Predicciones DPL News 2026 | Colombia, el giro digital definirá el próximo cuatrienio

Este análisis es parte de las Predicciones DPL News 2026

Aunque Colombia ha progresado hacia un ecosistema digital más maduro, 2026 será un año clave para determinar si ese avance es suficiente para cerrar brechas históricas en infraestructura, conectividad y adopción tecnológica.

La Estrategia Nacional Digital 2023-2026 fijó metas como conectar al 85% de la población, impulsar tecnologías emergentes y fortalecer la infraestructura del país y, aunque permitió cierto orden institucional, el progreso no ha sido uniforme. Persisten vacíos relevantes respecto a la ejecución de despliegues críticos, la monetización tecnológica en sectores productivos y, sobre todo, la incertidumbre regulatoria de cara al cambio de gobierno.

En el mercado de las telecomunicaciones, el hecho más relevante es la aprobación de la fusión Tigo–Movistar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), un movimiento sin precedentes que redibuja la estructura competitiva del sector.

Este nuevo operador, que aún no hace público bajo qué nombre comercial funcionará, cuenta con un mayor potencial para invertir y mayor poder comercial para acelerar cobertura y despliegue en Colombia, pero también corre el riesgo de concentrar el mercado si la regulación no compensa los desequilibrios que pueden llegar a generarse, como ya han advertido algunos pequeños operadores.

La integración puede ayudar a generar mejores precios y calidad para los usuarios. De hecho, la SIC aseguró que “la integración Tigo-Movistar no genera un desmejoramiento de las condiciones de competencia”. Pero para ello, la fusión exige vigilancia estricta para evitar efectos adversos en precios, calidad del servicio y pluralidad de oferta.

En 2026, es probable que la integración avance hacia una estructura operativa más cohesionada, con un portafolio unificado y optimización de torres, espectro y redes, lo que permitirá a la nueva empresa mejorar eficiencia y ampliar cobertura en zonas donde cada operador era débil por separado.

Al mismo tiempo, los compromisos regulatorios de neutralidad, no exclusividad y garantías para terceros seguirán bajo escrutinio para garantizar las condiciones de competencia que hasta ahora Colombia ha mantenido, y que sea un verdadero impulso al ecosistema digital.

A las opiniones encontradas sobre la fusión se suma un segundo tema álgido del sector, el inexistente despliegue de redes 5G por parte de algunos de los operadores que se adjudicaron bloques en la subasta de 2023.

WOM y Telecall, que obtuvieron el segundo y tercer bloque respectivamente, no han iniciado despliegue ni presentado fechas claras para hacerlo. La ausencia de movimiento concreto de dos de los adjudicatarios genera un cuello de botella que afecta la velocidad de adopción a escala nacional. Esto significa que 2026 no será el año en que 5G se convierta en la red dominante del país.

Mientras tanto, la industria hace lo que puede. Colombia cuenta con pilotos industriales, redes privadas y casos de uso empresariales que demuestran la eficiencia operativa de la red. Sin embargo, el crecimiento seguirá siendo “segmentado”, concentrado en sectores de mayor valor económico y en zonas donde la rentabilidad está garantizada.

Esto no es necesariamente un problema, la relevancia de 5G no está en el despliegue masivo por sí mismo, sino en la capacidad de monetizar servicios avanzados y habilitar soluciones que realmente transformen industrias. Ese es el punto donde Colombia aún tiene un desafío profundo, pues la demanda empresarial no despega al ritmo necesario, la inversión privada se ralentiza y los operadores siguen buscando modelos que justifiquen ampliaciones agresivas de infraestructura.

Ante este contexto fragmentado, la fusión Tigo–Movistar adquiere un peso adicional y determinante, ya que en un trabajo conjunto las empresas pueden acelerar aún más el despliegue de 5G y mejorar la calidad de red, ofrecer productos convergentes más robustos y competir de manera más equilibrada con Claro.

Elecciones 2026: un escenario político difuso que aumenta la incertidumbre

Otro elemento relevante el próximo año en Colombia serán las elecciones presidenciales para el periodo 2026-2030.

Aunque las candidaturas no están oficialmente en firme, las encuestas tempranas y los análisis de opinión ya muestran un panorama inusualmente fragmentado, con múltiples nombres circulando en diferentes orillas políticas.

Dentro de quienes suenan en escenarios preliminares están figuras como Federico Gutiérrez, Alejandro Char, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo, Roy Barreras, Alejandro Gaviria y representantes del ala cercana al petrismo.

Pero más allá de los nombres, el rasgo dominante del panorama electoral es la dispersión. Los colombianos tienen demasiados potenciales aspirantes, bloques en recomposición y no existe una figura claramente dominante. Esto genera un entorno de alta incertidumbre que impacta de forma directa al sector digital.

En términos prácticos, significa que las inversiones de largo plazo –como 5G nacional, fibra óptica, incentivos para zonas rurales, obligaciones de cobertura o regulación de competencia– quedan sujetas a la orientación del próximo gobierno. Las decisiones sobre espectro, despliegue, ciberseguridad, transformación digital estatal y modelos de inversión podrían cambiar de manera significativa según quien resulte electo.

Con un escenario electoral difuso, 2026 se perfila como un año de definiciones. Hay al menos tres caminos regulatorios posibles: el primero impulsa la inversión privada, consolida la expansión de fibra y acelera la adopción de 5G con obligaciones claras de cobertura. Sería el mejor escenario para la productividad e inclusión.

El segundo consiste en una política de mercado con regulación débil, el cual implica dejar la expansión principalmente en manos de los operadores, lo que podría acelerar inversiones urbanas, pero ampliar brechas territoriales. Por último, la reorientación de prioridades y desconexión del sector; es decir, si el nuevo gobierno prioriza otros temas (seguridad, gasto social, reformas estructurales), el sector podría estancarse.