En este momento de incertidumbre, en el que millones de argentinos se encuentran en situación de aislamiento, fomentar una mayor inclusión digital resulta fundamental.
Para ello, el Enacom (regulador argentino) cuenta con el Fondo de Servicio Universal, una herramienta reformulada en nuestro país a través de la Ley Argentina Digital (ley 27.078) de 2014.
¿Cómo puede utilizarse ese fondo de manera urgente? ¿Puede aumentar la penetración del servicio en forma inmediata? ¿Sirve para situación de emergencia como la actual?
La respuesta es sí. El Fondo de Servicio Universal, al ser un fondo fiduciario, tiene una afectación específica, es decir, debe utilizarse para los fines para los cuales fue creado, esto es “el conjunto de Servicios de TIC que deben prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica” (art. 18 de la ley).
Dicho esto, ¿qué capacidad de generar impacto tiene hoy el fondo? Estimamos que al día de hoy cuenta con más de 11 mil millones de pesos (160 millones de dólares) y un reglamento que permite una gran posibilidad de soluciones para lograr su objetivo. Recientemente, en forma acertada, el Enacom dispuso ampliar esas posibilidades al incluir a los barrios del RENABAP que requieran una solución urgente en este contexto de pandemia y aislamiento.
RENABAP es el Registro Nacional de Barrios Populares, compuesto por 4 mil 416 barrios donde viven aproximadamente 4 millones de personas, los más afectados por la pobreza, la exclusión social y la falta de acceso a Internet.
Como soluciones urgentes, podemos mencionar la reciente entrega de tarjetas de recarga para servicio móvil a los habitantes de la Villa Azul (provincia de Buenos Aires), barrio popular particularmente afectado por Covid-19. Este tipo de alternativas, si bien no implican una solución definitiva para el acceso a Internet, brindan una solución inmediata en este difícil momento.
Pensando a más largo plazo sería acertado pensar un “Programa de Aportes No Reembolsables” para que ISPs puedan realizar inversiones en infraestructura que permitan generar cobertura de Internet fijo y móvil en aquellos barrios marginales. Este sistema de inversión público/privado (los ISPs también deben destinar fondos propios) viene logrando buenos resultados desde 2017, llegando a más de 200 localidades menores a 10 mil habitantes, las más afectadas por la falta de cobertura de ambos servicios.
Otra solución acertada sería disponer un programa de subsidio a la demanda que tenga permanencia en el tiempo, esto lograría que más familias que ya tengan cobertura puedan acceder al servicio de Internet fijo. Sobran ejemplos de este tipo de programas en distintos países (EEUU, Uruguay, Colombia, entre otros).
La generación de un servicio de Internet asequible es un deber para el Estado (así lo dispone la ley). Para ello, generar una mayor competencia en el servicio minorista y mayorista (Arsat ya cumple un rol en este sentido) es una medida importante.
También lo es generar programas subsidiarios, tanto en la demanda como en la inversión en CAPEX para dar soluciones inmediatas en esta difícil coyuntura de aislamiento y pandemia, pero también sustentables y de más largo plazo.
Con este tipo de acciones tendientes a lograr una mayor inclusión digital, se cumplen los objetivos del servicio universal que en definitiva buscan generar una mayor igualdad de oportunidades a partir de un acceso de todos los habitantes a los beneficios de la conectividad.
