Durante los últimos años, diferentes países de América Latina han creado leyes o modificado sus constituciones con el objetivo de reconocer que el acceso a Internet y a las tecnologías es un derecho, y, por lo tanto, debe ser garantizado. Costa Rica se unió a esta ola.
La semana pasada, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio su visto bueno a un proyecto de ley que busca reconocer el acceso a la conectividad, a las Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones como un derecho fundamental consagrado en la Carta Magna.
Aunque en un principio la iniciativa planteaba reformar el artículo 33 de la Constitución Política, la versión actual del documento contempla modificar el artículo 24, el cual señala que el Estado garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.
El objetivo del proyecto es incluir, en dicho artículo, una disposición para determinar que el Estado es responsable de garantizar el ejercicio de ese derecho en todo el país, por lo que tendría que implementar las políticas públicas y acciones necesarias para expandir la conectividad.
La Asamblea Legislativa ya aprobó en primer trámite la iniciativa. Con la confirmación de la Sala Constitucional, en adelante procederá a discutir el documento en un segundo debate que requiere 38 votos.
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Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), explica a DPL News que esta reforma debería servir para que los esfuerzos de todas las instituciones de gobierno se orienten a cerrar la brecha digital.
De acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones, hasta 2021 en el país había un total de 4 millones 501 mil suscripciones al Internet móvil, dando como resultado una penetración de 87.2 por ciento.. Si bien el país tiene un alto nivel de acceso a la banda ancha móvil, en el Internet fijo la penetración es mucho menor, de apenas 20.5 por ciento.
Y además del acceso, existen otras brechas como la falta de asequibilidad de los servicios de conectividad, la falta de competencias digitales, la desigualdad de género, el costo de los dispositivos tecnológicos, la accesibilidad, entre varias otras.
En ese sentido, la secretaria general de la Asiet resalta que, si se aprueba esta normativa, la consecuencia tendría que ser un mejor ejercicio de los recursos públicos para alcanzar la conectividad universal, e implementar medidas como la disposición de espectro radioeléctrico asequible en el mercado y fomentar la competencia.
“La conectividad es un habilitador de derechos, es como un derecho de segunda generación. Es importante la forma que se enfoque este tipo de modificaciones, en la medida en que eso sirva para, efectivamente, impulsar desde las estructuras de Estado la conectividad y su aprovechamiento”, afirma Méndez.
Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), coincide en que la conectividad y la digitalización es esencial para que las personas puedan acceder a oportunidades de salud, educación o trabajo, pero en su opinión crear más leyes no es la solución.
“Nosotros sostenemos que el problema no está ahí. El problema no es de leyes. Costa Rica tiene un marco jurídico muy robusto en telecomunicaciones donde todos estos derechos están claramente definidos, lo que ha faltado es ejecución”, destaca.
Para el representante de Infocom, aunque el reconocimiento constitucional de este derecho es importante, no abonará en nada a resolver el problema de la brecha digital si no viene acompañado de políticas efectivas por parte de las instituciones de todos los niveles de gobierno y de un uso eficiente y oportuno de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
La brecha digital “no se resuelve creando más leyes, reformas o normativas, que al final tienen que venir acompañadas de reglamentos que tardan en elaborarse. Lo que generan a veces este tipo de iniciativas es una falsa expectativa de que las cosas se resuelven vía leyes”, enfatiza.
Al igual que Montero, Maryleana Méndez señala que no se trata de un derecho de ejercicio inmediato, sino que requiere de un proceso constructivo. Es decir, requerirá de que se hagan inversiones en el despliegue de infraestructura, se facilite el acceso a los dispositivos y se promuevan las habilidades digitales entre la población, por ejemplo. “Tenerlo expreso en la Constitución no significa que la brecha se cierre automáticamente”, advierte la ejecutiva de la Asiet.
El foco, pondera Montero, debe estar en las políticas públicas, en la generación de un entorno atractivo para las inversiones, en brindar subsidios para llevar Internet y otros servicios de conectividad a las zonas a donde los operadores no pueden llegar solos y a eliminar los obstáculos al despliegue de las redes que existen a nivel local.
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“Si un país no es capaz de llevar infraestructura, preferiblemente fibra óptica y banda ancha fija, a todas las poblaciones y rincones del país, estamos condenándonos a seguir desconectados. Cada vez, cada tecnología es más demandante”.
De aprobarse el proyecto en la Asamblea Legislativa, el gobierno tendría que echar mano de los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para financiar los proyectos de conectividad universal. El fondo nació, precisamente, con ese objetivo. Pero ahora el compromiso y la voluntad del Estado tendría que ser mayor.
La secretaria general de la Asiet considera que el país “tiene un fondo bien estructurado, que el regulador ha ejecutado bajo tres principios: sostenibilidad de las soluciones, transparencia en la asignación de los recursos y focalización en la asignación de los recursos”.
No obstante, advierte que han habido intentos para quitar a la Superintendencia de Telecomunicaciones la facultad de manejar el Fonatel y pasar esa responsabilidad al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.El Plan Nacional de Telecomunicaciones actual contempla esa posibilidad. Esto podría ser muy riesgoso para las políticas y objetivos de conectividad universal, ya que los recursos pasarían a formar parte de la caja del Estado y eso podría implicar un uso menos eficiente.
