Se presentó en México el primer proyecto para regular las criptomonedas estables, mejor conocidas como stablecoins. Lo hizo el miércoles 7 de mayo Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca y actual senador por el partido Morena.

El político introdujo en el Senado una iniciativa de un proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del marco jurídico del sistema financiero mexicano en materia de activos virtuales estables referenciados en moneda nacional.

La ley define activo virtual como “la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos, cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos”.

No obstante, el meollo del proyecto es la acuñación del término Activo Virtual Estable (AVE) Referenciado en Moneda Nacional, al que define como “la representación digital de valor utilizada como medio de pago o instrumento de liquidación, registrada electrónicamente, cuya emisión incorpora la obligación del emisor de garantizar su convertibilidad en Moneda Nacional a valor nominal, manteniendo una referencia estable respecto del peso mexicano”. En todo momento se hace hincapié que AVE no constituye una moneda curso legal y se trata de un instrumento privado de pago digital.

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Según la iniciativa, las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) –y, dentro de estas, las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPEs) fintechs–, así como las Instituciones de Crédito –como bancos– serían las únicas autorizadas para realizar operaciones con activos virtuales y, por lo tanto, emitir stablecoins mediante un régimen prudencial especial; en tanto que el Banco de México (Banxico) sería el regulador del sector.

Para obtener la autorización por parte de Banxico, estos deberán acreditar la viabilidad operativa del modelo, la suficiencia del capital y la liquidez, la estructura de gobierno corporativo, los controles de riesgo, la seguridad tecnológica y cibernética, los mecanismos de administración de reservas, la capacidad de atención a tenedores y el cumplimiento del marco jurídico aplicable.

Entre las diversas disposiciones que la iniciativa propone modificar se encuentran las leyes de Banxico, Fintech, de Instituciones de Crédito (LIC), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (Condusef), para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTSOF), para Regular las Agrupaciones Financieras, del Mercado de Valores (LMV), Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y del Código Penal Federal (CPF) en materia de Activos Virtuales Estables Referenciados en Moneda Nacional, es decir, stablecoins del peso mexicano.

Banxico: el regulador cripto

El proyecto de Murat propone incorporar una cuarta función a Banxico: “la conversión a Moneda Nacional y demás actos vinculados con los Activos Virtuales Estables Referenciados en Moneda Nacional”.

La iniciativa también estipula que, dentro de los 180 días naturales posteriores a su eventual entrada en vigor, Banxico deberá expedir las disposiciones de carácter general aplicables a los Activos Virtuales Estables Referenciados en Moneda Nacional.

Las facultades específicas que le atribuye son las siguientes:

1. Requisitos de autorización, operación, supervisión y, en su caso, revocaciones aplicables a sus emisores.
2. Requerimientos prudenciales en materia de capital, liquidez, gobierno corporativo, continuidad operativa, seguridad tecnológica y administración integral de riesgos. 
3. Integración, custodia, segregación patrimonial, valuación, administración y revelación de las reservas de respaldo.
4. Reglas de convertibilidad en Moneda Nacional a valor nominal.
5. Medidas de control, regularización, intervención temprana y conclusión ordenada. 
6. Límites a la emisión, circulación, comercialización e interoperabilidad de dichos instrumentos cuando resulten necesarios para mitigar riesgos de carácter prudencial, sistémico o monetario.
7. Requisitos de información, transparencia y equivalencia regulatoria tratándose de emisores constituidos en el extranjero.

De acuerdo con el proyecto, los emisores deberán mantener en todo momento reservas de respaldo en proporción no menor a uno a uno respecto del valor nominal de los AVE en circulación.

Multas y sanciones

El banco central también se encargará de supervisar, inspeccionar y vigilar a los emisores de stablecoins y, en caso de que estos cometan una infracción, imponer las multas correspondientes conforme a unos criterios establecidos en la propia ley. Las multas van desde los 1,000 hasta los 15,000 días de salario mínimo en función de la conducta que realicen, ya sea que contravengan la ley, no suministren la información o no constituyan los depósitos requeridos, falten las reservas de respaldo o a las inversiones que deban mantener.

En el caso de la ley de la CNBV, se contemplan de cinco a quince años de prisión y una multa de 1,000 a 50,000 unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien emita AVEs sin autorización de Banxico, transfiera indebidamente las reservas o proporcione información falsa sobre ellas o la convertibilidad del instrumento y obstaculice dolosamente los actos de supervisión.

Mientras que para el caso de la Condusef, se contemplan multas de 500 a 2,000 días de salario a la institución que incumpla con las obligaciones de información, publicidad, estados de cuenta, mecanismos específicos de atención y reporte previstas en la ley.