Senado de Brasil aprueba aumento de impuestos para Fintech y sitios de apuestas
La Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado de Brasil aprobó este 2 de diciembre un proyecto de ley (PL 5.473/2025) que incrementa la carga tributaria sobre las Fintech y endurece las exigencias de cumplimiento para empresas del sector financiero digital y de apuestas en línea.
La iniciativa, que ahora pasa al análisis de la Cámara de Diputados, también establece mecanismos adicionales para la lucha contra el lavado de dinero, en medio de las preocupaciones del gobierno y del Congreso por el uso de bancos digitales por parte del crimen organizado, y crea un nuevo índice para evaluar el cumplimiento de las normas regulatorias en el mercado de bets (sitios Web de apuestas virtuales).
El objetivo principal del proyecto, sin embargo, es aumentar la recaudación e igualar la carga tributaria de las Fintech con la aplicada a los bancos tradicionales. En ese sentido, el texto aprobado prevé cambios en la Contribución Social sobre la Utilidad Neta (CSLL) aplicable a las Fintech y a las instituciones de pago.
La tasa, hoy fijada en 9%, pasará al 12% en 2026 y alcanzará el 15% en 2028. La misma regla se aplicará a las administradoras de mercados extrabursátiles y bolsas de valores. En el caso de las sociedades de capitalización y las instituciones de crédito, el aumento será mayor: del 15% al 17.5% en 2026 y al 20% en 2028.
Además del ajuste fiscal, el proyecto genera impactos directos en el entorno regulatorio digital. Entre las medidas se incluyen la exigencia de informes semestrales de cumplimiento por parte de las instituciones financieras, la responsabilización de la publicidad vinculada a empresas irregulares y la integración de los agentes regulados en sistemas antifraude.
La propuesta también contempla la creación del Índice de Conformidad Regulatoria en Apuestas (ICRA), que clasificará el grado de adhesión de las operadoras a las normas de prevención de prácticas ilegales, y que podrá servir como base para la concesión de beneficios o la imposición de restricciones regulatorias.
En el segmento de apuestas en línea, la tributación también aumentará de forma progresiva. La Contribución sobre la Ingresos Brutos del Juego subirá del actual 12% al 15% entre 2026 y 2027, y alcanzará el 18% en 2028. El impuesto se calcula sobre los ingresos netos de las operadoras, descontados los premios pagados a los apostadores.
La propuesta modifica además las reglas sobre la remisión de utilidades al exterior, permitiendo la devolución del impuesto pagado en exceso en Brasil cuando la carga tributaria total supere el límite legal de aproximadamente 34%. El plazo para solicitar la restitución será de hasta cinco años, en línea con el Código Tributario Nacional, lo que amplía la seguridad jurídica para los inversionistas internacionales.
Las nuevas tasas de la CSLL y de la tributación sobre las apuestas entrarán en vigor a partir del cuarto mes posterior a la publicación de la ley. Las normas relacionadas con el crédito tributario para residentes en el exterior comenzarán a regir en el ejercicio siguiente, mientras que las demás disposiciones tendrán aplicación inmediata.
Según estimaciones oficiales, el paquete deberá generar un impacto fiscal positivo de R$ 5,000 millones en 2026, R$ 6,300 millones en 2027 y R$ 6,700 millones en 2028. La medida es defendida por el relator del proyecto, el senador Eduardo Braga, como un paso para ampliar la contribución de sectores altamente lucrativos y fortalecer el equilibrio fiscal, con efectos directos sobre la regulación del ecosistema de innovación financiera en el país.
El proyecto también crea el Programa de Regularización Tributaria para Personas Físicas de Bajos Ingresos, que permite la renegociación de deudas tributarias y no tributarias vencidas para contribuyentes con ingresos mensuales de hasta R$ 7,350 en 2024.
Quienes perciban hasta R$ 5,000 al mes tendrán acceso total a los descuentos y beneficios, mientras que los ingresos superiores contarán con reducciones proporcionales de los incentivos. Las cuotas tendrán un valor mínimo de R$ 200, y la adhesión al programa implica el reconocimiento de la deuda y la exclusión de otros planes de pago, salvo las excepciones previstas en la ley.