Sky Brasil convierte multa en obligación para llevar banda ancha satelital a escuelas
El consejo directivo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó, por unanimidad, la conversión parcial de una multa de R$ 46.1 millones (alrededor de 8.2 millones de dólares) impuesta a Sky Serviços de Banda Larga Ltda. en una obligación de hacer por un valor de R$ 15.8 millones (2.8 millones de dólares).
La decisión se tomó con base en el análisis de un recurso administrativo parcialmente acogido, y prevé que la operadora invierta el valor convertido en la conectividad de escuelas públicas situadas en localidades remotas, utilizando tecnología satelital, además de implementar red interna, suministrar equipos informáticos y realizar acciones de alfabetización digital con foco en la comunidad escolar.
La decisión también establece que, en caso de incumplimiento de la obligación, Sky estará sujeta a la ejecución del valor íntegro de la multa, corregido monetariamente. El proyecto será acompañado por el área técnica de la Agencia, que aún definirá, en conjunto con la empresa, los criterios para la selección de las localidades y escuelas beneficiadas, priorizando áreas de difícil acceso.
La Anatel entendió que la obligación propuesta atiende al interés colectivo y contribuye a los objetivos del Plan Estructural de Redes de Telecomunicaciones (PERT) y a las metas de la Agenda 2030 de la ONU.
La penalidad original tuvo su origen en infracciones cometidas por Sky contra el Reglamento General de Derechos del Consumidor de Servicios de Telecomunicaciones (RGC), investigadas en un proceso de fiscalización de 2016.
Las fallas incluían deficiencias en la atención presencial, dificultades de acceso a la grabación de llamadas, barreras en la comunicación con personas con discapacidad, entre otras.
En 2023, Sky presentó una propuesta de conversión parcial de la multa, con base en la regulación vigente, que permite sustituir parte del valor pecuniario por iniciativas de interés público.
El mecanismo de conversión ha sido usado con frecuencia en los últimos años, más específicamente con los operadores de telefonía móvil, especialmente desde 2021, cuando la Agencia comenzó a aplicar más ampliamente el instrumento con base en la Resolución Nº 744/2021 y en el Decreto Nº 11.738/2023, que instituye el Programa de Estímulo a la Conformidad Normativa (PRO-REG). Sin embargo, esta es la primera vez que tales obligaciones se aplican en el segmento de banda ancha.