PIMCO sale por completo de Oi, sindicatos presionan y STF frena responsabilidad solidaria de V.tal
La empresa brasileña Oi tuvo este martes un día marcado por movimientos simultáneos. Primero, PIMCO comunicó al operador que vendió la totalidad de los 64.8 millones de acciones ordinarias que aún poseía, poniendo fin a su participación accionaria del 19.7% y cerrando su presencia en el capital de la compañía en recuperación judicial.
La salida se produce tras una serie de desinversiones realizadas este mes, cuando las acciones de Oi volvieron a tener liquidez en la bolsa de valores brasileña (B3), después de la reversión de la declaración de quiebra. Entre los días 17 y 19 de noviembre, PIMCO ya había reducido su participación de casi el 30% a poco menos del 20%, hasta liquidar completamente su posición en el mercado.
PIMCO pasó a enfrentar acusaciones en la Justicia, incluyendo una decisión del Tribunal Regional del Trabajo de la 1ª Región (TRT-1) que determinó el arresto de notas de crédito de la gestora en el proceso laboral relacionado con Serede, citando indicios de gestión fraudulenta y un pasivo superior a R$ 1.5 mil millones.
En octubre, V.tal también había presentado un protesto judicial acusando a la gestora de abuso del poder de control e interferencia indebida en la conducción de Oi. Las disputas se suman al ambiente delicado de la recuperación judicial.
En segundo lugar, en Río de Janeiro, el interventor de Oi, Bruno Rezende, se reunió con representantes de FENATTEL, FITRATELP y FITTLIVRE, que reúnen 28 sindicatos y cerca de 1.5 millones de trabajadores. A los dirigentes, Rezende informó que existe la posibilidad de que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) destine US$ 99 millones del FUST (Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones) a la compañía, monto que, de ser liberado, podría aliviar momentáneamente el flujo de caja y reducir las presiones financieras.
Los sindicatos afirman que el interventor también mencionó la intención de regularizar cuotas atrasadas de la participación en los resultados de los empleados y confirmó que la primera ronda de negociación del nuevo convenio colectivo se realizará el próximo viernes, con temas como paquete de salida, mantenimiento temporal de beneficios y reorganización interna.
Los trabajadores también exigieron una revisión del flujo financiero de Serede, cuya recaudación mensual estimada en R$ 20 millones por la retirada de cobre hoy es enviada íntegramente a Oi. Rezende se comprometió a evaluar el redireccionamiento de esos recursos y abrir un diálogo con la interventora de la subsidiaria.
La reunión ocurrió pocos días después de la decisión de la jueza Mônica Maria Costa, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJ-RJ), que suspendió la declaración de quiebra y restableció el proceso de recuperación judicial, reforzando la prioridad de mantener la continuidad de los servicios esenciales prestados por el operador.
Por último, en el ámbito judicial, otra decisión: el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó que el TRT-1 revise una sentencia que responsabilizaba solidariamente a V.tal por deudas laborales de Oi y Serede.
El STF reafirmó que V.tal fue constituida a partir de la venta de la UPI InfraCo en el proceso de recuperación judicial, transferida al comprador como un activo “libre de cargas”, sin sucesión de pasivos laborales, tributarios o de cualquier otra naturaleza, un entendimiento ya consolidado por la Corte. Para el ministro, la decisión laboral ignoró las reglas legales específicas de la venta judicial de UPIs y excedió la competencia de la Justicia del Trabajo.