La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó, el pasado 27 de junio, un plan nacional para combatir la informalidad y la competencia desleal en el mercado de banda ancha fija, con medidas que impactan directamente a los pequeños proveedores de Internet.
La principal medida es la suspensión cautelar de la exención de permiso para empresas con menos de 5 mil suscriptores, según lo previsto en el artículo 13 del Reglamento General de Otorgamientos (RGO), en vigor desde 2020.
Con esto, las prestadoras que actualmente operan bajo esa exención tendrán 120 días para obtener autorización formal ante la Agencia y actualizar sus datos registrales, incluyendo la cantidad de accesos y estaciones de telecomunicaciones. Si no se regularizan al finalizar el plazo, serán eliminadas del registro de la Anatel y estarán sujetas a acciones de fiscalización, sanciones y bloqueo de acceso a infraestructura de terceros.
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La medida también obliga a proveedores de red e infraestructura, como operadores de backbone, backhaul y redes neutras, a presentar a la Anatel, en el mismo plazo, una lista completa de empresas que contratan sus servicios, junto con el número de registro tributario (CNPJ). Las empresas que continúen proporcionando medios a ISPs irregulares podrán ser responsabilizadas.
Asimismo, el plan incluye acciones como la creación de un Canal Nacional de Denuncias sobre Actuación Irregular, un sello público de regularidad para proveedores, campañas de concientización al consumidor y cooperación con fuerzas de seguridad para fiscalización conjunta.
Informalidad preocupa a la Anatel
La Anatel justificó la iniciativa con base en datos sobre informalidad en el sector. Según el acuerdo aprobado, más del 55% de las empresas que operan con exención de permiso no proporcionaron ninguna información sobre sus accesos, lo que compromete la transparencia, dificulta la planificación regulatoria y favorece prácticas desleales en el mercado.
Aunque reconoce la importancia de los Prestadores de Pequeño Porte (PPP) en la expansión de la banda ancha (responsables por el 53.7% de los accesos en el país, muchas en regiones de bajo IDH y PIB), la Agencia alerta sobre el avance de empresas informales que operan fuera del marco regulatorio, generando riesgos a la competencia, a la infraestructura crítica y a la seguridad cibernética.
ISPs apoyan pero cuestionan
En un comunicado, Abrint, que representa a los pequeños proveedores, manifestó apoyo al plan de la Anatel, destacando que la medida puede fortalecer la igualdad competitiva y mejorar la calidad de los datos sectoriales. La entidad afirma que ya promueve acciones educativas y premios para incentivar el cumplimiento de las normas por parte de sus asociadas.
Sin embargo, Abrint expresó preocupación por la suspensión repentina de la exención de permiso, alertando que el cambio podría llevar a miles de empresas hoy regulares a la ilegalidad. Para la asociación, el tema debería ser discutido previamente conforme a los procedimientos previstos en la Ley Nº 13.848/2019, que regula el proceso decisorio de las agencias reguladoras.
La entidad también defendió que, independientemente de la suspensión, la Anatel ya tiene prerrogativas para exigir la documentación que compruebe la regularidad de las empresas, y se puso a disposición para colaborar con la Agencia en la implementación del plan.