La CRT, CFE Telecom, Promtel y Altán Redes son instituciones lideradas por cuatro mujeres que buscan, desde su encargo, cerrar la brecha digital que aún existe en México.

El Economista

Axtel y Megacable, dos operadores de tradición en las comunicaciones de México, se desprendieron de sus acciones en el capital social de la empresa público-privada Altán Redes, luego de hacer parte de la misma desde el 21 de marzo de 2018 en que Altán encendió la primera radiobase de la Red Compartida de servicios mayoristas de Internet y telefonía sobre el espectro de los 700 MHz.

Axtel, escindida hoy del grupo industrial Alfa, y Telefonía por Cable, una subsidiaria de Megacable Holdings, optaron por la estrategia de traspasar el 6.31% de las acciones que poseían en el capital social de Altán Redes hacia un tercer inversionista.

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El Economista

Altán Redes arranca el año 2025 con miras a poseer una red celular con el tráfico de 20 millones de consumidores mexicanos, todos atendidos por una red celular de calidad 4.5 LTE Advanced y en forma para evolucionar en algún momento hacia una red 5G.

Esta marca, que sería todo un hito para cualquier compañía de telecomunicaciones que nació el 21 de marzo de 2018, está siendo posible gracias a la telefónica BAIT de Walmart y también por el trabajo de una docena más de operadores móviles virtuales, que al cierre del año 202

4 acumularon, todas ellas, un total de 19.67 millones de usuarios, cuyas comunicaciones viajan sobre la red de Altán.

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CNNExpansión

El gobierno de Claudia Sheinbaum busca imponer su poder ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El Ejecutivo, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), busca dar revés a la licitación de espectro 5G que ha emprendido el Instituto. Pero detrás de este movimiento se encontraría el interés por preservar la banda de 2.5 MHz para Altán Redes.

Dentro de la subasta de espectro IFT-12, el aún regulador de las telecomunicaciones busca colocar 40 Megahertz de la banda de 2.5 MHz, cuya frecuencia es una de las más codiciadas por las compañías de telefonía móvil, gracias a su capacidad para ampliar la red de 5G a nivel nacional.

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El Economista

En México, sólo los gigantes Altán, AT&T y Telcel cuentan con espectro propio o licenciado para servicios celulares en distintas bandas radioeléctricas, además de la oaxaqueña TIC-AC.

Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A. C., considerado el cuarto operador de servicios móviles de México por contar con espectro propio y aún por su cubertura celular que sólo se limita a una docena de comunidades desprotegidas de Oaxaca, consiguió la modificación de uno de sus títulos de concesión de espectro, que en síntesis significa la oportunidad de una mejoría para la transmisión de sus servicios, algunos desde 50 pesos por mes.

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Las personas que viven en zonas desatendidas por los operadores terrestres tendrán una nueva opción de conectividad a través del servicio Viasat-Altán, pues ambas empresas anunciaron un acuerdo.

Se trata de un servicio de banda ancha móvil y residencial en México, en el que Viasat integrará sus tecnologías satelitales e inalámbricas LTE con la red móvil compartida de Altán y brindará cobertura celular a los consumidores en áreas previamente descubiertas en todo México.

La compañía satelital anunció que su servicio está disponible hoy en 13 estados de México, brindando cobertura celular a más de 150 mil personas, lo que les permite aprovechar la conectividad a Internet.

Combinación móvil y satelital

Las compañías explicaron que el servicio de Viasat combina sistemas satelitales e inalámbricos de última generación para ofrecer LTE vía satélite a través de una infraestructura LTE inalámbrica, económica e independiente del consumo de energía.

Las torres LTE inalámbricas de costo ultrabajo de la compañía están ubicadas estratégicamente en las áreas más remotas de México, brindando acceso a conectividad en regiones con cobertura celular que hasta ahora había sido mínima o inexistente. Mientras que algunas torres LTE utilizan paneles solares como fuente de energía de respaldo, otras funcionan completamente con energía solar, lo que garantiza que las comunidades de difícil acceso permanezcan conectadas incluso cuando están desconectadas de la red eléctrica principal.

“Esta colaboración tiene como objetivo ampliar la disponibilidad de banda ancha de alta velocidad a comunidades remotas de todo México. Según la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio de Estados Unidos, aproximadamente 30 por ciento de la población de México (más de 38 millones de personas) vive en zonas sin acceso a banda ancha”, señaló Viasat.

Visat recordó que, en un esfuerzo por llevar conectividad a comunidades remotas de México, lanzó el Programa de Embajadores de México en 2021. El programa se asocia con representantes locales, en su mayoría mujeres, para compartir conocimientos y experiencia en áreas conectadas por la tecnología de Viasat. Al capacitar a los embajadores en el desarrollo de habilidades digitales, el programa promueve la igualdad de género y la inclusión digital.

“Con este servicio, impulsamos la inclusión digital y empoderamos a maestros y estudiantes con recursos educativos, mejoramos la atención médica a través de la telemedicina, facilitamos la comunicación de familias separadas por la migración y estimulamos el comercio local con herramientas digitales”, comentó Héctor Rivero, gerente general de banda ancha de México en Viasat.

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó por unanimidad, de sus cuatro comisionados que actualmente lo conforman, el nombramiento de Macquarie Asset Management México como socio general de los fondos China-Mexico Fund (CMF) en Altán Redes, y la adquisición por parte de Macquarie de una participación accionaria minoritaria en CMF Investment Company Cooperatief.

Fue en la sesión del Pleno del pasado 12 de julio cuando votaron el tema, en el que detallaron que los fondos CMF tienen a través de su subsidiaria, CMF Investment, aproximadamente 18 por ciento del capital social de Altán Redes, lo que le permite nombrar a dos de sus 11 consejeros.

“No se prevé que la operación genere riesgos a la competencia, debido a que en el sector de telecomunicaciones en México el GIE (Grupo de Interés Económico) de Macquarie, controlado por Macquarie Group Limited, participa en sociedades que se dedican a actividades distintas a las de Altán.

“Por una parte, Macquarie participa en el sector de telecomunicaciones en México a través de México Tower Partners, o MTP, la cual ofrece servicio de arrendamiento de sitios en torres de telecomunicaciones, de antenas distribuidas y células pequeñas, infraestructura Edge y de centros de datos”, asevera el análisis del proyecto discutido y votado en la sesión del Pleno.

El documento discutido señala que el GIE de Macquarie también participa en el sector a través de Odata Colocation México, u Odata México, sociedad que se dedica a la provisión del servicio de infraestructura de centros de datos.

Detalla que “esa sociedad también es titular de una autorización o autorización Odata, para comercializar servicios de telecomunicaciones, con la cual contrata servicios de acceso a Internet de operadores de telecomunicaciones (…), esto para sus usuarios demandantes de conectividad en la provisión del servicio de infraestructura de centros de datos”.

Por su parte, agrega el documento, Altán detenta un título de concesión de uso comercial con carácter de red compartida mayorista, a través de la cual provee servicios mayoristas de telecomunicaciones.

Por lo anterior, los comisionados Javier Juárez, Sóstenes Díaz, Arturo Robles y Ramiro Camacho emitieron su voto en aprobación a la toma de control de Macquarie Asset de los fondos China-Mexico Fund, sin que existiera un conflicto de interés o afectaciones a la competencia.

Altán Redes, el consorcio desarrollador de la Red Compartida, tiene un nuevo Consejo Directivo en el que Anthony McCarthy Sandland es el nuevo presidente de la compañía y Carlos Lerma Cotera el nuevo director General.

Esto ocurrió una vez que se concretó el rescate de Altán Redes por parte del gobierno federal, el cual, a través de la Banca de Desarrollo, inyectó alrededor de 3 mil millones de pesos ó 150.5 millones de dólares, pues la compañía falló en sus objetivos comerciales.

Altán Redes solicitó desde 2021 prórrogas a sus obligaciones de cobertura adquiridos cuando le fue entregado el título de concesión, por lo que se prevé que alcance al 92.2 por ciento de la población en 2028 y no en 2024, como estaba previsto.

Además, el año pasado también solicitó declararse en concurso mercantil, lo que le fue concedido por un juez en la Ciudad de México. Incluso, Altán Redes solicitó a mediados de 2021 un préstamo por 50 millones de dólares para continuar con la operación de la empresa.

De acuerdo con información publicada por Altán Redes, Anthony McCarthy Sandland es banquero profesional, ha laborado en J.P. Morgan-Chase, Bancomer, HSBC y BCP Securities.

“Su fuerte capacidad de negociación y toma de decisiones, así como sus habilidades orientadas a la resolución de situaciones estratégicas y financieras, le han permitido generar un impacto positivo en las empresas en las que ha laborado”, aseguró el consorcio.

Por su parte, Carlos Lerma Cotera, el nuevo director General de Altán Redes, es un ejecutivo con conocimiento en la gestión de proyectos y finanzas, además de que tiene experiencia en la administración pública.

Altán aseguró que a lo largo de 20 años, Lerma Cotera ha liderado desde la Banca de Desarrollo operaciones estratégicas y financieras en beneficio de sectores como Energía, Infraestructura, Industria, Turismo, Agropecuario e Inmobiliario.

“Mi compromiso es compaginar la visión y metas fundamentales del Estado mexicano y los inversionistas privados, cumplir con el impacto social y de desarrollo del país, pero con una rentabilidad económica que permita su viabilidad y el retorno de la inversión en el largo plazo.

“Todo el esfuerzo y la dedicación estarán orientadas a hacer de Altán Redes una empresa eficiente y rentable”, aseveró el nuevo director General de Altán.

Además de McCarthy, los miembros del nuevo Consejo de Administración de Altán Redes son Blanca Treviño, Héctor Toledo, Raúl Lucido, Carlos Robles Gil, Héctor Velarde, Yacine Saidji, Johan Pfeiffer, Laura Vila y Mohsin Sohani.

Actualmente, Altán Redes tiene una cobertura poblacional de 70 por ciento, así como una cobertura social de 108 mil 213 localidades, dentro de las cuales se encuentran 96 mil 068 con menos de 250 habitantes; 87 Pueblos Mágicos y 56 mercados comerciales.

De acuerdo con la más reciente información de Altán Redes, hoy en día tienen alrededor de 6 millones de usuarios que utilizan la red.

Como parte del proceso de refinanciamiento de Altán Redes para salvarla de la quiebra, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emitió la autorización requerida para incrementar la participación accionaria de accionistas y el gobierno mexicano a través de la banca de desarrollo. Asimismo, el órgano regulador publicó diversas modificaciones al contrato de Asociación Público-Privada (APP) de la compañía.

El IFT indicó en un comunicado que el Pleno emitió la autorización a la concentración de la inversión en Altán Redes como parte de un nuevo plan de financiamiento, en el que participan el gobierno mexicano y sus actuales accionistas y acreedores, para que la compañía pueda hacer frente a sus obligaciones de deuda.

La semana pasada, Altán anunció que se alcanzó un nuevo acuerdo de financiamiento que le permitiría acceder a recursos por 388.1 millones de dólares, de los cuales 161 millones serían aportados por la banca mexicana de desarrollo (Banobras, Nafin y Bancomext) y 50 millones adicionales por los actuales accionistas.

Este crédito se garantizará a través de un Fideicomiso al cual se aportarán las acciones de Altán y en el que la Banca Mexicana de Desarrollo tendrá aproximadamente 61 por ciento de los derechos fideicomisarios y los accionistas el 39 por ciento restante. Sin embargo, dichos derechos irán disminuyendo en favor de los accionistas conforme se vaya pagando el crédito.

Adicionalmente, diversos accionistas de la compañía tendrán la opción de convertir deuda en nuevas acciones. Por su parte, gracias al incremento de la participación de recursos del gobierno mexicano, la banca de desarrollo tendrá derecho de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Altán.

Derivado del acuerdo, el IFT consideró “que no se prevé que la concentración tenga o pueda tener por objeto o efecto conferir poder sustancial a las partes involucradas, ni establecer barreras a la entrada, impedir a terceros el acceso a los productos y servicios y/o facilitar el ejercicio de conductas prohibidas por la LFCE (Ley de Competencia) en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México”.

El Pleno también indicó que el acuerdo no representa un riesgo a los términos establecidos en el título de concesión, por el cual se señala que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones podría tener influencia en la operación de la Red Compartida.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el acuerdo, ya que permitiría al gobierno mexicano tener una participación mayoritaria y elegir a los miembros directivos.

Durante su conferencia matutina de este martes 21 de junio, el mandatario destacó nuevamente la inyección de recursos para Altán, al considerar que le permitiría llevar Internet a las comunidades que actualmente carecen de conectividad y complementar los trabajos realizados mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El tema fue mencionado por el Ejecutivo a propósito del proyecto para instalar sucursales del Banco del Bienestar en las comunidades más apartadas, incluyendo zonas que actualmente carecen de conectividad. La Red Compartida podría ser utilizada para cumplir el objetivo de conectar hasta 2 mil 700 sucursales a mediados del próximo año.

López Obrador indicó que aunque la red de Altán llega actualmente a un 70 por ciento de la población, aún se requiere conectar el restante 30 por ciento, la cual se espera cubrir mediante la instalación de “mil antenas” hacia el próximo año.

En marzo pasado, la compañía ya había solicitado al IFT una prórroga a los hitos de cobertura de la red, por la cual, el hito de 92.2 por ciento de la población cubierta mediante Internet se aplazaría de 2024 hasta 2028.

Hasta el momento, ni Altán ni el gobierno mexicano han publicado detalles respecto a algún programa de inversión adicional para la Red Compartida que le permita alcanzar los objetivos establecidos.

Pese al financiamiento anunciado, cabe recordar que la compañía aún enfrenta una deuda cercana a los 30 mil millones de pesos, de los cuales, cerca de 5 mil millones debían ser cubiertos durante los primeros tres meses de 2022. Es decir, los nuevos recursos serían utilizados principalmente para cubrir las actuales obligaciones y salvar a la compañía de la quiebra.

Por otro lado, el IFT también emitió una opinión favorable para realizar modificaciones al contrato APP de Altán Redes como operador de la Red Compartida, a solicitud del Promtel.

Las modificaciones consisten, principalmente, en ampliar la vigencia del contrato APP de los 20 años originales a 40 años sin posibilidad de prórroga; así como la posibilidad de que la compañía pueda otorgar las garantías y/o celebrar todo tipo de actos, instrumentos y contratos que fueren necesarios, adicionales o distintos al Fideicomiso de Garantía para obtener financiamiento.

El órgano regulador también confirmó la prórroga otorgada respecto a las fechas de cumplimiento de los hitos de cobertura, los cuales ahora implican que el 70 por ciento de la población sea cubierta el 30 de noviembre de 2022, que el 85 por ciento sea cubierto el 24 de enero de 2027 y el 92.2 por ciento alcanzado el 24 de enero de 2028.

Sin embargo, el IFT admite que “las modificaciones pretendidas no representan un cambio significativo ni una mejora para Altán respecto a las condiciones ofrecidas en el Concurso”.

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) advierte que la prórroga a Altán Redes y Promtel para cumplir con los objetivos de la Red Compartida evidencia que se trata de un proyecto fallido que distorsiona el mercado, impide la reducción de la brecha digital e incluso afecta el plan de conectividad del gobierno federal.

El STRM entregó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) un documento en el que advierte un colapso del sector de las telecomunicaciones en México por hechos como la prórroga otorgada a la Red Compartida, la salida de inversiones de Telefónica en el país, la ausencia de políticas públicas a largo plazo, así como las restricciones impuestas a Telmex que le impiden seguir invirtiendo.

“No es menos grave el hecho de que las prórrogas de referencia limitan a la empresa concesionada a operar la Red Compartida, Altán, mediante el uso exclusivo de la banda de 700 MHz, lo cual distorsiona el mercado, impide la reducción de la brecha digital e incumple con la obligación de prestar de manera eficiente servicios móviles con mayor cobertura, capacidad y un costo más competitivo.

“Las prórrogas otorgadas por el IFT afectarán a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, quienes se apoyan operativamente en la Red Compartida, con el fin de disminuir la brecha digital, generando incertidumbre y retraso en las inversiones en el sector, evidenciando además la inexistencia de una política digital federal”, advierte el documento entregado por Francisco Hernández Juárez, secretario General del STRM.

El documento también señala que la prórroga solicitada resultaba urgente para que Altán Redes pudiera lograr avanzar en el concurso mercantil interpuesto por dicha empresa, debiendo obtener un preacuerdo con sus acreedores, entre los que están Banobras, Bancomext, Nafin; los socios accionistas y los proveedores o vendors financing, entre los cuales se encuentran Nokia, Huawei –a través de China Development Bank–, Megacable, Axtel, Bestel, Telesites, American Tower Company y Mexican Tower Company.

“Es importante establecer que el concurso mercantil de Altán Redes se encuentra en una de las etapas más importantes del proceso, que es el reconocimiento de créditos y obligaciones de pago a sus más de 70 acreedores, situación que desvía la atención de la empresa respecto de su principal obligación que es la cobertura universal y apoyar en la incorporación de la totalidad de los mexicanos a las Tecnologías de la Información, en cumplimiento al mandato constitucional establecido en su artículo sexto”, añade el documento del STRM.

Asimismo, asegura que el otorgamiento de las prórrogas ya ha generado otras manifestaciones de parte de empresas que han invertido en el sector de manera consistente, ya que se advierte parcialidad del regulador en favor del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) respecto a una serie de medidas cautelares que le permitan obtener el pago preferente de diversas contraprestaciones al amparo del contrato de Asociación Público Privada celebrado con Altán Redes.

Por ello el Sindicato de Telefonistas asevera que “en un sector tan polarizado y poco definido, es indebido generar privilegios especiales o reconocer derechos preferenciales no previstos dentro de la legislación en beneficio de uno de los acreedores que forme parte de una misma calidad o categoría de acreedores de la empresa concursada, ya que el hacerlo contraviene el interés general de la sociedad”.

“Es evidente que los legisladores responsables de establecer los marcos jurídicos aplicables para la Red Compartida pasaron por alto escenarios de inviabilidad financiera y operativa, así como el impacto que un fracaso en el despliegue de infraestructura comprometida generaría en el desarrollo económico y social nacional”, agrega el STRM.

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana también realizó una solicitud al IFT, justificada en el trato preferencial a Altán y Promtel, de que le otorguen a la compañía la autorización para ofrecer el servicio de televisión restringida.

“En virtud de que Telmex no dio continuidad a esta petición es que el sindicato que represento, en interés legítimo y dado el derecho a la convergencia de redes y servicios que le asiste a Telmex, empresa con la que tenemos suscrito y vigente un Contrato Colectivo de Trabajo, atentamente solicitamos a usted llevar a cabo el procedimiento administrativo que jurídicamente corresponda para emitir una autorización de servicio adicional a la concesionaria antecitada con el propósito de que preste el servicio de televisión restringida a través de su infraestructura y medios propios.

“Esta solicitud se fundamenta en los Artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo 276, fracción VI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que dispone: VI. El Instituto autorizará a los agentes (económicos preponderantes en telecomunicaciones) a que se refiere este artículo la prestación de servicios adicionales o la transición al modelo de concesión única siempre que con dicha autorización no se generen efectos adversos a la competencia. Para efecto de que el Instituto verifique que no se generan efectos adversos a la competencia deberán haber transcurrido 18 meses a partir de la ejecución del plan aprobado, plazo durante el cual los agentes deberán acreditar también estar en cumplimiento de las leyes aplicables y de sus Títulos de Concesión”, dice el documento firmado por Francisco Hernández Juárez.