Reforma Jorge F. Negrete P.
La presidenta Claudia Sheinbaum quiere inversión en el mundo de la conectividad. Conectar zonas rurales y conurbadas, inversión de empresas de tecnología digital, microprocesadores, nearshoring y la modernización de la planta industrial. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, busca inversión de empresas extranjeras de alta tecnología y nuestro país necesita incrementar los anchos de banda de Internet para ser competitivos con Norteamérica.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó un proyecto de ley antimonopolio, donde ha sido muy vocal con el tema de telecomunicaciones. ¿Es correcta y oportuna esta iniciativa? Sí. Su fundamento, manejo de lenguaje y facilidad para el desarrollo del mundo de la conectividad y de la tecnología digital, ¿son los correctos? No.
El proyecto del diputado mantiene un razonable espíritu de competencia y bienestar al consumidor, pero desafortunadamente es una versión más estricta y redimensionada de la Ley Peña-Videgaray pensada para un mundo 4G y no una sociedad digital avanzada. La reforma de Peña decidió sacrificar la inclusión digital a cambio de buscar la consolidación y el crecimiento de los operadores, vía la figura de la preponderancia, y el proyecto del diputado mantiene ese principio, pero de forma draconiana.
La ley antimonopolio del diputado en materia de telecomunicaciones y tecnología digital va en contra de las inversiones, la conectividad y del bienestar digital del ciudadano y del país.
Eufemismos:
1. El modelo de órgano regulador transversal antimonopolio copia el modelo español de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, uno de los reguladores que con más vigor ha combatido al mundo de las telecos y de las empresas digitales. La geopolítica por delante, frente a Estados Unidos y empresas tecnológicas.
2. La iniciativa busca neutralidad competitiva, pero mantiene como empresa no regulada a CFE Telecom, ya que en la Constitución se estableció que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: el servicio de Internet que provea el Estado”. Esto viola el T-MEC, ya que el artículo 18.18 señala que “ninguna parte otorgará un trato más favorable a un proveedor de servicios de telecomunicaciones en su territorio… sobre la base de que el proveedor que recibe un trato más favorable es propiedad o está bajo el control del nivel central de gobierno de la parte”. No se pueden beneficiar empresas públicas.
3. Preponderancia. ¿Tiene el T-MEC obligación de regulación asimétrica para ambos países? Sí. ¿Tienen la obligación ambos países de incorporar la preponderancia? No. Sólo México. ¿Por qué mantener una disposición que va en contra del derecho de acceso a Internet, la inclusión digital, injusta para los ciudadanos, los derechos humanos y para México? Nos autoimpusimos en el T-MEC esa figura; EUA no. Quítenla.
4. Multas en el mundo digital. Los ingresos para establecer multas serán los correspondientes a la totalidad de las empresas del grupo de interés económico del que forme parte el infractor. ¿La inspiración? Europa, “las multas pueden ascender hasta el 10% de la facturación mundial del grupo de empresas al que pertenezca la empresa infractora”. México no debe entrar a la geopolítica digital, debe fortalecer su sistema de sanciones pero no imitar la regulación exorbitante, esto es una preponderancia digital.
El destino de la competencia es liberar inversiones y mejores productos a los usuarios. Este proyecto no lo hace, mantiene las barreras a la inversión del mundo de la infraestructura y tecnología digital, pero a la europea y violando derechos humanos y neutralidad competitiva. Esta es la Ley Peña-Videgaray 2, pero influenciada de geopolítica y con capacidad de destruir innovación y caminar en sentido contrario a la intención de la presidenta Sheinbaum.
La ley de las imposibilidades empíricas consiste en que no se puede lograr algo si haces lo necesario para que no suceda.
Presidente de Digital Policy Law
X / @fernegretep