Barcelona, España. En el marco del MWC 2026, la Alianza por una Internet Abierta (AIA) de Brasil anunció su transformación en Dig.ia, Alianza por la Infraestructura Digital e Internet Abierta, ampliando su agenda y sumando nuevos socios estratégicos como Microsoft, Scala Data Centers, Ascenty y Tecto. El anuncio marca un giro hacia una estrategia centrada en atraer inversiones estructurales de largo plazo en infraestructura digital. DPL News asistió al anuncio, donde también estuvieron presentes funcionarios brasileros como el ministro de Comunicaciones de Brasil, Frederico de Siqueira Filho, y representantes del ecosistema digital.

Con esta reformulación, Dig.ia enfocará su actuación en la defensa de un entorno regulatorio estable que permita captar proyectos como Centros de Datos, cables submarinos y redes de EDGE Computing. La entidad, que reúne a 30 empresas del ecosistema digital, entre ellas Amazon, Netflix, Meta, Google y TikTok, busca posicionar a Brasil de forma competitiva en la disputa global por capital destinado a infraestructura digital, en un contexto de expansión de la Inteligencia Artificial y los servicios en la Nube.

El director ejecutivo de la organización, Alessandro Molon, señaló que se trata de ciclos de inversión de entre 20 y 30 años, con aportes multimillonarios, que exigen previsibilidad jurídica y racionalidad tributaria. Según explicó, si bien Brasil cuenta con ventajas estructurales como una matriz energética mayoritariamente limpia y escala de mercado, enfrenta desafíos regulatorios que podrían afectar su competitividad regional en la carrera por albergar nuevas infraestructuras de procesamiento y almacenamiento de datos.

Su par latinoamericana, AIA-LAC, comandada por Mercedes Aramendía, también pasará a llamarse Dig.ia-LAC. Dig.ia y Dig.ia-LAC articularán esfuerzos para promover una agenda regional con foco en inversión, innovación y desarrollo sostenible de la infraestructura digital. “La infraestructura digital es fundamental para el desarrollo productivo y la competitividad de las economías en el siglo XXI. Involucra conectividad, pero también datos, ciberseguridad e infraestructura crítica. Por ello, debe ser tratada de manera transversal, a fin de viabilizar inversión, innovación y crecimiento sostenible”, sostuvo Aramendía.

Creada originalmente en el contexto del debate sobre la llamada “tasa de red” (network fees o fair share), la entidad amplía ahora su campo de acción más allá de la discusión sobre modelos de remuneración para centrarse exclusivamente en la capa de infraestructura y arquitectura de red.

En América Latina, la discusión sobre el financiamiento y la sostenibilidad de la inversión en infraestructura de telecomunicaciones sigue enfrentando a operadores de telecomunicaciones y grandes plataformas de Internet, en torno a si estas últimas deben colaborar en el financiamiento del crecimiento y la modernización de las redes que sostienen el ecosistema digital, por las cuales la inmensa mayoría de los datos que circulan están vinculados a estos grandes generadores de tráfico.

En este marco, recientemente se presentaron dos estudios que analizan la situación desde perspectivas diferentes: Contribución del conjunto del ecosistema digital al desarrollo sostenible de infraestructura de telecomunicaciones, de la consultora NERA para el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), y Aportes fundamentales al debate de la tarifa de las redes en América Latina, elaborado por la consultora SmC+ para la Asociación por una Internet Abierta (AIA).

Por un lado, el informe del cet.la y NERA expone que la actual estructura del mercado es insostenible para los operadores, quienes enfrentan gran presión regulatoria, altos costos y obligaciones –en un entorno de reducción del rendimiento de capital– sin que los grandes generadores de tráfico tengan obligaciones equivalentes, contribuyan económicamente de forma proporcional o se reconozca la existencia de un mercado de dos lados en la provisión del servicio de transporte de datos.

Por el otro, el reporte de AIA-LAC y SmC+ argumenta que una de las soluciones que se ha manejado en el mundo y la región –imponer tarifas de red a los OTT– sería perjudicial, distorsionaría el ecosistema y no se justifica ni técnica ni económicamente. No obstante, el estudio reconoce los desafíos del lado de los operadores respecto de la presión regulatoria y altos costos como los relativos al acceso y uso del espectro radioeléctrico.

Sobre la sostenibilidad financiera de las telcos

NERA expone que la sostenibilidad del sector telecom está en riesgo por la caída de su rentabilidad, ARPUs y capitalización bursátil decreciente, mientras los grandes OTT aumentan sus márgenes y valor en bolsa, captando la mayor parte del valor generado en los mercados digitales en las últimas décadas.

La evolución del retorno de capital de operadores de telecomunicaciones en América Latina y de OTTs muestra trayectorias opuestas, subrayando los retos en materia de sostenibilidad de la inversión de los primeros, quienes señalan que esto supondrá a futuro riesgos para la competitividad de las economías de la región.

Para AIA, los márgenes EBITDA de las telcos superan 35% en algunos países de la región, y los ingresos han crecido de forma constante. El problema no sería desde este punto de vista el crecimiento del tráfico, sino un modelo de negocio que requiere innovación, consolidación y menor carga fiscal.

Diferencias en la interpretación del crecimiento del tráfico

El informe del cet.la subraya que el tráfico crece de forma exponencial (23% anual en móvil, según Ericsson) y que 74% es generado por sólo cuatro grandes OTT. 

Esto implicaría un alza constante en los costos de red para los operadores, especialmente en zonas móviles. De hecho, desglosan que América Latina requiere 49,000 millones de dólares a 2030 para cerrar la brecha digital y sostener el aumento del tráfico en telecomunicaciones. De esta cifra, 32,000 millones de dólares se necesitan para hacer frente al aumento del tráfico.

AIA, en cambio, sostiene que las inversiones en redes no han seguido esa curva de crecimiento. El tráfico se multiplicó por 27 (incluso más que en el reporte de cet.la), pero el CAPEX se mantuvo estable. Argumentan que no habría una correlación real entre más tráfico y más inversión.

Mientras Nera explica que el tráfico de video en alta calidad exige más capacidad de red,  lo que obliga a los operadores a ampliar infraestructura y espectro, afectando su capacidad de cerrar la brecha digital, SmC+ argumenta que mucho del tráfico se gestiona mediante offloading a redes fijas y CDNs, y que los operadores incluso promueven el tráfico con ofertas de zero-rating. El contenido es, afirma, un impulsor de ingresos.

Asimetrías regulatorias y fiscales

El informe de cet.la resalta fuertes desequilibrios existentes: los operadores deben pagar licencias, espectro, impuestos sectoriales y cumplir con obligaciones de cobertura; mientras que los OTT no están sujetos a estas exigencias.

Es por esto que plantea la necesidad de la desregulación del sector telco para promover la innovación y la inversión. AIA reconoce que hay desigualdades regulatorias, pero plantea que cada segmento de la cadena aporta valor y hace inversiones con externalidades positivas; argumentan que no se podría hablar de subsidios cruzados sin evidencia de fallas de mercado.

El rol de las CDNs y peering

Los CDNs (red de distribución de contenido) y los acuerdos de interconexión (peering) son parte del entramado de las redes de telecomunicaciones. El reporte en contra de la imposición de tarifas de red destaca la eficiencia de los acuerdos voluntarios de interconexión. Dice que casi la totalidad de los acuerdos globales son simétricos, sin necesidad de intervención estatal, según datos de Hassan (2021).

NERA no niega esta cooperación técnica, pero sostiene que no resuelve el problema de reparto de valor económico: los OTT usan masivamente la red sin contribuir a su financiamiento, lo que reduce los incentivos a invertir. Los operadores de telecomunicaciones abogan por el reconocimiento del derecho a negociar y tener acuerdos con las plataformas que mejoren la eficiencia del uso de las redes de transporte.

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Cadena de valor e innovación

AIA señala que todos los eslabones de la cadena digital han crecido en las últimas décadas. Argumenta que imponer tarifas de red sólo distorsionaría el ecosistema e inhibiría la innovación, además de afectar la neutralidad de red.

NERA, en contraste, muestra que el valor generado por Internet ha sido apropiado de forma desproporcionada por unos pocos OTT, mientras que las telcos han sido excluidas de oportunidades clave por una regulación obsoleta.

Neutralidad de red y competencia

Los defensores de las grandes plataformas sostienen que las tarifas de red atentarían contra la neutralidad de red, darían ventaja a los ISPs y limitarían la oferta de contenidos, afectando la experiencia del usuario y la innovación digital.

Desde la industria telco se expone que los operadores no buscan bloquear o degradar contenido, sino negociar condiciones razonables por el uso intensivo de su infraestructura.

Brecha digital y contenido

Ambos estudios coinciden en que la inclusión digital sigue siendo un reto. Pero divergen en el enfoque: cet.la proyecta que se necesitan 49,000 millones de dólares hasta 2030 para cerrar la brecha digital y absorber el crecimiento del tráfico (debido a la inversión necesaria para mejorar la capacidad de las redes).

AIA argumenta que la brecha hoy es de uso, no de cobertura, y que los proveedores de contenido y aplicaciones tienen un rol clave con contenidos locales y alfabetización digital.

Externalidades cruzadas

Ambas partes reconocen que hay externalidades positivas entre los segmentos, aunque difieren en cómo deben gestionarse. Donde el cet.la observa desequilibrios, AIA ve interdependencia funcional que no debe romperse con tarifas impuestas.

Coincidencias importantes

Ambos estudios coinciden en varios puntos clave como la necesidad de cerrar brechas digitales, el rol estratégico de la infraestructura, la necesidad de revisar marcos regulatorios y el valor del espectro, la importancia de asegurar la sostenibilidad del ecosistema digital y la presión regulatoria sobre los operadores.

Declaraciones

“Las redes de telecomunicaciones son la base de la digitalización, para el crecimiento económico y el bienestar social. Por eso, elaboramos este estudio en conjunto con NERA, para profundizar en los retos de la sostenibilidad de las inversiones para un futuro digital inclusivo en América Latina, entendiendo que esto se trata de un problema público que nos obliga como región a repensar el modelo con foco en un cambio regulatorio profundo”, aseguró Maryleana Méndez, secretaria General de ASIET, cuando se presentó el informe de NERA a fines de mayo.

Y concluyó: “este reporte arroja cifras alarmantes y recomendaciones claras: desregulación y reducción de cargas fiscales sectoriales, actualización de las definiciones de mercado de conectividad como mercado de dos caras, disposición de espectro suficiente y en condiciones adecuadas y apoyo en programas de expansión de cobertura y asequibilidad”.

“El debate sobre las tarifas de red parte de premisas sesgadas que no reflejan plenamente la realidad de nuestro ecosistema digital y plantea riesgos que podrían afectar la innovación, la competencia y los derechos digitales en la región. Desde la AIA promovemos un ecosistema de Internet abierto, resiliente y colaborativo que continúe siendo un motor de desarrollo económico y social”, señaló Mercedes Aramendía, directora Ejecutiva de la AIA.

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En definitiva, este debate no tiene soluciones simples. Mientras las telcos reclaman equidad y mecanismos que aseguren la sostenibilidad de las inversiones, los OTT defienden un modelo abierto que ha permitido un crecimiento exponencial. Cualquier camino futuro requerirá de diálogo, innovación regulatoria y un enfoque integral que no sacrifique ni la sostenibilidad económica ni los principios que han hecho de Internet una herramienta poderosa para la inclusión y el desarrollo social y económico en América Latina.

Un estudio publicado por la Alianza para la Internet Abierta (AIA), que se posiciona en contra de la propuesta de una “tasa de red” o el llamado Fair Share defendido por grandes operadores de telecomunicaciones, argumenta que esta tasa podría agravar la desigualdad digital en Brasil y afectar desproporcionadamente a consumidores de bajos ingresos.

Este estudio, realizado por los economistas José Guilherme Reis y Marcelo Guaranys y presentado en un evento organizado por el portal Tele.Síntese, utiliza datos de CETIC.br. Los autores desarrollan un Índice de Servicios Digitales (ISD), que mide la demanda de actividades en línea como streaming de video, juegos y servicios en la Nube, correlacionando esta demanda con factores como ingresos y precios de la banda ancha.

En este sentido, el estudio muestra que por cada aumento del 10% en la penetración de planes de banda ancha con velocidades superiores a 50 Mbps, la demanda de servicios digitales crece 2.47%. Esto sugiere que la disponibilidad de planes más rápidos incentiva el consumo digital.

El análisis también revela que un aumento del 10% en el ingreso familiar resulta en un incremento de sólo 0.12% en la demanda de servicios digitales. Este efecto, según el estudio, es más notable en las regiones Norte y Nordeste, indicando que los consumidores de menores ingresos tienen una menor elasticidad de demanda para estos servicios.

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Cuando la proporción de planes con precios superiores a 150 reales (alrededor de 26 dólares) aumenta un 10%, la demanda de servicios digitales crece aproximadamente 13.4%, reflejando que los planes más costosos suelen estar asociados a consumidores con mayor poder adquisitivo y mayor demanda digital.

Los autores sugieren que una nueva tasa de red aumentaría los costos para los consumidores de bajos ingresos, forzándolos a reevaluar sus gastos en comunicación. Las familias podrían optar por planes de menor velocidad para ajustar su presupuesto, lo que reduciría su acceso a actividades digitales esenciales y resultaría en una pérdida general de bienestar para la población.

Así, el estudio concluye que una tasa de red puede tener consecuencias adversas significativas, ampliando la desigualdad en el acceso digital.

Um estudo divulgado pela Aliança pela Internet Aberta (AIA) que se posiciona contra a proposta de uma “taxa de rede” ou o chamado “fair share” defendido pelas grandes operadoras de telecomunicação, argumenta que essa taxa poderia agravar a desigualdade digital no Brasil e impactar desproporcionalmente consumidores de baixa renda.

Esse estudo, realizado pelos economistas José Guilherme Reis e Marcelo Guaranys e apresentado em evento realizado pelo portal Tele.Síntese, usa dados do CETIC.br. Os autores desenvolvem um Índice de Serviços Digitais (ISD), que mede a demanda por atividades online como streaming de vídeo, jogos, e serviços de nuvem, e correlacionam essa demanda com fatores como renda e preços de banda larga.

Neste sentido, o estudo mostra que para cada aumento de 10% na penetração de planos de banda larga com velocidade acima de 50 Mbps, há um crescimento de 2,47% na demanda por serviços digitais. Isso sugere que a disponibilidade de planos mais rápidos incentiva o consumo digital.

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A análise também revela que um aumento de 10% na renda familiar resulta em um incremento de apenas 0,12% na demanda por serviços digitais. Esse efeito, segundo o levantamento, é mais expressivo nas regiões Norte e Nordeste, indicando que consumidores de menor renda têm uma elasticidade de demanda menor para esses serviços.

Quando a proporção de planos com preços superiores a R$ 150 aumenta em 10%, a demanda por serviços digitais cresce aproximadamente 13,4%, refletindo que planos mais caros geralmente são associados a consumidores com maior poder aquisitivo e maior demanda digital.

Os autores sugerem que uma nova taxa de rede aumentaria o custo para consumidores de baixa renda, forçando-os a reavaliar suas despesas com comunicação. Famílias poderiam migrar para planos de menor velocidade para manter seu orçamento, o que reduziria seu acesso a atividades digitais essenciais e resultaria em uma perda geral de bem-estar para a população.

Assim sendo, o estudo conclui que uma taxa de rede pode ter consequências adversas significativas, ampliando a desigualdade no acesso digital.