El Nuevo Día

Con la nueva ley estatal que limita el uso de drones en propiedades privadas, ¿conocen los policías y guardias de seguridad qué se permite y qué no? ¿Están al tanto de la reglamentación federal sobre el uso comercial de estos sistemas aéreos no tripulados y cómo esta tecnología puede apoyar la seguridad pública?

Para contestar esta y muchas otras preguntas sobre los drones y la Ley 68 de 2021, el 12 de febrero se celebra el seminario Drone Talk: Public Safety Drone Expo, en el centro de innovación Engine-4 en Bayamón, informó su cofundador Luis Armando Torres.

“El evento es abierto a todo el público que se registre, con prioridad para los miembros de servicios de seguridad, la policía estatal y la municipal, especialmente la de Bayamón”, indicó Torres.

Las personas interesadas deben apuntarse en . La admisión es gratis, pero se requiere registro previo.

La agenda incluye un componente educativo, liderado por Luis Rivera, de Puerto Rico Drone Academy, así como presentaciones de distintos modelos y demostraciones en vivo de maniobras de vuelo.

“Ya hay modelos que usan unidades de rescate, cuerpos de policías y de bomberos, porque están equipados con equipos como cámaras termales o de alta resolución”, mencionó Torres.

Útil para mucho más que filmar videos impresionantes

Según expuso, más allá del uso conocido de filmar videos aéreos, los drones ya son una innovación clave para optimizar la seguridad pública y privada.

Por ejemplo, mencionó que facilitan la respuesta a emergencias y desastres naturales al permitir inspecciones a distancia. Esto no solo minimiza los riesgos del personal y los socorristas, porque entran ya con una idea de lo que se van a encontrar, sino que también mejora el tiempo de respuesta al no tener que esperar por la llegada de helicópteros o equipo pesado para comenzar el reconocimiento de una escena.

“Los drones pueden ser los ojos de quien necesite hacer verificaciones a distancia, recorrer terrenos extensos, medir, inspeccionar y muchas otras tareas”, planteó.

Además, Torres indicó que “uno de los enfoques del taller es para cuando los agentes de orden público tengan que intervenir con ciudadanos para que puedan interpretar bien la ley, porque ya se ha levantado bandera de que el texto no es muy específico”.

A esto sumó que identificaron la necesidad de que guardias y policías “conozcan las regulaciones sobre la certificación 107 A para uso comercial de drones que emite la FAA (Administración Federal de Aviación) y qué credencial deben tener los pilotos de modelos más sofisticados”.

“Dependiendo el tamaño de la nave y para qué se usa, se necesitan distintas licencias”, afirmó. Como ejemplo, indicó que si el drone es para asperjar agroquímicos como fertilizantes y pesticidas, entonces su operador necesita contar no solo con la certificación comercial, sino también con la autorización para el manejo de tales químicos.

En cambio, los dispositivos para uso recreacional se registran, pero no requieren licencia y tienen limitaciones como altura de vuelo.

Por razones como estas, Torres puntualizó que el personal de orden público debe familiarizarse con la diversidad de drones en el mercado y aprender a reconocerlos para hacer mejor su trabajo.

“La idea es que no estén confundidos si les toca intervenir”, aseveró Torres.

Por el lado del sector privado, el emprendedor indicó que se abundará en cómo las compañías de vigilancia y seguridad pueden usar estos sistemas aéreos no tripulados para expandir sus capacidades en cumplimiento de derechos, leyes y reglamentos aplicables.

Torres espera que este evento sea solo el primero de otros conversatorios y que se levante también el interés entre la comunidad de seguridad y orden público para capacitarse en el uso de esta tecnología y que más integrantes se animen a certificarse como pilotos de drones.

“Se les va a indicar fechas de las futuras clases para esta certificación”, adelantó.

Portafolio

La Aeronáutica Civil socializó los aspectos claves de la normativa para la utilización de drones en Colombia y la categorización que se debe tener en cuenta si los artefactos son utilizados de forma recreativa o profesional.

“Un drone es una aeronave que requiere el espacio aéreo para operar. Ese espacio aéreo desde hace 100 años está ocupado por aeronaves tripuladas que tienen un sistema de administración para poder volar de forma segura. Entonces con la llegada de los drones, los países están tratando de implementar los procedimientos también para este grupo”, explicó Mauricio Gómez, del programa de UAS – RPAS de la Aeronáutica Civil.

En Colombia, actualmente la operación de drones (UAS) se rige por el Apéndice 13 del RAC 91 “operación de sistemas de aeronaves no tripuladas – UAS” adoptado por medio de la Resolución No. 4201 del 28 de diciembre de 2018.

Allí se establecen tres categorías principales para su funcionamiento: A, B y C.

La Clase A hace referencia al uso de equipos solo con carácter recreativo o hobbie; la Clase B, al uso de equipos en actividades comerciales o profesionales; y la C es la de la parte experimental o de innovación y desarrollo.

“Si tienen un drone y lo utilizan solamente para la recreación, o temas privados se deben inscribir en la base de datos de la aeronáutica civil en la Clase A. Si van hacer actividades profesionales, es decir, vender productos que recojan con su drone, deben inscribirse en la B”, destacó Silvia López, asesora jurídica Dirección de Servicios a la Navegación Aérea de Aerocivil.

Con respecto a la C, la funcionaria explicó que aunque está en proceso de reglamentación, hace referencia a todas aquellas operaciones que sobrepasen las limitaciones establecidas para la clase A o B.

Actualmente se destacan casi 900 empresas inscritas ante el aeronáutica civil y 1.900 operadores activos que as su vez se encargan del funcionamiento de 1.800 equipos.