Mi estimado amigo y colega Jorge Fernando Negrete mencionó en un tuit publicado el 30 de junio que “el @IFT_MX debe liderar (la) transformación digital de MX. El Gobierno no lo hará”.[1] En efecto, ante la total omisión de las entidades del Gobierno Federal encargadas de las políticas públicas relacionadas con la transformación digital, el organismo con más atribuciones y autonomía para liderar el esfuerzo de construcción de una estrategia nacional de transformación digital es, sin duda, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
De conformidad con el artículo 15, fracción LVII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR)[2], corresponde a dicho instituto interpretar la Ley “así como las disposiciones administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en el ámbito de sus atribuciones”.
Dos atribuciones fundamentales que el propio IFT podría “interpretar” de manera afortunada para tomar como propio el tema de la transformación digital, se establecen con claridad en el mismo artículo 15 de la LFTR:
“Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:
XXXI. Realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, al logro de los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal establecida por el Ejecutivo Federal; así como a los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y los demás instrumentos programáticos relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones;
XXXVII. Realizar por sí mismo, a través o en coordinación con las dependencias y entidades competentes, así como con instituciones académicas y los particulares, la investigación y el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la capacitación y la formación de recursos humanos en estas materias.”
Según mi interpretación, el IFT cuenta con las atribuciones mínimas necesarias para liderar la construcción de una estrategia de transformación digital que articule todos los sectores económicos y sociales del país relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluida la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.
Analizando la fracción XXXVII de la LFTR arriba descrita, si es necesario conseguir una implementación exitosa de una agenda de transformación digital, las acciones de investigación-desarrollo e innovación (I+D+i) requeridas pueden ser coordinadas desde el propio IFT.
Las acciones de I+D+i garantizan la independencia del país que las promociona y fomenta, al tiempo que se establece una mayor autonomía del ecosistema de transformación digital en su conjunto, pues su evolución y aprovechamiento óptimo depende de las facilidades nacionales y de los recursos científico-tecnológicos que el propio Estado les destine.
Como organismo regulador con facultades sustantivas y con el propósito institucional de romper inercias y alterar estructuras, el IFT bien puede aprovechar la sinergia del cambio y transformarse en un agente de transformación que explore y explote nuevas vías para conducir, proponer e incluso protagonizar actividades que deriven en el fortalecimiento de la industria y los servicios en la nueva economía digital ya globalizada.
El IFT tiene en efecto una posición de privilegio para que sus decisiones procuren constituirse como respuesta a las exigencias y necesidades nacionales en materia de transformación digital, y con ello se solvente y soporte el desarrollo de la economía y la sociedad en un ecosistema completamente digital. Si, por el contrario, el IFT se mantiene ausente, como lo ha sido el propio Gobierno Federal, nuestro país estará condenado a ser un observador pasivo de la evolución económica y social del mundo.
Buscar una mayor participación en la generación tecnológica es entonces un camino viable que no puede dejar fuera las telecomunicaciones y la radiodifusión, industrias insignias de la innovación y la tecnología.
Los cambios substanciales que habrá de aportar al desarrollo de una estrategia de transformación digital nacional deberán sustentarse también en los esfuerzos que se lleven a cabo en materia de inclusión digital. El IFT tiene, de conformidad con la fracción XXXI del artículo 15 de la LFTR, la atribución de realizar las acciones necesarias para contribuir, en el ámbito de su competencia, al logro de los objetivos de la política de inclusión digital universal y la cobertura universal.
El desarrollo de infraestructura de conectividad para aumentar la penetración de la banda ancha hacia todos los sectores de la población a través de la inversión pública y privada, por medio del establecimiento de regulación clara y de vanguardia que asegure un ambiente de sana competencia, es esencial para la inclusión digital; pero la conectividad no es suficiente.
En México, la producción de conocimientos y la aplicación del mismo en sistemas y servicios digitales no se relacionan ni se comprometen, lo que propicia un divorcio ampliamente detectado que se constituye como uno de los obstáculos más difíciles de superar para lograr la apropiación de tecnologías digitales. La interacción virtuosa entre el gobierno, la academia, la investigación y la industria no se ha materializado aún, produciendo una situación que ha hecho casi imposible avanzar en la digitalización homogénea de la economía nacional.
Es deseable que el propio IFT, con los recursos humanos altamente capacitados con los que cuenta, convoque a las distintas entidades del Gobierno Federal, a las cámaras industriales y empresariales y al sector académico y de investigación para establecer, como parte de la estrategia de transformación digital, políticas de apropiación de tecnologías digitales desde los primeros años de la educación, así como programas de capacitación para los empleados de todos los sectores económicos, industriales y de servicios.
Es deseable también que el IFT, aprovechando la autonomía que aún conserva (y esperemos que así continúe), insista en la importancia de la digitalización del Estado y proponga la implementación de políticas de transformación digital en todos los niveles del gobierno.
Sí, el IFT puede ser, porque tiene las atribuciones y tiene la autonomía suficiente, el que lidere la construcción de la estrategia de transformación digital que México urgentemente necesita.
[1] Jorge Fernando Negrete Pacheco. Disponible en: https://twitter.com/fernegretep/status/1277926104792088577.
[2] Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_240120.pdf.