La protección de las infancias en Internet como elemento de soberanía digital

El debate sobre la regulación digital ha dejado de ser un asunto meramente técnico para convertirse en un eje central de las discusiones políticas, económicas y geopolíticas a nivel global. La reciente intervención del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante la ONU lo demuestra con claridad: proteger a los más vulnerables en el entorno digital, especialmente a niños y adolescentes, no es sólo una cuestión de derechos humanos, sino también un imperativo democrático y estratégico. En un contexto donde Internet ha amplificado tanto las oportunidades como los riesgos, el establecimiento de marcos normativos se vuelve necesario, aunque requiere diálogo y consenso.

La protección de menores en línea es parte de este debate, pues refleja el dilema de cómo equilibrar la innovación tecnológica con la defensa de los más vulnerables. Las distintas leyes y regulaciones que emergen en países como Brasil, la Unión Europea o incluso Estados Unidos no sólo buscan establecer estándares de seguridad digital, sino que también proyectan la influencia de cada Estado en la definición de las reglas del ciberespacio. Así, la cuestión de la infancia en Internet se convierte en un punto de cruce entre lo social y lo geopolítico: mientras los gobiernos afirman su soberanía regulando a las plataformas, las grandes tecnológicas plantean que ciertas restricciones podrían limitar la innovación. La tensión entre estas dos fuerzas marca el pulso de la gobernanza digital contemporánea.

En términos generales, existe un amplio consenso político en torno a la necesidad de proteger a los niños y adolescentes en los entornos digitales. Más allá de las diferencias ideológicas, la defensa de la infancia frente a los riesgos en línea se percibe como un objetivo común que trasciende las disputas partidarias. Un ejemplo claro de ello es la reciente aprobación en Brasil del Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia, que recibió un respaldo mayoritario en ambas cámaras gracias al apoyo de legisladores de distintos partidos, reflejando que la seguridad de los menores en Internet es vista como una prioridad nacional compartida.

Si bien la norma brasilera tomó relevancia por la presión social desencadenada por un video-denuncia del influencer Felca, que muestra cómo el algoritmo de las redes sociales favorece y respalda la articulación de pedófilos en perfiles de niños, niñas y adolescentes, surgió de proyectos presentados en 2022.

Principalmente, la norma aprobada en agosto, y que entrará en vigor en marzo de 2026, establece que las plataformas deberán implementar mecanismos robustos de verificación de edad, impedir perfiles infantiles sin vínculo parental, prohibir publicidad segmentada e hiperpersonalización algorítmica para menores, además de activar controles parentales por defecto.

Cambios del Estatuto Digital de la Niñez y la Adolescencia de Brasil

Pero el caso brasileño no es el único. La Comisión Europea publicó en julio de este año las Directrices sobre la Protección de los Menores, en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La medida busca garantizar que niños y adolescentes puedan seguir explorando las oportunidades del ecosistema digital sin exponerse a riesgos como el contenido nocivo, el ciberacoso o el contacto con desconocidos.

Proponen configurar las cuentas de menores como privadas por defecto, limitar los sistemas de recomendación que puedan exponerlos a contenido dañino, restringir funciones adictivas o de diseño persuasivo, y reforzar herramientas de moderación, control parental y denuncia. También recomiendan métodos de verificación y estimación de edad precisos y no intrusivos, con la futura integración de las Carteras de Identidad Digital de la UE.

En la reunión de Ministros de Telecomunicaciones de la UE la semana pasada, se abordaron los avances de las medidas para proteger a los menores en el entorno digital. “Las plataformas deben comprometerse más con los derechos digitales europeos y los Estados miembros debemos impulsar soluciones conjuntas y eficaces”, dijo el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López

“Una niña europea no conduce un coche porque hay controles. Un menor europeo no compra alcohol porque hay controles. Un niño europeo no va solo a un concierto porque hay controles. Si las normas que protegen al menor funcionan en el mundo analógico, ha llegado la hora de que seamos igual de contundentes en el mundo digital”, agregó López. El gobierno de España está impulsando un Proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores de edad en los entornos digitales que incluye, entre otras novedades, la elevación de 14 a 16 años de edad para registrarse en una red social sin consentimiento paterno o la tipificación como delito contra la integridad moral de deep fakes sexuales.

Las nuevas normas sobre protección de la infancia en el entorno digital, aunque parten de un consenso global sobre la necesidad de resguardar a los menores, también profundizan la fragmentación de Internet. Cada país avanza con marcos regulatorios propios que imponen requisitos distintos a las plataformas, desde la verificación de edad hasta el control algorítmico. Esto obliga a las plataformas a crear versiones distintas de sus servicios para cada país o región, creando una red menos interoperable y más condicionada por los Estados.

Es por eso que este tipo de normas requiere consensos y debates, pues regulaciones restrictivas en nombre de la seguridad infantil puede afectar otros derechos como la libertad de expresión, la privacidad y el acceso a la información.