Proteccionismo, guerra de subsidios y semiconductores

Es abrumadora la plétora de opiniones favorables respecto al retorno de una activa política industrial y de proteccionismo en las economías que suministran al mundo con bienes que se destinan a un creciente ecosistema digital.

Proteccionismo y subsidios se justifican por argumentos de seguridad nacional, hegemonía geopolítica o por motivos precautorios dadas las experiencias en años recientes de la fragilidad de las cadenas globales de suministro de insumos como semiconductores, paneles solares o baterías para vehículos eléctricos.

Las actuales justificaciones para una política industrial proteccionista son semejantes a aquellas del mercantilismo dominante en Europa desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII.

Al mercantilismo lo caracterizó suponer que una nación debe maximizar las exportaciones y minimizar las importaciones para mantener una balanza comercial positiva, por lo que el gobierno debe intervenir en la economía para promover las exportaciones y desalentar las importaciones a través de políticas como subsidios, aranceles y cuotas.

Así como proteger a la industria nacional de la competencia extranjera para asegurar su crecimiento y prosperidad.

El mercantilismo enfatizó el papel del Estado en dirigir las actividades económicas que consideraban como de interés nacional, como en la actual rivalidad entre Estados Unidos y China. Incluso los argumentos de la autosuficiencia en todo momento de los bienes son los mismos que en aquella época.

Todavía se promueve la idea de que el comercio internacional es un juego de suma cero, donde la ganancia de una nación es la pérdida de otra.

Lo anterior es un concepto económicamente erróneo que se opone con la ciencia económica, la cual explica las ventajas del libre comercio, los patrones de comercio que surgen de la ventaja comparativa, la especialización y la distribución global de la producción en industrias donde existen economías de escala.

Por lo tanto, el comercio global no es un juego de suma cero, dado que genera un beneficio neto para todas las partes que comercian entre sí.

Lamentablemente, la lógica del mercantilismo ha permanecido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la Ley Jones, también conocida como Ley de la Marina Mercante de 1920, regula el comercio marítimo en Estados Unidos.

El propósito de dicha Ley es proteger y promover la industria de la marina mercante de ese país mediante las siguientes disposiciones:

  1. Todas las mercancías que sean transportadas entre puertos estadounidenses usen barcos construidos, operados y sean de propiedad de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
  2. Las embarcaciones deben de tener una tripulación predominante de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

Los defensores de la Ley Jones argumentan que es esencial para mantener una fuerte industria marítima estadounidense, crucial para la seguridad nacional.

También afirman que la ley ayuda a proteger los empleos estadounidenses en los sectores de transporte marítimo y construcción naval. En realidad, elimina la competencia por parte de embarcaciones construidas, operadas y de propiedad de otros países, lo cual aumenta el costo del transporte de mercancías entre los puertos estadounidenses.

Sobre todo a los estados y territorios que no forman parte de los Estados Unidos contiguos, como Alaska, Hawái y Puerto Rico. En perjuicio de los consumidores de los bienes que son transportados por tales navíos, aquella legislación se mantiene hasta la fecha.

Qué pasa con la Ley CHIPS

Ahora es el turno de la ley CHIPS. La Ley de Creación de Incentivos Útiles para Producir Semiconductores (CHIPS, por sus siglas en inglés) y Ciencia fue promulgada por el presidente Biden en agosto de 2022.

Su objetivo es fundamentalmente reducir la dependencia de los fabricantes extranjeros de semiconductores por medio de subsidios e incentivos fiscales para fomentar la investigación, el desarrollo y la producción de semiconductores dentro de Estados Unidos.

Las disposiciones de la Ley CHIPS relacionadas con los semiconductores incluyen:

  1. Inversión en la fabricación de semiconductores: la ley proporciona 52.7 mil millones de dólares en subsidios e incentivos para que las empresas construyan, amplíen o modernicen las instalaciones de fabricación de semiconductores en Estados Unidos.
  2. Créditos fiscales: las empresas que inviertan en equipos de fabricación de semiconductores o en la construcción de instalaciones de fabricación en EE.UU. son elegibles para un crédito fiscal de 25 por ciento.
  3. Asegurar la cadena de suministro y reducir la dependencia de proveedores extranjeros: particularmente de países de Asia por los riesgos de un posible conflicto con China por el Mar Sur de China y Taiwán. Debido a la escasez mundial de chips entre 2020 y 2021 que afectó varias industrias como la automotriz y dada la expansión de la demanda, por el creciente ecosistema digital, incluidas las plataformas de Inteligencia Artificial.

Obviamente, se espera que la Ley CHIPS reduzca la dependencia de los fabricantes extranjeros y posicione a Estados Unidos como líder mundial en investigación, desarrollo y producción de semiconductores en los próximos años.

Sin embargo, escasamente se discute el costo económico del subsidio, la reacción del resto de los países que los fabrican, el efecto en los precios internacionales tanto de los semiconductores como de los bienes que los utilizan como insumos y, por supuesto, la conducta que incentiva la transferencia, ese “dinero gratis” para las empresas que reciban tales recursos.

Empresas como Intel, que habían quedado rezagadas ante los fabricantes asiáticos, en marzo recibió 8,500 millones de dólares en subsidios y 11,000 millones en créditos a tasa “preferencial” para financiar sus planes de invertir en su expansión durante los próximos cinco años.

Gracias a la Ley CHIPS no hay nada semejante para una empresa como tener al Estado como garante de facto, incluso de productos que sean inferiores al de sus competidores en Asia.[1]

Es imposible que los subsidios impliquen una garantía de que el actual 8 por ciento de participación de EE.UU. en el mercado global de semiconductores pudiera al menos acercarse al 20 por ciento para 2030; porque en 1990 el país tenía 37 por ciento de participación de mercado.

El giro de EE.UU. hacia el proteccionismo, y su objetivo de impedir o reducir la participación de China en las cadenas de suministro, tiene como efecto colateral ser una amenaza para los fabricantes del resto de Asia, dado el objetivo explícito de atraer inversiones de empresas globales de semiconductores a EE. UU.

En el este y sureste de Asia actualmente se ubican 10 de los 16 exportadores de semiconductores y los principales seis proveedores globales que participan con aproximadamente 85 por ciento de las exportaciones globales, por lo que esta región domina la cadena de suministro global de semiconductores.[2]

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TSMC, el mayor fabricante del mundo, fabrica chips diseñados por empresas como Nvidia y Qualcomm.

Su producción termina en una innumerable cantidad de productos que hacen crecer el ecosistema digital de la vida moderna, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, y Apple es el mayor cliente de TSMC, para sus Macbooks y iPhones. Hospedar a TSMC en la Unión Americana sigue siendo un balón político en las tensiones entre China y Estados Unidos.

En el objetivo de regresar la fabricación de semiconductores avanzados a EE. UU, este país anunció que TSMC recibiría 11,600 millones de dólares en subsidios y préstamos para financiar la construcción de sus fábricas en Arizona que entrarían en operación en 2025 y 2028.

Por su parte, Samsung recibirá hasta 6,400 millones de dólares en subsidios para una planta en Texas con la expectativa de entrar en operaciones en 2026.

Sin embargo, la producción de chips sofisticados para defensa e IA todavía involucraría plantas en Asia en la etapa que se conoce como empaquetamiento de varios tipos de chips para aumentar su rendimiento y eficiencia. A la vez que se reubica la cadena de suministro de una región a otra.

Todo ello implica costos que eventualmente tienen efectos en los precios internacionales de tales insumos y en los instrumentos que los utilizan.[3]

La posible transferencia de plantas ubicadas en esta región y en Europa está causando que en respuesta a la Ley CHIPS, la Unión Europea, Taiwán, Japón y Corea del Sur[4] hayan iniciado o ampliado sus propios programas de subsidios, lo cual aumenta la posibilidad de un exceso de oferta global de semiconductores y la caída de los precios mundiales y, como consecuencia, la pérdida de rentabilidad de la industria.

Ahora es objeto de protección como consecuencia de una “guerra de subsidios” que se expande a los paneles solares y las baterías para autos eléctricos.

La respuesta de EE. UU. ante tal escenario sería continuar apalancando su industria con otra oleada de subsidios y/o aranceles a la importación y/o imponiendo exigencias de contenido doméstico en los bienes que incorporen semiconductores en su manufactura.

Todo ello tendría como consecuencia frenar la expansión de los ecosistemas digitales en perjuicio de sus usuarios ante una crisis en la viabilidad y capacidad de investigación y desarrollo a nivel global.

Intentar modificar cadenas enteras de suministro fuera de los incentivos del mercado es ineficiente.

Es necesario pagar alguna prima de seguro para crear cadenas de suministro más resilientes y cercanas (nearshoring o friendshoring). Incluso en México tiene sus riesgos con los cambios en su política energética, la cual incluyó el retorno al monopolio estatal en energía y su centralización, aunque los subsidios de EE. UU. causen una externalidad positiva en el establecimiento de algunas plantas relacionadas con la fabricación de semiconductores en México.

La razón es el valor de la diversificación en un contexto global de libre comercio. Es cierto que las cadenas de suministro cercanas y cortas dependen de países huéspedes potencialmente hostiles son una vulnerabilidad.

También lo es tener toda o la mayor parte de la producción en la propia economía, que no está exenta de estar sujeta a desastres naturales, cambios climáticos, políticas inestables, violencia interna y un suministro de servicios como energía, agua y seguridad poco confiable o deficiente.

Modificar la configuración geográfica de las cadenas de suministro existentes y relocalizar industrias con plantas cuya eficiencia e innovación se han basado en economías de escala internas (por nivel de producción) y externas (por la infraestructura de cada país y su oferta de capital humano) resulta en un elevado costo de oportunidad global.

La generalización de políticas proteccionistas hace difícil la reversión de la fragmentación geoeconómica, donde la retroalimenta al profundizarla.

Hay que reconocer que la mayor parte del acervo de conocimiento tecnológico se importa incluso en los países que se encuentran en la frontera técnica, por lo que las políticas que discriminan las empresas ubicadas en otras latitudes resultan contraproducentes y desencadenan costosas represalias que resultan en ineficiencias en la innovación y producción.

Otro riesgo es la “captura política”, donde la política se ve influida por intereses sectoriales, creando un entorno de persistente dependencia. Lo anterior a semejanza de la regulación asimétrica donde los beneficiados por ella son sus principales defensores de su permanencia.

Tratar de lograr la autosuficiencia en cualquier industria es contraproducente respecto de la opción del libre comercio.


[1] “Cuando pienso en la Ley CHIPS, la llamo la política industrial más importante desde la Segunda Guerra Mundial”, aseveró Gelsinger en Intel Vision 2024. Disponible en: https://dplnews.com/ley-chips-politica-industrial-mas-importante-desde-segunda-guerra-mundial-pat-gelsinger/.

[2] Lovely, M., “US CHIPS Act threatens to hollow out Asian semiconductor industry”, East Asia Forum Quarterly, ‘Industrial policy 2.0’, Vol 15, No 4.

[3] Financial Times, “US missing pieces of AI chip puzzle despite TSMC’s $65bn bet”, 11 de abril 2024.

[4] El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, anunció un plan para apoyar la inversión público-privada de 477,000 millones de dólares en semiconductores. El presidente Yoon comentó que “cada país no escatima en subsidios y beneficios fiscales a gran escala para construir instalaciones manufactureras de vanguardia en su propio país”. Alemania también anunció que aportará 9,900 millones de euros para financiar un tercio de una nueva planta de Intel en Magdeburgo.

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