Industria rechaza criminalizar a operadoras móviles por extorsiones en Perú
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) de Perú manifestó su rechazo a la aprobación del dictamen recaído sobre los proyectos de ley 9136/2024-CR, 9240/2024-CR y 9656/2024-CR en la Comisión de Justicia del Congreso de la República, que pretende establecer como delito la comercialización de chips móviles en determinados escenarios y ampliar la responsabilidad penal a los funcionarios de las operadoras móviles.
Razones
La AFIN señaló que la industria móvil ha hecho un esfuerzo por conectar a cada vez más peruanos y ha alcanzado más de 42 millones de líneas móviles, pese a las cargas impuestas bajo el paraguas de la “seguridad ciudadana”, como la exigencia de la verificación biométrica en la contratación de los servicios.
En un comunicado, la Asociación expuso que “el Estado desea trasladar a la industria móvil su responsabilidad en combatir los fraudes y extorsiones bajo amenaza de pena de cárcel a los funcionarios de las empresas operadoras por hechos de terceros”, entre los que citó el hecho de que un nombre se escriba mal al momento de la contratación o que el vendedor salga de su puesto para atraer clientes.
La AFIN señaló que no puede responsabilizarse a las operadoras móviles por los delitos que cometan las personas a través de un teléfono móvil, y enfatizó que la responsabilidad penal es atribuible a quien comete una acción u omisión “y no puede aplicarse por analogía a las empresas operadoras o sus funcionarios”.
Además, explicó que, dado el avance tecnológico, ahora es posible realizar llamadas de extorsión desde otros países, usar servicios de Internet prestado por empresas informales o desde las cárceles, que son prestadas a través de supuestos abonados residenciales de WiFi.
“La solución no reside en que algunas autoridades culpen a las empresas móviles sin considerar que ello no sólo frenará las extorsiones, sino que tendrá un grave impacto en la conectividad del país. No se puede pedir mayor cobertura y mejores tecnologías como el 5G, sin condiciones mínimas de seguridad jurídica para las empresas”, asentó.
Finalmente, exhortó al Congreso de la República a incorporar un mayor análisis y debate en una mesa técnica sobre los alcances de esta iniciativa legislativa, para no perjudicar a un sector que ha invertido más de 22 mil millones de dólares en Perú.
Vaticinó que la iniciativa “no tendrá éxito en la lucha por la seguridad ciudadana” y advirtió que, de prosperar, “evidenciaría que no hay condiciones mínimas para realizar inversiones y hacer negocios en el país”, además de representar un “nefasto precedente para otras industrias y sectores”.