La Estrella

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 3 de febrero, la Resolución N.° 1-26, mediante la cual se autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a suscribir una adenda que permitirá prorrogar el contrato de telefonía fija en las instituciones del Estado por un período de 2 años.

La extensión del contrato regirá del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027 y tiene como objetivo garantizar la continuidad de un servicio considerado crítico para la operatividad del Estado y la atención directa a la ciudadanía, mientras se adelanta un nuevo proceso de licitación pública.

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Prensa Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta que aumentará los requisitos de transparencia y obligará a publicar las agendas institucionales y viajes de los altos cargos y máximos responsables públicos.

Con este anteproyecto, el Gobierno consolida los avances ya registrados en el camino hacia una democracia de mayor calidad y responde a las nuevas demandas sociales de mayor transparencia en el funcionamiento y actividad de las instituciones públicas; de prevención y lucha contra la corrupción, garantía de la integridad pública, fomento de la participación ciudadana y rendición de cuentas.

“España es una de las democracias más avanzadas del mundo, lo dicen los rankings internacionales de democracia, pero somos ambiciosos y queremos más. Por eso, y especialmente porque la democracia española, como el resto de democracias más avanzadas del mundo, vive la amenaza de un caballo de Troya ultraderechista, la mejor receta que hay es más democracia, más transparencia y más ejemplaridad, desde luego en la Administración General del Estado.”, ha defendido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El texto presenta destacadas novedades en tres bloques: Transparencia, participación y conflicto de intereses.

Respecto al primero, se amplían las obligaciones de publicidad activa en cuanto a las agendas institucionales y viajes oficiales de los responsables de las administraciones y su sector público institucional, hasta llegar al nivel de subdirectores generales. Asimismo, se informará del número y condiciones retributivas del personal eventual; y de los salarios de los máximos responsables de gabinetes y personal directivo.

Por primera vez en el ámbito de la Administración General del Estado, se regula un régimen de infracciones y sancionador al personal alto cargo vinculado al incumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, tal y como recoge el IV Plan de Gobierno Abierto y teniendo en cuenta las demandas de la sociedad civil.

A este respecto se refuerza al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dotándole de la potestad de imponer multas coercitivas de 600 a 1.000 euros.

Fomento de la participación ciudadana

La Ley incide en el fomento de la participación ciudadana a través de instrumentos novedosos como las auditorías ciudadanas y los pactos de integridad.

Respecto a las primeras, permitirían a los ciudadanos participar junto a la Intervención General del Estado y liderados por ella en auditorías sobre actuaciones, políticas o entidades del sector público estatal.

En cuanto a los pactos de integridad, los órganos de contratación del sector público podrán obligar a los licitadores a incluir junto con sus ofertas y como condición para su admisión a la licitación el compromiso de suscribir un pacto de integridad para prevenir y luchar contra la corrupción, así como el compromiso de someterse a una monitorización de todas las fases del procedimiento por las auditorías ciudadanas.

Novedades en integridad y conflicto de intereses

Se introduce por primera vez una definición general de ‘conflicto de intereses’ aplicable a todo el personal público de todas las administraciones (actualmente solo existen definiciones en alguna normativa sectorial, como la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado o en la Ley de Contratos del Sector Público). Este avance se materializará mediante un registro de abstenciones de todo el personal y de todas las administraciones.

Otra novedad de este bloque es la aplicación de un régimen de detección y prevención de conflictos de intereses al personal eventual que presta funciones de confianza o asesoramiento especial, siguiendo las recomendaciones formuladas a nuestro país por organismos comunitarios e internacionales, especialmente la OCDE o el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

De acuerdo con dicho régimen, se exige la idoneidad del personal eventual para el desempeño del puesto público, así como la obligación de publicar su currículum en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado. Dicho personal tendrá también que presentar las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales, tanto en su toma de posesión como al cese.

Este anteproyecto prevé la impartición de formación obligatoria en materia de integridad pública para el personal alto cargo, eventual y personal empleado público.

Este bloque se completa con la incorporación de un régimen sancionador, ya aplicable para el personal alto cargo, para el personal eventual con funciones de confianza y asesoramiento especial.

En línea con las recomendaciones internacionales

Este anteproyecto de ley sigue las recomendaciones contenidas en los informes de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Estado de Derecho; de la OCDE sobre gobierno abierto e integridad pública y las contenidas en las rondas de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Además, supone un hito más en la senda marcada por el Gobierno de España con la publicación del Plan de Acción por la Democracia, el Plan estatal de lucha contra la corrupción, la estrategia ‘Consenso por una Administración Abierta’ y la ratificación del convenio de Tromsø.

El anteproyecto proseguirá ahora su tramitación con los informes preceptivos de los órganos consultivos antes de volver al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva como proyecto de ley y remisión a las Cortes.

Margarita González Saravia, gobernadora del estado de Morelos, anunció un plan para establecer un Centro de Datos en la entidad, en línea con la visión de un gobierno de transformación digital.

Este proyecto busca modernizar la administración pública y optimizar la gestión de la información, marcando un paso significativo hacia la digitalización de los procesos gubernamentales en la región, dijo en conferencia de prensa.

La implementación de este Centro de Datos facilitará enormemente la transformación tecnológica en el estado. Al centralizar y digitalizar la información, se busca mejorar la eficiencia operativa, la transparencia y la capacidad de respuesta del gobierno ante las necesidades de los ciudadanos.

La gobernadora enfatizó que este proyecto ha sido una prioridad desde el inicio de su administración, con un trabajo constante para materializar esta visión.

“Estamos presupuestando un Centro de Datos como el que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros lo tendremos aquí en Morelos, donde tengamos toda la historia administrativa de Morelos, donde tengamos todos los datos de las diferentes secretarías, donde podamos proteger todos esos datos a futuro.

“Ya no tanto en los archivos que se usaban anteriormente, porque es muy complicado conservar los documentos en esa situación. Ahora vamos a ir generando las condiciones para tener un Centro de Datos electrónico”, comentó la gobernadora de Morelos.

Un nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca el potencial transformador de la Inteligencia Artificial (IA) en la administración pública, al mismo tiempo que advierte sobre los significativos desafíos y riesgos que frenan su adopción generalizada.

“La IA puede acercar a los gobiernos a sus ciudadanos, pero requiere marcos adecuados de política y salvaguardas para aprovechar su potencial sin perder la confianza pública”, afirmó Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, durante la presentación del reporte Gobernar con Inteligencia Artificial.

El documento analiza 200 casos de uso en 46 países y organizaciones, aplicados a 11 funciones clave del gobierno que van desde la administración tributaria y la contratación pública hasta la justicia y los servicios sociales.

De acuerdo con la OCDE, los beneficios potenciales de la IA son enormes: puede mejorar la productividad del sector público, fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Casos de éxito en el gobierno

Algunos países ya muestran resultados concretos. Por ejemplo, Austria utiliza modelos de riesgo basados en IA para detectar fraudes fiscales, lo que permitió recaudar 185 millones de euros adicionales.

En el Reino Unido, un chatbot gubernamental responde consultas ciudadanas y un sistema digitaliza documentos urbanísticos para acelerar permisos de construcción. En Finlandia, la herramienta What Do You Think Finland recogió la opinión de 30,000 personas sobre políticas públicas, mientras que en Portugal la Corte de Cuentas emplea auditorías inteligentes para detectar irregularidades.

Destacado: Cómo GovTech e IA pueden revolucionar la forma en que los gobiernos atienden a la ciudadanía

La experiencia internacional demuestra que los gobiernos pueden ganar eficiencia y capacidad de respuesta con la Inteligencia Artificial, pero también revela los riesgos de no gestionar bien su implementación.

El caso más sonado es el de Países Bajos, donde un algoritmo sesgado acusó erróneamente a 26,000 familias de fraude en beneficios infantiles, un error que derivó en graves consecuencias sociales y políticas.

Riesgos y desafíos en el uso de la IA

La OCDE advierte que la implementación de IA en las actividades de gobierno no está exenta de riesgos éticos, operativos, de exclusión, resistencia pública e inacción. En el plano ético, los sesgos algorítmicos pueden afectar el ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía.

Además, hay problemas operativos como fallas técnicas y ciberataques, riesgos de exclusión por la brecha digital y resistencia ciudadana frente a la desconfianza. En cuanto a la inacción, el informe resalta que retrasar la adopción puede significar perder oportunidades y ampliar la distancia con el sector privado, que avanza a gran velocidad en el uso de esta tecnología.

El estudio también detalla los desafíos más comunes que frenan la adopción en el sector público: escasez de talento especializado, baja calidad y fragmentación de datos, infraestructuras tecnológicas obsoletas, altos costos financieros y, en muchos casos, una fuerte aversión al riesgo que impide pasar de proyectos piloto a implementaciones a gran escala.

Para superar estos obstáculos, Elsa Pilichowski, directora de Gobernanza Pública de la OCDE, expuso que la organización propone un marco de acción para el uso confiable de la IA en gobiernos, basado en tres pilares:

1. Habilitadores: elementos fundamentales como una gobernanza sólida, infraestructura digital, datos de alta calidad, desarrollo de habilidades en los funcionarios públicos, inversiones estratégicas y procesos de contratación pública ágiles. Se subraya la necesidad de pasar de proyectos piloto a una implementación a gran escala.
2. Salvaguardas: instrumentos vinculantes y no vinculantes, como marcos éticos, leyes y regulaciones, que aseguren el cumplimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión de riesgos en todo el ciclo de vida de la IA.
3. Compromiso: mecanismos para la participación de los ciudadanos, los funcionarios y la sociedad civil en el diseño y la implementación de sistemas de IA, lo que no sólo aumenta la confianza, sino que también asegura que las soluciones respondan a las necesidades reales de la sociedad.

Estado de adopción de la IA

Actualmente, la IA es más prevalente en la prestación de servicios públicos, la administración de justicia y la participación ciudadana, donde la demanda de eficiencia y la reducción de las listas de espera están impulsando la innovación.

En cambio, funciones como la evaluación de políticas, la administración tributaria y la reforma de la función pública presentan un uso más limitado.

“El uso de la IA se concentra en gran medida en las operaciones internas y la prestación de servicios públicos, con menos ejemplos en la formulación de políticas y la supervisión gubernamental”, señala el informe.

Además, la distribución de la IA no es uniforme en cuanto a la tecnología utilizada. Si bien los sistemas de IA basados en reglas y el Aprendizaje Automático son comunes, el uso de la IA Generativa, como los grandes modelos de lenguaje (LLM), sigue siendo incipiente y a menudo se limita a proyectos piloto o experimentales.

Durante la presentación del estudio, también participaron funcionarios de países como Corea del Sur, España, Brasil e India, que compartieron sus planes nacionales.

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Corea del Sur busca construir un “gobierno democrático con IA” que anticipe las necesidades ciudadanas. España integra la IA en su Estrategia de Transformación Digital con una plataforma soberana y un centro de excelencia para supervisión ética.

Mientras tanto, Brasil anunció inversiones por 4,200 millones de dólares en su plan IA para el Bien de Todos, enfocado en salud, educación y sostenibilidad. India, por su parte, destacó proyectos de detección de fraudes médicos, aeropuertos sin papel y traducción automática en 22 lenguas.

Los ministros coincidieron en que el elemento central de sus iniciativas es la confianza. Óscar López, ministro de Transformación Digital de España, aseguró que “los ciudadanos no juzgarán nuestra política de IA por los planes que aprobemos, sino por cómo la experimenten en su vida cotidiana”.

La Inteligencia Artificial ya está cambiando la forma en que operan los gobiernos, pero la clave para que lo haga de manera positiva será avanzar con rapidez, bajo principios de ética, transparencia e inclusión.Si bien el camino hacia la integración total de la IA en el gobierno es complejo, las experiencias pioneras de algunos países ya están generando valiosas lecciones. Para la OCDE, es crucial que los gobiernos sigan explorando activamente la IA para no sólo optimizar las operaciones, sino para “reimaginar el Estado” y fortalecer la democracia.

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)

Con el tema “Seguridad electrónica”, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, participó como disertante del Seminario de Derecho Administrativo. En este contexto, explicó cómo la digitalización puede apoyar en los diferentes procesos de las instituciones, las oportunidades que brinda y los desafíos que presenta. También expuso sobre los objetivos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC).

El evento, impulsado por la Procuraduría General de la República, presentó a lo largo de tres jornadas variados temas con oradores nacionales e internacionales. Tuvo lugar, en el Centro de Convenciones del Banco Central de Paraguay (BCP), convocando a abogados, funcionarios del Estado y público en general.

Este viernes se desarrolló el último día del seminario y contó con la participación del ministro Gustavo Villate, quien durante su intervención resaltó cómo los procesos de digitalización pueden optimizar la gestión pública. Añadió que la adopción de tecnologías ofrece una ventana de oportunidades, aunque también implica afrontar nuevos retos en materia de protección de datos y ciberseguridad.

Hizo referencia en la importancia de la utilización de contraseñas robustas y el doble factor de autenticación como primera barrera de protección en el ciberespacio.

“El 95% de todos los ciberataques efectivos son causados por errores humanos. Qué quiere decir eso, que ponemos contraseñas que fácilmente con un análisis -por ejemplo- de las redes sociales hoy nos permiten entender cómo se llaman nuestros hijos, cuando nacieron y muchas veces usamos estos datos como parte de nuestra contraseña”, dijo.

En ese sentido, mencionó que se debe tener siempre una doctrina de cambio de clave cada cierto tiempo y activar un segundo factor de autenticación. Agregó que insistir con estas acciones no es trasladar la responsabilidad al ciudadano, sino que cada uno tiene que hacer su parte. Mientras que el Estado gestiona una mayor seguridad en los sistemas de gobierno el ciudadano debe apoyar con la mejora en la seguridad del acceso a sus cuentas personales.

Asimismo, expuso sobre la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, cuya elaboración tuvo la participación de más de 400 personas, instituciones diferentes sectores e incluso el apoyo de la Organizació de los Estados Americanos (OEA). “Es importante que entendamos esta estrategia para que no se quede en un documento, el desafío que tenemos es la ejecución”.

La ENC cuenta con siete objetivos los cuales Villate pasó a detallar y ellos son: construir juntos un Paraguay ciberseguro; invertir en nuestro futuro digital; desarrollar una fuerza laboral especializada en ciberseguridad; establecer y cumplir reglas claras en el ciberespacio; promover el uso de un lenguaje técnico común; estar preparados y ciber resilientes; y unidos contra el cibercrimen y el ransomware.

Finalizó señalando que la misión es seguir construyendo un ecosistema digital seguro, sostenible y resiliente.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que dirige Pepe Merino, tiene 12 direcciones generales, todas ellas muy importantes, pero hay una que será especialmente trascendental: la Dirección General de Gobierno Digital.

A través de esta Dirección se liderará una transformación histórica hacia una administración pública completamente digitalizada.

Su objetivo principal será el de modernizar la gestión pública, además de dirigir la elaboración y ejecución de políticas de gobierno digital e inclusión digital universal, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a las ventajas de una administración eficiente y conectada.

Mecanismo único de autenticación digital

De acuerdo con el Reglamento Interior de la ATDT, uno de los pilares fundamentales de la Dirección General de Gobierno Digital es la implementación de la identidad y ciudadanía digital. Esto incluye la adopción y el uso de un mecanismo único de autenticación digital basado en la Clave Única de Registro de Población (CURP).

La información de la propia ATDT señala que este mecanismo permitirá a los ciudadanos acceder de manera segura y sencilla a una amplia gama de servicios públicos, facilitando su interacción con las dependencias del gobierno.

Además, trabajarán en la integración de un sistema nacional de identificación personal que mejorará la gestión de bases de datos y permitirá la interoperabilidad de los sistemas nacionales y de las dependencias federales.

Digitalización de trámites y servicios

La mencionada Dirección General de Gobierno Digital, la cual es el motivo de todo este texto, coordinará también la digitalización de trámites a cargo de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, elaborando guías, manuales y lineamientos para asegurar un proceso coherente y eficiente.

Estas acciones no sólo tienen el objetivo de mejorar la accesibilidad de los servicios, sino que también buscan aumentar la transparencia y la eficiencia administrativa.

Implementación de tecnologías en el gobierno federal

En el ámbito de la tecnología y la información, la Dirección General de Gobierno Digital lidera la implementación de tecnologías avanzadas y el uso de la firma electrónica avanzada en los trámites y servicios gubernamentales. Estas tecnologías permiten una validación y autenticación segura, reduciendo el riesgo de fraudes y aumentando la confianza de los ciudadanos en el sistema.

Asimismo, la Dirección General auxiliará a las autoridades en materia de firma electrónica avanzada y promoverá la disponibilidad de servicios de certificación, brindando asesoría técnica para el diseño de herramientas tecnológicas que faciliten la digitalización de procesos y servicios.

Colaboración con entidades federales

El Reglamento Interior de la ATDT señala que la colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios será esencial para el éxito de esta transformación digital de México.

La Dirección General de Gobierno Digital trabajará estrechamente con estas entidades para desarrollar proyectos de digitalización a nivel local, asegurando una cobertura nacional y una administración pública más eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

Además, desde esta Dirección se realizará el diseño de información, la experiencia de usuario y el contenido gráfico de los proyectos, con el objetivo de garantizar una experiencia intuitiva y amigable para los usuarios.

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Nota: este es el quinto texto de una serie de artículos que los analistas de DPL News publicarán con el objetivo de desmenuzar, para entender de manera sencilla, lo que significa que México tenga una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Prensa Vodafone

Vodafone Empresas ha alcanzado 2 millones de usuarios de la solución One Net, solución que facilita un entorno de trabajo colaborativo integrado con las capacidades de comunicación de la voz fija y móvil en cualquier dispositivo, a través de una única plataforma en la nube. Algunos de los clientes que cuentan con esta solución pertenecen al sector bancario, entidades de crédito, energéticas, o empresas de servicios, así como muchas administraciones públicas.

Esta plataforma ofrece a los clientes un servicio de centralita profesional en la nube que facilita el trabajo en movilidad, gestionando los procesos desde cualquier lugar y evitando costosas inversiones en hardware. Esta solución permite a las administraciones públicas ofrecer una atención ciudadana más rápida y eficaz gracias a un sistema unificado y accesible, disponer de servicios digitales modernos desde múltiples canales, ahorrar costes gracias a tarifas unificadas, reducir infraestructuras y escalar el servicio a demanda. Todo ello se refleja en una mejora significativa de la atención al ciudadano, así como en la toma de decisiones informadas.

Además, contempla un amplio catálogo de servicios, desde una implementación básica hasta funcionalidades más avanzadas para responder a necesidades más complejas tales como: un sencillo contact center, visualización de presencia de cualquier línea fija o móvil, grabación de cualquier llamada, etc. y todo ello sin pagar por servicios que no se necesitan.

One Net procesa más de 1.000 llamadas por segundo, con servicios de telefonía avanzada, soluciones de mensajería instantánea y herramientas de colaboración con asistencia 24×7, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo móvil o fijo, PC, tablet o smartphone. Además, al tratarse de una solución cloud, permite disponer siempre de la versión más reciente, sin inversiones de hardware ni personal de IT especializado.

Vodafone One Net ofrece al usuario la posibilidad de:

• Utilizar cualquier tipo de terminal móvil o fijo: desde los móviles 2G hasta los terminales 4G/5G más modernos, usando VoLTE o WiFi Calling, junto con softphones o telefonía fija IP.
• Disfrutar de las funcionalidades de centralita virtual (grupo de extensiones, cola de llamadas, presentación de número de cabecera, manager-asistente, etc.)
• Aplicaciones de colaboración, en móvil o PC, que permiten: voz y vídeo en alta definición, chat individual o grupal, compartición de archivos, salas de reuniones, etc.
• Posibilita la integración con otras aplicaciones empresariales a través de VORA, que expone a terceros las funcionalidades de telefonía vía API, para adaptar aplicaciones a la medida de cualquier negocio en múltiples sectores de actividad.
• Grabar llamadas en la nube pararegistrar y almacenar conversaciones de manera segura y sencilla.

La transformación digital está cambiando la forma de trabajar de las empresas y de las administraciones públicas. En un contexto como el actual, que se basa en la hiperconectividad, esta solución garantiza la integración máxima de soluciones necesaria en entornos empresariales e institucionales que cambian con gran rapidez. 

Son 45 los trámites relacionados con las TIC alcanzados por el silencio positivo en Argentina; la gran mayoría de ellos corresponde a la actividad del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). La implementación del concepto corre desde el pasado viernes 1 de noviembre para entidades de administración públicas y desde el primero de diciembre para organismos descentralizados.

Según la normativa vigente, con los cambios aplicados en la Ley de Bases, el plazo para respuesta es de 60 días. Si la autoridad no responde en ese plazo, la respuesta se interpretará como positiva.

Ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología vía Ente Nacional de Comunicaciones, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), incluye:

• Licencias Servicios TIC – Obtención de Licencia (personas humanas y jurídicas)
• Licencias Servicios TIC – Cambio de denominación de la licenciataria
• Licencias Servicios TIC – Servicio de Valor Agregado – Acceso a Internet – Titulares de Redes Comunitarias VARC (personas humanas y jurídicas)
• Licencias Servicios TIC- Ratificación de la transferencia de licencia y/o registro
• Licencias Servicios TIC – Cambio de Control Accionario
• Certificados de Operadores – Otorgamiento Certificado Operador de Telecomunicaciones
• Inscripción Registro para proveer Facilidades Satelitales
• Baja de Registro para proveer Facilidades Satelitales
• Convenios: compartición de Infraestructura Pasiva 
• Interconexión entre Licenciatarios de Servicios de TIC  (Ofertas de referencia y convenios de interconexión entre prestadores)
• Transferencia de Licencia de Servicios de Comunicación Audiovisual
• Inscripción o renovación del registro de actividades para la fabricación y comercialización de equipos de telecomunicaciones
• Modificación del registro de actividades para la comercialización/ fabricación de equipos de telecomunicaciones
• Solicitud certificado de vigencia de licencia o autorización y solicitud de renuncia de servicios de comunicación audiovisual

También están alcanzados trámites relacionados a solicitud de duplicados de credenciales, inscripción, renovación de registro o cambios de datos en el registro del Fondo del Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) y del Registro Único de Personas Responsables de Servicios de Comunicación (Rupeco), actividad de radioaficionados, cuestiones relacionadas al servicio postal y la actividad del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (Iser).

Ante dependencias del Ministerio de Economía, a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y plataformas propias, abarca:

• Ingreso al régimen de empresas tecnológicas o economía del conocimiento
• Sociedades de Garantía Recíproca – Reformas de Estatuto 
• Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento

El primer anexo de la resolución también da cuenta de trámites exceptuados de silencio positivo, como la convocatoria al Fondo Tecnológico Argentino de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Según pudo saber DPL News, tanto el regulador como otros organismos deberán informar si surgen trámites nuevos susceptibles de ser incorporados a la nueva normativa.

A partir del 1° de noviembre de 2024, todas las entidades de la administración pública de Argentina, y desde el 1° de diciembre los organismos descentralizados, deberán implementar el silencio positivo en el marco de procedimientos administrativos en los que se necesite una autorización administrativa a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), de acuerdo con la resolución 836/24 publicada la mañana de este 26 de agosto en el Boletín Oficial.

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, aprobada en junio pasado, incorporó el silencio con sentido positivo para las autorizaciones administrativas, lo que determina que, si el Estado no da una respuesta a un trámite administrativo en el lapso de 60 días, implicará su autorización automática.

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El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tiene, entre sus 126 trámites de la plataforma TAD, distintos tipos de autorizaciones que abarcarían el silencio positivo, como la Autorización Nacional para la instalación de Estructuras Soporte de Antenas para la prestación del Servicio de Comunicaciones Móviles (SCM), las autorizaciones radioeléctricas, autorizaciones audiovisuales, autorización para la constitución de Redes de Emisoras de Radio y Televisión Abierta, entre otros.

El Economista

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha publicado este martes el documento marco ‘Consenso por una Administración Abierta’, el primer paso en la transformación de la Administración construida de forma participativa con todos los sectores interesados a través de una metodología innovadora, tal y como prometió el ministro José Luis Escrivá en su comparecencia en el Senado la pasada semana.

La hoja de ruta diseñada para llevar a cabo la transformación de la Administración con el fin de que sea más abierta, innovadora y transparente arranca con la publicación de este documento marco, que estará en consulta pública hasta el 30 de abril, y que gira en torno a un plan para atraer a trabajadores y renovar la función pública.

Leer más: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/12742384/03/24/escriva-publica-el-documento-marco-sobre-el-que-se-construira-la-transformacion-de-la-administracion.html