Predicciones DPL News 2026 | Guerra Fría digital: todos unidos contra las plataformas de Internet
Este análisis es parte de las Predicciones DPL News 2026
La regulación de las plataformas de Internet dejó de ser un debate técnico o sectorial. En 2024-2025 se consolidó como una agenda política global donde gobiernos, parlamentos, Poder Judicial y agencias reguladoras dieron forma a un nuevo estatuto para la economía digital, muchas veces sin conocer a fondo los beneficios de la tecnología y poniendo en riesgo la misma economía y los derechos digitales.
Para 2026 este impulso no sólo se mantendrá, sino que se acelerará y diversificará en formas que ya podemos anticipar: mayor exigencia de responsabilidad (civil, administrativa y fiscal), expansión de normas laborales y de protección de datos, salvaguarda de menores, medidas de competencia y un aumento exponencial de obligaciones de transparencia algorítmica y uso de Inteligencia Artificial, entre otras.
El resultado será una regulación más intensa e intrusiva, más fragmentada y, en muchos casos, más punitiva, con costos directos sobre la innovación, la provisión de servicios digitales, el dinamismo de la economía digital y, paradójicamente, sobre los derechos fundamentales que las plataformas facilitan.
En suma, 2026 será el año en que la “ola regulatoria” se convertirá en un archipiélago de normas y litigios que afectará industrias como movilidad, comercio electrónico, redes sociales, hospedaje y viajes, con consecuencias globales y específicas para América Latina.
Lo ocurrido en 2024-2025 como telón de fondo
La Comisión Europea ya aplicó sus nuevas reglas sobre mercados y servicios digitales y competencia a grandes empresas tecnológicas. En 2025 Apple, Google y Meta recibieron multas y órdenes derivadas de las leyes de Servicios y Mercados Digitales por prácticas que la Comisión Europea consideró restrictivas para la competencia y la elección de usuarios. Ese tipo de decisiones muestran el nuevo tono de la regulación con normas ex ante, sanciones y remedios inmediatos.
En Estados Unidos, la vía antimonopolio también se endureció. El Departamento de Justicia impuso en 2025 remedios en su caso contra Google (publicidad y búsqueda), lo cual confirma que las autoridades estadounidenses están dispuestas a intervenir estructuralmente en mercados digitales que consideran monopolizados, aunque al final se distanció de la posibilidad de “romper” y separar empresas como ocurrió con Meta.
En América Latina, la dinámica fue igualmente traumática. Brasil, tras un litigio que llegó al Supremo, redefinió la responsabilidad de las plataformas frente a contenidos de terceros y limitó parcialmente la protección que hasta entonces el “puerto seguro” (Artículo 19 del Marco Civil) ofrecía a los intermediarios. El cambio abre la puerta a reclamaciones civiles y obligaciones de moderación más proactivas.
Mientras tanto, países como México avanzaron en reformas laborales y fiscales para las plataformas de movilidad, reglas sobre condiciones de trabajo en aplicaciones, propuestas tributarias y obligaciones de retención y factura electrónica que buscan capturar impuestos y fiscalizar ingresos generados por la economía digital. Es decir, la regulación laboral y fiscal llegó con fuerza.
Predicciones para 2026
- Más litigios contra las decisiones nacionales en demanda de certidumbre para la operación, los modelos de negocio disruptivos y el dinamismo de la economía digital.
- Multiplicación de requisitos fiscales por parte de gobiernos latinoamericanos que buscarán profundizar controles fiscales sobre comercio electrónico y plataformas como retenciones y nuevos impuestos, aprovechándose de los sistemas de facturación electrónica que ya existen. El resultado será mayor recaudación pero más costos para vendedores y marketplaces.
- Regulación laboral para plataformas o normas que reconocen derechos a las y los trabajadores de plataformas (seguridad social, prevención de riesgos, mayor transparencia algorítmica). Esto aumentará los costes laborales y la presión política para consolidar modelos híbridos entre flexibilidad y subordinación.
- Europa seguirá liderando en regulación sobre competencias, servicios digitales, riesgos de la Inteligencia Artificial y remedios operativos. EE. UU. usará su brazo antimonopolio para medidas estructurales. La combinación de jurisdicciones regulatorias (DMA/DSA en Europa + casos antimonopolio en EE. UU. + restricciones populistas en América Latina) forzará a plataformas a reconfigurar modelos comerciales a escala global.
- El aumento de medidas de soberanía digital y localización de datos en países implica que algunos gobiernos usarán la regulación como herramienta de poder geopolítico para proteger mercados y datos locales, sobre todo los datos públicos de los ciudadanos.
- Avance de una “epidemia contagiosa” de regulación en América Latina. Lo que empezó como respuesta a problemas como desinformación, precariedad laboral o evasión fiscal se convertirá en una respuesta política rápida, imitable y a veces populista. Copiar normas, elevar multas y prometer “control” digital sin análisis costo-beneficio resulta contraproducente en un territorio como América Latina que todavía no está plenamente conectado ni digitalizado y presenta un déficit de productividad, competitividad y garantías de derechos humanos. Esa contagiosidad normativa multiplicará la incertidumbre regulatoria.
Entre la protección y la captura política
La batalla regulatoria contra las plataformas de Internet en 2026 será política. Mucha de la legislación que hoy se replica actúa como respuesta rápida a problemas reales como desinformación, seguridad social o cumplimiento fiscal, pero también sirve a intereses electorales y de control.
Cuando leyes o sentencias se diseñan para mostrar mano dura sin calibrar costos, se corre el riesgo de romper el ecosistema digital. Se puede reducir la competencia, elevar barreras de entrada, limitar la innovación y, en el peor de los casos, restringir derechos que la tecnología había expandido.
Decir que “todos están unidos contra las plataformas” es exagerado pero ilustrativo. Sí existe una coalición transnacional (reguladores, algunas cortes, gobiernos locales, ciertos grupos de interés social) que exige correcciones al poder de mercado y a la opacidad tecnológica de las empresas de Internet.
Sin darse cuenta, ese consorcio heterogéneo que empuja la regulación puede producir beneficios reales como más protección al consumidor, mayor recaudación fiscal o derechos laborales, pero es omiso de los efectos colaterales que atentan contra la sensatez técnica, el diálogo público, los beneficios y el enfoque global de la tecnología.
Si 2025 fue el año de la prueba de fuerza (regulaciones europeas de alcance internacional, multas, fallos antimonopolio, sentencias nacionales), 2026 será el año de la “inteligencia regulatoria”, entendida como la forma como las compañías se adaptan y se reestructuran ante el cambio, cómo los emprendedores sortean nuevas barreras, cómo los tribunales analizan los casos de servicios digitales y cómo los gobiernos aprenden, o no, a regular sin asfixiar.