La gestora estadounidense Pacific Investment Management Company (PIMCO) presentó este 2 de diciembre una solicitud ante el 7º Juzgado Empresarial de Río de Janeiro para que se reconozca la inexistencia de responsabilidad de los fondos que administra por las deudas de Oi.
La petición cumple una determinación de la jueza de apelación Mônica Maria Costa di Piero, del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro (TJRJ), quien, al suspender los efectos de la sentencia de quiebra de la operadora, ordenó la investigación, en un proceso separado, de la eventual actuación de PIMCO como controladora o gestora de la compañía.
En el escrito, PIMCO afirma que sus fondos actuaron únicamente como inversores y acreedores, sin ejercer control accionario ni administrativo sobre Oi. Según la gestora, los fondos se convirtieron en accionistas sólo mediante la conversión de créditos prevista en el segundo plan de recuperación judicial, homologado en mayo de 2024.
Tras el agravamiento de la crisis de Oi y decisiones desfavorables en demandas laborales, fondos vinculados a PIMCO pasaron a ser incluidos como corresponsables en ejecuciones judiciales. Se dictaron órdenes de embargo de créditos y el Tribunal Regional del Trabajo de la 1ª Región bloqueó cuentas de PIMCO Latin America, afectando incluso el pago de salarios en Brasil. La gestora atribuye estas medidas a decisiones basadas en la presunción de que habría ejercido control sobre la compañía, algo que niega.
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En el detalle de su participación financiera, PIMCO informa que sus fondos adquirieron aproximadamente US$ 294.8 millones en notas del segundo financiamiento de la recuperación, equivalente a cerca del 49% de esa emisión, además de poseer US$ 650.8 millones en notas Roll-Up.
Con la conversión de créditos en acciones, los fondos pasaron a controlar alrededor del 36.5% del capital de Oi en noviembre de 2024, participación que fue totalmente vendida en noviembre de 2025. La gestora afirma también que participó únicamente en dos asambleas de la compañía y que no designó miembros del consejo de administración ni de la directiva.
Desde el punto de vista jurídico, PIMCO sostiene que la legislación de recuperación judicial excluye la responsabilidad de los inversores que aporten recursos o conviertan créditos en acciones. Argumenta asimismo que Oi no tiene controlador desde 2015 y que sus fondos nunca ejercieron control formal. Por último, rechaza cualquier desvío de finalidad o confusión patrimonial que permita el levantamiento del velo corporativo.
Al finalizar, PIMCO solicita que la Justicia reconozca que los fondos bajo su gestión no son responsables por las deudas de Oi y recalca que la gestora PIMCO LLC nunca fue accionista directa de la compañía.