El Nuevo Diario Rafael Reyes Cabreja
Un anuncio en redes sociales ofrece un celular nuevo a mitad de precio. El comprador transfiere el dinero para apartarlo, y minutos después el supuesto vendedor desaparece: bloquea el número, borra la publicación y nunca entrega nada. Es una escena que se repite con distintos rostros y distintos montos, pero con el mismo desenlace, y que hoy se ha vuelto tan común que el sistema de justicia dominicano la enfrenta con creciente frecuencia.
Detrás de ese engaño hay una figura penal con nombre propio: la estafa por medios electrónicos. El desarrollo tecnológico permitió que las personas hicieran operaciones bancarias, compras y gestiones desde cualquier lugar, pero esas mismas herramientas terminaron siendo aprovechadas por delincuentes para cometer fraudes con mayor facilidad y con menos posibilidades de ser identificados. Redes sociales, plataformas de compraventa, aplicaciones de mensajería y sitios web falsos se han convertido en el escenario donde ocurre buena parte de estos hechos, muchas veces acompañados de otros delitos informáticos como la suplantación de identidad o el uso fraudulento de datos personales.