El Heraldo de México Gonzalo Rojón
El pasado 1 de septiembre arrancó una prueba piloto del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, impulsada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Este ejercicio, que concluye en octubre, cobra especial relevancia porque llega justo cuando, a poco más de tres meses de la entrada en vigor de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), el país enfrenta un reto regulatorio.
La razón es sencilla pero preocupante: aún no existe la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el nuevo órgano contemplado por la Ley para emitir los lineamientos que harían posible su implementación. Este vacío institucional ha convertido una política de seguridad en un ejercicio de espera. El artículo transitorio de la LMTR fija como fecha límite para la emisión de dichos lineamientos el 31 de diciembre de 2025. Si nada cambia, el registro corre el riesgo de convertirse en letra muerta o, peor aún, en un mecanismo aplicado de manera discrecional y desigual.