Meta comenzó a eliminar de sus plataformas –como Facebook, Instagram y Threads– una serie de anuncios que promovían servicios legales dirigidos a personas interesadas en demandar a empresas tecnológicas por presunta adicción a las redes sociales. Todo, en medio del creciente escrutinio judicial y regulatorio sobre el impacto de estas plataformas en la salud mental de los usuarios y especialmente los adolescentes.

De acuerdo con BBC News, los anuncios eran publicados por bufetes de abogados que buscaban clientes para demandas relacionadas con la adicción a las redes sociales.

En su defensa, Meta señaló que este tipo de anuncios no cumplen con sus políticas sobre servicios legales, en particular aquellas que restringen la promoción de demandas que puedan ser engañosas o que intenten explotar preocupaciones personales de los usuarios.

“No permitiremos que los abogados litigantes se beneficien de nuestras plataformas mientras, al mismo tiempo, afirman que son perjudiciales”, declaró la compañía en un comunicado.

El Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts, Estados Unidos, permitió que avance la demanda presentada por la fiscal general del estado, Andrea Joy Campbell, contra Meta Platforms, al determinar que podría ser responsable por el diseño de funciones adictivas en Instagram dirigidas a menores de edad.

En el caso titulado Commonwealth v. Meta Platforms Inc., bajo el número de expediente SJC-13747, la Corte concluyó que la inmunidad otorgada por la Sección 230 –que protege a las plataformas en línea de ser demandadas por el contenido generado por usuarios– no aplica cuando las acusaciones se centran en decisiones propias de diseño del producto.

Según el documento, las reclamaciones del estado “no buscan responsabilizar a Meta por contenido de terceros”, sino por sus propias prácticas comerciales y decisiones de diseño.

La demanda sostiene que Meta implementó mecanismos como desplazamiento infinito, reproducción automática de contenido y sistemas de notificaciones con el objetivo de maximizar el tiempo de uso, especialmente entre adolescentes. De acuerdo con el Tribunal, estas características pueden ser evaluadas como parte de una estrategia que “explota las vulnerabilidades psicológicas de los usuarios jóvenes” y que podría constituir prácticas engañosas o injustas.

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Asimismo, el requerimiento argumenta que la compañía habría minimizado públicamente los riesgos asociados al uso de sus plataformas, pese a contar con evidencia interna sobre sus posibles efectos negativos en la salud mental. Al respecto, el fallo permite avanzar acusaciones bajo leyes de protección al consumidor, al considerar que Meta pudo haber incurrido en declaraciones engañosas sobre la seguridad de sus servicios.

Otro punto relevante de este proceso es que el Tribunal dio vía libre a la teoría de public nuisance (daño público), al aceptar que los efectos de la supuesta adicción digital en menores podrían constituir un problema de salud colectiva. Esto significa que la responsabilidad potencial de Meta puede ser mayor, dado que va más allá del tipo de contenido que los usuarios publican.

Meta, por su parte, defendió que sus funciones forman parte de la publicación y organización de contenido de terceros, por lo que deberían estar protegidas bajo la Sección 230, además de invocar la Primera Enmienda, al argumentar que sus algoritmos, el ordenamiento del feed y las recomendaciones de contenido constituyen una forma de “juicio editorial” protegida como libertad de expresión, por lo que cualquier intento de regular o sancionar estas decisiones equivaldría a intervenir en su discurso.

Sin embargo, el Tribunal consideró que la demanda no se centra en lo que la empresa comunica, sino en sus prácticas de diseño y negocio, es decir, en la conducta de la compañía más que en una expresión protegida.

Si bien este fallo no determina ninguna decisión sobre el caso, establece un precedente respecto a la responsabilidad de Meta en la salud mental de los usuarios que hasta ahora no había sido debatido a profundidad.

Un jurado en Los Ángeles emitió un veredicto que podría marcar un punto de inflexión para la operación de las redes sociales, al encontrar culpables a Meta y YouTube de diseñar intencionalmente plataformas adictivas que dañaron la salud mental de una joven, ahora de 20 años, identificada como Kaley.

El jurado determinó que Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, y Google, dueña de YouTube, actuaron con negligencia al diseñar sus plataformas, conocían los peligros de ese diseño, no advirtieron sobre los riesgos y causaron daños sustanciales a la demandante.

La sentencia determinó que Kaley deberá recibir una indemnización de 6 millones de dólares: 3 millones en daños compensatorios y 3 millones adicionales en daños punitivos. El jurado estableció que Meta tiene el 70% de la responsabilidad por los daños, mientras que YouTube asume el 30% restante. Snap y TikTok, que también habían sido incluidas en la demanda, llegaron a un acuerdo antes del juicio.

Según la demanda, Kaley desarrolló ansiedad, dismorfia corporal y pensamientos suicidas como resultado de su adicción a las redes sociales durante su infancia. El resultado de este caso representa un punto de inflexión para las plataformas de redes sociales, que podría traer importantes consecuencias para su operación.

Tras más de ocho días de deliberación y un juicio de siete semanas en el Tribunal Superior de Los Ángeles, el jurado concluyó que las empresas “actuaron con malicia, opresión o fraude” en la operación de sus plataformas.

Ambas compañías rechazaron el veredicto y anunciaron su intención de apelar. Meta declaró que “la salud mental adolescente es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”, mientras que Google argumentó que “este caso malinterpreta YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social”.

Aunque este veredicto no determina automáticamente los otros más de 1,500 casos que se espera lleguen a juicio en un futuro cercano, la decisión final podría influir significativamente en su resultado. Más allá del costo económico en reparación de daños, el resultado de estos juicios también podría impactar en el modelo de operación de las redes sociales.

Es de todos conocido que los algoritmos de las redes sociales buscan enganchar por el mayor tiempo posible a los usuarios, al ofrecerles contenido personalizado a sus preferencias y hábitos de navegación. Sin embargo, este es el primer caso que determina el alcance de estas prácticas y el cómo pueden influir en los adolescentes hasta convertirse en un comportamiento adictivo.

James Steyer, fundador y director ejecutivo de Common Sense Media, celebró en un comunicado la decisión, y señaló que esto no habría pasado si las redes sociales hubiesen priorizado la seguridad de niños y adolescentes. “En cambio, ocultaron su propia investigación que mostraba que los niños estaban siendo perjudicados y utilizaron a los menores y a la sociedad como conejillos de indias en experimentos masivos, descontrolados y altamente rentables”, dijo, según cita CNN.

Padres de otros menores que afirman haber sido perjudicados por las redes sociales estuvieron presentes durante el juicio y celebraron el veredicto fuera del tribunal. Grupos de padres de familia y organizaciones, esperan que estos juicios presionen al Congreso a emitir nueva legislación para garantizar la seguridad en línea.

Ellen Roome, quien demanda a TikTok tras la muerte de su hijo, calificó el caso como un momento de “ya es suficiente”. “¿Cuántos niños más van a ser dañados y potencialmente morir por estas plataformas? Se ha demostrado que no es seguro, y las empresas de redes sociales necesitan arreglarlo”, declaró a la BBC.

La decisión se produce un día después de que un jurado en Nuevo México declarara a Meta responsable de violar leyes estatales de protección al consumidor por no proteger a menores de depredadores sexuales y exponerlos a material sexualmente explícito.

“Seguiremos defendiéndonos con firmeza, ya que cada caso es diferente, y mantenemos la confianza en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea”, agregó Meta tras el veredicto en Los Ángeles, según cita la BBC.

Durante el juicio, Meta y YouTube negaron que sus plataformas sean adictivas y destacaron las funciones de seguridad implementadas en años recientes, como herramientas de supervisión parental y restricciones de contenido para adolescentes.

El año pasado, Australia aprobó una ley para prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años, con la intención de combatir el impacto negativo a su salud mental, reducir la exposición a contenido dañino y frenar el ciberacoso. Otros países como España y Reino Unido, además de México, Colombia y Chile, han comenzado a debatir leyes similares.

Un juicio civil comenzó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, poniendo en el banquillo a los gigantes tecnológicos Meta (empresa matriz de Instagram) y Google (propietaria de YouTube).

La demanda alega que ambas compañías sabían que sus plataformas eran perjudiciales para las infancias y las diseñaron deliberadamente para crear adicción.

La demandante central en este caso es una joven de 20 años de edad, identificada como Kaley GM, quien afirma haberse vuelto adicta a las redes sociales desde la escuela primaria.

Su abogado, Mark Lanier, argumentó que YouTube e Instagram fueron creados intencionalmente para atraer y “enganchar” a niños muy pequeños, calificándolo como una “adicción intencional”.

De acuerdo con información de agencias, Lanier prometió cuestionar al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y presentó documentos internos de Instagram donde se evidencia que, a pesar de las promesas públicas, mostraban esfuerzos agresivos para atraer a niños considerablemente menores de 13 años.

El abogado de la demandante reveló pruebas internas, como un estudio de Meta denominado “Project Myst”, el cual indicaba que la empresa era consciente de que las infancias que experimentaban “eventos adversos” eran particularmente vulnerables a la adicción y que el control parental tenía poco impacto.

Además, se mostraron comunicaciones internas de Google que comparaban sus productos con un casino, y de empleados de Meta que describían a Instagram como “una droga” y a sí mismos como “traficantes”.

Por su parte, el abogado de Meta, Paul Schmidt, refutó las acusaciones, argumentando que el desacuerdo persiste en la comunidad científica sobre la existencia de la adicción a las redes sociales.

Schmidt centró su defensa en el historial médico de Kaley GM, enfatizando que la joven había enfrentado múltiples circunstancias difíciles en su infancia, como abuso emocional, acoso escolar y problemas de imagen corporal.

Se espera que el juicio, iniciado esta semana, dure entre seis y ocho semanas.

Meta también va a la corte en Nuevo México

Meta también enfrenta un escenario judicial, pero en Nuevo México.

La acusación sostiene que la empresa convirtió a Facebook e Instagram en “productos peligrosos” al carecer de mecanismos de seguridad efectivos.

De acuerdo con la fiscalía, estas fallas no sólo expusieron a los menores a contenidos sexuales explícitos, sino que facilitaron activamente su conexión con depredadores y redes de trata, permitiendo su explotación tanto en el entorno virtual como en el mundo real.

Plataformas como TikTok y Snap optaron por acuerdos extrajudiciales.