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La preocupación por entregar datos biométricos y personales para mantener activas sus líneas telefónicas llevó a un ciudadano de Aguascalientes a convertirse en uno de los primeros usuarios en acudir a los tribunales contra el registro obligatorio de telefonía móvil. Su caso abre un nuevo frente legal para una medida que, a menos de un mes de entrar en vigor, enfrenta cuestionamientos por privacidad, seguridad de la información y alcance regulatorio.

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El Décimo Primer Juzgado Constitucional de Lima admitió un trámite de demanda de amparo de los principales acreedores de Telefónica del Perú, entre los que se encuentran los administradores de fondos de pensiones Integra, Profuturo y Prima, para anular la venta de su participación en la filial peruana al grupo argentino Integra Tec, según informó su abogado Adrián Simons, quien detalló que buscan ejercer su “derecho para preservar el valor de la compañía”.

El representante legal de los acreedores declaró al diario Gestión que el anuncio de la venta, ocurrido el domingo 13 de abril, se realizó sin notificárselo previamente a los acreedores, pese a que presentaron una solicitud para acogerse a un procedimiento concursal ordinario ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), por lo que la última palabra del futuro de la compañía debía recaer en la decisión de los acreedores.

Por ello, los demandantes argumentan que la venta se realizó de manera irregular, lo que constituye un abuso del derecho de transferencia de acciones.

El mayor acreedor de Telefónica del Perú es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) y enseguida se encuentran los tenedores de bonos emitidos por la compañía, principalmente administradores de fondos de pensiones, que en conjunto ostentan un monto total de 2 mil 365 millones de soles (más de 600 millones de euros).

Para los demandantes y su abogado, el juez podría permitir que la Junta de Acreedores se pronuncie sobre la transferencia y, en última instancia, decida si se aprueba o no.

En febrero de 2025, Telefónica anunció que se sometería a un procedimiento concursal ordinario ante el Indecopi para reestructurar sus deudas en Perú, y dos meses más tarde anunció la venta del 100 por ciento de sus acciones en Telefónica del Perú (TdP) a Integra Tec.

A fines de abril, la Sunat embargó a Movistar Perú inmuebles por un monto de 513 millones de soles (139 millones de dólares) como garantía del cobro a futuro de su deuda exigible por el Impuesto a la Renta de los ejercicios 2009 y 2000-2001.