¿Qué dice el proyecto de ley de Infraestructura para el Bienestar que prepara México?
El diputado federal del grupo parlamentario Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó la iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, con la que el gobierno federal buscará atender las necesidades de infraestructura de México. Esta iniciativa también pretende actualizar la normativa y regulación para proyectos de inversión público-privada para equilibrar la compartición de riesgo y beneficios entre ambos agentes.
La ley estaría en línea con los objetivos marcados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum. El Plan México, por ejemplo, busca impulsar la inversión anual respecto al PIB hasta un 25% en 2026 y a más del 28% en 2030.
El pasado lunes, la presidenta sostuvo una reunión con Carlos Slim, el mexicano más rico y el 19º más rico del mundo, y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Aunque la mandataria no ofreció más detalles, indicó en un post en X que en la reunión se habló sobre “los buenos pronósticos de la economía en México”.
A lo largo del año, la presidenta y el legislativo han mantenido reuniones privadas con empresarios y banqueros para definir los detalles que permitan una colaboración más estratégica entre los sectores público y privado.
Equilibrar colaboración público-privada
La iniciativa presentada por Ramírez Cuéllar sería clave para lograr las metas del gobierno federal, con el principal objetivo de regularizar la participación del sector privado bajo un enfoque social y una participación equilibrada del sector público en riesgos y beneficios. La ley buscaría aprovechar recursos financieros disponibles en manos privadas como créditos, afores y fondos de inversión.
El proyecto reconoce que “la participación del sector privado en el financiamiento y desarrollo de infraestructura resulta imprescindible ante las limitaciones presupuestales del Estado”. En ese sentido, la ley buscaría ampliar la participación del sector privado en áreas críticas como hospitales, carreteras, corredores logísticos, plantas de tratamiento, telecomunicaciones o redes ferroviarias, al reconocer la capacidad de estos agentes para manejar mejor el riesgo, su acceso a mercados financieros, y su experiencia técnica.
El objetivo es lograr “una movilización nacional para detonar un programa contracíclico que nos permita cumplir con uno de los objetivos más importantes, que es crecer la economía, inyectarle muchísimo a la industria de la construcción, a la vivienda y a la construcción de infraestructura de comunicaciones y de conectividad”, señala el autor de la iniciativa, según cita El País.
En su exposición de motivos, la iniciativa critica esquemas previos como la Ley de Asociaciones Público-Privadas, a la que acusa de crear una distribución inequitativa de los riesgos –con mayor impacto para el Estado–, falta de transparencia, y favoritismo para el sector privado. Asimismo, advierte que se requiere hacer la revisión de la regulación relacionada a Obras Públicas y Servicios Relacionados para que se adapte a nuevos marcos de colaboración entre agentes públicos y privados.
La iniciativa tampoco deja de lado los efectos del “periodo neoliberal”, al señalar la inequidad del ejercicio de la inversión pública, descuidando comunidades rezagadas y ampliando la brecha de acceso a infraestructuras entre el norte y el sur del país.
“En lugar de fomentar una verdadera colaboración, este modelo trasladó riesgos al sector público y debilitó la capacidad de planeación y control del gobierno sobre servicios esenciales como la salud, las comunicaciones, la infraestructura y la energía”, afirma.
La nueva ley buscaría atender estas críticas a regulación previa de infraestructura, mediante el establecimiento de nuevos procesos para la asignación de contratos, que permitan definir una participación adecuada del sector público, mejorar el equilibrio de riesgos y beneficios en colaboración con el sector privado y establecer pasos definidos para medir correctamente los beneficios y el impacto del “Proyecto de Infraestructura para el Bienestar”.
El documento reconoce tres grandes áreas prioritarias para el impulso a la inversión en infraestructura: conectividad, incluyendo carreteras, vías férreas, puertos; hídrica, tanto para agua potable, como para riego y residual, y para el manejo de residuos sólidos y reciclaje. También menciona como objetivo del Plan Nacional de Desarrollo “garantizar el acceso efectivo a telecomunicaciones e Internet mediante el despliegue de infraestructura adecuada y la provisión de servicios accesibles, eficientes y de calidad”.
En ese sentido, establece cinco objetivos principales:
- Garantizar acceso universal y justo a servicios de infraestructura, priorizando comunidades rurales, marginadas y de alta pobreza.
- Fomentar la justicia social e integración comunitaria mediante el uso eficiente de recursos y promoviendo equidad y desarrollo regional.
- Impulsar proyectos que fortalezcan la soberanía nacional, priorizando recursos y empleo digno.
- Promover el respeto ambiental con proyectos sustentables.
- Fortalecer la participación federal en la ejecución de proyectos, evitando la privatización de bienes estratégicos.