El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) envió una propuesta en la Cámara de Diputados de México para crear la nueva Agencia de Competencia del Bienestar, que absorberá las funciones de competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

De acuerdo con el documento, la nueva Agencia de Competencia del Bienestar busca ser ágil, transparente y con sólo cinco comisionados en lugar de siete, con el objetivo de hacerla más asequible.

La iniciativa propuesta por legisladores de Morena busca fortalecer la vigilancia, sanción y regulación de mercados estratégicos, y ampliar la capacidad de acción en sectores clave como energía y telecomunicaciones.

El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó la iniciativa para la “Ley Federal Antimonopolio y de Competencia Económica“, que consiste en 165 artículos.

Se destaca la creación de un organismo único y más eficiente para regular la competencia en todos los sectores, integrando las funciones de la Cofece y el IFT, organismos eliminados en la reforma de simplificación orgánica.

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La nueva ley busca mejorar la transparencia y rapidez en la toma de decisiones, reducir plazos de investigación y resolución, aumentar sanciones y multas por prácticas anticompetitivas, y ampliar el control sobre alianzas estratégicas y acuerdos de colaboración. También reforzará la regulación asimétrica para evitar barreras de entrada a nuevos competidores.

La nueva autoridad asumirá el control de la competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, garantizando una competencia real.

Se reducirá el número de comisionados de siete a cinco, en busca de optimizar la toma de decisiones y reducir costos operativos, y se establecerán criterios más estrictos para la selección de comisionados.

La reforma de simplificación orgánica aprobada en diciembre del año pasado dio paso a la extinción de siete organismos autónomos, incluyendo el IFT y la Cofece, y estableció la creación de una nueva autoridad en materia de competencia económica con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia técnica y operativa.

De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es cumplir con el T-MEC, que exige órganos independientes con facultades para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas en los tres países.