El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió mantener el mandato de Carlos Baigorri, presidente de la Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones) de Brasil y archivar el caso, al entender que no tiene competencia para juzgar el proceso, dado que la nominación para las agencias reguladoras es una decisión política, es decir, de la Presidencia de la República y del Senado Federal.

Los ministros del tribunal decidieron, por mayoría, seguir el voto del ministro Jorge Oliveira, quien argumentó que esta es una atribución del Congreso. De esta manera, Baigorri seguirá en la presidencia de la Agencia hasta noviembre de 2026. Además, la decisión afecta el futuro de otras cuatro agencias reguladoras:

Aneel (Agencia Nacional de Energía Eléctrica);

Ancine (Agencia Nacional de Cine);

Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria);

ANS (Agencia Nacional de Salud Suplementaria).

Todas están con sus presidentes en el umbral de sus mandatos.

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Desde 2022, la nominación de Baigorri ha sido investigada por el TCU por indicios de irregularidades en su designación. Cuando fue nombrado presidente, ya ocupaba el cargo de consejero desde hacía dos años. Dado que el cargo de presidente prevé un mandato de cinco años, totalizaría siete en el Consejo de la Anatel; un periodo superior al límite previsto en la Ley de Agencias Reguladoras.

Sin embargo, la intención no era remover a Baigorri del cargo, sino hacer la nominación para un nuevo mandato, pero con el archivo del caso, de cualquier manera, él se mantendrá en la presidencia de la Agencia por un periodo superior al previsto en la ley.

Aunque el TCU no haya tomado una decisión final y a pesar de que la AGU (Abogacía General de la Unión) defienda el plazo máximo de cinco años, la situación actual sugiere que en el futuro, el gobierno puede nominar, con la aprobación del Senado, a un director o consejero para la presidencia de las agencias por un periodo de hasta casi 10 años consecutivos.

Tele.síntese – Lúcia Berbert

O governo publicou, nesta quarta-feira, 30, decreto que regulamentação das Análises de Impacto Regulatório (AIR), previstas na Lei Geral das Agências Reguladoras e na Lei de Liberdade Econômica. Pelo texto, na elaboração das análises, devem ser levadas em conta, de forma justificada, as metodologias específicas para aferição da razoabilidade do impacto econômico, como a análise multicritério; a de custo-benefício; de custo-efetividade; de custo; de risco; ou de risco-risco. 

O decreto prevê a realização de avaliação de resultado regulatório (ARR) para verificação dos efeitos decorrentes da edição de ato normativo, considerados o alcance dos objetivos originalmente pretendidos e os demais impactos observados sobre o mercado e a sociedade, em decorrência de sua implementação. Isso nos casos de regulamentos que tenham ampla repercussão na economia ou no país; existência de problemas decorrentes da aplicação do referido ato normativo; impacto significativo em organizações ou grupos específicos; tratamento de matéria relevante para a agenda estratégica do órgão; ou vigência há, no mínimo, cinco anos. 

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