salud en un momento en que la atención presencial no es posible. Utilización de la capacidad de los centros de datos propios y ajenos para el mantenimiento de plataformas y aplicaciones.

c. Mantenimiento del tejido productivo. Las empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes que pueden mantener sus actividades de manera remota, podrán seguir con sus actividades si existe una infraestructura digital sólida.

III. 1. Potenciales áreas de intervención y apoyo

Eje 1: Prevención de la congestión de redes de telecomunicaciones. Las redes de telecomunicaciones fueron dimensionadas para atender picos de tráfico que, a raíz del episodio de CV, han cambiado, incrementando la cantidad de dispositivos conectados, la simultaneidad de transmisión de éstos y la cantidad de tráfico demandada en las redes.^[12] Este incremento en la demanda lo experimentan tanto las redes fijas (banda ancha residencial) como las móviles (banda ancha móvil), por lo cual son necesarias intervenciones para evitar que las redes de telecomunicaciones se congestionen.

Eje 2: Promoción de la protección contra incidencias TIC. El impacto del riesgo de incidencias a la infraestructura de telecomunicaciones y TIC aumenta en las condiciones actuales de mayor teletrabajo, por lo que proteger la infraestructura TIC cobra particular importancia en este tipo de escenarios.

Eje 3: Fortalecimiento de la confiabilidad de comunicaciones públicas para la seguridad sanitaria. Ante el aumento de comunicaciones privadas por las restricciones de movilidad, es imperativo garantizar que las comunicaciones públicas clave para la seguridad sanitaria de la población sean confiables.

Eje 4: Protección de la continuidad del negocio de empresas TIC y del conjunto de la economía. La industria de las telecomunicaciones tiene participantes con enormes disparidades. Por un lado, están los grandes operadores de redes móviles (MNO) y los proveedores de equipos originales internacionales (OEM), donde los primeros comercializan los servicios de telecomunicaciones y los segundos venden la tecnología necesaria para ofrecerlos.

Del otro lado están los emprendedores locales de telecomunicaciones, desarrolladores de infraestructura como las compañías torreras y cableras, las compañías que proveen servicios a MNOs y OEMs^[13] y los pequeños operadores de servicio de acceso a Internet,^[14] muy importantes en nuestros países, pues atienden comunidades alejadas y marginadas.

Tanto en comunidades rurales como en urbanas, tanto en el sector de empresas de telecomunicaciones como en todos los otros sectores de la economía, los servicios de telecomunicaciones se vuelven críticos para permitir la continuidad -aunque sea parcial- del negocio de muchas empresas y, con ella, la supervivencia de empresas y los ingresos de muchos trabajadores. La falta de liquidez pone en riesgo la sostenibilidad de muchas empresas, por lo que se necesitan soluciones financieras para asegurar la continuidad del negocio de estas compañías.

IV. Conclusiones

A la vista de lo anterior, la actual situación supone no sólo un reto sino una oportunidad para poner en el centro de la agenda de los gobiernos el apoyo a la digitalización de los servicios públicos con el fin último de facilitar la reducción de la brecha digital y el desarrollo productivo de los sectores estratégicos.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el porcentaje de usuarios de Internet en la región es de apenas 60 por ciento, lejos de los países de la OCDE (85%). Esta brecha está motivada principalmente por una falta de cobertura de infraestructura digital. Si bien existe una cobertura poblacional universal en 2G, cuando pensamos en 4G la cobertura apenas es de 53 por ciento, lejos del 95 por ciento de la OCDE, más acusada en las zonas rurales, donde vive 40 por ciento de la población de América Latina y el Caribe.

Según la GSMA, hoy en día todavía existe 17 por ciento de líneas que usan la tecnología 2G y 35 por ciento que usa 3G. Lo anterior muestra una clara necesidad de migrar hacia tecnologías 4G y 5G en los próximos meses para lograr cumplir no solo con objetivos de cobertura sino también de calidad. Por ejemplo, evolucionar las redes hacia 5G podría generar hasta 91 billones de dólares para la región entre 2024 y 2034.

Resulta necesario avanzar de forma decidida en un proceso de digitalización integral que incluya al menos los siguientes componentes: (i) actualización del marco normativo y regulatorio, (ii) despliegue de infraestructura digital y evolución hacia tecnología 5G, (iii) digitalización de los servicios públicos de gobierno, (iv) digitalización de sectores estratégicos, especialmente los relativos a salud y educación y (v) apoyo al sector privado para garantizar la continuidad y el desarrollo de soluciones digitales que mitiguen el impacto del shock de demanda que estamos viviendo.

^[1] La Organización Mundial de la Salud actualiza periódicamente un mapa que recoge los principales datos de casos y muertes por CV en las Américas, disponible en: https://who.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2203b04c3a5f486685a15482a0d97a87&extent=-17277700.8881%2C-1043174.5225%2C-1770156.5897%2C6979655.9663%2C102100.

^[2] La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia. Organización Panamericana de la Salud (PAHO, por las siglas en inglés). Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15756:who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es.

^[3] En América Latina y el Caribe, en promedio, 10 por ciento de mayor penetración de banda ancha está asociada con 3.19 por ciento de PIB más alto, 2.61 por ciento de mayor productividad y 67,016 nuevos puestos de trabajo.

^[4] Impacto Socioeconómico de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe. BID. Disponible en: https://publications.iadb.org/en/socioeconomic-impact-broadband-latin-american-and-caribbean-countries.

^[5] Un aumento de 1 por ciento de la inversión total en telecomunicaciones eleva la esperanza de vida en un 0,0095 por ciento.

^[6] Un aumento de 1 por ciento de la inversión total en telecomunicaciones conduce a un aumento del PIB del 0,09 por ciento.

^[7] El impacto de la infraestructura digital en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: un estudio para países de América Latina y el Caribe. Antonio García Zaballos, Enrique Iglesias Rodríguez. BID. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18235/0001685.

^[8] La UIT lanza nuevas directrices para ayudar a los países a desarrollar planes nacionales de telecomunicaciones de emergencia. UIT. Disponible en: https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR05-2020-new-guidelines-for-national-emergency-telecommunication-plans.aspx.

^[9] The surge in connectivity due to the coronavirus will likely spur operational changes. Business Insider. Disponible en: https://www.businessinsider.com/coronavirus-led-internet-traffic-surge-to-test-network-operations-2020-3?.

^[10] El gobierno de Singapur ha desarrollado la aplicación para móviles TraceTogether para que los ciudadanos aporten datos de manera colaborativa sobre la expansión del CV en el país. Disponible en: https://www.tracetogether.gov.sg.

^[11] “El coronavirus se llevará entre 5,3 y 24,7 millones de empleos.” Naciones Unidas. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/03/1471412.

^[12] Disponible en: https://www.ft.com/content/b4ab03db-de1f-4f98-bcc2-b09007427e1b.

^[13] Las OEM y MNO contratan muchas compañías para dar una gran cantidad de servicios, montaje, instalación, prueba, comisión, servicios de mantenimiento en campo, servicios de logística, capacitación y auditorias técnicas, entre muchos otros.

^[14] Disponible en: https://www.telesemana.com/blog/2019/10/21/anatel-ratifica-que-en-brasil-solo-hay-gigantes-o-pequenos-proveedores-de-servicios/.

Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con GSMA, publicó un estudio que mostraba el impacto de la infraestructura de la industria digital en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 12 países de América Latina y el Caribe (ALC) [1]. El resultado principal destaca la existencia de una brecha entre los resultados obtenidos para cada ODS entre los países estudiados y los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como con las metas de los ODS establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Promover la inversión en el sector de las telecomunicaciones es fundamental para aumentar la contribución de la infraestructura digital al desarrollo sostenible. En ese sentido, las políticas públicas, como el financiamiento de las obligaciones de servicio universal, van en la dirección correcta. 

Muchos países de la región han puesto en marcha numerosas políticas públicas para financiar el despliegue de infraestructura digital, especialmente en zonas menos desarrolladas, y también han desplegado redes de fibra óptica troncal. La mayoría de estos planes se financian a través de los ingresos de la industria, con la excepción del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Chile y el Foncos en México, que se financian con cargo al presupuesto público.

Es por ello que el correcto uso de los fondos y el financiamiento público concesional internacional proveniente de bancos multilaterales de desarrollo (BMD) pueden movilizarse en áreas donde los recursos públicos nacionales son insuficientes y las empresas no pueden encontrar financiamiento privado adecuado.

Uno de los principales obstáculos para que la industria digital contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que en la región de América Latina y el Caribe (ALC) hay un menor nivel de difusión de los servicios digitales, en comparación con otras regiones. La penetración de dichos servicios en los hogares de la región sigue siendo escasa con respecto al promedio de la OCDE.

El poder adquisitivo de la población es considerablemente limitado en términos de la adquisición de dispositivos y, especialmente, terminales como PC y teléfonos inteligentes. Esta es una de las principales barreras para la adopción de banda ancha (tanto móvil como fija) en América Latina, especialmente entre los segmentos más pobres de la población.

En el caso de la banda ancha fija, la brecha de demanda de América Latina representa en promedio 45 por ciento. Este porcentaje refleja los hogares que no pueden acceder a banda ancha fija, independientemente de la disponibilidad existente en el lugar donde residen. Como ya se mencionó, una de las principales causas de los impedimentos a la demanda es el alto costo que representa adquirir servicios de telecomunicaciones para los individuos (banda ancha móvil) o los hogares (banda ancha fija) en relación con el ingreso promedio en la región. En este contexto, las autoridades públicas pueden adoptar políticas que reduzcan el costo de adquirir servicios de banda ancha.

Otro elemento importante para incentivar la adopción de tecnología digital es la disponibilidad de contenido local. La generación de contenido local específico puede llevar a un aumento de la tasa de penetración de banda ancha, como lo muestran los datos de la OCDE para los países de Europa y Asia, e incluso América Latina.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que la inversión en infraestructura digital tiene un impacto directo sobre los ODS, como se pone de manifiesto en la siguiente figura:

De hecho, el BID estima que, en los doce países incluidos en su estudio, 360 mil personas se salvarían del hambre si la inversión en telecomunicaciones aumentara 10 por ciento. Dicho de otro modo, por cada punto porcentual de crecimiento de la inversión en el sector de las telecomunicaciones se conseguiría un aumento del PIB de 0.09 por ciento.

Si bien los niveles de inversión han ido aumentando de forma sostenida en todos los países, las necesidades de inversión incremental para cerrar la brecha con la media de los países de la OCDE en cada uno de los ODS definidos difieren mucho, como se desprende de forma ilustrativa para los ODS 1, 2, 3, 8 y 10 en la siguiente tabla:

En este sentido, es necesario que los gobiernos de la región adopten una serie de medidas de política pública y regulatoria que favorezca la inversión. Entre ellas, podemos destacar las siguientes:

1. Papel de las organizaciones multilaterales y de los fondos públicos. La revisión de los usos de los fondos de desarrollo de las telecomunicaciones, y la involucración de la banca de desarrollo nacional e internacional para apoyar la implementación de las agendas digitales, pudieran ser dos catalizadores para el despliegue de infraestructura digital en la región.

2.     La revisión del marco regulatorio y la reglamentación secundaria parece ser otro tema importante, en particular, lo relativo a la existencia de impuestos excesivos y la revisión de las políticas regulatorias ex ante en aquellas áreas o mercados donde se demuestre que existe una competencia efectiva y sostenible.

3.     El objetivo último pasa por abordar el problema de la baja penetración de tecnologías TIC en la región a través de: i) políticas para promover el alfabetismo digital en los quintiles de renta baja; ii) políticas de reducción de los costes de servicio y iii) aumento en la disponibilidad de contenido local.

4.     Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías como IoT y M2M, es clave para alcanzar una mejora en ODS para los que ya existen aplicaciones y proyectos pilotos en la región.

[1] Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Guatemala, Mexico, Panama, Peru y Suriname.

Aunque algunos países han comenzado a desplegar redes 5G, sólo unos pocos se han centrado en continuar con el desarrollo masivo del mercado móvil evolucionado la base de clientes en tecnologías 2G y 3G de forma tal que se consiga una base de infraestructura que garantice el éxito de la implementación de la tecnología 5G, tal y como se desprende en la siguiente figura.

Fuente: Telegeography.

Efectivamente, como se muestra en la figura, en la actualidad 3G es la principal tecnología de acceso a banda ancha móvil de la región; sin embargo, la tecnología 4G ha experimentado un gran crecimiento durante los dos últimos años, reflejando la migración de los consumidores hacia servicios 4G. No obstante, la realidad es muy diferente entre unos países y otros, como se aprecia en la siguiente gráfica:

Fuente: Telegeography y GSMA.

Esta situación lleva a que en la actualidad exista una brecha entre las velocidades medias. Por ejemplo, mientras que la velocidad media de un consumidor de la OCDE es 15.2 Mbps, en la región de América Latina la media de velocidad de un consumidor tipo es de 4.9 Mbps.

De hecho, si observamos qué países están en la cabeza del potencial despliegue de 5G veremos, según se muestra en la siguiente figura, que todos ellos tienen un denominador común: ¡fibra!

En consecuencia, para entender qué tan rápido nuestra región podrá evolucionar hacia 5G tenemos que analizar el grado de desarrollo del despliegue de fibra, dado que el futuro del móvil es el fijo…

Fuente: Telegeography.

Como podemos observar, en la región las tecnologías más utilizadas son el cable y DSL, y si bien los servicios de fibra han aumentado considerablemente, aún estamos lejos de alcanzar los niveles de los países que están a la cabeza de la carrera por 5G.

De acuerdo con Arthur D. Little, se podrían identificar distintos modelos de despliegue dependiendo del uso que eventualmente se haga de la tecnología 5G y los gobiernos deberían ser conscientes que los operadores tendrán que realizar inversiones con distintas dimensiones. Por ejemplo, los operadores tendrán que desarrollar un ecosistema de aplicaciones que supone la necesidad de realizar alianzas estratégicas con proveedores de contenido y de software que les permita atender las necesidades de los usuarios finales.

Para lo cual, y debido a la densificación de las infraestructuras por el crecimiento de datos, será necesario adquirir nuevo espectro. Y aquí es que los gobiernos tienen que encontrar un equilibrio entre el precio a pagar por los distintos bloques y las obligaciones de cobertura. Efectivamente, la lógica económica nos dice que hay un trade off entre el precio que los operadores están dispuestos a pagar y el volumen de obligaciones de cobertura y calidad que se quiere imponer como parte de la licitación.

Dejar a un lado una estrategia recaudatoria es buena noticia no para los operadores sino para los usuarios finales, y fijar obligaciones de cobertura y calidad será bueno en la medida en que esté coordinado con el plan de conectividad que, como parte de la estrategia del país, se defina. Es importante tener en cuenta que a veces más, es menos…

Pero adicionalmente a lo anterior, y como hemos puesto de manifiesto anteriormente, también será necesario realizar un esfuerzo inversor muy significativo en infraestructura, por una parte, para lograr aumentar la cantidad de fibra y, segundo, para aumentar la capilaridad en un esquema donde el número de antenas va a aumentar exponencialmente debido tanto a la banda de frecuencia que se pretende usar para la prestación de servicios pero también debido al uso intensivo que el tráfico de datos va a estar haciendo de la red.

Para lo cual, también será necesario mover a los usuarios que aún están en 2G a tecnologías superiores a través de la masificación de terminales inteligentes que permitan cuando menos mantener los niveles de ARPU en un contexto de creciente competencia motivada por la entrada de nuevos actores al mercado.

De acuerdo con un estudio reciente del gobierno australiano, 5G contribuirá de forma significativa a mejorar la productividad de los países, en particular, se espera que se consiga un aumento del PIB per capita de entre 1,300 a 2,000 millones de dólares durante los primeros diez años del despliegue.

En este contexto de nueva ola de inversiones, la compartición de infraestructura ha de convertirse en uno de los componentes clave de cualquier esfuerzo de política nacional. La compartición de redes de fibra, especialmente en las zonas rurales, puede hacer más sostenibles los modelos de despliegue de acceso a banda ancha, gracias a:

•     Reducción de los costos de despliegue de red y de los costos operativos. Además, la compartición permitiría acelerar el tiempo de comercialización, con impactos positivos en los costos y precios del servicio, y en la rentabilidad del operador.

•     Impacto positivo sobre la huella de carbono debido a menores duplicidades de red.

•     Aumento de la competencia, y mejora la prestación del servicio debido a los incentivos que se generan para que los operadores extiendan sus redes a áreas que anteriormente no tenían servicios.

Sin embargo, para lograr un aumento de la digitalización que lleve a un uso masivo de los servicios que la tecnología 5G conlleva, supone una serie de acciones con distintas dimensiones por parte de los gobiernos, reguladores y actores de la industria, como se pone de manifiesto en la siguiente figura.

Teniendo en cuenta lo anterior, la cuestión quizás a plantearnos como región no es tanto cuándo llegará 5G sino cuándo empezaremos a implementar muchas de las acciones que se describen en la figura y que resultan críticas para el éxito de la digitalización de nuestros países.

En una sociedad cada vez más digitalizada ya no es suficiente para los usuarios estar conectados, sino disfrutar de una conexión de calidad que permita acceder a contenido de forma casi inmediata y a un precio lo más asequible posible. El cambio en los patrones de uso de los distintos tipos de usuarios hace que la infraestructura digital de conectividad tenga unos requerimientos de calidad de servicio muy exigentes que requieren no sólo inversión en CAPEX sino también en OPEX, haciendo que el modelo de negocio tenga que ser permanente revisado.

Efectivamente, de acuerdo con estimaciones de GSMA, el crecimiento de los datos móviles en el mundo durante el periodo 2015-2020 se espera que sea de 53 por ciento anual, siendo dicho crecimiento de 21 por ciento para el caso de América Latina[1]. Por ponerlo en contexto, es como si el tráfico que circula por nuestras carreteras se duplicara ¡en menos de cinco años!

Estoy convencido que si esto sucediera inmediatamente se nos vendría a la mente la pregunta de si las carreteras van a tener la capacidad para soportar ese crecimiento del tráfico, pero en una segunda reflexión (suponiendo que la respuesta a esa pregunta fuera afirmativa), probablemente nos preguntaríamos por el impacto que este incremento del tráfico y del uso tendría sobre la operación y mantenimiento, de tal forma que no aumente el volumen de accidentes.

En el caso de las carreteras digitales, la situación es incluso más llamativa, pues además de enfrentarnos a la saturación por el creciente volumen de tráfico estamos en un entorno de creciente competencia que está introduciendo reducciones importantes en los ARPUs que, eventualmente, si realizáramos un test de stress del impacto de dichas reducciones sobre las cuentas de pérdidas y ganancias de los operadores de infraestructura, podría dar lugar a una preocupación sobre la sostenibilidad de los niveles de inversión necesarios para mantener la calidad de servicio. De acuerdo con Cullen international, se estima que es necesario mantener un volumen de inversión en infraestructuras de aproximadamente 20 por ciento de los ingresos anuales.

Evidentemente, estas cifras tienen un reflejo sobre la cotización bursátil y la mayor o menor facilidad de acceso a recursos financieros para continuar con la expansión de fibra o la transición a redes 5G. De hecho, de un análisis de la evolución de la cotización bursátil de las empresas de infraestructura de conectividad digital, observaríamos que apenas si los títulos se han revalorizado en 6 por ciento frente a otros negocios como el de las empresas de contenido, cuyo valor de capitalización se ha revalorizado en más de 40 por ciento, tal y como se muestra en la siguiente figura.

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean multitud de cuestiones, pero me gustaría centrarme en las siguientes dos: ¿qué tan sostenible financieramente es una evolución hacia tecnología 5G junto con una expansión de fibra que sostenga el tráfico creciente? ¿Hasta qué punto se deberían de poner encima de la mesa modelos de financiación innovadores que pongan en valor los activos públicos ya existentes tales como los fondos de servicio universal o la licitación de bloques de espectro?

Sobre esta última cuestión, es importante señalar, según Cullen international, que son varios los países que bien van a estar envueltos en futuros procesos de licitación (ver tabla) o estarán renovando licencias próximamente.

Estas potenciales nuevas licitaciones abren la puerta para lograr recursos adicionales que, unidos a las contribuciones del fondo del servicio universal, facilitarían la universalidad de los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, el valor de los bloques para cada una de las licencias es diferente debido al impacto que las mismas tienen en términos de necesidades de equipamiento, y esto claramente tiene un impacto en el valor pagado en las licitaciones como se muestra en las siguientes figuras.

Fuente: GSMA.

Mas allá de valorar los montos pagados, lo que sí que está claro es que las licitaciones realizadas han supuesto importantes fuentes de ingresos a los gobiernos de la región. Sin embargo, la cuestión importante es si esos recursos se han revertido a la sociedad a través de una mejora de la digitalización y de la competitividad de la economía a través de la universalización de los servicios de telecomunicaciones.

En definitiva, el despliegue de 5G debería de venir acompañado de una política responsable en materia de espectro y un aprovechamiento de los activos públicos para lograr maximizar el impacto de ellos sobre la evolución digital de los distintos sectores de la economía y estratos de población.

¿Cómo podemos lograr esto? Primero, por medio de una licitación de las bandas no asignadas, de tal forma que se acelere no sólo la penetración de 4G sino el proceso de apagón 2G/3G… resulta difícil pensar que nuestra región esté preparada para la era 5G teniendo todavía los niveles de penetración 2G y 3G actualmente existentes.

En este sentido, pareciera que las agendas digitales que se están definiendo se están dejando llevar de las modas o tendencias de los países en desarrollo donde se habla de Inteligencia Artificial, Big Data, Cloud Computing, etcétera… Sin embargo, los niveles de acceso, adopción y uso de la región difieren mucho de los países con los que nos comparamos, lo que demuestra que se hace necesario continuar invirtiendo en infraestructura básica que mejore la conectividad tanto nacional como de interconexión regional. De igual modo, la región ha de evolucionar y actualizar sus marcos reguladores introduciendo un esquema de gestión de espectro sin un afán recaudatorio, pero con un afán de desarrollo digital vinculando las agendas digitales a la ejecución de proyectos concretos.

Asimismo, también se hace necesario el desarrollo de un modelo institucional que favorezca la coordinación entre los distintos actores de gobierno para lograr que la ejecución de los proyectos identificados como drivers o habilitadores de crecimiento digital en los planes de desarrollo tecnológico del gobierno, generan un valor económico sobre las inversiones y las infraestructuras que se pretende desplegar, haciendo que no sólo la inversión sea más atractiva sino también la capacidad de financiación.

En consecuencia, parece lógico pensar que antes de hablar de un despliegue y comercialización masivo de servicios 5G en la región pensemos en una mejora de los indicadores de conectividad tanto a nivel nacional como de interoperabilidad entre los países, siendo necesario un despliegue de fibra que permita sostener los crecientes volúmenes de tráfico que el sector está observando y los que previsiblemente vengan derivados de la masificación de equipos conectados y el machine to machine.

Es en este contexto donde la implementación de modelos de financiación alternativos tiene más sentido. Por ejemplo, si en el marco de una agenda digital se definieran proyectos de infraestructura digital que favorecieran la dinamización de los usuarios de menor uso y de menor propensión al pago, probablemente el valor que los operadores verían en las futuras licitaciones de espectro serían mayores. Es decir, incluir como parte de las agendas digitales, proyectos tales como el apagón 2G o 3G, la mejora de la infraestructura de conectividad de instituciones públicas, planes de extensión de banda ancha a través de redes fijas y móviles de nueva generación, etcétera, que contribuirían al desarrollo de nuevos servicios que permitirían una mejora de los niveles de ARPUs y del atractivo inversor.

Ahora bien, la cuestión pasa no sólo por la licitación de esas bandas de frecuencia sino por revertir al sector las recaudaciones que se logren procedentes de esas licitaciones. Es aquí donde la introducción de conceptos como el de los bonos digitales cobra sentido, ya que los gobiernos podrían emitir bonos temáticos asociados a la financiación de esos proyectos estratégicos que se definieran como dinamizadores dentro de la agenda digital. Dichos bonos podrían ser adquiridos y ejecutados eventualmente por los operadores, así como el pago por las licencias de espectro que tendría un impacto sobre los niveles de ARPU y de demanda.

Un estudio del BID para 12 países de América Latina[2] cifra la inversión en infraestructura digital necesaria para cerrar la brecha en más de 147 mil millones de dólares. Esto supone duplicar la inversión realizada hasta la fecha y una necesidad media de inversión de más de 12 mil millones de dólares por país.

La existencia de este gap hace que se haga más importante el debate sobre la utilización de estos instrumentos financieros podría contribuir de una manera decisiva a reducir la brecha de infraestructura digital que resulta necesaria para la digitalización de la región.

Partiendo de la base de que se implementa una agenda digital que favorezca la ejecución de proyectos en materia de infraestructura digital para la conectividad, la cuestión que se plantea a continuación es qué tipo de acciones deberíamos de pensar para la implementación de un plan de acción 5G en la región LAC.

La tecnología 5G tiene un claro impacto en la implementación de soluciones para Internet de las cosas (IoT) a través de anchos de banda con velocidades a nivel de gigabits que favorecen la implementación de soluciones innovadoras en distintos sectores de la economía. Efectivamente, de acuerdo con el plan de acción 5G de la Comisión Europea, los beneficios a nivel global que traerá la tecnología 5G podrían alcanzar los 225 mil millones de euros en 2025.

Es por esto que al objetivo de avanzar de manera decidida en el despliegue y adopción de 5G y de los servicios y aplicaciones que eventualmente se presten sobre dicha tecnología, la Comisión Europea ha definido una hoja de ruta con acciones muy concretas que pueden ser un punto de partida para que America Latina y el Caribe abran el debate sobre cómo implementarlas en cada uno de los países. Dichas acciones definidas por la Comisión Europea giran en torno a los siguientes aspectos concretos:

• Hacer que las bandas de espectro provisionales estén disponibles para 5G antes de la Conferencia Mundial de Comunicaciones por Radio (CMR-19) de 2019, para ser complementadas por bandas adicionales lo más rápido posible, y trabajar hacia un enfoque recomendado para la autorización de las bandas de espectro específicas de 5G por encima de 6 GHz.
• Promover el despliegue temprano en las principales áreas urbanas y en las rutas de transporte principales de tal forma que se desarrollen corredores digitales donde el despliegue de 5G sea un dinamizador de la productividad y la eficiencia.
• Promoción de programas pilotos 5G dirigidos a mostrar los beneficios que la tecnología puede traer a la mejora de la productividad del tejido empresarial en la región.
• Facilitar la implementación de un fondo de riesgo que apoye la innovación basada en 5G, para lo cual la Banca Multilateral de Desarrollo, en coordinación con instituciones internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Foro Económico Mundial, la OCDE, Regulatel y Comtelca, pueden tener un rol no sólo de financiación sino también de acompañamiento técnico que permita la escalabilidad de los proyectos pilotos que resulten exitosos.
• En este mismo contexto, será necesario coordinar esfuerzos y acciones entre los diferentes actores públicos, privados, academia y sociedad civil para promover una concientización que permita acelerar el despliegue.

En todo caso, hay que tener en cuenta que se espera que las redes 5G permitan conectar hasta un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, lo que supone aumentar en mil veces el orden de magnitud respecto de la situación actual, y fruto de esto aumentar de forma muy significativa el volumen de tráfico por punto de acceso a la red. Este aumento, como mencionábamos anteriormente, conlleva mejorar la capacidad de la red, haciendo que sean necesarias células cada vez más pequeñas que tendrán que estar conectadas de manera eficiente al resto de la red, siendo esa conexión en la mayoría de los casos a través de enlaces de fibra.

Esta necesidad de mayor despliegue de antenas requiere una revisión de los procedimientos y reglamentación nacional y local, ya que el establecimiento de barreras legales supondrá un retraso no sólo en el despliegue de 5G sino también en la adopción de la tecnología y los beneficios derivados de la misma.

En este sentido, un aspecto muy relevante, además del relativo a revisar el marco normativo de despliegue local, es la definición de un esquema de compartición de infraestructura que permita un abaratamiento de los costos de red y también una compartición de los costos de operación y mantenimiento.

Pero además de todas las cuestiones técnicas y regulatorias señaladas anteriormente, será muy importante que los usuarios cuenten con los dispositivos y terminales que les permitan acceder a la experiencia 5G, por ello la necesidad de definir políticas y estímulos que permitan una masificación de estos dispositivos para que el proceso de adopción sea rápido.

En este escenario, el sector público podría actuar como un early adopter a través del fomento de nuevos servicios sobre esta tecnología que contribuya a generar la masa crítica que permita recuperar la inversión en el menor tiempo posible.

Un ejemplo de este apoyo desde el lado público podría ser la migración de los servicios públicos de seguridad y protección de las plataformas de comunicaciones propietarias existentes a las plataformas comerciales 5G.

Teniendo en cuenta el enorme reto que tenemos como región para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, la inversión en infraestructura digital de conectividad, el desarrollo de acciones de política regulatoria dirigidas a favorecer el uso del espectro y la importancia que la tecnología 5G y el Internet de las cosas tienen para el cumplimiento de estos objetivos, resulta de todo punto necesario promover una estrategia concreta que favorezca la digitalización a través de acciones concretas ligadas al despliegue de infraestructura básica, la actualización regulatoria en torno a la gestión del uso eficiente del espectro, la compartición de infraestructura y la necesidad de desarrollar modelos de financiación innovadores, donde la colaboración público-privada sea el motor para el desarrollo de la estrategia digital.

[1] En 2017, en promedio un usuario final estuvo conectado a Internet 5.9 horas por día, de las cuales 20 por ciento de ese tiempo se dedicó al acceso a contenido de video, 13 por ciento a redes sociales y 14 por ciento a música, mientras que en 2015 el uso de estos tres servicios apenas representaba 39 por ciento del tiempo total en 2015, esto es, 4.2 horas por día.

[2] The Impact of Digital Infrastructure on the Sustainable Development Goals. En proceso de publicación.