El sector de las telecomunicaciones de Perú seguirá siendo un caos. En vista de los acontecimientos recientes y la destitución del ex presidente Castillo, no se ve que pueda haber ninguna mejoría. Aunque quizás no con el mismo frenesí que hasta ahora, lo más probable es que siga habiendo una alta rotación de los funcionarios de la cartera telecom en el país sudamericano.
A medida que continúan los procesos contra el presidente y algunos ex funcionarios permanecen presos, será muy difícil planear políticas de desarrollo digital a largo plazo. Ergo, el sector continuará paralizado y no se vislumbra que puedan destrabarse algunas acciones clave para la economía del país andino, como la subasta de espectro de AWS-3 y 2.3 GHz. No se ve tampoco una resolución próxima al problema de la operación y subutilización de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), ahora convertida en la Red Nacional del Estado (Rednace).
De esta forma, ante la parálisis, la crisis y el caos del Estado, el principal empuje seguirá viniendo del sector privado. Para el caso específico del cierre digital en las zonas rurales, que es la principal tarea pendiente de Perú, continuará el despliegue y avance de los proyectos regionales de banda ancha, aunque con menor velocidad que la administración anterior, ya que el nuevo gobierno no los ha promovido tanto como su predecesor.
Ahora bien, en cuanto al despliegue específico de la infraestructura móvil, puede esperarse que la iniciativa privada Internet Para Todos (IPT) siga teniendo un avance importante y conecte a un millón más de peruanos de zonas rurales en 2023.
Sin embargo, pese a que el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones están detenidos, el Congreso peruano es un lugar boyante, donde se debaten algunas de las principales tendencias tecnológicas.
Así, se prevé que seguirán presentándose proyectos de ley sobre una gran cantidad de temas, como teletrabajo, plataformas digitales, ciberseguridad y alfabetización digital.
Finalmente, cabe vaticinar que la ley que establece la velocidad mínima de 70 por ciento en los servicios de telecomunicaciones seguirá siendo un motivo de conflicto entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y las empresas.
