Sindicatos rechazan propuesta de Oi y alertan sobre riesgo de despidos masivos

Las principales federaciones de trabajadores del sector de telecomunicaciones –FENATTEL, FITRATELP y FITT/Livre– intensificaron las críticas a la conducción del proceso de recuperación judicial de Oi y a la postura de la administración judicial.

En comunicados, las entidades expresaron indignación por las decisiones de la 7ª Sala Empresarial del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), que podrían llevar a la liquidación del operador a partir del 1º de noviembre, advirtiendo sobre el riesgo de despidos masivos.

Además de denunciar el “silencio” de la administración y de los interventores judiciales –Tatiana Binato (Serede y Tahto) y Bruno Resende (Oi S.A.)– ante las solicitudes formales de diálogo, las federaciones afirman que los trabajadores viven un clima de inseguridad e incertidumbre respecto al futuro de la empresa y de sus empleos.

Las entidades también acusan a Oi de haber roto, por primera vez, un acuerdo colectivo al no pagar la cuota del Programa de Participación en los Resultados (PPR) de 2024, prevista para el 21 de octubre.

Paralelamente, la Comisión de Negociación de Fenattel informó haber rechazado, en una reunión celebrada el 22 de octubre, una propuesta de Oi que mantenía la fecha base pero sin reajuste de salarios y beneficios, además de proponer cambios en la cláusula de transición profesional y el fin del PMUC (Programa de Medicamento de Uso Continuo).

La federación reafirmó la necesidad de mantener íntegramente el Acuerdo Colectivo de Trabajo y exigió una nueva ronda de negociaciones, aún sin respuesta por parte de la empresa.

Los sindicatos insisten en que el operador posee activos suficientes para recuperarse sin recurrir a la liquidación, citando la participación del 27% en V.tal, más de 7,000 inmuebles propios y créditos en disputa con la Unión.

“Oi es una empresa gigante y tiene patrimonio para salir de la crisis. Falta voluntad y coraje para decidir a favor de los trabajadores”, afirmaron las entidades, pidiendo que la Justicia garantice la continuidad de las operaciones y la preservación de los empleos.