Reforma Jorge F. Negrete
En estos días se debate la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado mexicano. Un debate que habla bien de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su colaborador más cercano, José “Pepe” Merino.
No es menor lo que está pasando. Ninguna iniciativa o proyecto legislativo se había presentado a debate o conversación pública en los últimos seis años. Un par de pronunciamientos de la presidenta y de diversos senadores de Morena generan optimismo. ¿Podemos estar seguros de que saldrá algo positivo de este ejercicio? No lo sé, esto es nuevo para Morena, los partidos políticos y la sociedad en esta nueva época. Tengo esperanza.
El foro es una mezcla de desconfianza recíproca y oportunidad que genera encuentros. Espero con sinceridad que el efecto sea positivo. La industria digital y el gobierno van a convivir los próximos seis años y debe ser un éxito para la sociedad, los ciudadanos, las pymes, las grandes empresas y el gobierno.
Está equivocado quien piensa que la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones es para este sector. La iniciativa de ley es un proyecto sobre el nuevo marco jurídico y las bases para una sociedad digital, para la nueva política de innovación, creatividad, ciencia y tecnología, economía digital, competitividad, derechos digitales, Inteligencia Artificial e inclusión a una nueva época civilizatoria que nace: un mundo digital. Sin infraestructura digital, no existe nada de esto.
¿Qué se necesita para tener la mejor infraestructura digital? Inversiones masivas y permanentes, que se han ralentizado los últimos años derivado de la falta de certeza jurídica y, entre otras razones, la incorporación de una figura exótica denominada “preponderancia”. Esta es una de las conversaciones incómodas.
La “Ley Peña” de 2013 inventó la preponderancia durante la transición de 3G a 4G y consiste en incorporar una anomalía dentro del derecho de la competencia, que se mide a partir de la participación mayor a 50% de un actor en el mercado. Se concibe por el tamaño, no por sus beneficios a la sociedad. Le aplica regulación asimétrica y le restringe la entrada a la TV.
¿Cuál es el efecto? El preponderante se descapitaliza, selecciona sus inversiones, las ralentiza y busca tener menos usuarios. Las áreas rurales y marginadas son las primeras víctimas. Cada usuario lo vuelve más preponderante. Los operadores beneficiarios de esta regulación ya no invierten en áreas rurales y conurbadas, ya que se adosan a la infraestructura del preponderante. Surge el efecto del operador perezoso. Los usuarios del preponderante no tendrán servicios de TV cancelando su derecho humano a la información.
La preponderancia se encuentra entre un fallo de mercado y un límite moral del mercado.
En 2013, Telefónica en España tenía 80% de fibra óptica, 70% de TV de paga y 52% del mercado móvil. Era un mega preponderante (en lenguaje mexicano), pero una regulación inteligente sin preponderancia creó, a 10 años de distancia, tres grupos que se aproximan en sus porcentajes de mercado. El mercado se expandió en cobertura, fibra, diluyó el tamaño del incumbente y enriqueció la industria por los servicios convergentes.
La OCDE señaló sobre la preponderancia y el proyecto de ley telecom en 2014 que “las medidas que el IFT puede imponer a los agentes preponderantes y a aquéllos con poder sustancial de mercado, deben estar alineadas” y “deberían ser idénticas”. No sucedió así.
La preponderancia va en contra del bien común, de la eficiencia del mercado y de la regulación. La burocracia regulatoria es el fin y destino de la preponderancia. Se fatiga al aparato regulatorio innecesariamente que sólo regula por regular y cumplir la ley, no para conectar.
¿La preponderancia genera innovación y cobertura? No. Mata la innovación, los nuevos servicios, la convergencia, la inversión para cobertura social, y cancela o retrasa el ejercicio del derecho de acceso a Internet y de derechos fundamentales en el mundo digital de los más pobres.
Presidente de Digital Policy & Law
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