La promesa aún incumplida del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de conectividad también ocupará la agenda de 2023. En 2020, el mandatario dijo que todo México estaría conectado para 2022, algo que no sucedió. En la última tercera parte de su gobierno, tendrá que acelerar las acciones para, por lo menos, acercarse a ese objetivo.
Pocos confían en que logrará llegar a esa meta, pues se trata de una labor titánica que requiere enormes inversiones y política pública que las incentive. Sin embargo, el país carece de una institución gubernamental que guíe la visión del gobierno y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional es prácticamente un fantasma.
Como órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es el que ha liderado los esfuerzos por promover el desarrollo digital y el diálogo con la industria, aunque con limitantes de competencia y de capacidad de acción. Además de que la política pública no es su responsabilidad, el IFT lleva más de dos años operando sin dos comisionadas en el Pleno, debido a que el Ejecutivo aún no las nombra.
La falta de institucionalidad y el debilitamiento del IFT reflejan desinterés real por parte del gobierno respecto de la política digital. No se ve como un elemento estratégico para el desarrollo económico y social del país, por lo que será difícil que se avance significativamente en el cierre de la brecha digital, pese a que sea la intención declarada.
Otros de los temas trascendentes que marcarán la agenda de 2023 en México es la Red Compartida, luego de que el gobierno anunciara en 2022 que rescataría y tomaría el control de Altán Redes, operador del proyecto. La red podría utilizarse para impulsar el programa de conectividad social del gobierno, pero el reto es resguardar la neutralidad competitiva en el mercado y lograr que la empresa sea financieramente sostenible.
Asimismo, luego del despliegue comercial de 5G por parte de Telcel en diferentes ciudades de México, se espera que el alcance de esta tecnología incremente y se exploren nuevos casos de uso para los sectores productivos y consumidores finales. Pero ello también dependerá de que en 2023 se lleve a cabo una licitación con más frecuencias para 5G y de que se fijen precios competitivos del espectro.
México es conocido por ser uno de los países con el espectro más caro de América Latina. De acuerdo con la GSMA, el costo anual de las frecuencias en la nación es el doble de la media en la región, si se toma en cuenta como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores. El alto precio de este recurso ha afectado negativamente la conectividad móvil en el país; si continúa así, podría ocasionar falta interés en posteriores subastas.
Algunos otros temas que se discutirán en 2023 en el mercado mexicano incluyen la regulación laboral de las plataformas digitales de transporte y entrega a domicilio, dado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se propone anunciar una ley en la materia muy pronto; el desarrollo de una Ley Federal de Ciberseguridad en el Congreso; al igual que la definición de la banda de 6 GHz, ya que se debate si permitir su uso no licenciado (WiFi 6E) en el rango completo u optar por un enfoque equilibrado que también contemple 5G.
