El Heraldo de México Darío celis
DESDE EL 9 de enero de 2026, el teléfono celular en México puede convertirse en un punto de control regulatorio. Con la entrada en vigor del registro obligatorio de líneas móviles, cada número debe quedar vinculado a una identidad validada mediante CURP y documentos oficiales.
La medida se impulsa como una respuesta directa al aumento de la extorsión y el fraude telefónico. Sin embargo, en la práctica, el costo operativo, reputacional y legal de esta política pública no lo está pagando el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino las compañías de telecomunicaciones.
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