La Jornada Dora Villanueva
Derivado de la consulta para la regulación de agentes económicos preponderantes, The Competitive Unit Intelligence (CIU), una consultora en telecomunicaciones, llamó a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deseche todos los comentarios realizados por América Móvil o por figuras vinculadas con el grupo.
Luego de un análisis a los 16 comentarios que recibió el regulador, Ernesto Piedras, presidente de CIU, destacó que de ellos tres presumen algún conflicto de interés dado que uno fue promovido por el consorcio de la familia Slim, otro por el sindicato de telefonistas y uno más por el perito regular en juicios promovidos por la misma América Móvil.
Al llamar a que sólo se consideren las restantes, CIU apela a que se tomen en cuenta las opiniones de otros participantes del sector como Atlán, Cablevisión, Pegaso, Megacable y AT&T.
Piedras afirmó que derivado del análisis a los resultados de la consulta, se puede aseverar que siete de cada 10 de los participantes acusan una regulación parca para los Agentes Económicos Preponderantes en Telecomunicaciones (AEP-T).
El 85 por ciento de las consultas, abundó, advierten que las medidas han sido insuficientes para promover la competencia en el sector, 77 por ciento destaca sobre barreras para el acceso efectivo a la infraestructura pasiva e ineficiencias para el acceso a servicios mayoristas, y 54 por ciento señalan que el AEP-T ha realizado conductas discriminatorias y dilatorias en la prestación de estos.
Al tiempo que se exhorta a que el regulador tenga un papel más activo y refuerce las medidas asimétricas. Al tiempo que 63 por ciento coincide en la necesidad de una revisión ex-ante de los paquetes comerciales ofrecidos por América Móvil, para evitar efectos discriminatorios y anticompetitivos, que asegure su replicabilidad económica.
Sumado a lo anterior 7 de cada 10 participantes propuso sancionar el incumplimiento de las medidas asimétricas y limitar la discrecionalidad que actualmente ejerce el AEP-T en el cumplimiento de éstas.
“Estas opiniones deben ser tomadas en cuenta por el regulador y evitar que el ejercicio de la consulta pública constituya una farsa o simulación en el proceso de revisión del marco regulatorio”, advirtió.