Este 2026, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) S.A. de Bolivia contempla un presupuesto de 299.8 millones de bolivianos (43.4 millones de dólares) asignados a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS) para tres proyectos de conectividad con enfoque social.

Durante la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2026, el subgerente de Red de Larga Distancia y Acceso Fijo de Entel, Roberto Pablo Rocabado Rojas, informó que la empresa destinará los recursos a la ejecución de tres proyectos estratégicos vigentes que buscarán el fortalecimiento de la conectividad y reducción de la brecha digital a nivel nacional:

1. Comunicación por radiobases Fase IV (IRB): con un presupuesto de 104,725,335 bolivianos, espera llegar a 312 localidades rurales de 50 a 2,000 habitantes.
2. Comunicación por radiobases Fase V: actualmente en curso, se aboca a la provisión de servicios de telefonía móvil y acceso a Internet. Proyecta alcanzar 165 localidades con una inversión de 193,080,019 bolivianos.
3. Instalación de comunicaciones por FTTH en capitales de gobiernos autónomos municipales: contempla llevar fibra óptica al hogar a 116 capitales municipales con una inversión de 3,063,758 bolivianos.

Durante la audiencia realizada de manera virtual por los criterios de austeridad, racionalidad y eficiencia establecidos por el nuevo gobierno, Rocabado Rojas compartió que en 2025, la estatal erogó 506 millones de bolivianos, por lo que la gestión de este año busca darle continuidad y consolidación.

El crimen organizado estaría controlando el acceso a Internet en 313 municipios de seis estados brasileños, afectando a cerca de 6 millones de personas, según representantes del sector de telecomunicaciones escuchados en una audiencia pública en la Cámara de Diputados esta semana.

De acuerdo con Conexis Brasil Digital, las facciones criminales vienen restringiendo la actuación de operadores y proveedores locales, en algunos casos mediante la intimidación de técnicos, el vandalismo de redes y el secuestro de infraestructura, como cables y equipos. El impacto alcanzaría un área equivalente a casi dos veces el territorio del estado de São Paulo.

De acuerdo con el sector, la actuación del crimen organizado se ha expandido con rapidez en determinadas localidades. En Fortaleza (CE), por ejemplo, representantes informaron que las facciones pasaron a controlar el acceso a Internet en áreas que corresponden entre 5% y 10% de la población en apenas una semana, alcanzando cerca del 25% en menos de un mes.

La Asociación Brasileña de Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones Competitivas (Telcomp) sostiene que la escalada del problema requiere una respuesta coordinada entre la Unión y los estados, con enfoque en inteligencia y represión.

Entre las propuestas, se encuentra la inclusión de las redes de telecomunicaciones como infraestructura crítica en la PEC (Propuesta de Enmienda a la Constitución) de Seguridad, lo que permitiría una mayor coordinación federal en las acciones de investigación y combate.

El sector también señala la necesidad de endurecer las penas para delitos como el robo y la receptación de cables y equipos de telecomunicaciones. El tema ya es objeto de un proyecto de ley en trámite en la Cámara, que prevé la exigencia de comprobación de origen legal para la reventa de materiales de telecomunicaciones.

El Ministerio de las Comunicaciones evalúa que la represión del problema también depende de una mayor integración con las policías civiles estatales y de mecanismos regulatorios más estrictos, incluida la posibilidad de revocación de licencias a empresas eventualmente vinculadas a organizaciones criminales.

El debate reaviva la discusión sobre las vulnerabilidades de la infraestructura digital en el país y los límites de la actuación estatal en áreas con presencia consolidada del crimen organizado, especialmente en servicios considerados esenciales como la conectividad.

Colombia alcanzó en 2025 un nuevo hito en conectividad: 73.9% de los hogares del país ya cuenta con acceso a Internet fijo o móvil, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Lo anterior significa que cerca de tres de cada cuatro hogares colombianos están conectados. Además, representa un aumento de 8.3% frente a 2024, uno de los avances anuales más relevantes de los últimos años.

El Ministerio TIC destacó que la expansión del acceso a Internet muestra el creciente desarrollo de la infraestructura digital y del acceso a servicios de telecomunicaciones, en un contexto donde la conectividad se ha vuelto un insumo básico para educación, empleo, comercio y acceso a servicios públicos.

Sin embargo, el país aún está lejos de una conectividad universal.

Mejoras en zonas rurales

El crecimiento más acelerado se registró en centros poblados y rural disperso, donde el acceso a Internet llegó a 56.9% de los hogares, 15 puntos porcentuales más que en 2024. Por primera vez, estas zonas superaron la barrera del 50%.

Además, la encuesta señala que el acceso a Internet aumentó 6.3% en las cabeceras municipales, donde 78.8% de los hogares está conectado.

Y pese a que la diferencia entre lo urbano y lo rural sigue siendo amplia, la velocidad de crecimiento en áreas rurales indica una reducción gradual de esa brecha.

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Detrás de los indicadores promedio de conectividad a nivel nacional, persisten diferencias territoriales. Por ejemplo, San Andrés lidera el acceso con 90.9% de hogares conectados, seguido por Bogotá, Valle del Cauca y Risaralda.

En contraste, departamentos como Vaupés (18.6%) y Vichada (23.3%) continúan muy por debajo del promedio nacional.

El reto de la digitalización

La encuesta también señala que 82.3% de las personas de 5 años y más usó Internet en 2025. El teléfono celular sigue siendo el dispositivo más extendido, pues 91.9% de la población tiene acceso a uno. En cambio, apenas 36.1% utiliza las computadoras.

De acuerdo con el informe, el acceso a la conectividad en el país depende en mayor medida del acceso móvil. Y aunque los dispositivos móviles pueden ser una puerta de entrada, también podrían limitar ciertos usos avanzados vinculados con productividad, educación técnica, programación o teletrabajo.

A menudo se celebra que más personas tienen acceso a Internet en América Latina. Las cifras oficiales muestran avances: más del 70% de la población en la región ya cuenta con algún tipo de conexión, y la cobertura 4G ha alcanzado zonas que hasta hace pocos años estaban completamente fuera del radar digital.

Sin embargo, una nueva advertencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) obliga a ir más allá del optimismo de la cobertura y preguntarse: ¿realmente la población está bien conectada?

La OCDE, en el nuevo informe Cerrar las brechas de conectividad de banda ancha para todos, publicado este 10 de julio, pone el foco en una verdad incómoda: el acceso a Internet no garantiza una conectividad de calidad.

Es decir, estar conectado no implica poder participar plenamente en la economía digital, la educación en línea o los servicios de salud digitales si la red es lenta, inestable o con alta latencia.

Brecha entre regiones rurales y urbanas

De acuerdo con el estudio, los habitantes de zonas rurales y regiones alejadas en los países miembros de la OCDE experimentan velocidades de descarga fijas 43.8% inferiores a las de zonas metropolitanas.

Además, en la banda ancha móvil, las personas que viven en ciudades tienen velocidades de descarga 37.2% superiores a las de las zonas rurales. Y aunque en general el promedio de rapidez de Internet ha mejorado en los últimos 5 años, la organización advierte que la brecha entre las regiones con las velocidades más rápidas y las más lentas se ha ampliado.

En América Latina, existen algunas brechas más profundas. Particularmente en Colombia, la diferencia en velocidad fija entre regiones metropolitanas y las más remotas supera los 100 Mbps, lo equivalente a una disparidad de 43.8%. Y en la banda ancha móvil, la brecha de velocidad entre áreas urbanas y rurales es de 50%.

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México, aunque presenta una brecha móvil más estrecha (alrededor de 5 Mbps en promedio), lo hace en un contexto de velocidades generales más bajas que el promedio de la OCDE.

Brasil, Perú y Argentina también reportan amplias brechas de velocidad en la banda ancha fija, ubicándose entre los 5 países que no son miembros de la OCDE con mayor diferencia absoluta en este rubro. 

Perú tiene una diferencia de 173.7 Mbps, Brasil de 97.8 y Argentina de 93.8%, lo que significa que la población de las ciudades experimenta un nivel de rapidez 246.4%, 123.1% y 139% mayor al de las zonas rurales o remotas.

Por otro lado, aunque el alcance de tecnologías más avanzadas se ha ampliado, en lugares donde llega la red 4G ó 5G la experiencia real de los usuarios es desigual. En 2024, las velocidades de descarga móviles 5G experimentadas en la OCDE por los usuarios de las ciudades (222.6 Mbps) fueron, en promedio, 28.3% superiores a las de las zonas rurales (173.5 Mbps).

En América Latina, esta cifra puede ser mayor, exacerbada por factores como saturación de red, menor inversión en infraestructura y barreras geográficas.

¿Qué significa estar bien conectado?

La investigación de la OCDE hace énfasis en que la brecha digital ya no sólo debe medirse en términos de si hay o no conexión. Hoy es una cuestión de calidad, simetría y estabilidad del servicio.

El estudio introduce un concepto clave para redefinir las políticas públicas: estar bien conectado implica contar con cobertura suficiente, tanto fija como móvil; velocidades adecuadas para videollamadas, aprendizaje virtual, salud digital y comercio electrónico; baja latencia y servicios estables; así como tarifas asequibles para los distintos segmentos de la población.

La OCDE advierte que los países que únicamente miden el número de suscripciones o la cobertura poblacional están dejando fuera aspectos críticos del acceso digital significativo.

El desafío político: cambiar el enfoque

La OCDE propone que los países adopten indicadores granulares para evaluar el estado real de su conectividad, incluyendo velocidades de subida y bajada, latencia y consistencia del servicio en cada región. Sólo así se pueden diseñar políticas públicas eficaces y asignar recursos donde más se necesitan.

En América Latina, resalta el informe, iniciativas como el mapeo de infraestructura en Colombia o el monitoreo de calidad de servicio en México van en esa dirección, pero aún falta integrar estos esfuerzos a la planeación de subsidios, licitaciones de espectro y regulaciones del mercado.

También se requiere fomentar modelos de inversión compartida y redes comunitarias, donde el mercado no llega, como lo han hecho países de la OCDE mediante asociaciones público-privadas o esquemas mayoristas abiertos.

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Respecto a este último punto, el organismo destaca que varios países latinoamericanos están adoptando innovadores modelos de infraestructura para desplegar infraestructura mayorista, como redes de fibra de acceso abierto. 

Por ejemplo, está el caso de V.tal con la red de fibra neutra más grande de Brasil, que presta servicios a operadores y proveedores de servicios en la Nube; en Chile, OnNet Fibra proporciona acceso mayorista abierto a todos los operadores de telecomunicaciones; mientras que en Perú está Internet Para Todos, un operador neutral de infraestructura móvil en zonas rurales

Estos proyectos, según la OCDE, son una forma de asegurar la financiación para salvar las brechas digitales mientras se preserva la competencia.

La República

Más de 1.500 habitantes de los territorios indígenas Brunca (Boruca) y Ngäbe (Guaymí) en el sur de Costa Rica pronto contarán con internet y telefonía móvil, gracias a un proyecto adjudicado por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) a la empresa Liberty Costa Rica.

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¿Te gustaría tener Internet de alta velocidad mientras viajas en autobús, y sin que haya desconexiones o intermitencias? La solución es el Internet satelital y Viasat ya presentó su nueva solución Digital Bus.

La solución de Viasat para autobuses utiliza conectividad satelital y celular vinculada, explicó la compañía, la cual aseguró que recientemente realizó pruebas exitosas en Brasil, el primer país en donde está disponible, con la expectativa de llegar a otras regiones.

Viasat detalló que Digital Bus está conformada por una plataforma de inteligencia operativa para que el operador monitoree el sistema de conectividad y otros puntos de datos, así como un portal para pasajeros que el cliente utiliza para acceder al servicio.

Explicó que dicho portal permite a los clientes acceder a WiFi de forma rápida e intuitiva, mientras que los operadores de autobuses pueden desarrollar diversas estrategias de monetización mediante publicidad dirigida y dinámica.

“Los pasajeros, independientemente de su destino y medio de transporte, esperan cada vez más el mismo nivel de conectividad que tienen en casa durante sus desplazamientos. Nuestra propia investigación indica que 85 por ciento de los pasajeros de autobús considera el WiFi un servicio esencial durante un viaje, y sabemos que un WiFi fiable influirá en el proveedor que elijan.

“Sin embargo, en muchas partes del mundo, los autobuses recorren extensas zonas sin cobertura móvil, lo que ha implicado poca o ninguna conexión de WiFi para los pasajeros en viajes de varios días”, dijo Andy Kessler, vicepresidente de Enterprise and Land Mobile de Viasat.

Explicó que con Digital Bus, los pasajeros podrán navegar, chatear con amigos y ver contenido de alta calidad en streaming, con cobertura incluso en los lugares más remotos.

Además, de acuerdo con la oferta de Viasat, los operadores también pueden usar la herramienta para rastrear, monitorear y gestionar su flota de vehículos dondequiera que se encuentren, además de que pueden añadir datos adicionales como telemetría o mantenimiento predictivo al panel de control.

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)

“La brecha digital y el acceso a internet como un derecho humano”, se denomina el proyecto de ley que está siendo analizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tiene como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso a conectividad a todos los ciudadanos, participó de una reunión técnica que estudia esta iniciativa.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado convocó a varias instituciones, entre ellas al MITIC, que estuvo representado por Margarita Rojas, directora general de Inclusión Digital y TIC en la Educación, para analizar los lineamientos del proyecto de ley. La iniciativa plantea el acceso universal a internet como una política de Estado, lo que conlleva un análisis profundo.

El enfoque parte de la necesidad de los tiempos actuales en acceder a tecnología y conectividad, situación que obliga al Estado a proyectar la infraestructura adecuada para posibilitar que el servicio a todo el país.

Durante el encuentro, se discutieron las posibilidades de colaboración con instituciones que poseen infraestructura de red, como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), con el fin de aprovechar las redes existentes -como la fibra óptica- para extender la conectividad a las zonas más vulnerables.

Además, los representantes de las diversas instituciones presentaron informes técnicos, los cuales proporcionaron una visión de la situación actual y los desafíos. Se destacó que el análisis exhaustivo del proyecto de ley seguirá su curso a través de las diferentes comisiones legislativas, contemplando la posibilidad de incorporar modificaciones, con el objetivo de perfeccionar la propuesta y asegurar su efectiva aplicación.

Los resultados de la más reciente encuesta Accesos, usos y usuarios de Internet, realizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y Cadem, da cuenta de un crecimiento en el acceso de Internet en hogares chilenos: 96.5 por ciento de las viviendas sondeadas declaró tener acceso propio y pagado al servicio, lo que implica un incremento de 2.2 puntos en la comparación interanual. 

La mayoría accede vía fija y móvil. El promedio de acceso sólo vía móvil es mayor en ámbitos urbanos y en hogares de menor nivel socioeconómico.

El dispositivo más usado para acceder es el teléfono móvil/smartphone. En segundo lugar se ubica la televisión con conexión a Internet, mientras que el computador portátil cierra el podio.

La mayoría utiliza el servicio para tener más acceso a información, para comunicarse con otras personas o para apoyar la educación de sus parientes.

Más de uno de cada tres encuestados aseguró acceder a Internet fijo vía fibra óptica, mientras que 41 por ciento señaló que el dispositivo desde el que accede a Internet móvil es compatible con 5G.

Entre los motivos para no acceder a Internet, el señalado con más frecuencia es que no saben usar el dispositivo. Otros encuestados optaron por decir que no se les ha informado sobre los beneficios de acceder o no saben usarlo. El costo es el cuarto argumento más mencionado.

El 62.2 por ciento de quienes no acceden está “muy poco dispuesto” a hacerlo; esta cifra trepa al 67.2 por ciento en hogares de nivel socioeconómico bajo.

En Costa Rica, el acceso a Internet en los hogares de estudiantes ha disminuido significativamente en 69 cantones, según los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2024, en comparación con las cifras de 2023.

El informe muestra una realidad mixta en cuanto al acceso a la tecnología en el sistema educativo de Costa Rica. Sin embargo, las escuelas del país han logrado avances significativos, mejorando el acceso mínimo a Internet y aumentando la disponibilidad de computadoras para los estudiantes.

El ICN incluye a todos los estudiantes matriculados en educación pública y privada, desde preescolar hasta secundaria.

Si bien el acceso a Internet en los hogares mostró variaciones más moderadas, sólo 17 de los 82 cantones registraron reducciones mayores a 1 punto.

Según datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), el acceso a Internet en el país ha mostrado señales de retroceso en los últimos años, tras un crecimiento importante de la apertura del mercado de telecomunicaciones.

En 2010, la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que sólo 25 por ciento de los hogares contaba con conexión a Internet, mientras que en 2019 alcanzó un máximo histórico del 86 por ciento. Sin embargo, en los últimos años se ha registrado una disminución al 81.7 por ciento en 2023.

Este descenso plantea una preocupación significativa, ya que Internet es una herramienta clave para el aprendizaje y el acceso a información y oportunidades.

Por otra parte, programas como Hogares Conectados, implementado en 2016 para subsidiar el servicio de Internet y dispositivos tecnológicos en hogares vulnerables, han perdido alcance debido al fin del plazo de los contratos de subsidio. Esto podría dificultar que muchas familias mantengan el servicio.

Los resultados del ICN 2024 también observan un incremento en el porcentaje de centros educativos con acceso a Internet de al menos 15 Mbps en 77 cantones, destacando que esta velocidad mínima no garantiza una calidad adecuada, especialmente cuando un gran número de usuarios se conecta simultáneamente.

En cuanto a la disponibilidad de dispositivos, se ha reducido el promedio de estudiantes por computadora, pasando de 10.3 en 2023 a 7.9 en 2024, en los 82 cantones. Persisten brechas significativas entre territorios, con algunas regiones enfrentando una escasez de equipos.

Al analizar el acceso a Internet en los hogares de los estudiantes, los cantones centrales registran un promedio de 72.5 por ciento de estudiantes con conexión a internet, mientras que en las zonas costeras y fronterizas este porcentaje se reduce a 42 por ciento. Por cantón, los extremos van desde el 10.5 por ciento en Talamanca hasta el 95 por ciento en Flores.

Asimismo, el acceso a Internet en las escuelas de Costa Rica muestra disparidades significativas. Cantones como Orotina, Flores y San Pablo tienen una cobertura del 100 por ciento en sus centros educativos, con velocidades mínimas de 15 Mbps. En contraste, cantones como Upala y Sarapiquí presentan 60 por ciento de escuelas sin esta conexión básica.

Esta situación está estrechamente vinculada al bajo despliegue de redes fijas en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde el promedio de operadoras por cantón es de 9.8, comparado con 16.2 en la GAM.

Durante el segundo trimestre del 2024 se registraron 99.7 millones de accesos de servicios móviles en Colombia. El total de accesos a Internet móvil fue de 47.5 millones, de los cuales la tecnología 5G representó el 4.5 por ciento, es decir 2,1 millones de accesos. Así lo revela el más reciente informe de Data Flash, presentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

En comparación con el mismo periodo en 2023, las líneas o accesos de servicios móviles crecieron 7,8 por ciento y los accesos de Internet móvil, 14,7 por ciento. Lo que representa un ingreso 3,1 billones de pesos, unos 704 millones de dólares.

Los ingresos de Internet móvil se elevaron un 8,4 por ciento frente al mismo trimestre del 2023, lo que supone 2,6 billones de pesos o 590 millones de dólares.

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Por su parte, los ingresos de los Operadores Móviles de Red (OMR) presentaron un crecimiento de 8,4 por ciento en el segundo trimestre de 2024 frente al mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) se incrementaron en un 5,4 por ciento.

Con respecto a las cifras por operador, Claro Colombia se mantiene en el primer lugar de accesos con el 58.3 por ciento del total del mercado, seguido de Tigo con 18.8 por ciento y  Telefónica con 15.2 por ciento. 

El tráfico de Internet móvil llegó a 1,57 millones de TB (1,5 Exabytes) en el segundo trimestre de 2024 (1,96% más que lo registrado en el primer trimestre del 2024). 

Los ingresos agregados para los servicios móviles (voz y datos) superaron los 3,1 billones de  pesos en el segundo trimestre de 2024, un crecimiento de 6,5 por ciento, frente al mismo trimestre del año anterior. 
Sin embargo, el tráfico de voz registró una disminución del 10.6 por ciento, 24 mil millones de minutos en total.