♦️Spotlight | ?? Perú | Autoridades, industria, regulador y especialistas rechazan ley de velocidad mínima de Internet

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El Congreso de Perú promulgó la ley de velocidad mínima de Internet, la cual eleva de 40 a 70 por ciento el umbral de rapidez contratada que los operadores de telecomunicaciones deben garantizar a los usuarios.

Casi por unanimidad, con 111 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, el Pleno aprobó un dictamen de insistencia sobre el proyecto de ley. Luego, la iniciativa se convirtió en ley con la firma de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilin.

Antes de ello, la oficina del presidente saliente, Francisco Sagasti, regresó el documento con una serie de observaciones en las cuales advertía fallas y efectos negativos por su contenido. La industria, el órgano regulador del sector y especialistas también alertaron las consecuencias de la aprobación.

Sin embargo, los legisladores no hicieron mayores modificaciones a la propuesta. La ahora ley establece la creación de un Registro Nacional de Monitoreo y Vigilancia del servicio de Internet, mediante el cual el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) se encargará de vigilar la normativa de velocidad mínima.

En los debates del Congreso, se observó buena voluntad de los representantes, pues vieron en esta legislación una oportunidad para garantizar que los peruanos reciban mejores niveles de velocidad, de acuerdo con lo que pagan.

“La industria, el órgano regulador del sector y especialistas alertaron las consecuencias de la aprobación.”

— Violeta Contreras —

Durante la pandemia de SARS-CoV-2, el país experimentó una caída de rapidez en las conexiones de Internet, debido a los cambios en los patrones de consumo y una presión para la que las redes probablemente no estaban preparadas. En ese contexto, ingresó y se gestó la normativa de velocidad mínima.

La misma ley señala que, entre sus objetivos, está la promoción de la competencia en el mercado, la calidad de los servicios, las inversiones, el despliegue de infraestructura y la protección a los consumidores.

Pero lo que se vaticina que sucederá con la ley de velocidad mínima va en la dirección contraria. La oficina del Ejecutivo indicó al Congreso que la medida podría afectar a los usuarios; existe el riesgo de provocar una subida en el costo del servicio de Internet y no implica que en realidad la velocidad recibida mejorará.

Desde la industria de telecomunicaciones, empresas y organizaciones gremiales advirtieron que determinar un parámetro tan rígido de rapidez garantizada será una barrera para la expansión de la infraestructura, la cobertura de los servicios e incluso la entrada de nuevos competidores.

Además, hicieron hincapié en que cumplir con la disposición es inviable, ya que en la velocidad entregada a los consumidores intervienen algunos factores que no están bajo el control de los operadores. Por ejemplo, el suministro de energía eléctrica, las condiciones geográficas y meteorológicas, los servidores en la nube y hasta la ubicación de los dispositivos que se conectan a las redes.

El Osiptel también comunicó a los legisladores sus reservas, los riesgos latentes y la inefectividad que podría tener la ley de velocidad mínima. En síntesis, el regulador hizo un análisis de los efectos que había provocado dicha normativa desde su adopción inicial en 2014.

Los hallazgos muestran que en todo este tiempo la medida no logró incidir de forma significativa en una mejora de los umbrales de rapidez de acceso a Internet y, en el corto plazo, generó que los precios de los servicios en el mercado fueran más costosos en relación con la capacidad ofrecida.

Perú creció en el acceso a Internet de mayor calidad y rendimiento a lo largo de los últimos años. Según datos de la firma de investigación Ookla, en términos de velocidad Perú es el país número nueve en banda ancha móvil y el sexto en banda ancha fija. 

Sin embargo, los niveles de rapidez en el país, según datos del Osiptel, no incrementaron gracias a la ley de velocidad mínima, sino debido a la evolución tecnológica, como la modernización de las redes de LTE. Ahora la nación se prepara para tener 5G y Wi-Fi 6, tecnologías que ofrecen una rapidez más alta, pero sus beneficios podrían verse afectados por la nueva normativa.

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