Las plataformas de movilidad quedaron en el limbo después de que, hace un mes, la Cámara de Representantes de Colombia descartó en minutos el proyecto de ley que busca regularlas y equilibrar la competencia en los servicios de transporte.
En la ecuación, quienes pierden con la decisión de los legisladores son los usuarios, los conductores de Uber, Didi, Cabify y otras aplicaciones, la innovación tecnológica y la economía del país.
Y quienes ganan siguen siendo los dueños de los cupos de taxis ―como se conoce al sistema de control del parque automotor―, que por décadas han monopolizado la operación de este servicio, sostiene David Luna, presidente de Alianza In, una asociación que integra a las plataformas de la llamada economía colaborativa.
En entrevista con DPL News, Luna expone que “la regulación era importante porque establecía unas reglas claras”; permitiría acabar con el “monopolio” de los empresarios dueños de los cupos, e iba a generar posibilidades de integración de la tecnología al servicio público.
Aunque la propuesta de ley se aprobó en primer debate, se hundió en el segundo trámite, debido a que la Comisión Sexta de la Cámara quiso evitar más manifestaciones de los taxistas. La discusión coincidió con las protestas en el Paro Nacional que inició a finales de abril, a raíz del rechazo a la reforma tributaria, y continúa hasta la fecha.
Mientras se intensificaban las protestas de la población en diferentes ciudades y municipios del país, el gobierno y el Congreso temían que la problemática se agravara con la amenaza latente de los taxistas de escalar sus reclamos.
Durante los mismos días en que se dio el voto negativo a la iniciativa, el gremio convocó a un paro indefinido que incluiría paralizar vías de tránsito. Integrantes de la Comisión reconocieron que este contexto impidió avanzar en el debate.
En opinión del también exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los grupos de taxistas lograron ejercer presión a la Cámara, sirviéndose de un poder que han concentrado por varios años.
“Hoy en día, quien quiere tener un taxi debe pagar el precio al empresario, no al Estado, esa plata no entra a los recursos del Estado. Pero ese taxi utiliza una malla vial y un sistema semafórico que pagamos todos los colombianos, y quien se queda el beneficio económico es el dueño de esos cupos”.
“Me parece que es un desequilibrio muy grande, lo que está defendiendo (el gremio taxista) es un negocio, es un monopolio. Muchos conductores de taxistas que no son dueños de cupos se ven afectados porque les cobran una plata diaria por manejar ese vehículo”, afirma Luna.
También lee: Cómo potenciar los beneficios sociales de la economía colaborativa: claves para América Latina
En contraparte, el vocero del gremio de taxistas, Johnny Rangel, quien además lidera un programa transmitido por RCN Radio, ha dicho en numerosas ocasiones que las aplicaciones de movilidad no han querido cumplir con las regulaciones actuales y operan de manera “desleal”.
David Luna puntualiza que las plataformas de movilidad pueden funcionar de manera legal en Colombia, aun sin una ley específica, porque están amparadas en el principio de neutralidad de la red, aquel que determina la no discriminación del tráfico en Internet; es decir, que en este caso no se puede restringir la libertad del usuario de solicitar el servicio.
Sin embargo, dado que el actual gobierno ha puesto en su agenda la necesidad de establecer una reglamentación, Luna resalta la relevancia de avanzar en la discusión de un proyecto normativo al respecto, o de lo contrario las plataformas funcionarán en un entorno incierto y los ciudadanos no tendrán alternativas para movilizarse.
“El ciudadano escoge” en la economía colaborativa
La iniciativa de regulación que se estancó en el Congreso proponía introducir una categoría de “servicio de movilidad colaborativa” para los vehículos particulares que trabajan mediante plataformas digitales.
Bajo este modelo, las plataformas de movilidad tendrían libertad tarifaria y se buscaría replicar el modelo de tarifa dinámica en los taxis, eliminando el tradicional conteo por taxímetro. Con estas condiciones, el usuario podría saber, antes de decidir abordar, cuánto pagará por un viaje.
Además, el proyecto pretendía que los vehículos relacionados a las plataformas no deberían tener más de 10 años de antigüedad; que los conductores contaran con la misma licencia de conducir que los taxistas; eliminaba el límite de número de taxis (los cupos), y disponía que el Ministerio de Transporte hiciera ajustes para nivelar el mercado.
Y entre otros elementos, contemplaba la creación de un fondo para compensar a los taxistas que invirtieron en los cupos, el mejoramiento de la malla vial y la modernización de los vehículos, el cual se formaría con el 1 por ciento del valor de cada viaje.
Si se reconoce la operación de las plataformas de movilidad, no sólo se beneficia a las empresas tecnológicas que enlazan a los usuarios con los conductores ―y cobran una comisión fija por ello―, sino también se permite que los colombianos puedan generar ingresos durante la actual crisis por la pandemia de Covid-19, destacó en el debate el representante del Partido Verde y promotor de la iniciativa, Mauricio del Toro.
En Colombia existen más de 200 mil conductores de plataformas de movilidad, quienes generan ingresos que les permiten vivir o completar sus gastos, en un contexto en el que el desempleo ha aumentado y la economía se ha contraído debido a la contingencia por el coronavirus.
Luna destaca que, en el análisis regulatorio, es muy importante tomar en cuenta que la economía colaborativa ―que supone un intercambio de bienes y servicios con ayuda de la tecnología― permite obtener ganancias a miles de familias, incluidas personas que lo ven como una segunda fuente de ingresos, quienes se han quedado sin trabajo durante la pandemia, mujeres cabezas de familia y varios más.
Un estudio de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) encontró que las plataformas digitales de transporte y mensajería contribuyen con el 0.3 por ciento del PIB.
También lee: Plataformas digitales, alternativa para generar ingresos ante escalada de desempleo en Colombia
De acuerdo con dicho informe, las plataformas de la economía colaborativa facilitan nuevas fuentes de ingresos ante la situación de informalidad y falta de empleo en la nación; al igual que favorecen la innovación, el uso de tecnologías digitales y la bancarización de la población.
“En este modelo, es el ciudadano quien escoge”: por un lado, quien se registra como conductor; por otro, aquél que elige el servicio, porque representa la oferta más económica, segura y con mayor trazabilidad, sostiene Luna.
Agrega que “el Congreso, desde mi punto de vista, pierde una oportunidad e incumple una promesa que hizo comenzando su mandato” sobre la formulación de dicha normativa. Además, considera que va en contra de las aspiraciones de la actual administración que apuntan a convertir al país en un líder digital en América Latina.
“Colombia debe tener en cuenta que el ecosistema digital está ahora en crecimiento, algunos se equivocan al compararlo con Amazon, Facebook o Netflix. Las compañías digitales (de movilidad) siguen estando todavía en expansión. Una regulación equivocada puede acabar con ese sueño de convertirnos en un líder digital en América Latina”.
Por esa razón, Luna señala que se necesitan reglas claras para que este mercado pueda funcionar, alcanzar su potencial de desarrollo en el ecosistema digital, mejorar el proceso de competencia y proporcionar beneficios y oportunidades a la población colombiana.
¿Cómo conciliar dos posturas?
Queda claro que plataformas de movilidad y taxistas tienen posturas divergentes. Aunque parecen irreconciliables, David Luna piensa que, precisamente, la regulación representa una vía de conciliación y por ello espera que pronto se ingrese una iniciativa al Congreso para reactivar el debate.
El congresista Mauricio Toro adelantó en mayo que radicará un nuevo proyecto de ley para regular las plataformas de movilidad. Eso probablemente sucederá en julio, aunque quizás dependerá de los avances en las negociaciones entre el gobierno y los manifestantes del Paro Nacional.
“La mejor forma de trabajar es en conjunto, poner la tecnología al servicio de los taxis y de los vehículos particulares; ver de qué manera se le genera mejores oportunidades en materia de seguridad, mejores precios al consumidor; ver de qué forma hay la capacidad de utilizar estas herramientas para generar oportunidades”.
En opinión de Luna, ambos sectores deben trabajar en conjunto y no verse como una isla cada uno, porque, si se dan las condiciones, uno puede complementar al otro según los requerimientos y circunstancias de los usuarios. Además, el presidente de Alianza In explica que los cambios tecnológicos se seguirán dando y no pueden ser ignorados.
“Nunca los dueños de las compañías de correos se quedaron lamentando, o luchando contra el e-mail, lo que hicieron fue enfrentarlo y pudieron convivir. Pero, en otro ejemplo contrario, las compañías tradicionales de video (como Blockbuster) creyeron que nunca la tecnología las iba a superar: las superó y las quebró”.
Los cambios no sólo vendrán de la mano de las aplicaciones de movilidad como se les conoce hasta ahora. Si bien aún parece un tema futurista, ya se vislumbra en el futuro una presencia importante de vehículos autónomos en el servicio de transporte y algunas empresas están explorando su operación con personas a bordo en países como China.
“¿En ese momento qué va a pasar? ―reflexiona Luna― ¿Se van a oponer a que los carros no tripulados puedan transitar? ¿Qué van a hacer cuando exista la conexión de Internet de las cosas entre el vehículo, el semáforo o la cebra por la que atraviesa el peatón? ¿Se van a oponer a que exista esa conexión porque hay que proteger a un sector? No, yo creo que hay que proteger a la ciudadanía, a los consumidores y usuarios”.
