Fuente: PROINVERSIÓN

La agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN actualizó la cartera de proyectos que se adjudicarán en el período 2025-2026, con lo cual, un 69% del total corresponde a la promoción y buena pro de 43 proyectos vinculados a sectores como Hidrocarburos, Conservación de red vial, Saneamiento y Telecomunicaciones por US$ 11 692 millones.

La cartera total para este período asciende a US$ 16 960 millones y comprenden la adjudicación de 70 proyectos, de los cuales 43 corresponden a 2025 (US$ 8 343 millones) y otros 27 saldrán en 2026 (US$ 8 617 millones).

El director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi, mencionó que la meta para los próximos meses es bastante ambiciosa, pero se sustenta en los resultados que viene obteniendo la agencia desde 19 meses, en la promoción y adjudicación de proyectos, sobre todo en aquellos que permiten impulsar la inversión y producción descentralizada del país.

En este caso, sobresalen proyectos de gran impacto y costo de inversión en cuatro rubros principales, pero la cartera incluye algunas iniciativas que permitirán, también, la modernización en Educación, Irrigación, Salud, Puertos, Aeropuertos, Turismo, Inmuebles y Minería, entre otros.

A junio de 2024, las adjudicaciones se vienen concentrando, por ejemplo, en el Sector Transportes (US$ 3801 millones), Minería (US$ 940 millones) y Electricidad (US$ 329 millones). En este período, destaca el megaproyecto de Anillo Vial Periférico, el terminal portuario San Juan de Marcona, así como el Grupo 1 de Proyectos Eléctricos del Plan de Trasmisión y la ampliación del proyecto Fosfatos de Bayóvar.

Se debe considerar que entre julio y diciembre de 2024 se tiene en cartera la adjudicación de 17 proyectos en el sector eléctrico, transportes, salud e industria por US$ 3114 millones, entre ellos, el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, Longitudinal de la Sierra 4 y Parque Industrial de Ancón (PIA).

Mientras, en 2023, se orientaron mayormente a inversiones en Electricidad (US$ 1369 millones), Telecomunicaciones (US$ 640 millones) y Salud (US$ 323 millones).

El Observador

La decisión del Ministerio de Industria (MIEM) de adjudicar a tres canales –entre ellos uno propiedad del empresario de medios Federico Fasano, histórico dueño del diario La República– para que sean incluidos de forma obligatoria en la grilla de los servicios para abonados generó molestia en las futuras autoridades de la cartera, que consideraron que el proceso se llevó a cabo de forma inconsulta a dos semanas de que asuma el nuevo gobierno. 

En una resolución con fecha del 14 de febrero, publicada este martes en el portal de Presidencia, el gobierno saliente resolvió adjudicar las señales por concurso a Eutopía TV (de Fasano), así como a TV Libre Multimedio La República y a Canal U. Por el camino quedó Cardinal TV, señal que actualmente se emite a través de las compañías de televisión por cable del interior del país que no son parte de Equital, un conglomerado formado por los canales 4, 10 y 12. Este canal quedó en cuarto lugar y como la ley permite adjudicar hasta tres señales, por fuera de la competencia. 

Washington Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), propietaria de Cardinal TV, dijo a El Observador que presentará un recurso de revocación para impugnar el proceso que, según dijo, fue “decepcionante” por la forma en la que se terminó adjudicando. 

Por su parte, el próximo subsecretario del MIEM, el colorado Walter Verri, aseguró a El Observador que si bien el Frente Amplio (FA) está en funciones hasta el 29 de febrero, este “no era el momento” para adjudicar canales, ya que la decisión repercutirá en el período que viene. 

La denominada ley de medios (19.307) –que el Partido Colorado es afín a derogar en su totalidad– establece que estas tres señales “se seleccionarán cada cinco años mediante concurso público y transparente”. Si bien en el anteproyecto de ley de urgente consideración hay un apartado sobre las modificaciones a la ley, esto todavía está sujeto a la negociación con los socios de la coalición. 

Verri agregó que en el marco de la transición las autoridades actuales “nunca” plantearon que la adjudicación estaba próxima a salir. “Si bien es cierto que la licitación (publicada en octubre de 2019) estaba en curso. Pero la decisión debería haber quedado en mano de las autoridades entrantes”, dijo el colorado. 

“Son decisiones que van a afectar al próximo gobierno y no a éste. Independientemente de esta adjudicación, cualquier acción que el gobierno vaya a tomar en estos últimos días y que tenga repercusiones en el gobierno que viene debería ser consultada”, agregó. 

Verri dijo que “habrá que analizar” si esta adjudicación se puede revocar una vez que asuma el gobierno. De todos modos, el Estado queda atado porque quedaría expuesto a juicios en su contra, debido a los derechos adquiridos por las empresas a las que se le adjudicaron los canales. Esto, siempre y cuando el recurso de Cardinal TV no tenga éxito. 

El director oficialista de la Ursec, Nicolás Cendoya, defendióla decisión del gobierno saliente de adjudicar a estos tres canales y dijo que no es partidario de la idea de que por “tres meses y medio” –período aproximado de la transición– el país esté “paralizado”. 

“He escuchado algunos disparates como gente que compara esto con lo que hacían los gobiernos blancos y colorados, que era asignar a dedo a sus prosélitos, radios en las últimas semanas de gobierno. Esto no tiene nada que ver con eso. Es un proceso muy pautado”, aseguró Cendoya a El Observador. 

El gobierno del nacionalista Luis Alberto Lacalle asignó en el último año del período, en 1994, varias señales de televisión por cable para Montevideo. El colorado Julio María Sanguinetti adjudicó unas 60 frecuencias radiales del interior del país en su segundo mandato, entre 1995-2000. Jorge Batlle, en tanto, dio en agosto de 2001 la posibilidad a Directv de transmitir en todo el territorio nacional el servicio de televisión para abonados en la modalidad de transmisión satelital. 

Consultado sobre la posibilidad de esperar a que asumiera el próximo gobierno, Cendoya afirmó que hacer eso significaba “no aplicar la ley”. “Se esperó tanto tiempo para esto, como se esperó tanto tiempo para los derechos de los discapacitados en los servicios de comunicación audiovisual, que no estoy de acuerdo con prorrogar”, defendió. 

La representante de la oposición en la Ursec, la nacionalista Silvana Olivera, manifestó su discrepancia con la forma en la que se terminó por adjudicar a los canales. La directora afirmó a El Observador que la decisión que se tomó es “muy importante”, al punto que la comparó con la adjudicación de los canales privados 4, 10 y 12. 

“Los plazos se podrían haber corrido, de hecho, algunos anteriores ya habían vencido. Estamos hablando de 13 días, ¿cuál era la urgencia? ¿En todos los casos se procede con esa prontitud?”, se preguntó Olivera, quien meses atrás había manifestado en redes sociales, así como en las reuniones del Directorio de la Ursea su malestar. 

“Llama la atención que se haya procedido con tanta rapidez”, dijo Olivera y agregó que esto se acentúa cuando hay “medios que podrían estar vinculados a la izquierda”. 

Fasano y “la grieta”

“Este es un país donde lamentablemente nos quieren instalar la grieta”, respondió Cendoya ante la consulta sobre la adjudicación de Fasano. 

“Había siete rubros en el pliego. A Fasano lo conocí el día de la audiencia pública. Nunca hablé con él. Sí conozco a los otros tres oferentes (…) Algunos, como Fasano, se adaptaron mucho al pliego”, explicó el director de la Ursec.

“El señor Fasano no es más ni menos que nadie y si presentó una oferta que, de acuerdo al pliego, puntuó alto…”, justificó. 

Melo, por su parte, aseguró que la propuesta de Fasano tiene un costo operativo mensual de US$ 100 mil, por lo que se preguntó cómo será sustentable. El presidente de CUTA dijo que la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios (Dinatel) calificó a Cardinal TV de forma tal que quedaba en un tercer lugar, pero que luego la Ursec y el Poder Ejecutivo rebajaron el puntaje. 

Además, defendió que su canal es el único que “opera con programación 100% nacional” y “cumple todos los aspectos principales de promoción de la producción audiovisual”. Melo también dijo que su proyecto es “autosustentable”, ya que se maneja con un régimen de “coproducción”, que establece que los espacios de publicidad se dividen en dos mitades iguales, una para la productor y otra para el canal. 

Mientras se resuelve la disputa por el contrato de 10 millones de dólares otorgado por el Pentágono para la creación de tecnología de computación en la nube, la jueza federal, Patricia E. Campbell, dictaminó que el Departamento de Defensa (DoD) no podrá avanzar con su trabajo conjunto con el ganador de la licitación, Microsoft, hasta que la demanda de Amazon tenga resolución.

La orden emitida prohíbe que el Departamento avance con cualquier trabajo en el contrato del proyecto Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), que se tenía planeado dar inicio el 14 de febrero pasado, comenzando por construir las partes no clasificadas en torno al proyecto.

“Confiamos en nuestra adjudicación del contrato JEDI Cloud a Microsoft y seguimos enfocados en poner esta capacidad crítica en manos de nuestros guerreros de la manera más rápida y eficiente posible”, dijo el Teniente Coronel Robert Carver, portavoz del Pentágono, en un comunicado.

La petición de Amazon para detener el trabajo del DoD y Microsoft se fundamentó bajo el argumento de que si el Departamento comenzaba a trabajar en el proyecto mientras se desarrollaba la protesta de oferta subyacente, sólo se afianzaría a Microsoft como contratista titular.

No obstante el juez exigió a Amazon una fianza de 42 millones de dólares para cubrir daños y costos en caso de demostrar que la licitación no fue otorgada erróneamente.

El Teniente General Brad Schwedo, jefe de información del Estado Mayor Conjunto, dijo a la Corte en una declaración que “Estados Unidos no puede esperar el éxito militar en la lucha contra los conflictos del mañana con la tecnología de ayer. Brindar al Departamento de Defensa un acceso rápido a una nube empresarial, una que brinde potencia informática y almacenamiento elásticos, es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Sin embargo, Amazon señaló que no debería ser persuadido con el argumento de dañar la seguridad nacional, debido a que desde su solicitud inicial en 2018, el proyecto se ha enfrentado a otras batallas legales y al menos una investigación interna.