Puerto Rico apuesta por resiliencia de infraestructura de telecomunicaciones en su agenda regulatoria
Barcelona, España. Puerto Rico, ubicado en plena ruta de huracanes junto a República Dominicana, ha convertido la resiliencia de su infraestructura de telecomunicaciones en una prioridad estratégica. Así lo explicó en entrevista con DPL News, Osvaldo Soto García, comisionado presidente del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico, al detallar el modelo de coordinación que activa antes, durante y después de cada evento atmosférico.
El regulador preside un grupo que integra a todas las compañías del sector, a las agencias gubernamentales locales y al ámbito federal de Estados Unidos, que se desplaza a la isla hasta 36 horas antes de la llegada de un huracán. “La respuesta es mucho más efectiva cuando se hace colaborativamente”, subrayó, destacando que la articulación público-privada ha sido clave para fortalecer la continuidad de los servicios y proteger información sensible en el contexto de la expansión de la banda ancha con fondos federales.
En paralelo, el regulador trabaja para que los recursos federales se traduzcan en conectividad tangible y beneficios directos para la ciudadanía. Entre los proyectos estratégicos mencionó el despliegue de un nuevo cable submarino por el sur de la isla, que aportará redundancia, ya que los cables actuales se concentran en el norte, y abrirá oportunidades de conexión directa hacia Sudamérica. Además, se desarrollarán conductos en la zona montañosa para facilitar la expansión de fibra en áreas aún rezagadas, a través de los carriers privados que operan en la isla. “Lo veo como un beneficio; ha sido muy positivo y esperamos ver esos resultados en los próximos años”, afirmó Soto García.
En materia de inversión y competencia, el Comisionado destacó avances concretos: Puerto Rico registra una velocidad promedio de descarga fija de 140 Mbps y móvil de 200 Mbps, mientras que 88% de los puertorriqueños tiene disponibilidad de red 5G. Sin embargo, advirtió que el desarrollo tecnológico debe ir acompañado de protección a los usuarios.
En ese sentido, la Legislatura local aprobó una nueva ley para la protección de menores en entornos digitales, actualmente en proceso de implementación, que prevé multas de hasta 25,000 dólares a redes sociales que incumplan obligaciones de privacidad. “No estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar en diferentes barquitos pequeños, pero todos vamos a enfrentar las mismas tormentas”, concluyó, al llamar a compartir experiencias regulatorias entre países para fortalecer la gobernanza digital en la región.