Rendición de Cuentas: puntos clave para el sector que revisará el Senado uruguayo

Discusión y debates no faltaron, como resulta habitual, en el proceso de revisión de la Rendición de Cuentas por parte de la Cámara de Representantes de Uruguay. La derogación de la Ley de Medios (19,307) fue protagonista en las negociaciones pero finalmente no prosperó, aunque sí hubo luz verde para cambios en su artículo 56 que, de no mediar cambios en la revisión del Senado, redundará en que los cableoperadores puedan dar Internet.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quería dejar sin efecto la ley que, desde 2014 y por impulso de la ahora oposición, regula la prestación de servicios de radio, TV y otros servicios de comunicación audiovisual en Uruguay. Así lo expresó públicamente y así figuraba en uno de los artículos del texto original de la Rendición que finalmente fue apartado del texto que pasó a revisión. La moción incluso se votó pero no consiguió el mínimo necesario –obtuvo 31 de 96 votos.

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Votación de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes. Imagen: Parlamento del Uruguay.

Distinta suerte corrió para el aditivo por el que se aprobó con media sanción el cambio en la redacción del artículo 56 de la ley sectorial. La propuesta es que ahora diga lo siguiente: “Los titulares de servicios de comunicación audiovisual de TV por abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar servicios de banda ancha y acceso a Internet”. Agrega que podrán hacerlo con redes propias o de terceros, en igual área de cobertura a la de su respectiva licencia.

El texto, contenido en el artículo 219 de la Rendición, es similar al del proyecto de Ley presentado por el legislador Sebastián Cal –el aditivo también lleva su firma– y va en igual sentido que las decisiones judiciales por las que algunos prestadores de TV de paga ya habían logrado autorización para dar Internet en Uruguay, por considerarse inconstitucional el artículo que ahora se pretende modificar. La novedad, aunque aún no definitiva, fue celebrada por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA).

“Esperábamos poder contar con la posibilidad, el cómo no es algo que nos compete. Estamos expectantes a lo que suceda (en el Senado) pero creemos que finalmente se hará justicia con las empresas que hemos quedado relegadas por la imposibilidad de evolucionar hacia donde evolucionó el mundo”, dijo a DPL News el Presidente de la entidad, Washington Melo. CUTA nuclea a más de 80 cableoperadores de Uruguay.

¿Estas empresas ya están listas para dar Internet? ¿Lo harán con redes propias o de terceros? “Se avanzó bastante en fibra, porque tiene mejores prestaciones y también por costos, vale un tercio de lo que vale el cable coaxial. Tenemos que hacer otras inversiones que no ameritaba hacer antes porque no se necesitaban para el servicio de video, pero estamos preparándonos y estarémos listos a la brevedad para dar el servicio”, respondió Melo. Sobre qué redes utilizarán, indicó que cada prestador tomará su decisión.

A quienes seguro no convence la nueva redacción es a los prestadores que ofrecen servicios de TV en Uruguay con tecnologías distintas al cable: especificamente a DirecTV, Claro y Cablevisión, en algunos sitios del país, pues lo hacen vía satélite. El texto que pasó al Senado deja afuera a estos operadores en una situación similar a lo que ocurría con el proyecto de ley de Cal, en ese caso por excluir de la posibilidad a aquellos proveedores con pisada nacional.

Para Observacom, en tanto, esta nueva redacción del artículo supera en alcance al argumento que lo motivó. Así lo consideró Gustavo Gómez, su director Ejecutivo, en diálogo con este medio: “Creemos que las medidas de anticoncentración de la Ley de Medios eran correctas y necesarias. Hubiéramos preferido una modificación que atienda la solicitud de pequeños cableros, que es el fundamento predominante, pero evitar que grupos mediáticos pudieran seguir concentrando poder a través de nuevas concesiones”.

Bloqueo de contenidos

Distintas entidades se habían mostrado preocupadas por los artículos del proyecto inicial por los que se resolvían formas y procedimientos de bloqueo de contenidos ilegales. La revisión de Diputados generó modificaciones en estos puntos aunque el alivio no es completo. En los papeles se eliminaron los artículos 214 y 216 y se aprobó un sustitutivo del 215, ahora 212, que es el que mantiene la tensión de cara a la revisión de la Cámara Alta.

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Rendición de Cuentas. Propuesta de Diputados para el artículo 212. Se revisará en el Senado.

“Vemos positivo que se hayan eliminado dos de los tres artículos, pero el que queda sigue siendo igualmente problemático. Si bien es más específico, se mantiene que las decisiones sean tomadas por vía administrativa, sin debido proceso y que tanto las plataformas como los proveedores de Internet tengan que bloquear los contenidos supuestamente ilegales en menos de 30 minutos. El riesgo de bloquear contenidos equivocados es muy grande, lo cual afectaría potencialmente otros derechos y libertades”, dijo a DPL News Raúl Echeberría, director Ejecutivo de ALAI.

“También es grande el riesgo de que distintos operadores tomen decisiones diferentes para bloquear el contenido indicado, con la presión adicional del tiempo. Esto puede derivar en una fragmentación de Internet, que es que pueda funcionar de manera diferente dependiendo de en qué red estoy conectado. Es un efecto que en todo el mundo trata de evitarse de forma muy explícita. Adicionalmente, este mecanismo de fast track que se crea para proteger el derecho de los propietarios de los derechos, no incluye como debería, un mecanismo igualmente ágil para atender los reclamos o apelaciones de los que pudieran ser injustamente perjudicados”, amplió.

En este contexto, el ejecutivo consideró que, de aprobarse, “esto se convertiría en una muy mala práctica regulatoria que podría ser demandada también por otras industrias de contenidos protegidos. Es un camino equivocado para resolver un problema en el que se podrían conseguir mucho mejores resultados por la vía de la cooperación entre las partes involucradas”. En igual sentido se pronunció Gomez, de Observacom, quien señaló que aun con los cambios, se trata de “un pésimo antecedente porque otros sectores van a recurrir al mismo mecanismo para ampliarlo a otras áreas de Internet y esto puede generar problemas muy graves a los derechos fundamentales”.

Protección de datos personales

Durante el tratamiento, también variaron los artículos por los que se generan cambios en la ley de protección de datos personales. De acuerdo con el texto que pasó al Senado, se modificarán ítems del apartado 13 de esa ley, relacionado al derecho de información frente a la recolección de datos, y del artículo 34, que señala las acciones a cargo del órgano de control –la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Los cambios quedan expuestos en los artículos 61 y 62 del documento a revisión.

Sobre este punto, Echeberría indicó que estos dos artículos fueron modificados en Diputados por sugerencia de la mencionada Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. En este contexto, consideró que “los cambios introducidos son muy positivos y limitan el alcance de los artículos que en su redacción original eran demasiado amplios. Igualmente sería bueno hacerle algunas mejoras adicionales, como aclarar que la transparencia algorítmica debe limitarse cuando se ponen en riesgo los secretos industriales o comerciales”. La entidad hará “sugerencias al Senado en ese sentido”, completó.

Dentro y fuera

Aunque la luz verde para que cableoperadores puedan dar Internet fue tomada por la oposición como una muestra de que el gobierno pretende dañar a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), no hubo en esta Rendición de Cuentas algo que esperan hace tiempo los privados en Uruguay: obligaciones para que la empresa estatal comparta su infraestructura.

Tampoco fue parte del texto la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que había formado parte del documento inicial el año pasado, ni hubo mención a la idea de que las transferencias de titularidad de servicios de telecomunicaciones deben contar con autorización previa por parte del Ejecutivo –también se trató en 2021. En Diputados también quedaron fuera algunos artículos incorporados por si se derogaba la ley de Medios, como la obligación de transmitir partidos de la selección.

Fuera del artículado, el gobierno hizo algunas promesas con impacto para el sector en la exposición de motivos de la Rendición de Cuentas que ahora sigue su debate. Señaló, por ejemplo, que el plan para Antel será ampliar sus redes para alcanzar nuevos clientes; proyecta continuar el despliegue de fibra, con foco en el interior, y comenzar a adquirir equipos para el avance de 5G. Adicionalmente, se propone priorizar tres segmentos en materia de innovación: tecnología digital, biotecnología y tecnología verde, bajo la idea de economía circular.

Discusión en el Senado

La acalorada discusión en Diputados del texto original parece haber dejado el camino allanado para un debate menos trabado de los artículos que atañen al sector en el Senado. No prosperó la idea del oficialismo de derogar la Ley de Medios y, aunque el gobierno no desistirá, al momento no hay indicios de que su intento vuelva a ponerse oficialmente sobre la mesa en esta segunda etapa parlamentaria. La Cámara Alta revisará por 45 días el texto, que puede volver a Diputados por única vez.

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El viejo reclamo de los pequeños cableoperadores será, todo indica, saldado y la discusión se concentrará en el alcance del nuevo artículo 56 de una Ley de Medios que, al parecer, seguirá rigiendo en Uruguay. No habrá cambios para Antel ni el país se agregará al largo listado de sitios de América Latina que cuentan con fondos de servicio universal.

A esas conclusiones se le suma otra: los plazos y el enorme listado de temas que se tratan en la Rendición local no parece el escenario ideal para tratar políticas del sector con el detalle que se merecen. El tema sigue, ahora en el Senado.

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