Para mejorar la cobertura de la red de telefonía móvil en Brasilia, el gobernador Ibaneis Rocha firmó la Ley Complementaria No. 971 del 10 de julio de 2020, conocida como la Ley de Antenas. La propuesta, preparada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduh), establece los parámetros urbanos de la infraestructura de soporte para las redes de telecomunicaciones, instaladas en áreas públicas y privadas en el Distrito Federal de Brasil.
La sanción fue publicada en el Diario Oficial de la Unión. La Ley servirá para alentar la instalación de equipos en áreas privadas en Brasilia y en ciudades satélite. Con ello se debería facilitar el despliegue de infraestructura para la telefonía móvil de quinta generación (5G).
Según las nuevas reglas, las empresas podrán instalar antenas en lotes privados, y deberían preferir antenas con dimensiones más pequeñas que generen menos impacto visual negativo y que estén integradas o camufladas en el paisaje urbano y en edificios, para incorporarlos en proyectos arquitectónicos y paisajísticos.
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Con la nueva ley, el gobierno regularizará en hasta dos años alrededor 2 mil 016 antenas instaladas en la parte superior de los edificios, al lado de las carreteras, en las escuelas o en terrenos abiertos. Antes sólo las áreas públicas podían recibir este equipo, de acuerdo con la Ley No. 755, que se ocupa genéricamente de la concesión del uso.
Silencio positivo
El texto sancionado establece el principio de silencio positivo, es decir, que la administración pública tendrá un periodo de hasta 60 días para que el gobierno de Brasilia autorice la instalación de antenas con la emisión de la Licencia de Implementación de Infraestructura de Telecomunicaciones del Distrito.
Si no hay respuesta en ese plazo, la compañía estará autorizada automáticamente para instalar el equipo. Los operadores de telecomunicaciones ahora pueden solicitar la regularización de antenas ya instaladas y nuevas. Cada pedido costará 1.5 mil reales.
La ley también tiene en cuenta aspectos como la llamada zona crítica, a una distancia de al menos 50 metros de hospitales, escuelas y guarderías, en la que las empresas deben evitar la instalación de antenas.