Los sectores financieros del País coinciden en que antes de aceptar la criptomoneda como una alternativa de pago adicional al dólar para realizar transacciones comerciales en el sector privado y gobierno, debe haber más investigación sobre esta actividad económica que carece de un marco regulatorio, por lo que conlleva riesgos.
Este tema se discutió durante la vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que atendió la Resolución de la Cámara 527, que busca que se ausculte el concepto del sistema ‘blockchain’ -que almacena y registra los datos relativos a transacciones de criptomonedas-, con el propósito de que se utilice en el sistema de almacenamiento gubernamental. La medida también intenta la aprobación de la utilización de monedas digitales (criptomonedas) como método de pago aceptable en Puerto Rico.
“Puerto Rico no cuenta con un marco legal u operacional que pueda establecer los parámetros necesarios para que las monedas virtuales puedan utilizarse como un mecanismo de pago aceptable. Sin embargo, reconocemos que se están dando transacciones de compra y venta de bienes y servicios pagados en monedas virtuales”, explicó Ángel L. Pantoja-Rodríguez, subsecretario del Departamento de Hacienda.
El funcionario indicó, además, que el uso de esta moneda requeriría un pronunciamiento del Servicio de Rentas Internas (“IRS”, por sus siglas en inglés), así como del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que vaya dirigido a establecer el aspecto operacional de las monedas virtuales como mecanismo de pago. También requeriría el establecimiento de procesos; así como de investigaciones sobre el funcionamiento, los aspectos relativos a las transacciones, el alcance de los mecanismos de pago y el manejo de los controles de seguridad para disminuir o reducir potenciales actividades que resulten en riesgos por fraude.
Con ello coincide, Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, tras reconocer que ante la falta de claridad y certeza en cuanto a las obligaciones de cumplimiento con las leyes y reglamentos de antilavado de dinero y financiamiento terrorista, los bancos se mantendrán pendiente al desarrollo de marcos regulatorios a nivel federal.
“Estaremos atentos a las regulaciones que les permitan a las instituciones financieras en forma clara e inequívoca llevar a cabo actividades en que medie el uso de las criptomonedas sin el riesgo de incurrir en violaciones no intencionadas a leyes y reglamentos aplicables”, declaró.
La ejecutiva destacó que desde el 2013, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha emitido boletines respecto a las preocupaciones sobre los riesgos de actividad ilícita que pueden conllevar las transacciones relacionadas al uso de monedas digitales convertibles en moneda corriente.
Según Álvarez, este punto es el que representa una preocupación para la industria financiera en cuanto al uso de las criptomonedas como medio oficial de pago, ya que tanto los bancos asegurados por el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en los Estados Unidos, como los de Puerto Rico, están sujetos al cumplimiento de las leyes y reglamentos federales sobre antilavado de dinero.
“En la actualidad no existen controles regulatorios claros para detectar el uso de dicha moneda digital en actividades ilegales. No obstante, reconocemos que el uso de estas monedas puede convertirse en un medio de pago formidable en el futuro, una vez se rebasen las dificultades mencionadas”, añadió.
A dicha posición se unió la comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira, quien insistió en la necesidad de realizar un estudio para evaluar la posibilidad de que en Puerto Rico se establezca un marco legal que viabilice la utilización de las criptomonedas como un método de pago legítimo en toda transacción individual, comercial o gubernamental.
Señaló, además, que a nivel nacional aún existe incertidumbre regulatoria en el uso de las criptomonedas.
“Las criptomonedas al no estar garantizadas o respaldadas por un gobierno o banco central, no cuenta con clasificación como moneda de curso legal y su valor depende de la oferta y demanda del mercado, sujeto a los riesgos que pueda acarrear que personas inescrupulosas se aprovechen de la ausencia de reglamentación para cometer actividades ilícitas”, expresó Zequeira.
Por su parte, Enrique A. Völckers Nin, principal ejecutivo designado de Innovación e Información (PEII) del gobierno de Puerto Rico y director ejecutivo del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), el ‘blockchain’, es muy nuevo por lo que hay que evaluar diferentes aspectos antes de proceder a su uso.
“Para esta tecnología emergente, es importante identificar recursos y ejercicios que nos permitan poner a prueba dichas soluciones tecnológicas”, resaltó Völckers Nin.