El Universal Irene Levy
Los servicios audiovisuales de streaming y la TV de paga operan ya con catálogos supervisados, clasificaciones por edad, restricciones de acceso y controles parentales.
Es increíble lo rápido que los legisladores producen iniciativas frente a la lentitud con la que las entienden. La propuesta reciente para reformar los artículos 191 y 219 de la flamante Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por el diputado Carlos Puente, del Partido Verde, vuelve a poner en evidencia esta brecha, y sí, también quiere aprobarse en fast track.
Se trata de una respuesta bien intencionada, pero técnicamente desconectada de la realidad. El planteamiento central de la iniciativa consiste en proteger a niñas, niños y adolescentes de contenido dañino, incluida la manipulación digital de imágenes o deepfakes. La violencia digital hacia menores es un problema real y creciente, pero la pregunta no es si debemos actuar, sino cómo.
La propuesta de reformas obliga a una larga lista de actores que van desde proveedores de acceso a internet, plataformas de streaming, tiendas de aplicaciones, concesionarios de TV de paga, redes sociales e incluso fabricantes de dispositivos, a implementar controles parentales, bloquear o filtrar contenidos, detectar material nocivo, ajustar algoritmos y eliminar de inmediato contenidos manipulados. Es una receta amplia y genérica que no distingue capacidades técnicas, roles dentro del ecosistema digital ni limitaciones operativas.
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